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Posts Tagged ‘Crisis económica’

En una de las escenas más gráficas de la conocida novela de García Márquez que lleva el títulode El coronel no tiene quien le escriba, el protagonista del relato desprecia el diario de la jornada sin apenas leer los titulares y comenta: “Desde que hay censura los periódicos no hablan sino de Europa”. Para el coronel que no tenía quien le escribiese, hablar de Europa, en la Colombia dictatorial que conocía y padecía, era hablar de lo que no interesaba a nadie. Por eso -pensaba- lo autorizaba la censura. Porque no interesaba a nadie. 

Imágen mitológica del rapto de Europa

Aunque la cita procede de un relato de ficción, lo cierto es que la percepción del coronel se extiende como el aceite. Europa empieza a no interesar a nadie en el mundo. O quizás sea más correcto afirmar que el mundo empieza a perder interés por Europa.

En el último debate que enfrentó a los dos candidatos a la presidencia de los EEUU, Obama y Romney dedicaron casi dos horas a hablar de la política exteriore norteamericana. Hicieron abundantes referencias a Asia y a Oriente medio. Hablaron profusamente de Siria y de Irán. Y aunque menos, tampoco faltaron alusiones a África -especialmente a la primavera egipcia- y a Iberoamérica. Sin embargo, no dedicaron una sola frase a Europa. Ni una sola. Ni el moderador ni los contendientes tuvieron a bien hacerlo. Europa -como sugería el coronel que no tenía quien le escribiese- empieza a no interesar a nadie en el mundo. En el mapamundi chino, ya lo he hecho notar alguna vez (véase al respecto el post titulado «La América que mira al Pacífico, se vuelca en Asia«, publicado el 5.06.12), el continente europeo no pasa de constituir un punto diminuto e irrelevante perdido en el extremo oeste de la carta. Y la realidad cotidiana pone de manifiesto que el país asiático mira más al oriente que al poniente.

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Hace exactamente seis meses, daba cuenta en este blog de las diez enmiendas a la totalidad que se habían presentado en el Congreso de los diputados contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 («Diez razones para diez enmiendas«, publicado el 25.04.2012). Hoy vengo a hacer referencia a las once -una más- que se han registrado en la cámara contra el proyecto de cuentas públicas para 2013, que fueron debatidas -y rechazadas, por supuesto- entre el martes y el miércoles de esta misma semana. La cifra bate marcas. Hasta donde llega mi memoria, nunca antes se habían presentado tantas enmiendas al proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo.

Once enmiendas a la totalidad son muchas, sin duda. Y dada la heterogeneidad de las formaciones políticas que cuentan con representación en el hemiciclo, las registradas ofrecen, además, un abanico argumental bastante amplio. Resulta interesante compararlas y descubrir los contrastes y contradicciones que plantean. Mientras la mayoría reprocha al proyecto un claro propósito recentralizador, UPyD se queja de que reflejan «el carácter cada vez más residual del Estado». Y aunque son muchas las que reclaman más fondos para las Comunidades Autónomas, la formación liderada por Rosa Díez critica el hecho de que reciban «todavía más recursos». Por estas y otras muchas razones que no hace al caso especificar pormenorizadamente, resulta imposible identificar en ellas un denominador común, más allá del hecho de que todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno. Yuxtapuestas, componen un variado mosaico multicolor. Sin embargo, todas once han sido votadas conjuntamente. Con lo que los diputados hemos sido emplazados a respaldar -o rechazar- al mismo tiempo, un argumento y el contrario. En un mismo acto, hemos votado a favor de que el Gobierno conceda la independencia a Catalunya y de que se refuercen las instituciones centrales del Estado en detrimento de los poderes autonómicos. Esta manera de proceder no tiene mucho sentido, pero es así. En la vida política, como en la vida en general, hay muchas cosas que, pese a carecer de sentido, se mantienen vigentes por los siglos de los siglos.

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Pese al cuidado empeño que ha puesto la prensa hagiográfica en resaltar la crucial aportación de Patxi López al documento en el que se plasmaron las conclusiones de la Conferencia de Presidentes Autonómicos -alguna cabecera fabulaba titulando que consiguió meter varias cuñas en el texto final- lo cierto es que su papel ha sido más bien discreto. Los protagonistas de la Conferencia han sido otros, que son, por razones obvias, los que han centrado los focos de la prensa. Artur Mas, en primer término, a quien las cámaras siguieron sin perder un solo detalle de lo que hacía y decía y el presidente de Madrid, en segundo lugar, por ser el más reciente y el más beligerante en la defensa de la unidad.

