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Archive for 31 julio 2010

San Inazio egunean, Eusko Alderdi Jeltzalearen sortze-eguna ospatu ohi dugu. Uztailaren azkenengo hau, egun seinalatua izan da beti euskaldunon artean. Geutartasunari lotutako ospakizun aipatua eta esanguratsa. Ez da harritzekoa, haatik, EAJ-ren sortzailelak alderdiaren fundazioa gauzatzeko egun hau aukeratu izana. Sinbologia handiko eguna zen orduan ere San Inaziorena. Munduan zehar barreiaturik bizi ziren euskaldunak, egun hori hartzen zuten euskal jairik garrantzitsuenetarako. San Inazio baitzen, josulagunen abestiak dionez, “gure patroi handia”. 

Sabin Etxea aurreko Albia lorategian, gaur goizeko ekitaldian.

Aurten ere, San Inazio egunez, oso gogoan izan dugu jeltzaleok alderdiaren sorrera. Ehun eta hamabost urte bete ditu gaur Abandoko Sabinek sorturiko alderdiak. Ez da nolanahiko urtebetetzea, ez horixe. Ez da egunero horrelako urte mordoxka betetzen. Hain bizitza luzean, denetarik ikusi dugu EAJ-an. Une itsaropentsuak eta latzak. Argiak eta itzalak. Indarrak eta ahuleziak. Denak izan ditugu gogoan gaur goizean, Sabin Etxearen atarian antolatu dugun ekitaldian.

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Me inicié en el estudio del Estado de Derecho a través de la conocida -y ya clásica- obra de Elías Díaz Estado de Derecho y sociedad democrática. Corrían los años setenta y, por aquel entonces, no había, entre nosotros, mucha literatura disponible sobre el particular. Durante los años siguientes tuve ocasión de completar aquella lectura inicial, casi ingenua, con los manuales oficiales de Derecho Público, que me aproximaron de un modo más sistemático a la idea de la norma jurídica como expresión de la mayoría y quicio nuclear de toda organización política democrática. 

Varios lustros después, cuando escuché la expresión en boca de Mayor Oreja, confieso que una sacudida eléctrica me recorrió el espinazo. Me dio la impresión de que algo -o mucho- de lo que aprendí en torno a este concepto en mi etapa de estudiante, estaba siendo descaradamente adulterado. Las cosas no cuadraban. A partir de aquel momento, el Estado de Derecho se convirtió, en cuestión de semanas, en una de los principales baluartes del discurso más ortodoxo y correcto del PP. Cuando se proyectaba una tropelía, el Gobierno y sus altavoces invocaban el Estado de Derecho y hasta la iniciativa más perversa se tornaba inmacualada. Mis peores sospechas se vieron confirmadas. El Estado de Derecho sirvió para cerrar periódicos, ilegalizar partidos políticos, prologar gratuita e impunemente las detenciones preventivas, atribuir carácter retroactivo a las medidas restrictivas de derechos individuales, vulnerar la legalidad penal, incumplir sentencias y legitimar cualquier exceso o abuso de los poderes públicos que viniese articulado como norma jurídica. De tanto manosearlo con fines espurios, han acabado pervirtiendo el Estado de Derecho, que ha pasado de ser una garantía del ciudadano a constituir una coartada del poder.

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Rebuscando entre papeles viejos -en los tiempos que corren los papeles se vuelven viejos con tan sólo tres meses- he encontrado un pequeño artículo que escribí hace cuatro años a solicitud de una entidad gallega que, meses atrás, me había invitado a participar en un semirario sobre la organización territorial del Estado; el tema de moda en aquellos tiempos. Su título es el que figura en el epígrafe del post. Un enunciado muy orteguiano, como puede verse. Su relectura, un cuatrienio después, me ha resultado curiosa. Los años no transcurren en vano. Algunos de los asuntos que abordo en él se encuentran en la misma situación que entonces; es decir, mal. Otros, han empeorado; si es que, de verdad,  son susceptibles de empeoramiento. Y el escepticismo con el que me enfrentaba a la técnica del blindaje de las competencias autonómicas, se ve justificado a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. He aquí su texto.

