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Posts Tagged ‘amaiur’

Hace seis meses relacioné la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la gráfica imagen de una marcha militar, que avanza sin remilgos por la vía trazada por los superiores, pisoteando sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso. Y destacaba, en concreto, el desdeñoso trato que la mayoría parlamentaria -con el apoyo y/o la connivencia de algunas minorías de la cámara, dicho sea de paso- deparó a las enmiendas que el Grupo Parlamentario vasco registró en la cámara a propósito de las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de previsión de los empleados públicos vascos configurados en el marco de Elkarkidetza (Cfr. «Un presupuesto tramitado como una marcha militar, que pisotea Elkarkidetza«)

Ayuntamiento de Donostia. Sus empleados son, también, socios de Elkarkidetza, aunque los partidos que integran la coalición que lo gobierna, no hayan apoyado la enmienda.

Hoy, medio año después, he de recurrir de nuevo a la imagen de la marcha militar que entonces utilicé, para describir de nuevo el modo en el que se ha evacuado en el Congreso el trámite de aprobación de las cuentas públicas para 2013. Porque, en lo esencial, las cosas han discurrido en términos muy parecidos a la pauta que entonces se marcó. Entre la semana pasada y la presente, la mayoría absoluta del PP se ha impuesto inexorablemente en la cámara -primero en Comisión y después en el Pleno- para sacar adelante un proyecto insostenible e increíble de cuentas públicas, sobre la base de rechazar algo más del 99,8% de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sí, han leído bien. El grupo mayoritario ha vetado algo más del 99,8% de las enmiendas que los grupos han sometido a votación. Lo que significa que no ha aceptado ni el 0,2% de las mismas. En mayo, sólo admitieron 3 de las más de 3000 registradas. En esta ocasión han aceptado 7 de las 3771 que se han debatido y votado. No está mal. Con semejante progresión, dentro de cincuenta años podría llegar a aceptarse un número razonable.

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Personalmente, creo que sería un error. Pero son muchos los que me expresan todos los días la convicción de que EH Bildu y el PSE están urdiendo una estrategia parlamentaria de oposición, que tendría por objeto obstaculizar y, en la medida de lo posible, bloquear la labor del Gobierno vasco desde la cámara legislativa. No es imposible, porque unidos suman 37 escaños. Y no les resultaría difícil incorporar el trigésimo octavo que les hace falta para alcanzar la mayoría absoluta -el que ocupa Gorka Maneiro, parlamentario de Araba por UPyD- haciendo planteamientos demagógicos que, aun cuando resulten imposibles de ejecutar en estos tiempos  de austeridad y control del gasto público, ofrecen un innegable atractivo para gran parte de los ciudadanos.

Creo -insisto- que, con la que está cayendo, sería un error desarrollar una estrategia semejante, más centrada en impedir que en construir. Pero el realismo manda. Y nunca se puede descartar la hipótesis de que, lo que hoy es tan sólo posible, mañana resulte además probable y pasado mañana se convierta en realidad. Cosas peores hemos visto. Hubo una época, no muy lejana por cierto, en la que ilegalizadores  e ilegalizados hacían causa común en el Parlamento vasco para bloquear la labor del Ejecutivo presidido por el lehendakari Ibarretxe. Y lo hacían, dicho sea de paso, sin rubor, reparo, ni remordimiento alguno.

A principios de esta semana, sin embargo, los teletipos dieron a conocer indicios de que esta estrategia podría verse frustrada por la previsible resistencia de UPyD a facilitarla. Con motivo de su acreditación ante los servicios de la cámara, Gorka Maneiro declaró el lunes a los medios de comunicación, que no apoyará «ninguna iniciativa que presente o que esté negociada» por EH Bildu en el Parlamento vasco. A lo que añadió que no va a «dialogar, ni a negociar, ni a pactar nada» con EH Bildu «mientras siga sin condenar la existencia de ETA»; tampoco, según dijo, va a firmar enmiendas transaccionales con la coalición, ni respaldará con su voto aquellas propuestas que la izquierda abertzale plantee en la cámara. En definitiva, que rehuirá toda relación con ella, hasta que se produzca la condena que todos sabemos que nunca llegará.

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No es la primera vez que escribo en este blog sobre el ambigüo -o, cuando menos, enrevesado- criterio que guía a los diputados de Amaiur a la hora definir el alcance y contenido de su participación en las cámaras legislativas que, según el artículo 66 de la Constitución, «representan al pueblo español». Ya lo hice antes de ahora en, cuando menos, dos entradas que llevaban por título «Sopas sin sorber, no puede ser» y «Criterio inextricable«. En este último, cuyo enunciado resulta particularmente elocuente, me confesaba incapaz de comprender el sentido de su participación, que acostumbra a distinguir, sin objetividad aparente, entre supuestos idénticos y a equiparar sin justificación explicable, supuestos claramente distintos.