López y Zapatero sintonizan, en los tiempos en los que el presidente del Gobierno español sostenía que el crecimiento de la economía sólo podía venir de las reformas estructurales.

De Patxi López, las crónicas se limitan a destacar que fue el primero en intervenir -en lo que no tiene mérito alguno, dado que es una exigencia del protocolo- y que afirmó algo tan banal y tan poco relacionado con la especificidad vasca como que las Comunidades Autónomas no son el problema sino parte de la solución.  Crucial aportación, como se ve, para encauzar los problemas que tiene Euskadi. Su intervención ante el foro no tuvo el más mínimo marchamo vasco; pudo haber sido suscrita por cualquier otro presidente socialista y, si me apuran, incluso popular.  El inquilino de Ajuria Enea se limitó a reproducir en el palacio del Senado el prontuario programático que la víspera consensuó en Ferraz con su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba y los dos únicos presidentes autonómicos de su partido: el andaluz Griñán y el asturiano Fernández. Pidió que se relajase la senda del déficit, que se atenuasen un poco las exigencias financieras impuestas a las comunidades autónomas y que se procurase poner algún énfasis en la apuesta por el crecimiento.

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Ayer participé en la bendición de un buque hecho en Euskadi; una draga construida en los astilleros de Murueta y culminada en las instalaciones que esta empresa de construcción de buques tiene en los muelles de Erandio. Ha sido un acto bonito y estimulante, como todos los de sus características. Con sendos discursos del armador y del gerente del astillero, la preceptiva oración del cura y la decisiva intervención de la madrina, que cortó el lazo que retenía la botella de champán para que pudiera estrellarse, como exige el protocolo, contra el casco de la embarcación.

Imagen de la draga bautizada ayer

El buque, una sofisticada draga de última generación, capaz de succionar fango de 60 metros de profundidad, ha sido construido para la empresa pública francesa Dragages Ports, adscrita al organismo público Puertos de Francia. El encargo le fue encomendado a Astilleros Murueta, tras un rigurosísimo proceso de selección en el que participaron 22 astilleros de todo el mundo: desde holandeses, hasta koreanos. Dragages Ports estableció el cuadro básico de especificaciones que debían cumplir las ofertas y eran los propios astilleros los que habían de desarrollar la tecnología necesaria para dar respuesta a los requerimientos fijados para la licitación. Algunas empresas se retiraron del concurso, porque consideraron que aquellas especificaciones eran imposibles de cumplir. Estimaron -dicho en otros términos- que, con el conocimiento científico hoy disponible, no era posible dar una respuesta tecnológica viable a semejantes requerimientos. Así se hizo un corte inicial en el que sólamente quedaron 8 candidatos. La competencia, en esta segunda fase, fue bastante más dura. Los contendientes eran astilleros de grandes dimensiones y dilatada experiencia en la construcción de buques de altas prestaciones tecnológicas. Pero finalmente, ocurrió lo que en un principio parecía increíble: la adjudicación recayó en Astilleros Murueta, que asumió el encargo de construir dos dragas básicamente iguales.

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Patxi López viene repitiendo en los actos preelectorales de las últimas semanas, que se presenta a estos comicios «para ganar». Sin embargo, todo lo que está haciendo el Gobierno que preside en esta última fase de la legislatura, parece concebido por alguien que da por seguro que va a perder. El que trabaja para ganar y confía realmente en la posibilidad de hacerlo, no pone en marcha una devastadora política de tierra quemada. Antes al contrario, procura salvar de la ruina los efectos y herramientas que le resultarán necesarias para seguir trabajando en el futuro. Sólo quien lo da todo por perdido y no siente la más mínima preocupación por lo que pueda suceder tras su derrota, se dedica a dinamitar lo construido para reducirlo a escombro y dificultar, así, la tarea del que venga por detrás.

Los milicianos de extrema izquierda que, durante la guerra civil, incendiaron Irún, devastaron Eibar y barrenaron la Universidad de Deusto, no lo hicieron «para ganar», sino porque sabían que iban a perder y les importaba una higa lo que pudiera ocurrir tras ellos.

Algo de esto sucede, como decía, con la gestión de las finanzas públicas que el gabinete de López está llevando a cabo en este momento crepuscular de su mandato. Que no parece la de alguien que aspira a «ganar», sino la de alguien que da por descontada su derrota. Y me explico.