España, ¿un proyecto nacional frustrado?

En un libro recientemente publicado por el subdirector delegado de La Vanguardia en Madrid (La España de los pingüinos, Barcelona, 2006) se defiende la tesis de que el enconado debate que de un tiempo a esta parte se ha planteado en el Estado español en torno al modelo de distribución territorial de poder, no es una expresión actualizada del secular antagonismo que enfrenta a las dos Españas, sino un modo de reaccionar frente a las incertidumbres que genera la coyuntura internacional, definida, entre otros factores, por la globalización, la inseguridad mundial, la crisis de la Unión Europea y los efectos que la división internacional del trabajo.

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Ayer tuve ocasión de participar, junto a otros portavoces parlamentarios, en un curso que la Universidad Complutense ha incluido este año en el programa veraniego de El Escorial bajo el sugerente título de Justicia y medios de comunicación: creación de opinión y cambios normativos. La directora y coordinadora del curso ha sido Margarita Uria. Su propósito inicial, consistía en organizar el curso bajo los auspicios del Consejo General del Poder Judicial. Pero a este no debió de hacerle mucha gracia el tema sobre el que versaba la iniciativa académica y se negó en redondo a patrocinarla. Ante la incomprensible -¿o demasiado comprensible?- negativa del órgano de gobierno de los jueces, Margarita, que no es de las que se arredra a la primera, pidió a los responsables de la Universidad que se hicieran cargo del curso. Y es así como, finalmente, ha podido celebrarse.

En El Escorial, antes del inicio de la mesa redonda sobre "Opinión creada y cambios normativos"

Madrid amaneció con una canícula plomiza. En la capital del Reino el clima estival es inmisericorde. El sol cae granítico sobre la cabeza de los  viandantes, asfixiando literalmente la atmósfera. A media mañana, el mercurio rondaba ya los treinta grados. Un horno, vamos. Pese al tórrido fulgor que reinaba en el ambiente, a esas horas, algunos sufridos turistas cruzaban ya, plano en ristre, las calles más concurridas del centro turístico, tras la pista del Madrid de los Austrias o del Museo del Prado. 

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En el último Pleno del Congreso se debatió, entre otros muchos temas, la convalidación del Real Decreto Ley por el que se modifica el régimen jurídico de las cajas de ahorro. El Real Decreto fue convalidado sin problemas. Votaron a favor de la misma los diputados del PSOE y del PP que sumaban 323 escaños de los 350 que integran el hemiciclo. La iniciativa había sido pactada entre las dos formaciones políticas, que son las que se han repartido y se seguirán repartiendo el grueso de la tarta financiera vinculada al mundo de las cajas de ahorro.

Si la convalidación se hubiese producido merced al voto favorable de CiU o del PNV, la prensa afín al PP hubiese titulado la noticia destacando el hecho de  que, una vez más, los catalanes o los vascos “salvan” a Zapatero, “le dan oxígeno”, “le dan su amparo” o “le aportan el aliento que necesita para continuar al frente del Gobierno”. Pero como en esta ocasión, el apoyo se lo ha prestado el PP, los medios se limitan a constatar, asépticamente, que “El Congreso convalida el Decreto-Ley”. Resulta muy interesante analizar el tiento con el que operan los titulares. Todas las cabeceras que la víspera cargaron las tintas críticas sobre CiU, dejando traslucir todo tipo de reproches contra la formación catalanista por “salvar nuevamente” a Zapatero, adoptaron, esta vez, la equidistante posición del reportero imparcial y objetivo para circunscribise a resaltar el hecho de que el Real Decreto-Ley logró salvar con holgada mayoría el trámite parlamentario que ha de superar para alcanzar su plena validez. 

