Es el título de un seminario organizado por la fundación Sabino Arana, que tuvo lugar ayer, en Bilbao, con la asistencia de un amplio elenco de académicos, abogados, jueces y algunos políticos comprometidos con la cultura de las garantías y la defensa a ultranza de los derechos fundamentales. La idea central en torno a la cual se tejieron las tres ponencias principales -que corrieron a cargo de un catedrático de Derecho Penal, el Ararteko de Euskadi y un magistrado de la Audiencia Nacional- defendía, en esencia, lo siguiente: el terrorismo de ETA ha provocado una grave erosión del Estado de Derecho en España, porque ha propiciado la aprobación de leyes y la implantación de prácticas judiciales, administrativas y penitenciarias, que son difícilmente compatibles con el cuadro de garantías y libertades propio de un sistema democrático. En consecuencia, el cese definitivo de su actividad armada, hecho público en octubre de 2011, debería dar inicio a un proceso de revisión normativa y judicial-administrativa, con el fin de reconducir las leyes y algunos de los más viciados hábitos del poder a los parámetros homologados de una democracia normalizada. Hay mucho trabajo por delante, hasta que se llegue a desandar todo lo andado.
El debate posterior abundó en las mismas ideas, con aportaciones valiosas y plurales, tanto en lo conceptual como en lo empírico. En el Estado español, la lucha antiterrorista precedió a la instauración de las libertades. Las primeras leyes datan de la época de Franco. En consecuencia, el edificio democrático se construyó bajo ese condicionamiento; con derechos mutilados, garantías cercenadas y libertades amputadas por mor de la eficacia antiterrorista. La justificación de la excepcionalidad antiterrorista quedó plasmada en el propio texto constitucional. La suspensión de derechos fundamentales prevista en su artículo 55.2 -un auténtico caballo de troya antidemocrático en el corazón de la Carta Magna- fue legitimada por la necesidad de responder con eficacia a la «actuación de bandas armadas y elementos terroristas». Si hoy -apuntó, con razón, el catedrático Antonio Cuerda- esa actuación ha cesado definitivamente, debería deconstruirse la excepcional fortificación jurídico-punitiva que se ha ido construyendo durante los últimos lustros en torno al terrorismo. No es una exigencia caprichosa ni una reivindicación formulada desde fuera del sistema. Antes al contrario, es algo que viene exigido por la propia Constitución que, al consagrar el principio de igualdad, desautoriza los tratamientos diferenciados que carezcan de una justificación objetiva y razonable.
Blog de Josu Erkoreka 