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Posts Tagged ‘X Legislatura’

El 2o de noviembre (2o-N) es una fecha emblemática por muchos motivos. Cuando yo era niño, la propaganda oficial acostumbraba a reseñarla para conmemorar el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Años después, en 1975, resultó que Franco murió también ese día, solapando en el recuerdo póstumo, a quien ya solapara en vida. Y transcurrido algún tiempo, la fecha de marras nos deparó otra noticia impactante: los diputados y senadores electos de Herri Batasuna eran objeto de un atentado en el hotel Alcalá de Madrid, asesinando a Josu Muguruza e hiriendo a Iñaki Esnaola.

En julio del año pasado, Zapatero decidió anticipar el fin de la legislatura y convocar elecciones para el 20-N. Algunos le criticaron por su mala sombra, pero no faltó quien esbozó la tesis de que era la elección de la fecha no era más que una expresión más -probablemente la postrera- del estilo travieso y juguetón con el que había desarrollado toda su labor política gubernamental. Lo cierto es que los comicios se celebraron el 20-N -jornada, como hemos visto, de múltiples aniversarios- y que ayer cumplía la legislatura su primer anualidad.

En puridad, la legislatura no da comienzo hasta que se celebra la sesión parlamentaria solemne que la inaugura con carácter oficial, pero los medios de comunicación, que buscan más la primicia que la noticia, ya se han apresurado a dar por cumplido el primer año del mandato de Rajoy, emplazándonos a hacer balance.

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Hace seis meses relacioné la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la gráfica imagen de una marcha militar, que avanza sin remilgos por la vía trazada por los superiores, pisoteando sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso. Y destacaba, en concreto, el desdeñoso trato que la mayoría parlamentaria -con el apoyo y/o la connivencia de algunas minorías de la cámara, dicho sea de paso- deparó a las enmiendas que el Grupo Parlamentario vasco registró en la cámara a propósito de las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de previsión de los empleados públicos vascos configurados en el marco de Elkarkidetza (Cfr. “Un presupuesto tramitado como una marcha militar, que pisotea Elkarkidetza“)

Ayuntamiento de Donostia. Sus empleados son, también, socios de Elkarkidetza, aunque los partidos que integran la coalición que lo gobierna, no hayan apoyado la enmienda.

Hoy, medio año después, he de recurrir de nuevo a la imagen de la marcha militar que entonces utilicé, para describir de nuevo el modo en el que se ha evacuado en el Congreso el trámite de aprobación de las cuentas públicas para 2013. Porque, en lo esencial, las cosas han discurrido en términos muy parecidos a la pauta que entonces se marcó. Entre la semana pasada y la presente, la mayoría absoluta del PP se ha impuesto inexorablemente en la cámara -primero en Comisión y después en el Pleno- para sacar adelante un proyecto insostenible e increíble de cuentas públicas, sobre la base de rechazar algo más del 99,8% de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sí, han leído bien. El grupo mayoritario ha vetado algo más del 99,8% de las enmiendas que los grupos han sometido a votación. Lo que significa que no ha aceptado ni el 0,2% de las mismas. En mayo, sólo admitieron 3 de las más de 3000 registradas. En esta ocasión han aceptado 7 de las 3771 que se han debatido y votado. No está mal. Con semejante progresión, dentro de cincuenta años podría llegar a aceptarse un número razonable.

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No es la primera vez que escribo en este blog sobre el ambigüo -o, cuando menos, enrevesado- criterio que guía a los diputados de Amaiur a la hora definir el alcance y contenido de su participación en las cámaras legislativas que, según el artículo 66 de la Constitución, “representan al pueblo español”. Ya lo hice antes de ahora en, cuando menos, dos entradas que llevaban por título “Sopas sin sorber, no puede ser” y “Criterio inextricable“. En este último, cuyo enunciado resulta particularmente elocuente, me confesaba incapaz de comprender el sentido de su participación, que acostumbra a distinguir, sin objetividad aparente, entre supuestos idénticos y a equiparar sin justificación explicable, supuestos claramente distintos.

Hoy vuelvo sobre el asunto, al hilo de una moción que el diputado Sabino Cuadra sometió ayer a debate y votación en el Congreso de los diputados. La moción traía causa de una interpelación que el mismo diputado formuló hace unas semanas en el pleno de la cámara, sobre “la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad”. Se trataba de una iniciativa divida en seis puntos, en los que se instaba al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar otras tantas medidas de carácter laboral, social y fiscal con las que se supone que se activa el decidido impulso del “reparto de riquezas y rentas” que el diputado planteaba en la interpelación.

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Hace exactamente seis meses, daba cuenta en este blog de las diez enmiendas a la totalidad que se habían presentado en el Congreso de los diputados contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (“Diez razones para diez enmiendas“, publicado el 25.04.2012). Hoy vengo a hacer referencia a las once -una más- que se han registrado en la cámara contra el proyecto de cuentas públicas para 2013, que fueron debatidas -y rechazadas, por supuesto- entre el martes y el miércoles de esta misma semana. La cifra bate marcas. Hasta donde llega mi memoria, nunca antes se habían presentado tantas enmiendas al proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo.