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Aurten ere, urtero bezalaxe, Bermeoko udalak, Mundakako eta Elantxobeko udalen laguntzarekin, noski, madalen egunaren ospakizunari egin dio, koloretsu eta alai, aspaldiko tradizioaren esanak jarraituz. Eta hantxe izan gara ohitura zaharra eta jaia bat eginez, gure herriaren gizarte-ezaugarririk garrantzitsuenetarikoari jokoa ematen. Bezperan, gaueko hamabietan heldu nintzen Loiuko aireportura Madriletik Bilbora datorren azken hegaldian. Plenoa izan genuen Madrilen eta zorioneko Pleno horrek -iluntzean amaitu zen- ez zidan beste irtenbiderik utzi gaueko azken hegaldia hartzearena baino. Ganezkak zetorren hegazkina. Udako turisten eraginez, jakina. Ganezka eta haserre, aireportuetako kontrolatzaileek esku artean dabiltzan joko ilunarekin. Orduek aurrera egin ahala, Madrilen hegazkinaren zai geundenok urduritzen hasita geunden bertan lo egin beharko ote genuen pentsatuz. Azkenean, zalantzatan ibili eta gero, hegazkinaren irteera ofiziala jakinarazi zigutenean, zerua askatu zitzaigun guztioi. Etxean egingo genuen lo eta ez aireportuaren jesarleku gogorretan. Eta nire kasuan -jakina- madalen egunaren aukera zabaldu zitzaidan.

Carmen eta Amaiarekin Mundakatik bueltan

La fiesta de la Magdalena constituye, como es bien sabido, una antiquísima tradición que, como todas las tradiciones de carácter religioso-festivo, tiene su génesis y su propia evolución. Resulta sumamente difícil identificar en el tiempo el momento en el que se produce el arranque histórico de lo que hoy conocemos como la festividad de la Magdalena. El dato más antiguo que he podido registrar data de mediados del siglo XVII. En las cuentas municipales de 1659, se registra un asiento contable en el que se señala que el día 22 de julio de ese año, fueron “los señores del gobierno vezinos alc onbento de Yçaro como se tiene de costumbre y gastaron con lo que se le dio a la jente de los varcos diez ducados”. Algunos años después, en 1680, un notable de la villa declaraba en el seno de un pleito que “…a visto en diferentes tiempos y ocasiones hacer actos de jurisdizión e la justicia de la dicha villa y en particular el día de la magdalena de cada año en la ysla de Yzaro donde se zelebra la fiesta de la Santa en el convento de San Franzisco que está sito en ella donde concurre todos los años la justicia y el rregimiento…”.

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A partir de hoy se inicia en el Congreso el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley que aborda la reforma del mercado del trabajo.  Reconozco que no soy un experto laboralista. No tengo empacho en admitir que, por razones que no hace al caso precisar en este momento, el Derecho del Trabajo constituye un ámbito de mi formación jurídica en el que se dejan sentir notables lagunas. Creo, sin embargo, que ello no me desautoriza para expresar, en este humilde blog,  alguna de las impresiones que me ha producido el análisis de la reforma que propone el Gobierno, que me he visto obligado a estudiar, a uña de caballo, de cara a su tramitación parlamentaria.

Uno de los puntos que más me ha llamado la atención, tiene que ver con la escasa importancia que, en general, se atribuye al modelo económico y a la cultura empresarial imperantes, a la hora de configurar jurídicamente la relación laboral. Se habla in abstracto del coste del despido, sin tener en cuenta que, un mismo régimen de extinción del contrato de trabajo puede producir efectos radicalmente distintos en contextos económicos diferentes. Me explico. En una economía industrializada y altamente tecnologizada, basada en el conocimiento y en una elevada productividad, el empresario no tiende a prescindir de sus trabajadores, que constituyen la base del éxito de su compañía, sino a mantenerlos vinculados a la empresa, con el fin de aprovechar su alto valor añadido y optimizar la inversión llevada a cabo en su formación y capacitación profesional. Ni con un despido de coste cero sería imaginable que, en unas condiciones como las descritas, el empleador fuera a renunciar al capital humano de su empresa y a dedicarse a despedir sistemáticamente a los miembros de la plantilla.

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