Hoy vuelvo sobre el asunto, al hilo de una moción que el diputado Sabino Cuadra sometió ayer a debate y votación en el Congreso de los diputados. La moción traía causa de una interpelación que el mismo diputado formuló hace unas semanas en el pleno de la cámara, sobre «la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad». Se trataba de una iniciativa divida en seis puntos, en los que se instaba al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar otras tantas medidas de carácter laboral, social y fiscal con las que se supone que se activa el decidido impulso del «reparto de riquezas y rentas» que el diputado planteaba en la interpelación.

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Ha sido interesante ver a la candidata a lehendakari de la izquierda abertzale reivindicando a José Antonio Agirre en el balcón principal del hotel Carlton de Bilbao. Y digo que ha sido interesante porque la imagen de Agirre ha representado, en muchos aspectos, el arquetipo de militante jeltzale. No está mal que la izquierda abertzale empiece a reconocer, aunque no sea más que a través de gestos de este tipo, que el modelo a seguir es el del PNV.

Jose Antonio Agirre, en su despacho del Hotel Carlton

Podían haber reivindicado a Monzón, que formó parte, también, del gabinete de Agirre, aunque luego se fuera alejando de él hasta acabar rodeándose de marxistas doctrinarios de obsesiones revolucionarias. Todo el mundo lo hubiese entendido. O a Gonzalo Nárdiz, que perteneció a ANV, por poco que tuviera que ver aquella ANV -a la que perteneció, por cierto, mi abuelo materno- con la que reemergió de sus propias cenizas en la etapa de las ilegalizaciones. También podían haber reivindicado al comunista Juan de Astigarrabia, consejero de Obras Públicas, que acabó expulsado de su  partido por su «compadrazgo» -la expresión es literal- con la política burguesa y favorable al capital auspiciada por Agirre. Pero no. La figuran que reconocen y ensalzan es la de Jose Antonio Agirre; el destacado militante del PNV, formado por los jesuitas, que lideró la Juventud Católica de Bizkaia, formó parte del Consejo Superior de Acción Católica, gestionó prematuramente la empresa familiar, combatió con ardor la división ideológica entre derechas e izquierdas -que calificó de «fraseología ridícula»-, condenó rotundamente la violencia -en las Cortes republicanas afirmó el 1 de octubre de 1936 que «Cristo no predicó la bayoneta, ni la bomba, ni el explosivo para la conquista de las ideas y de los corazones, sino el amor»- y desarrolló una praxis política básicamente leal con la legalidad republicana. ¿Sabrán todo esto los publicistas que decidieron poner la imagen de Agirre al servicio de la estrategia preelectoral de la izquierda abertzale?

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Hoy hemos dado fin a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Mañana, sin más demora, se remitirá su texto a la cámara alta, para que los senadores evacúen el trámite a uña de caballo. El paso del proyecto por el Congreso ha sido una marcha militar. Son las cosas de la mayoría absoluta. De las más de tres mil enmiendas parciales que los diferentes grupos registraron en tiempo y forma, la Comisión de Hacienda sólo aceptó tres. Dos anecdóticas y una simbólica. La simbólica, por cierto, tiene por objeto respaldar financieramente la lectura complaciente que el navarrerismo de UPN hace de la conquista del Viejo Reino por parte de Castilla.

En el Pleno, la actitud del grupo mayoritario ha sido un poco menos generosa. Desde el lunes hasta hoy hemos llevado a cabo más de quinientas votaciones -algunas enmiendas se votan conjuntamente- pero el Grupo Parlamentario popular no se ha desmarcado un ápice de su guión original. Ha votado que no a todas las enmiendas y ha votado que sí a todos los dictámenes. La experiencia ha suministrado abundante material para alimentar el -ya de por sí bastante rico- anecdotario del Congreso.

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No creo exagerar si afirmo que fui uno de los primeros que desarrolló de un modo ordenado y sistemático la argumentación tendente a defender, desde el ordenamiento jurídico español, la posibilidad de que las selecciones deportivas autonómicas puedan integrarse directamente en las estructuras deportivas supranacionales y participar, sin límite alguno, en las competiciones internacionales de carácter oficial.

Fotografía obtenida en la puerta del Congreso el 18 septiembre de 2007, tras el debate mantenido en el Pleno en torno al reconocimiento de las selecciones nacionales catalana, gallega y vasca. En ella se ve a diputados de varias formaciones nacionalistas

Fotografía obtenida en la puerta del Congreso el 18 septiembre de 2007, tras el debate mantenido en el Pleno en torno al reconocimiento de las selecciones nacionales catalana, gallega y vasca. En ella se ve a diputados de varias formaciones nacionalistas

El hecho tiene una explicación fácilmente comprensible. Mi primera experiencia profesional -bueno, en realidad, la segunda- tuvo lugar en la asesoría jurídica del Departamento de Cultura del Gobierno vasco y esa plataforma institucional me permitió profundizar en las espacialísimas singularidades del derecho del Deporte, entonces, aún, más desconocidas que ahora, y prestar atención al ordenamiento autonómico en su específica proyección sobre el hecho deportivo.

