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Archive for 16 junio 2012

En marzo de 2010, un oscuro convoluto enviado sigilosamente desde La Moncloa al Congreso de los diputados, instaba al Grupo Parlamentario socialista a hacer todo lo -parlamentariamente- posible para asegurar la incorporación del contenido material de las dos enmiendas que venían cuidadosamente plegadas en su interior, al texto de un proyecto de Ley que en aquel momento se estaba tramitando en la cámara baja. Fue una maniobra turbia y opaca. El proyecto en cuestión tenía por objeto transponer el contenido de varias directivas comunitarias relacionadas con la legislación societaria y mercantil. Y las enmiendas misteriosamente enviadas desde La Moncloa, pretendían aprovechar la circunstancia para modificar un aspecto de la legislación de sociedades que estaba en vigor desde los años cincuenta. Me hice eco de todo ello en un post que publiqué por aquel entonces, bajo el título “Defender al pequeño accionista, defendiendo los intereses vascos“.

Muy resumidamente, la regla histórica que las enmiendas pretendían alterar, establecía que las sociedades que así lo quisieran, podían limitar, estatutariamente, el número máximo de votos que un sólo accionista o las sociedades  integrantes de un mismo grupo pueden utilizar en su Junta General. Se trataba, con ello, de evitar que grupos minoritarios pero bien organizados, pudieran llegar a controlar una compañía e incluso a modificar algunos de sus aspectos básicos, en detrimento de los pequeños accionistas, cuya amplitud y dispersión se expresa, por regla general, a través de una radical atomización del voto. Obviamente, la limitación no era absoluta. No impedía la materialización de OPAs que afectasen a una amplia mayoría de acciones.

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Es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma laboral que acaba de llevar a cabo el Gobierno de Rajoy. Y no hay duda de que el debate sobre su alcance, contenido y consecuencias, permanecerá vivo durante mucho tiempo. En las próximas semanas se dará término a su tramitación como proyecto de Ley y a finales de junio estará en condiciones de ser enviado al BOE. De hecho, acaba de concluir el plazo establecido por la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios de la cámara alta registren sus enmiendas al texto de la norma. De entre ellas -que, general, reproducen textualmente las que se presentaron en el Congreso- destaca el bloque de autoenmiendas formulado por el propio Grupo Popular. Los populares, que ya enmendaron su propio texto en el Congreso, vuelven a hacer lo propio en el Senado. Puede parecere chocante, pero no es algo inédito. Se trata de una práctica relativamente habitual cuando el sistema está atenazado por una mayoría absoluta. El partido que da soporte al Gobierno considera que el trámite legislativo -tanto en su fase congresual, como en la senatorial- no es más que una oportunidad añadida para seguir incorporando al texto del proyecto los aspectos, añadidos, matices o rectificaciones que considere pertinentes. Y lo hace sin ambages; sin miramientos, ni reparos. Sin detenerse en pequeñeces. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. La mayoría absoluta le convierte en dueño absoluto del proceso legislativo, desde que arranca, en el Ministerio correspondiente, hasta que culmina el último trámite del iter parlamentario. Y elige, en cada, caso, la fase del proceso que más conviene a su interés. Los aspectos más aceptables de la reforma, se incorporan al texto desde el principio. Los más controvertidos, se reservan para el final, de manera que la controversia pública se vea reducida al mínimo.

Pero, vayamos al grano. Entre las autoenmiendas que el Grupo Popular del Senado ha registrado contra su propio proyecto de Ley que, dicho sea de paso, ya fue autoenmendado en la cámara baja, figura una que tiene todas las trazas de haber sido concebido para soslayar la molesta interferencia que el Concierto Económico suele producir en la acción legiferante de todos aquellos que acceden al Gobierno central con la manía de legislar como si estuvieran en un Estado unitario y centralista. Me explico. El artículo 4 del proyecto regula el conocido como contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que ha sido muy criticado porque, entre otros aspectos más que cuestionables, contempla un período de prueba de un año. Pues bien, con el fin de fomentar la suscripción de este tipo de contratos, el proyecto de ley establece una serie de incentivos fiscales y sociales que lo hacen muy atractivo para los empleadores.

