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Archive for 30 abril 2012

Hoy, 30 de abril, se cumplen 75 años desde que las tropas de Franco, con los flechas negras de Mussolini a la cabeza, entraron en Bermeo con la firme determinación de embridar a sus habitantes en torno a los principios que inspiraron Alzamiento. Hace algún tiempo publiqué en este mismo foro una entrada bastante extensa en la que recordaba, con datos extraídos del archivo local y de la memoria personal de algunos de sus protagonistas, lo que representó la II República en la política local bermeana (ver “La II República y la ocupación franquista en el gobierno local de Bermeo“, 4.05.11). El relato concluía con una breve referencia a la entrada de las fuerzas rebeldes en el pueblo y al cambio -súbito y radical- que ello supuso en la composición y orientación política del gobierno municipal.

Alguien me acusó entonces de defender una visión maniquea de la II República y de la guerra civil, que distinguía entre nacionalistas buenos y españolistas malos. Huelga decir que la imputación carecía del más mínimo fundamento. Nunca he sostenido algo semejante. Ni he postulado que la guerra civil fuera, en Euskadi, un enfrentamiento bélico entre vascos y españoles, ni he defendido que constituyese una guerra imperialista de España contra el pueblo vasco. Las cosas, para bien o para mal, fueron bastante más complejas que eso.

Lo que me extrañó -es un decir- fue el esfuerzo que desarrollaron los críticos para hacer encuadrar mi trabajo en un esquema simplón, infundado y distorsionado hasta la caricatura; como si todos los nacionalistas vascos estuviéramos abocados a encajar en el tópico ridiculizante que algunos han diseñado para denostarnos con más facilidad. Y digo esto porque, en aquél post no pretendía ofrecer una interpretación general sobre lo que supuso aquella etapa histórica en el País Vasco. Mi pretensión era mucho más modesta. Y así lo expresé en el texto. Sólo aspiraba ofrecer, ordenados y sistematizados, un conjunto de datos históricos sobre Bermeo, que en absoluto pueden ser extrapolables al conjunto de Euskadi.

El batzoki de Bermeo cuando fue inaugurado, en 1934

Y lo cierto es que -guste o no guste, pero esa es ya otra cuestión-, en Bermeo, durante la etapa republicana, el juego político estuvo muy marcado por el enfrentamiento entre los nacionalistas vascos, por un lado y, por otro, las fuerzas políticas republicanas y de izquierdas que, por contraposición, podríamos agrupar bajo el título común de nacionalistas españoles. El eje político nacionalista vasco/nacionalista español, eclipsó casi por completo al eje derecha/izquierda, e incluso al eje monarquía/república. Y en la confrontación nacionalista, dicho sea de paso, el polo vasco adquirió un carácter claramente hegemónico, frente a la acotada minoría que representaba el contrario.

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Hubo una época en la que los dirigentes de la izquierda abertzale reivindicaban el derecho de los presos de ETA a cumplir íntegramente  las condenas que les habían sido impuestas por los tribunales españoles. No estaba bien visto acceder a los beneficios penitenciarios. Se consideraba un signo de debilidad; de renuncia; de claudicación. Algo equivalente a mancillar la militancia dejándose seducir por los insidiosos guiños de complicidad del enemigo. Recuerdo el caso de un preso apodado Txomiñena, que llegó a denunciar el hecho de que las autoridades penitenciarias le hubieran concedido el tercer grado sin que él lo hubiese pedido. Eran otros tiempos, evidentemente. Cumplir íntegramente las penas impuestas por el régimen represivo era reputado como timbre de gloria; como la plausible expresión de una militancia firme, que no cedía ante las trampas tendidas por el Estado opresor.

Hoy no es frecuente que los presos de ETA desprecien los beneficios penitenciarios a los que se pueden acoger. Y menos aún que renuncien a los ya obtenidos. Antes al contrario, lo habitual es que se aferren a ellos como un clavo ardiendo. Así lo estamos viendo, entre otros, con todos aquellos que se han visto afectados por la conocida como doctrina Parot, que fue definida, como se sabe, en la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero.

