El martes de esta semana el Congreso de los diputados fue escenario de un debate en el que vimos gráficamente reflejado el peculiar modo de hacer política que predomina en el Estado español. Me refiero a la toma en consideración de la proposición de ley sobre televisión sin fronteras; una proposición de iniciativa popular, que llegó a la cámara avalada por la firma de más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos. El texto tenía por objeto remover los obstáculos que hoy, todavía, impiden que las emisiones de radio y televisión autonómicas que se realizan en catalán, euskera y gallego, puedan ser recibidas directamente en el territorio de otras comunidades autónomas en las que esas lenguas revisten, también, carácter cooficial.

El debate no era nuevo. La iniciativa ya había sido debatida y tomada en consideración al término de la pasada legislatura. Interesa reseñar, sin embargo que, aun cuando su texto había sido registrado en la cámara en septiembre de 2010, no fue debatido hasta un año después, cuando el segundo y último mandato de Zapatero tocaba a su fin. Los socialistas, que entonces gobernaban, mostraron tan escaso interés en facilitar su tramitación -el asunto de las lenguas cooficiales sigue siendo incómodo para muchos de ellos-, que la tuvieron metida en el cajón hasta que, una vez que se había anunciado ya el fin de la legislatura, permitieron que la iniciativa llegase al parlamento, desde la seguridad de que no quedaba tiempo suficiente para que pudiera ser aprobada en los pocos días que restaban para la conclusión del mandato. Y como el resultado de la votación ya no comprometía a nadie, todos los grupos le prestaron su apoyo, excepto el popular, que se abstuvo.
Esta semana, como decía, la proposición ha vuelto al Congreso. Pero en esta ocasión, el desenlace del Pleno ha sido muy diferente. El PSOE que, como ya he dicho, en la pasada legislatura retrasó su debate hasta alcanzar la certeza de que lo avanzado del mandato hacía inviable su tramitación, se ha erigido ahora en el principal valedor de la iniciativa y -¡oh sorpresa!- ha intervenido en un turno a favor. Y el PP, que ya no está en la oposición demagógica, sino en el mando autoritario y desabrido, ha votado que no. Sin ambages ni matices: no. De manera que la proposición, que hace un año fue admitida a trámite, el martes pasado quedó rechazada a limine. Y la ilusión que miles de ciudadanos pusieron en la posibilidad de que que fuera tramitada y aprobada por las Cortes Generales, se trasmutaba, de repente, en descarnada frustración. La calculada administración de plazos, abstenciones y negativas desplegada por los socialistas y los populares, ha sumido en el desemgaño a varias decenas de miles de ciudadanos.
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