Hoy, día 22 de septiembre, concluía el plazo de 15 días que el artículo 167 de la Constitución establece para que la décima parte de los miembros del Congreso -o del Senado- pueda solicitar la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma que recientemente se llevó a cabo en el artículo 135 de la carta magna. Y como cabía esperar, no se ha logrado reunir las 35 firmas necesarias para activar la solicitud. Ni un sólo diputado popular se ha desmarcado de la disciplina impuesta por su Grupo Parlamentario. En el PP no se andan con juegos en eso de respetar la autoridad. Y entre los socialistas, el desmarque ha sido anecdótico. Manifiestamente insuficiente, en cualquier caso, para alcanzar el umbral cuantitativo fijado en la Constitución. Los firmantes no hemos llegado a veinte, porque CiU se ha negado a prestar sus diez escaños si no se conseguían, previamente, las veinticinco firmas que, sumadas a las suyas, permitían alcanzar el porcentaje exigido por la norma constitucional.

Es una pena. Hubiera sido interesantes conocer la actitud de los ciudadanos ante una reforma que, pese a su aparente contenido técnico, encierra un importante contenido político, porque constreñirá notablemente la capacidad de actuación de las administraciones públicas en el ámbito económico. Ya nada será igual que hasta ahora en el terreno de la inversión pública. Y más concretamente, la capacidad inversora de los ayundamientos quedará reducida a un nivel meramente anecdótico.
El martes por la tarde, Uxue Barkos y yo nos encontramos en la Carrera de San Jerónimo con un grupo de mujeres jóvenes que estaban intentando entregar a los diputados un folleto en el que se les pedía incorporarse a la solicitud de referéndum. Nadie les hacía caso. Los diputados les eludían, disimulando o mirando para otro lado. «Sólo nos atienden -nos dijeron- los que, como ustedes dos, están a favor del referéndum. Acabamos de hablar con Llamazares y con Jorquera. Pero luego hemos querido acercarnos a un grupo de electos y nos han ignorado». Su situación me produjo tristeza. Nos hemos pasado años lamentándonos por el escaso interés que los jóvenes sienten por la política y ahora que adquieren conciencia cívica y se empiezan a movilizarse se encuentran con un muro frío, duro e insensible, que les deja de lado sin siquiera escucharles.
Me hubiera gustado muchísimo que el referéndum pudiera celebrarse. Estoy tan seguro de que el Sí se hubiese impuesto en España, como que en Euskadi hubiera prevalecido el No. El contraste entre los dos ámbitos ya tiene un precedente: así ocurrió en el referéndum sobre la incorporación a la OTAN.
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