Reconozco que cuando tuve conocimiento de la sentencia a través de los medios de comunicación, la música no me sonó bien. Sin ser especialista en Derecho Penal, me pareció que alterar in peius un criterio jurisprudencial tan arraigado como el que venía a modificar el Tribunal Supremo y en un ámbito tan relevante para la duración efectiva de las penas, no casaba bien con la cultura de las garantías y con la regla de la irretroactividad de las normas penales no favorables que había estudiado en la Universidad. Pese al tiempo transcurrido, recuerdo que comenté el caso con Diego López Garrido, que por aquella época ejercía de portavoz de los socialistas en el Congreso. Su impresión coincidía con la mía. Aquello parecía un atropello sin cuento. Tenía todas las trazas de una arbitrariedad sacada de la manga con el propósito de obstaculizar el buen fin del alto el fuego que ETA iba a decretar en breve. No podía ser constitucional. Su comentario fue expeditivo: “Eso lo echará para atrás el Tribunal Constitucional”. Esto último -huelga decirlo- yo no lo tenía tan claro.

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En el Consejo de Ministros del pasado viernes, se aprobó una reforma de la Ley reguladora de la radio y de la televisión pública española que, con la actual composición de la cámara, permite al PP designar, por sí solo, al máximo responsable del ente público que se encarga de gestionar ese servicio público. Un paso atrás en el control parlamentario de los medios de comunicación de titularidad pública. Desde 2006, el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE requería el apoyo de una mayoría cualificada de los diputados que integran el Congreso. Es decir, demandaba la previa suscripción de un acuerdo de amplia base entre los grupos parlamentarios. Ahora, tras la reforma operada en el último Consejo de Ministros, el Gobierno popular puede asegurarse el nombramiento de su candidato, sin necesidad de pactarlo con nadie. Si en la primera votación no se alcanzan las dos terceras partes de los votos del hemiciclo, el nombramiento podrá materializarse en el segundo intento con el respaldo de la mayoría absoluta.

Fotografía publicada en la "Historia militar de la guerra de España" de Manuel Aznar

Con ocasión de esta reforma, son muchas las voces que han alertado sobre el riesgo de que vuelvan a implantarse las escandalosas prácticas de manipulación televisiva que presidieron el segundo mandato de Aznar. ¿Quién no recuerda aquella irrefrenable tendencia a utilizar las ondas hertzianas para crear un mundo virtual, ajeno a la realidad, pero favorable a los intereses del partido del Gobierno? Aznar se jactaba entonces de poder cambiar la opinión pública española en 48 horas. Y a fe mía que lo consiguió en más de una ocasión. Eso fue, probablemente, lo que le hechó a perder el 11 de marzo de 2004. Había constatado tantas veces que en tan sólo dos días podía moldear a su gusto la opinión pública española, que en ningún momento pensó que no fuera a ser capaz de mantener engañada a la sociedad entre el viernes en el que tuvo lugar el atentado y la jornada electoral del domingo. Pero en esa ocasión falló. Y ante la evidencia del engaño, muchos ciudadanos abrieron los ojos para preguntarse: si en una circunstancia tan delicada ha sido capaz de mentir como lo ha hecho, ¿qué no nos habrá mentido durante los cuatro años anteriores? Y vinieron los desengaños y el consiguiente colapso electoral.

En cualquier caso, es preciso reconocer que la derecha española siempre ha gozado de una gran capacidad para la propaganda política. Son muchos los ejemplos que podríamos citar para ilustrar esta afirmación, pero pocos, tan elocuentes, como el de la campaña que los franquistas desarrollaron en 1937 para vender a los vascos y al mundo entero, la ridícula especie de que el bombardeo de Gernika -cuyo 75º aniversario se conmemora estos días- no había sido perpetrado por los aliados alemanes de Franco, sino por las mismísimas  huestes del lehendakari Aguirre, despectivamente calificadas como rojoseparatistas. La operación publicitaria que desarrollaron para imponer su falsa versión de los hechos fue soberbia; sencillamente magistral. Propia de la escuela de Joseph Goebbels. Como anotó el corresponsal de guerra británico G. L. Steer, “La destrucción de Gernika no sólo fue un espectáculo horrible para los que la presenciaron. Fue además el objeto de la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos desde que Ananías fue conducido con los pies por delante a un horno ardiente”.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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En este mes de abril se han dictado ocho sentencias del Tribunal Supremo, que desestiman otros tantos recursos de casación interpuestos por las comunidades autónomas de Castilla-León y La Rioja en relación con diversos pleitos suscitados por estas dos comunidades contra diferentes normas forales dictadas en 2005 por los territorios históricos vascos, con objeto de regular el Impuesto de Sociedades. Las ocho sentencias son desestimatorias. Lo que significa que avalan la capacidad normativa de los territorios históricos vascos para regular autónomamente esta figura impositiva. Una excelente noticia para los amigos del Concierto Económico.