Once enmiendas a la totalidad son muchas, sin duda. Y dada la heterogeneidad de las formaciones políticas que cuentan con representación en el hemiciclo, las registradas ofrecen, además, un abanico argumental bastante amplio. Resulta interesante compararlas y descubrir los contrastes y contradicciones que plantean. Mientras la mayoría reprocha al proyecto un claro propósito recentralizador, UPyD se queja de que reflejan “el carácter cada vez más residual del Estado”. Y aunque son muchas las que reclaman más fondos para las Comunidades Autónomas, la formación liderada por Rosa Díez critica el hecho de que reciban “todavía más recursos”. Por estas y otras muchas razones que no hace al caso especificar pormenorizadamente, resulta imposible identificar en ellas un denominador común, más allá del hecho de que todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno. Yuxtapuestas, componen un variado mosaico multicolor. Sin embargo, todas once han sido votadas conjuntamente. Con lo que los diputados hemos sido emplazados a respaldar -o rechazar- al mismo tiempo, un argumento y el contrario. En un mismo acto, hemos votado a favor de que el Gobierno conceda la independencia a Catalunya y de que se refuercen las instituciones centrales del Estado en detrimento de los poderes autonómicos. Esta manera de proceder no tiene mucho sentido, pero es así. En la vida política, como en la vida en general, hay muchas cosas que, pese a carecer de sentido, se mantienen vigentes por los siglos de los siglos.

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Esta tarde, el Pleno del Congreso de los diputados ha vuelto a debatir -y una vez más, lo ha hecho a instancias del Grupo Parlamentario vasco- sobre la conveniencia de modificar algunos aspectos de la ley vigente con el fin de facilitar la realización de las obras que deben llevarse a cabo en las comunidades de viviendas con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas aquejadas de alguna discapacidad física.

No es -insisto en ello- la primera vez que esta cuestión se plantea en el hemiciclo. Si no recuerdo mal, el debate lo estrenamos en junio de 2009. Con poco éxito, dicho sea de paso, porque el Pleno de la cámara rechazó la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Vasco que había sido consensuada con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La iniciativa era esencialmente idéntica a la que hoy se ha sometido a la consideración de la cámara. Y aunque contó con el apoyo de la mayoría de los grupos, la propuesta no pudo prosperar porque los diputados socialistas votaron en contra -el Gobierno estaba en manos del PSOE- y los populares no quisieron pasar de la abstención. A nadie parecía interesarle una propuesta que pretendía remover los obstáculos legales que hoy dificultan la realización de las obras que necesitan las comunidades de vecinos para facilitar la movilidad de los discapacitados.

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El martes de esta semana el Congreso de los diputados fue escenario de un debate en el que vimos gráficamente reflejado el peculiar modo de hacer política que predomina en el Estado español. Me refiero a la toma en consideración de la proposición de ley sobre televisión sin fronteras; una proposición de iniciativa popular, que llegó a la cámara avalada por la firma de más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos. El texto tenía por objeto remover los obstáculos que hoy, todavía, impiden que las emisiones de radio y televisión autonómicas que se realizan en catalán, euskera y gallego, puedan ser recibidas directamente en el territorio de otras comunidades autónomas en las que esas lenguas revisten, también, carácter cooficial.

El debate no era nuevo. La iniciativa ya había sido debatida y tomada en consideración al término de la pasada legislatura. Interesa reseñar, sin embargo que, aun cuando su texto había sido registrado en la cámara en septiembre de 2010, no fue debatido hasta un año después, cuando el segundo y último mandato de Zapatero tocaba a su fin. Los socialistas, que entonces gobernaban, mostraron tan escaso interés en facilitar su tramitación -el asunto de las lenguas cooficiales sigue siendo incómodo para muchos de ellos-, que la tuvieron metida en el cajón hasta que, una vez que se había anunciado ya el fin de la legislatura, permitieron que la iniciativa llegase al parlamento, desde la seguridad de que no quedaba tiempo suficiente para que pudiera ser aprobada en los pocos días que restaban para la conclusión del mandato. Y como el resultado de la votación ya no comprometía a nadie, todos los grupos le prestaron su apoyo, excepto el popular, que se abstuvo.

Esta semana, como decía, la proposición ha vuelto al Congreso. Pero en esta ocasión, el desenlace del Pleno ha sido muy diferente. El PSOE que, como ya he dicho, en la pasada legislatura retrasó su debate hasta alcanzar la certeza de que lo avanzado del mandato hacía inviable su tramitación, se ha erigido ahora en el principal valedor de la iniciativa y -¡oh sorpresa!- ha intervenido en un turno a favor. Y el PP, que ya no está en la oposición demagógica, sino en el mando autoritario y desabrido, ha votado que no. Sin ambages ni matices: no. De manera que la proposición, que hace un año fue admitida a trámite, el martes pasado quedó rechazada a limine. Y la ilusión que miles de ciudadanos pusieron en la posibilidad de que que fuera tramitada y aprobada por las Cortes Generales, se trasmutaba, de repente, en descarnada frustración. La calculada administración de plazos, abstenciones y negativas desplegada por los socialistas y los populares, ha sumido en el desemgaño a varias decenas de miles de ciudadanos.

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Siempre me ha llamado la atención el hecho de que la invocación formularia del Estado de Derecho, como una cláusula de estilo de obligada utilización cuando se hace referencia a la lucha contra el terrorismo, la hubiera patentado entre nosotros  un ingeniero agrónomo. Cuando oigo a Mayor Oreja argumentar que el Estado de Derecho es y debe ser el único protagonista admisible en la batalla contra ETA, no puedo evitar -a pesar de los años transcuridos desde que empezó a hacerlo- un punto de estremecimiento. Porque conociendo su trayectoria, no puedo dejar de preguntarme por la idea que puede tener alguien como él de algo que es radicalmente ajeno al ámbito de conocimiento en el que se sitúa su formación académica.

Afortunadamente, la estridente controversia que ha provocado en el seno del PP la resolución adoptada por el Ministerio de Interior en relación con el preso de ETA Josu Uribetxeberria -a quien buena parte de la prensa española se refiere ridículamente por su segundo apellido: Bolinaga- ha contribuido a poner al descubierto la rústica concepción que Mayor tiene del Estado de Derecho. Una concepción tan tosca y agreste que permite comprender un poco mejor su tan dilatada como criticada trayectoria política.

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