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Iniciamos el mes de agosto con la esperanza de que el BCE se decidiese a adoptar alguna medida enérgica para salvar el euro. Las terminantes palabras pronunciadas por su presidente en los días previos -«haré lo que haya que hacer para preservar el euro. Y créanme que será suficiente»- autorizaban a ser optimista y abrigar expectativas. Pero luego salió con aquello de que sólo intervendría en el mercado de deuda de los Estados miembros que se lo solicitasen expresamente. Y a todos nos sonó a rebaja. Si hay que rellenar una instancia y presentar la solicitud en el registro correspondiente -recelamos muchos- seguro que al pie del formulario figurará una cláusula, escrita con caracteres diminutos, en la que se hará constar que la firma del documento supone la aceptación automática de todas las condiciones establecidas en el memorándum, etcétera. Y los curiosos mensajes posteriormente emitidos desde el Bundesbank, cuando advirtió en tono admonitorio que la compra de bonos por parte del BCE, como el mismísimo consumo de drogas, constituye una práctica que crea adicciones peligrosas, nos arrastró de nuevo al desconsuelo. Estábamos en lo mismo de siempre.

Imagen del municipio francés de Saint-Savin, en el que se puso en circulación, hace medio siglo, la idea del «euror», la moneda europea que iba ser la alternativa del dólar.

Pero el mes de septiembre ha vuelto a traernos noticias positivas. La expectativa renace y el optimismo vuelve a asomar entre los actores económicos y los observadores. Todo parece indicar que, a pesar del Bundesbank -que siempre, por cierto, se ha opuesto a los avances llevados a cabo en la integración económica y monetaria europea- va a ponerse en marcha el programa de compra de bonos que el presidente del BCE había esbozado antes de las vacaciones. Es una gran noticia, sin duda. Si todo va bien -y toco madera- esta medida relajará la tensión existente sobre la deuda pública de las economías más débiles y la prima de riesgo bajará. En consecuencia, todos los titulares han empezado a hablar con satisfacción de la irreversibilidad del euro que, por fin, deja de ser la única moneda huérfana del mundo; la única que carece del tutelaje de un Banco Central y de un Ministerio de Economía dispuestos a darle cobertura y salir al quite ante todos los ataques de los que pueda ser objeto por parte de los mercados.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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No somos conscientes aún de la dimensión que puede alcanzar el impacto que el conjunto de las medidas previstas en el último decretazo del Gobierno -me refiero al Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio- va a producir en la sociedad, en la economía y en las instituciones. Como se trata de una norma que se refiere a ámbitos y sectores muy heterogéneos, cada colectivo afectado ha calibrado ya, aunque no sea más que aproximadamente, el efecto restrictivo que los recortes van a producir en el ámbito que le concierne. Sin embargo, apenas existe una visión de conjunto sobre el impacto que todas ellas -unidas- han de producir en nuestra vida cotidiana. El FMI ya ha hecho notar que sus previsiones de crecimiento negativo para el año 2013, van a empeorar como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Pero más allá de ese efecto depresivo que van a producir sobre el conjunto de la economía -que se da por hecho-, está por precisar el alcance efectivo que van a revestir en el desenvolvimiento de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

Cada vez que se relee su texto -apretado en 90 interminables páginas, escritas con letra menuda de Boletín Oficial- se descubre un aspecto nuevo o una dimensión distinta, en los que no se había reparado en las recensione anteriores. Y si a ello añadimos las cuatro curiosas páginas de correcciones de errores que se publicaron cinco días después de la norma principal, se puede el lector hacer idea de las sorpresas que encierran las relecturas de su articulado.

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En la sesión plenaria que celebramos en el Congreso el jueves de esta semana, se debatió, como se sabe, la convalidación del Real Decreto-Ley que contiene el que hasta la fecha es el último paquete de recortes del Gobierno de Rajoy. La impronta europea era tan ostensible en su corrosivo contenido -todavía no somos consciente del impacto que su plena entrada en vigor va a suponer en la sociedad, la economía y las instituciones-, que nuestro portavoz económico, Pedro Azpiazu, dio comienzo a su intervención con un irónico Guten tag; buenos días, en la lengua materna de Angela Merkel.

El águila de cinco por tres metros que preside el hemiciclo del Bundestag fue hecha, en los años noventa, por una fresadora de Soraluze

Al mismo tiempo, el Bundestag -la cámara baja de la República Federal de Alemania- debatía el memorandum del rescate que la UE va a llevar a cabo en algunas entidades financieras españolas. En el Congreso no lo conocemos todavía. No, al menos, de modo oficial.

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El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.

Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.

Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la «ordenación general de la economía». La diferencia, como puede verse, es notable.

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