En la fugaz visita que recientemente hemos cursado a Chile varios diputados de la Comisión de Exteriores del Congreso, hemos tenido ocasión de recoger algunas impresiones sobre la situación política del país, que no me resisto a resumir en un post. Cualquiera que haya seguido con un mínimo de atención la evolución política de aquel país, sabe que, desde las elecciones de 2009, Chile vive una experiencia inédita en el escenario abierto tras el fin de la dictadura. En los comicios que se celebraron ese año, las urnas llevaron al poder a la conocida como Coalición por el Cambio; una plataforma electoral de centro-derecha, que aglutinaba, bajo el liderazgo del actual presidente, Sebastián Piñera, a varias formaciones ideológicamente situadas en el terreno conservador, de entre las que destacaban dos: la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El triunfo de la coalición conservadora puso fin a la larga experencia gubernamental protagonizada por la Concertación de Partidos por la Democracia, de centro-izquierda, que pilotó la transición y ha regido los destinos del país durante 17 años. La Concertación chilena es uno de los ejemplos más nítidos de las posibilidades que ofrece la colaboración política entre la Democracia Cristiana y las formaciones situadas a la izquierda. En Europa, como pone de manifiesto el caso alemán, esta colaboración se ve como algo excepcional; en Chile, por el contrario, no sólo forma parte de la normalidad, sino que constituye une de los pilares más importantes de la reciente historia política del país.

Con José Andrés Zaldivar Larrain, senador y líder histórico de la Democracia Cristiana chilena
La Constitución de Chile no permite a los presidentes de la República repetir cargo en mandatos sucesivos. Y como la legislatura ha superado ya su ecuador, Piñera se enfrenta a la parte final de su mandato presidencial. Su popularidad acusa, al parecer, una notable erosión. El Gobierno conservador no atraviesa sus mejores momentos. Una clase media, emergente y con una creciente conciencia cívica, constituye el germen de unas protestas sociales -particularmente intensas en el ámbito de la Educación, donde se han registrado sonoras revueltas y episodios de dura represión- que se han llevado por delante a más de un ministro. La reforma tributaria, un punto de la agenda política que está siendo objeto de un retraso secular, tampoco avanza en la medida en el que lo requiere el país. Por otra parte, la oposición no deja de denunciar el hecho de que, conforme se aproxima el fin de la legislatura, los ministros que aspiran a tomar posiciones en la carrera electoral hacia la Presidencia, dedican más tiempo y esfuerzo a diseñar su futuro político personal que a las urgencias propias de la tarea de gobierno, lo que resta consistencia a la acción del Ejecutivo. En el sleno del Gabinete, nadie está por la labor de suscribir proyectos impopulares que puedan contribuir a empañar su imagen de cara a los comicios que tendrán lugar a finales del año que viene.
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