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En el arranque de esta legislatura, hace ya cuatro meses, apunté la más que factible posibilidad de que la mayoría absoluta alcanzada por el PP en los últimos comicios, acabara convirtiendo el hemiciclo en un espacio plúmbeo preñado de discursos de gran densidad ideológica, más concebidos para dejar constancia en el diario de sesiones de que se han defendido determinadas causas sin ceder un ápice en la ortodoxia, que para convencer al oponente o procurar aproximarse a él desde la voluntad de cerrar acuerdos constructivos (Cfr. “¿Legislatura plúmbea?” , publicado en este blog el 8.02.12). Me temo que el paso del tiempo está confirmando mi impresión inicial. Semana tras semana nos encontramos ante sesiones plenarias en las que todo -desde el tenor de las intervenciones, hasta el resultado de la votación- es perfectablemente previsible. Pero en aquella entrada se me olvidó a puntar que, junto a la progresiva densificación doctrinal de unos discursos puramente declarativos, pensados para el diario de sesiones, iba a producirse, también, otro fenómeno típico de los parlamentos constituídos sobre la base de una mayoría absoluta: la proliferación de gestos simbólico-mediáticos, diseñados para suministrar alimento gráfico a las portadas de los periódicos: los diputados visten camisetas reivindicativas, exhiben pancartas, pegatinas o chapas, despliegan bandera o muestran objetos emblemáticos que guardan relación con las causas que defienden. Se trata de una práctica complementaria de la anterior. Con los discursos sobrecargados de ortodoxia ideológica se justifica la estrategia parlamentaria a largo plazo. Con los flashes simbólico-mediáticos se da respuesta a los requerimientos comunicativos del día a día.

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, en el momento en el que protagoniza el gesto simbólico-mediático de exhibir la senyera estelada desde la tribuna del Congreso

Ambas técnicas son habituales entre los grupos parlamentarios que se mueven en la oposición. Pero en la sesión de ayer nos encontramos con un episodio chocante, porque el propósito meramente declarativo y simbólico-mediático vino de la mano de una iniciativa del Partido Popular. No del Gobierno, ni del Grupo Parlamentario popular, pero sí del Partido Popular, que es la formación política que en este momento tiene en su mano la responsabilidad de gobernar.

Hace ya seis años, en un partido de fútbol que enfrentó al Barça con el Osasuna en el Campo Nou, se desplegó una enorme pancarta que reivindicaba la unidad de los Països Catalans. El acontecimiento, ampliamente difundido por los medios de comunicación, irritó sobremanera al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, cuya presidencia, recaía, a la sazón, en la persona de Francisco Camps. El conseller de Cultura, Educación y Deporte era, en aquél momento, Esteban González Pons, que expresó públicamente la protesta del Ejecutivo valenciano y anunció su intención de promover una reforma de Ley de Deporte del Estado con el fin de evitar que ese tipo de actos pudieran repetirse en el futuro. El Gobierno de Navarra no reaccionó. Sin embargo, no dejaba de encerrar un cierto sentido político, el hecho de que la reivindicación de los Països Catalans se hiciera, precisamente, en un encuentro del Barça con el Osasuna; el principal equipo de fútbol navarro, cuyo nombre, dicho sea de paso -Osasuna, en euskera, significa salud- está expresado en la lingua navarrorum, que no es otra que la lengua vasca. Proyectado hacia el escenario vasco, aquél canto a la unidad de los Països Catalans tenía su correlato en la unidad del país de los vascos o del país de la lengua vasca.

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En el Pleno de esta tarde se ha aprobado, con el apoyo de una amplia mayoría de la cámara,  una iniciativa de CiU que tiene por objeto poner coto a los inmorales abusos que se han prodigado en el sistema financiero español, en aquellos casos en los que, administradores, cargos directivos y consejeros de entidades financieras que han llevado a estas a la ruina, se han beneficiado de retribuciones, indemnizaciones u otro de tipo de compensaciones económicas millonarias.

Durante los últimos ocho años, el Gobierno socialista no dio un solo paso para cortar de raíz estas prácticas. Antes al contrario, el Ejecutivo de Zapatero instituyó un fondo público -el FROB- que tenía por objeto  financiar los procesos de reestructuración del sistema financiero que requiriesen un esfuerzo de capitalización y no tuvo a bien -no sé si porque no quiso o porque no se atrevió- condicionar la concesión de ayudas con cargo a ese fondo, al previo establecimento de límites a las escandalosas retribuciones que percibían los directivos de las entidades beneficiarias y a las no menos escandalosas indemnizaciones que algunos de ellos tenían derecho a ingresar en el momento en el que pusieran fin a su deplorable gestión.

