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Posts Tagged ‘Ley de Consulta’

Los deslumbrantes destellos que habitualmente iluminan las elecciones presidenciales norteamericanas -un carrusel publicitario ruidoso y multicolor- han restado notoriedad informativa al hecho de que, aprovechando la cita con las urnas, los puertorriqueños han sido consultados una vez más sobre el estatus político que prefieren para articular su futuro colectivo.

En efecto, además de elegir gobernador, comisionado residente en Washington, diputados y otros representantes políticos, los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han podido votar, también, para manifestar si desean que la comunidad política a la que pertenecen continúe con el estatus vigente o prefieren que opte por alguna de las siguientes alternativas: a) Convertirse en una nación independiente y soberana, b) Integrarse plenamente en la Unión, como Estado número 51, o c) Mejorar el autogobierno actual, asumiendo nuevas facultades y atribuciones soberanas.

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Hoy, día 22 de septiembre, concluía el plazo de 15 días que el artículo 167 de la Constitución establece para que la décima parte de los miembros del Congreso -o del Senado- pueda solicitar la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma que recientemente se llevó a cabo en el artículo 135 de la carta magna. Y como cabía esperar, no se ha logrado reunir las 35 firmas necesarias para activar la solicitud. Ni un sólo diputado popular se ha desmarcado de la disciplina impuesta por su Grupo Parlamentario. En el PP no se andan con juegos en eso de respetar la autoridad. Y entre los socialistas, el desmarque ha sido anecdótico. Manifiestamente insuficiente, en cualquier caso, para alcanzar el umbral cuantitativo fijado en la Constitución. Los firmantes no hemos llegado a veinte, porque CiU se ha negado a prestar sus diez escaños si no se conseguían, previamente, las veinticinco firmas que, sumadas a las suyas, permitían alcanzar el porcentaje exigido por la norma constitucional.

Es una pena. Hubiera sido interesantes conocer la actitud de los ciudadanos ante una reforma que, pese a su aparente contenido técnico, encierra un importante contenido político, porque constreñirá notablemente la capacidad de actuación de las administraciones públicas en el ámbito económico. Ya nada será igual que hasta ahora en el terreno de la inversión pública. Y más concretamente, la capacidad inversora de los ayundamientos quedará reducida a un nivel meramente anecdótico.

El martes por la tarde, Uxue Barkos y yo nos encontramos en la Carrera de San Jerónimo con un grupo de mujeres jóvenes que estaban intentando entregar a los diputados un folleto en el que se les pedía incorporarse a la solicitud de referéndum. Nadie les hacía caso. Los diputados les eludían, disimulando o mirando para otro lado. “Sólo nos atienden -nos dijeron- los que, como ustedes dos, están a favor del referéndum. Acabamos de hablar con Llamazares y con Jorquera. Pero luego hemos querido acercarnos a un grupo de electos y nos han ignorado”. Su situación me produjo tristeza. Nos hemos pasado años lamentándonos por el escaso interés que los jóvenes sienten por la política y ahora que adquieren conciencia cívica y se empiezan a movilizarse se encuentran con un muro frío, duro e insensible, que les deja de lado sin siquiera escucharles.

Me hubiera gustado muchísimo que el referéndum pudiera celebrarse. Estoy tan seguro de que el Sí se  hubiese impuesto en España, como que en Euskadi hubiera prevalecido el No. El contraste entre los dos ámbitos ya tiene un precedente: así ocurrió en el referéndum sobre la incorporación a la OTAN.

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Las consideraciones críticas sobre la calidad de la democracia española pertenecían, hasta hace muy poco tiempo, al dominio casi exclusivo del nacionalismo vasco. Rara vez se escuchaban tachas o descalificaciones del modelo constitucional español o de su plasmación práctica, procedentes de otros colectivos o entornos políticos. Existían -no lo niego- pero eran pocas y poco audibles. Lo habitual era más bien lo contrario: que frente a los reproches que emanaban del nacionalismo vasco -cada vez que denunciaba la baja calidad de la democracia española poniendo al descubierto la legislación restrictiva de derechos, las ilegalizaciones de partidos políticos, los cierres de periódicos, la inexistencia de un modelo de auténtica división de poderes o las magras garantías que amparan a los detenidos en el marco de la legislación antiterrorista- se cerrasen filas en torno a la consigna de que la transición fue modélica y de que el rendimiento actual de la democracia española se sitúa en niveles homologables a los que cualquier otro país de la órbita occidental.

Pero en cuestión de semanas, lo que hasta ayer era un fenómeno casi exclusivo del nacionalismo vasco, se ha convertido en un lugar común compartido, al parecer, por amplísimas capas de población. Todo el mundo parece admitir ahora que la democracia española tiene fallas, defectos y lagunas. Que es mejorable, vamos. Algunos -que han contado, por cierto, con un extraordinario respaldo mediático- hasta han llegado a sostener que la democracia española no es una democracia real. Ahí es nada. Más aún, los mismos que hasta ayer rechazaban con aspavientos muy aparentes los ecos procedentes de Euskadi que hablaban, en tono crítico, de la baja calidad de la democracia española, parecen dispuestos ahora a promover un intenso plan de reformas para retocarlo casi todo: la participación ciudadana, el sistema electoral, los derechos fundamentales, la división de poderes, etcétera. Resulta sumamente curioso observar la facilidad y rapidez con la que determinados debates que hasta ayer estaban proscritos y hasta anatematizados, se han situado hoy en el corazón mismo de la atención pública. Ayer no eran más que una coartada al servicio de los antisistema y los terroristas. Hoy, son la expresión más pulcra de la corrección política, que debe “escuchar” lo que pide el pueblo.

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deportistasEstos días ha dado mucho que hablar el novedoso anuncio que Zapatero hizo en la recepción oficial del equipo ganador de la Copa Davis de Tenis: La creación de un ministerio de Deporte.

Unos se muestran favorables. Aseguran que una medida así, reforzaría la estructura deportiva y multliplicaría los apoyos públicos al Deporte. Un ministro siempre goza de más poder y de mayor margen de actuación que un secretario de Estado.
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No lo creo

Hoy, lunes, he escuchado y leido a más de uno, defender la tesis de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco, sienta unas bases doctrinales que, inevitablemente, forzarán al tribunal, a pronunciarse en contra del Estatut de Catalunya.

No lo creo.
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votoHace unas semanas argumenté, en este blog, contra de quienes sostienen que la consulta aprobada por el Parlamento vasco es inconstitucional. Perdón, preciso. Más que una argumentación jurídica, lo que mi comentario encerraba era una alegación de carácter político sobre lo iluso que resulta esperar, en este asunto, una actuación imparcial del Tribunal Constitucional.

Hoy voy a romper una lanza en favor de quienes niegan que la consulta sea un acto potencialmente destructivo que, como algunos sostienen, divide y separa a los vascos.
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gonzalez

El jurista conservador Juan Pablo González

La prensa de hoy reproduce las declaraciones que destacados miembros de la judicatura y del gobierno del Poder Judicial llevaron a cabo ayer en torno a la iniciativa del Lehendakari. En el último post, expresaba la actitud sarcástica con la que escucho las acusaciones de inconstitucionalidad que se vienen profiriendo contra la consulta del Lehendakari, en un país en el que la frontera que separa lo constitucional de lo constitucional es tan clara, cierta, segura y bien fundada en razones jurídicas como la que emana de la decisión política, adoptada en el seno del máximo órgano de gobierno de un partido político, para cubrir los los puestos del Tribunal Constitucional.
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