Blog de Josu Erkoreka

Es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma laboral que acaba de llevar a cabo el Gobierno de Rajoy. Y no hay duda de que el debate sobre su alcance, contenido y consecuencias, permanecerá vivo durante mucho tiempo. En las próximas semanas se dará término a su tramitación como proyecto de Ley y a finales de junio estará en condiciones de ser enviado al BOE. De hecho, acaba de concluir el plazo establecido por la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios de la cámara alta registren sus enmiendas al texto de la norma. De entre ellas -que, general, reproducen textualmente las que se presentaron en el Congreso- destaca el bloque de autoenmiendas formulado por el propio Grupo Popular. Los populares, que ya enmendaron su propio texto en el Congreso, vuelven a hacer lo propio en el Senado. Puede parecere chocante, pero no es algo inédito. Se trata de una práctica relativamente habitual cuando el sistema está atenazado por una mayoría absoluta. El partido que da soporte al Gobierno considera que el trámite legislativo -tanto en su fase congresual, como en la senatorial- no es más que una oportunidad añadida para seguir incorporando al texto del proyecto los aspectos, añadidos, matices o rectificaciones que considere pertinentes. Y lo hace sin ambages; sin miramientos, ni reparos. Sin detenerse en pequeñeces. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. La mayoría absoluta le convierte en dueño absoluto del proceso legislativo, desde que arranca, en el Ministerio correspondiente, hasta que culmina el último trámite del iter parlamentario. Y elige, en cada, caso, la fase del proceso que más conviene a su interés. Los aspectos más aceptables de la reforma, se incorporan al texto desde el principio. Los más controvertidos, se reservan para el final, de manera que la controversia pública se vea reducida al mínimo.

Pero, vayamos al grano. Entre las autoenmiendas que el Grupo Popular del Senado ha registrado contra su propio proyecto de Ley que, dicho sea de paso, ya fue autoenmendado en la cámara baja, figura una que tiene todas las trazas de haber sido concebido para soslayar la molesta interferencia que el Concierto Económico suele producir en la acción legiferante de todos aquellos que acceden al Gobierno central con la manía de legislar como si estuvieran en un Estado unitario y centralista. Me explico. El artículo 4 del proyecto regula el conocido como contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que ha sido muy criticado porque, entre otros aspectos más que cuestionables, contempla un período de prueba de un año. Pues bien, con el fin de fomentar la suscripción de este tipo de contratos, el proyecto de ley establece una serie de incentivos fiscales y sociales que lo hacen muy atractivo para los empleadores.

Por lo que se refiere a los incentivos fiscales, que son los que aquí me interesan, el proyecto establece que, cuando el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años, aquella gozará de una deducción fiscal de tres mil euros. Adicionalmente, si la contratación se lleva a cabo con un desempleado que sea beneficiario de alguna prestación contributiva, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal con un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, en los términos y con las limitaciones que se establecen en la misma norma. Se trata de deducciones fiscales que, sin duda alguna, recaen sobre figuras tributarias que en Euskadi forman parte de la imposición concertada. Lo que significa que no podrán gozar de eficacia en los territorios vascos, hasta que no sean recogidas en la correspondiente normativa tributaria foral.

Con el fin de adaptar la previsión legal a las peculiaridades del régimen concertado vasco, cuando el texto llegó al Congreso para su tramitación como proyecto de Ley, el Grupo Parlamentario vasco presentó una enmienda de adición en la que se proponía añadir al artículo una disposición complementaria con el fin de que quedase meridianamente claro que «las deducciones fiscales previstas por este precepto deberán estar sujetas, en su caso, a los requerimientos del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra». Nuestro portavoz en la Comisión de Trabajo, Emilio Olabarria, defendió la enmienda con el ahínco que es habitual en él. Pero una vez más, su meritorio esfuerzo quedó aplastado por la apisonadora popular.

En el Senado, hemos vuelto a registrar la misma enmienda. Ya veremos cómo reaccionan los senadores populares. O, para ser más exactos, veremos si el Gobierno, que es el que da las órdenes a los parlamentarios de ambas cámaras cuando goza de los honores de la mayoría absoluta, está dispuesto a asumir en la cámara alta, lo que no ha querido aceptar en el Congreso.

Estoy esperanzado. Con Montoro hemos hablado en numerosas ocasiones sobre el Concierto Económico y siempre se ha declarado partidario de respetarlo. Hay, sin embargo, un dato que me preocupa y me impide arrinconar las peores sospechas. En el bloque de autoenmiendas que ha registrado el Grupo popular del Senado, hay una -dirigida, concretamente a corregir la Disposición final decimoctava del proyecto, que es la que identifica los títulos competenciales que habilitan al Estado a dictar la norma- que se propone dejar claro que el proyecto se aprobará haciendo uso, entre otras, de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.14 de la Constitución atribuye al Estado en materia de «Hacienda general y Deuda del Estado». La maniobra, como se puede ver, se presta a las peores lecturas. No hace falta ser, ni muy perspicaz, ni un experto en derecho tributario, para advertir que puede encerrar un intento de aprovechar la reforma laboral para abrir camino a la pretensión de convertir el título relativo a la Hacienda general, en una puerta abierta a la posibilidad de que el Estado dicte normas fiscales, en el ámbito de los tributos concertados, que las instituciones forales hayan de asumir obligatoriamente, incluso sin necesidad de que sean acogidas en sus específicas normas tributarias. No quiero ni imaginar lo que podría dictaminar un juez poco familiarizado con las peculiaridades del régimen concertado, si se encontrase ante la necesidad de decidir sobre la aplicabilidad, en el territorio concertado, de una norma estatal, dictada al amparo del título competencial relativo a la Hacienda General, y en cuya tramitación se hubiera rechazado expresamente la cláusula foral.

A quien me acuse de suspicaz, le pediré que no tengo inconveniente alguno en que el Estado invoque el título relativo a la Hacienda general, si al mismo tiempo se acepta que deja a salvo la singularidad foral del régimen concertado. Pero pretender aquello, sin asumir esto último, me resulta inasumible. Nadie provoca conscientemente una antinomia normativa si no abriga la esperanza de resolverla en sentido favorable a sus intereses.