Cartel anunciador de la manifestación que se celebró en Bilbao en 1978 para exigir la devolución del Concierto Económico suprimidos por Decreto de Guerra a Bizkaia y Gipuzkoa.

Como los recursos insistían en acusar a las normas forales impugnadas de no ser conciliables con el derecho europeo de la competencia, las sentencias descansan, en buena parte -no solo, pero sí en buena parte- sobre una argumentación que trae causa de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en relación con las regiones europeas dotadas con autonomía fiscal: básicamente la sentencia de 6 de septiembre de 2006, sobre las Azores y la sentencia de 11 de septiembre de 2008 sobre el régimen tributario y financiero del País Vasco.

Según estas dos sentencias -que han constituido hitos fundamentales en el proceso de legitimación europea del Concierto Económico- las normas tributarias dictadas por los entes subestatales, que entrañen una presión fiscal inferior a la existente en el Estado miembro correspondiente, no constituyen ayudas de Estado incompatibles con el derecho europeo de la competencia si cumplen un triple requisito:

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre “entre el escaño y el cargo incompatible”. Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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En el calendario chino, este año se desarrolla bajo el signo del dragón, una figura mítica que en la cultura oriental se identifica con la prosperidad y la buena suerte. Probablemente por ello, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha dispuesto que el relevo de su cúpula dirigente -un trámite esencial para una formación política de esas características- se llevará a cabo a mediados de 2012. El presidente Hu Jintao y el primero ministro Wen Jiabao dejarán los puestos que ocupan, en las instituciones y en el partido, para dar paso a los que integrarán la cúpula dirigente que pilotará el país durante los próximos años. Todo parecía indicar que el relevo iba a producirse de modo pactado, sin sobresaltos y con los mejores augurios. En la línea de lo cabe esperar de un hecho que acontece bajo el signo del dragón. Pero contra todo pronóstico -no es habitual que la disputas internas del PCCh trasciendan a los medios de comunicación- la prensa se ha hecho eco estos días de un conflicto que ha terminado de modo fulminante con la carrera política de Bo Xilai; un dirigente del PCCh, hijo de uno de los Ocho inmortales del Partido, que aspiraba a formar parte del Comité Permanente del Politburó.

Bo Xilai tiene tras de sí una larga carrera política. Ha sido alcalde y ministro. Dicen que su ascendente trayectoria política ha estado adornada con una retórica intensamente neo-maoísta, que incluía abrumadoras referencias a la autocrítica comunista y a la revolución cultural. Curiosa paradoja en alguien que ha acompañado su biografía política con una masiva acumulación de dinero. Pero, súbitamente, Bo Xilai ha desaparecido del escenario. Y lo ha hecho justo en el momento en el que parcía abocado a formar parte del Politburó; un sanedrín de nueve miembros que lo controla todo en la vida política e institucional del país asiático. Se le acusa de corrupción, en una sociedad en la que ésta campa por sus respetos. Se le imputa, también, la participación en el asesinato de un ciudadano británico. Y es posible -no lo sé- que todo lo que se le atribuye tenga fundamento. Pero resulta difícil no percibir en lo sucedido la huella de una refriega palaciega urdida para purgar al personaje en un momento decisivo. Debe ser francamente difícil acceder a la reducida cúpula de poder de un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Supongo que los codazos y zancadillas cruzadas serán terribles.

De todo esto y mucho más tratamos esta semana en un encuentro informal que celebramos en el palacio del Congreso con una representación de la Cámara de Comercio de la UE en China; una asociación de empresas europeas que trabajan en aquél país. Fue una entrevista muy interesante, que resultó posible merced al empeño que puso en ello el vitoriano Juan Ignacio Motiloa; un tipo extraordinario, inteligente y formado, gran profesional y mejor persona, que exhibe por el mundo el gusto de los vascos por el trabajo bien hecho.

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