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Hay dos frases que, tras lo ocurrido este sábado, quedarán grabadas en mármol para los periodistas y los historiadores de la economía que centren su análisis en la evolución reciente de la banca española. La primera fue pronunciada hace unos años por José Luis Rodríguez Zapatero: “El sistema financiero español es el más solvente del mundo”. La segunda la escuchamos hace tan sólo unos días de boca de Mariano Rajoy: “No habrá rescate a la banca”. Si uno y otro hubiesen dicho la verdad, ayer no se hubiese reunido el Eurogrupo para acordar la concesión de una ayuda extraordinaria al sistema financiero español. Pero es evidente que ambos mintieron. Hoy lo vemos con absoluta claridad. Ni era cierto que el sistema financiero español fuera el más solvente del mundo, ni había base sólida, hace dos semanas, para descartar de modo radical la hipótesis de algún tipo de rescate para la banca española.

Me resulta extraordinariamente difícil creer que el Banco de España -una institución técnicamente bien armada, que cuenta con reputados técnicos y acreditados inspectores- desconociese cuales eran los males que aquejaban al sistema financiero español. Estoy persuadido de que se encontraba rigurosamente al tanto de todas sus fallas y lagunas. Seguro que las conocía hace cuatro años, cuando Zapatero puso a la banca española como modelo universal de gestión prudente y buenas prácticas, y el 29 de mayo último, cuando Rajoy sostuvo públicamente que no iba a producirse rescate alguno. Y sin embargo, no impidió -o no pudo impedir, no lo sé- que los ciudadanos del común recibieran los adulterados mensajes que recibieron por parte de los presidentes del Gobierno. De lo que no hay ninguna duda es de que, más allá de los falsos mensajes enviados a los ciudadanos, bajo tierra circulaba una información certera y fidedigna que no era accesible al conjunto de la opinión pública. No es casualidad que la cifra que la Eurozona ha declarado como máxima para articular la ayuda que va a conceder al sistema financiero español, coincida puntualmente con la que el viernes pasado hizo pública, con teatral escándalo por parte de algunos de sus correligionarios, el eurodiputado popular López-Istúritz. Tampoco puede atribuirse al azar el hecho de que la suma en la que Emilio Botín cifró hace unos días el déficit de capitalización del sistema financiero español, sea idéntica a la que ahora se señala como probable. Somos mayores ya para que nos hagan creer que esas coincidencias son pura chamba.

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En la fugaz visita que recientemente hemos cursado a Chile varios diputados de la Comisión de Exteriores del Congreso, hemos tenido ocasión de recoger algunas impresiones sobre la situación política del país, que no me resisto a resumir en un post. Cualquiera que haya seguido con un mínimo de atención la evolución política de aquel país, sabe que, desde las elecciones de 2009, Chile vive una experiencia inédita en el escenario abierto tras el fin de la dictadura. En los comicios que se celebraron ese año, las urnas llevaron al poder a la conocida como Coalición por el Cambio; una plataforma electoral de centro-derecha, que aglutinaba, bajo el liderazgo del actual presidente, Sebastián Piñera, a varias formaciones ideológicamente situadas en el terreno conservador, de entre las que destacaban dos: la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El triunfo de la coalición conservadora puso fin a la larga experencia gubernamental protagonizada por la Concertación de Partidos por la Democracia, de centro-izquierda, que pilotó la transición y ha regido los destinos del país durante 17 años. La Concertación chilena es uno de los ejemplos más nítidos de las posibilidades que ofrece la colaboración política entre la Democracia Cristiana y las formaciones situadas a la izquierda. En Europa, como pone de manifiesto el caso alemán, esta colaboración se ve como algo excepcional; en Chile, por el contrario, no sólo forma parte de la normalidad, sino que constituye une de los pilares más importantes de la reciente historia política del país.

Con José Andrés Zaldivar Larrain, senador y líder histórico de la Democracia Cristiana chilena

La Constitución de Chile no permite a los presidentes de la República repetir cargo en mandatos sucesivos. Y como la legislatura ha superado ya su ecuador, Piñera se enfrenta a la parte final de su mandato presidencial. Su popularidad acusa, al parecer, una notable erosión. El Gobierno conservador no atraviesa sus mejores momentos. Una clase media, emergente y con una creciente conciencia cívica, constituye el germen de unas protestas sociales -particularmente intensas en el ámbito de la Educación, donde se han registrado sonoras revueltas y episodios de dura represión- que se han llevado por delante a más de un ministro. La reforma tributaria, un punto de la agenda política que está siendo objeto de un retraso secular, tampoco avanza en la medida en el que lo requiere el país. Por otra parte, la oposición no deja de denunciar el hecho de que,  conforme se aproxima el fin de la legislatura, los ministros que aspiran a tomar posiciones en la carrera electoral hacia la Presidencia, dedican más tiempo y esfuerzo a diseñar su futuro político personal que a las urgencias propias de la tarea de gobierno, lo que resta consistencia a la acción del Ejecutivo. En el sleno del Gabinete, nadie está por la labor de suscribir proyectos impopulares que puedan contribuir a empañar su imagen de cara a los comicios que tendrán lugar a finales del año que viene.