Por lo que a este último punto se refiere, pronto me dí cuenta de que, tras la aprobación del bloque de la constitucionalidad -básicamente la Carta Magna y los Estatutos de Autonomía- la intervención pública del Estado en el ámbito del deporte se llevaba a cabo sin base competencial ad hoc. Se trataba de una intervención fáctica, sin título competencial habilitante que, aunque nadie ponía en cuestión -debido, entre otras cosas, a la fuerza de la inercia- carecía de legitimidad jurídica directa. Pensé que aquella curiosa circunstancia, en la que nadie parecía reparar, había de ser puesta de manifiesto y sometida a contraste público. Y pensé también que, quien se aprestase a hacerlo, contribuiría a enriquecer la argumentación de quienes reivindicaban el pleno reconocimiento de las selecciones nacionales vascas, apelando exclusivamente a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y a un genérico e impreciso derecho de las federaciones deportivas vascas a participar en todo tipo estructuras y encuentros deportivos internacionales. Estaba convencido de que, a la razón política que, ya entonces, venía dando sustento a la reclamación de las selecciones deportivas autonómicas, podía añadírsele una más que sólida razón jurídica. Y me lancé a la tarea.

Mis reflexiones las expresé por escrito hace ya veinte años. O mucho me equivoco, o ESAIT no había nacido aún. Y las publiqué en la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) núm. 36, correspondiente al segundo cuatrimestre de 1993. El trabajo, escrito en euskera, llevaba por título “Autonomi-elkarteen eskuduntza esklusibo desitxuratu bat; kirolarena”.

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Junto a la tapia exterior del cementerio de Begoña luce una pintada reciente, ejecutada con pintura negra y excelente letra, que dice: «Iraultza ala hil». Es una calco textual, expresado en euskera, de la conocida consigna «Revolución o muerte», muy extendida entre los líderes y cabecillas de la izquierda iberoamericana más irredenta. Un amigo me refirió un día que, tiempo atrás, se había encontrado en Cuba con una pintada que llevaba ese mismo texto, junto a la cual, una mano furtiva había añadido la frase: «valga la redundancia». Evidentemente, no le creí. Me pareció imposible que un mensaje tan corrosivo para el régimen castrista pudiera permanecer expuesto en una calle de Cuba durante más de 24 horas.

Una canción revolucionaria de los heróicos tiempos de la Sierra Maestra, expresa una idea semejante a la que encierra este lema: «Primero dejar de ser/primero dejar de ser/primero dejar de ser/que dejar de ser revolucionario». La tonadilla tiene fuerza y ritmo. Es francamente atractiva. Pero seguro que más de uno de los que fueron excluidos por el régimen de Castro podrían darle la vuelta al argumento y objetar que a muchos cubanos se les obligó a dejar de ser, precisamente porque dejaron de ser revolucionarios.

Pintada en azul en las escaleras que conducen a la basílica de Begoña

Pintada en azul en las escaleras que conducen a la basílica de Begoña

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El pasado viernes dí una charla sobre temas de actualidad política en un batzoki de Bizkaia. Afuera llovía a cántaros -el mes de abril ha hecho justicia al refrán que pronostica «aguas mil»- pero en el interior del local se percibía el calor propio de una organización viva y pujante. Cuando concluí mi intervención, el presidente de la organización municipal abrió un coloquio en el que se me formularon muchas preguntas. La actualidad está henchida de noticias inquietantes que suscitan interés y preocupación. El toma y daca estuvo interesante. Todos hablamos con claridad y franqueza.

Al término del acto, un joven que había planteado varias cuestiones durante el coloquio, me retiró aparte y me preguntó cómo podía acceder a las enmiendas planteadas por Amaiur contra las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy. Según me dijo, está elaborando un estudio politológico sobre la labor institucional de una formación política que ha hecho -y sigue haciendo- mucha política alternativa e incluso abiertamente anti-institucional. Por supuento que me presté a ayudarle. «¿Qué enmiendas son las que interesan?», le pregunté. «Para empezar -me respondió- las que han presentado contra las tres leyes que estos días acaparan los titulares de prensa: la de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la de Presupuestos para 2012. Si no te importa -añadió- ya te iré pidiendo más material en el futuro». Quedamos en que haría la búsqueda y le remitiría los materiales que le interesaban tan pronto como diese con ellos.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que «aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%»-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal «se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)»- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, «un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra».

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre «entre el escaño y el cargo incompatible». Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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