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Acabo de escuchar en la radio unas declaraciones de Jesús Loza, recientemente nombrado por Patxi López como Alto Comisionado para la Convivencia y la Memoria, en las que afirma que la reinserción es un derecho constitucional y sostiene que, aun cuando la política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno central, “la reinserción debe ser corresponsabilidad de los dos porque empieza en la cárcel y termina fuera de ella”. No estoy de acuerdo. Sin entrar ahora a hacer consideraciones sobre la incorrección que supone elevar a la categoría de “derecho constitucional” lo que, según el artículo 25 de la Carta Magna, es un objetivo de la política penitenciaria -objetivo que, por otra parte, ya se ha ocupado en precisar el Tribunal Constitucional que no es el único- me veo en la necesidad de replicar a Loza, oponiendo, a su tesis, el argumento de que la política penitencia no es responsabilidad del Gobierno central. O no lo es, al menos, en su totalidad. Según el Estatuto de Gernika, la ejecución de la legislación penitenciaria corresponde en exclusiva a Euskadi. Una parte de la política penitenciaria, por tanto, es responsabilidad de las instituciones autonómicas vascas.

Más aún, se puede afirmar sin temor a exagerar que si el Alto Comisionado ha podido decir hoy, lo que ha dicho, y como lo ha dicho, es porque quien le nombró -que no es otro que Patxi López- ha incumplido de modo flagrante el compromiso electoral que asumió hace cuatro años, cuando presentó su candidatura a Lehendakari.

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Día sí y día también, vemos a Patxi López repitiendo ante la cámara -no la legislativa, sino la de televisión- que no es tiempo de elecciones; que todavía hay partido; que el desmarque del PP no le importa; que no solamente sigue comprometido con su programa -¿qué programa?- sino que seguirá defendiéndolo hasta el término de la legislatura. Pero día sí y día también, le vemos igualmente ante la cámara, adoptando poses netamente electorales. Alguien podría pensar que se trata de una acitud contradictoria, pero en realidad no lo es. Lo que está haciendo es adoptar una estrategia sobradamente conocida en política, que consiste en avanzar con los hechos lo que se niega con la palabra, mientras se costea la campaña con cargo el erario público. Y su actitud, ostensiblemente electorera, está haciendo que huela a comicios con la itensidad propia del hedor.

Desde hace ya varias semanas, corre con intensidad creciente el rumor de que las principales vallas publicitarias de Euskadi están reservadas ya por el PSE y el PP para los meses de octubre y noviembre. No sé qué tendrá de cierto el murmullo. No soy amigo de confiar demasiado en chismes y cuchicheos difíciles de verificar. Lo que sí que sé -porque lo he comprobado- es que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el anuncio del Departamento de Interior por el que se da publicidad a la licitación del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto la confección y distribución de las papeletas de votación de cada uno de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca para las próximas elecciones al Parlamento Vasco. Y por si alguien pudiera albergar alguna duda, se ha publicado, igualmente, la licitación relativa a los impresos oficiales y no oficiales, sobres de votación y resto de sobres previstos para los mismos comicios.

La cosa, según todos los indicios, va rápida. Con suma celeridad. Las ofertas han de ser presentadas antes de las 10:00 horas del 21 de junio de este año. Dentro de 15 días.

Ya no hay duda. Diga lo que diga Patxi López sobre su propósito de agotar la legislatura, huele a elecciones que apesta.

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En un encuentro que el mes pasado mantuve con los responsables de una empresa cooperativa altamente internacionalizada que forma parte del Grupo Mondragón, el gerente de la firma me mostró una imagen del mapa mundi con el que se mueven los chinos en el ámbito de los negocios. Contra lo que es habitual en las representaciones del globo que manejamos en Europa, que son claramente eurocéntricas, la que utilizan los asiáticos es inequívocamente chinocéntrica. La República Popular China se representa a sí misma en el centro de la estampa, de suerte que el continente americano figura en el flanco derecho y Europa queda arrinconada en el extremo izquierdo. La imagen ilustra gráficamente las coordenadas en las que se mueve -o hacia las que tiende- la economía del planeta. De una u otra manera, todo pasa por China. El resto es periferia.

La figura del mundo chinocéntrico me vino a la mente, este último fin de semana, en el contexto de un visita fugaz que varios diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso hemos cursado a Santiago de Chile. En Iberoamérica se mira a Europa con gran inquietud y suma preocupación. Las alarmantes noticias que las agencias llevan todos los días a los titulares de prensa en torno a la crisis que atraviesa el viejo continente y, más concretamente, a propósito de la precaria situación en la que se encuentra la economía española, les están manteniendo en vilo durante las últimas semanas. Aunque en algún caso, no se puede descartar que el desastre económico que aflige a la Unión Europea esté contribuyendo a iluminar con brillos codiciosos las miradas de los que podrían sacar provecho del mal ajeno. En cualquier caso, lo cierto es que algunas empresas que operan en Chile, ya han empezado a adoptar medidas preventivas con respeto a las compañías que tienen matriz española. En estos momentos, la Marca España que algunos están empeñados en implantar (Cfr. “Bajo la égida de la marca España”, publicado en este blog el 20.03.12) no se puede decir que sea una buena tarjeta de presentación para moverse en el mundo económico.

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Eusko Alderdi Jeltzaleak Bermeon eman zituen lehenbiziko urratsetan protagonista izan zirenen azalpen biografiko honetan, ezin dezakegu bazterrean utzi Serafin Albizuri Ozamizen irudi bitxia bezain aipagarria. Albizuri abadea -bere bizitzako azken urteetan lekaide egin zen-Arteagako Gautegizen munduratu zen 1869ko martxoaren 24an. Baina jatorriz bermeotarra izan ez arren, Bermeon eman zituen heldutasunaren garaiko urterik emankorrenak. Bermeon eta Bermeoko jeltzaleen artean, euskalzaletasuna zabalduz abertzaletasuna suspertzen. Gazte-gaztetatik erakutsi zuen ikasketetarako dohea. Mundakan osatu zituen lehen ikasketak eta Orduñako josulagunen ikastetxe ezagunean egin zituen batxiler ikasketak. Bertan -Orduñako jesuitetan- ezagutu zuen Arana-Goiri. Ikaskideak izaki, harreman estua egin zuten Sabinek eta biak. EAJren sortzailea, Serafin baino lau urte zaharragoa zen baina adinaren alde hori ez zen eragozpena izan elkar ezagutu eta bien arteko harremana indaratzen joateko. Gerora, lagun minak izango ziren harik eta Sabin hil arteko urteetan.

Serafin Albizuri, abade jantzita, Bermeon, Federiko Albizuri eta Kontxa Olaziregiren ezkontzan, 1916ko azaroaren 11an. (Euskomedia fundazioaren fondotik hartutako argazkia)

Orduñatik Salamancako seminariora joan zen eleiz-ikasketak osatzen. Zuzenbide Kanonikoan lizenziatu zen 1893. urtean eta handik urte betera, arlo berdineko doktoradutza eskuratu zuen. Abade-izendapena lortu eta berehala, Bermeoko Almike auzora bialdu zuten bertako arimen zaintzan aritu zedin. Urte bete eskas egin zuen zuen Almike-n. 1895 urtea bukatu baino lehen, Santa Maria parrokiara aldatu zuten. Eta bertan iraun zuen 1925. urtera arte. Guztira, beraz, hogeita hamaika urte luze egin zituen Bermeon. Bermeotik Arabako Agurain-era joan zen eta handik gutxira fraile sartu zen. Agurain-eko bidea hartu zuenean, ba omen zeukan buruan abadetzatik frailetzara daraman pausoa emateko asmoa. Urrats horrek, behin eta betiko urrundu zuen Bermeotik. Balmasedan hil zen 1931. urtean.

Euskalzale amorratua izan zen Albizuri. Eta griña horrek eraginda, euskararen egoerari buruzko hainbat artikulu idatzi eta argitaratu zuen, besteak beste, Euzkadi-nEuskal Esnalea-n eta Julio Urkixok zuzentzen zuen Revista Internacional de Estudios Vascos aldizkarian. “Ezkijaga” izen ordearekin sinatzen zuen sarri. Bere idazki eta lanetan, kezkatuta agertzen zaigu behin eta berriro, euskararen egoerez eta etorkizunez. 1902an, esate baterako, bere atzetik, beste batzuk egingo zituzten gogoetak jaulki zituen aipatu dugun azken aldizkari horretan, alegia, erdaldunen kontrako erasoak baino euskaldunon ardura-ezak eramango duela gura hizkuntza heriotzara:

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