Blog de Josu Erkoreka

En el último Pleno del Congreso se debatió, entre otros muchos temas, la convalidación del Real Decreto Ley por el que se modifica el régimen jurídico de las cajas de ahorro. El Real Decreto fue convalidado sin problemas. Votaron a favor de la misma los diputados del PSOE y del PP que sumaban 323 escaños de los 350 que integran el hemiciclo. La iniciativa había sido pactada entre las dos formaciones políticas, que son las que se han repartido y se seguirán repartiendo el grueso de la tarta financiera vinculada al mundo de las cajas de ahorro.

Si la convalidación se hubiese producido merced al voto favorable de CiU o del PNV, la prensa afín al PP hubiese titulado la noticia destacando el hecho de  que, una vez más, los catalanes o los vascos «salvan» a Zapatero, «le dan oxígeno», «le dan su amparo» o «le aportan el aliento que necesita para continuar al frente del Gobierno». Pero como en esta ocasión, el apoyo se lo ha prestado el PP, los medios se limitan a constatar, asépticamente, que «El Congreso convalida el Decreto-Ley». Resulta muy interesante analizar el tiento con el que operan los titulares. Todas las cabeceras que la víspera cargaron las tintas críticas sobre CiU, dejando traslucir todo tipo de reproches contra la formación catalanista por «salvar nuevamente» a Zapatero, adoptaron, esta vez, la equidistante posición del reportero imparcial y objetivo para circunscribise a resaltar el hecho de que el Real Decreto-Ley logró salvar con holgada mayoría el trámite parlamentario que ha de superar para alcanzar su plena validez. 

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A partir de hoy se inicia en el Congreso el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley que aborda la reforma del mercado del trabajo.  Reconozco que no soy un experto laboralista. No tengo empacho en admitir que, por razones que no hace al caso precisar en este momento, el Derecho del Trabajo constituye un ámbito de mi formación jurídica en el que se dejan sentir notables lagunas. Creo, sin embargo, que ello no me desautoriza para expresar, en este humilde blog,  alguna de las impresiones que me ha producido el análisis de la reforma que propone el Gobierno, que me he visto obligado a estudiar, a uña de caballo, de cara a su tramitación parlamentaria.

Uno de los puntos que más me ha llamado la atención, tiene que ver con la escasa importancia que, en general, se atribuye al modelo económico y a la cultura empresarial imperantes, a la hora de configurar jurídicamente la relación laboral. Se habla in abstracto del coste del despido, sin tener en cuenta que, un mismo régimen de extinción del contrato de trabajo puede producir efectos radicalmente distintos en contextos económicos diferentes. Me explico. En una economía industrializada y altamente tecnologizada, basada en el conocimiento y en una elevada productividad, el empresario no tiende a prescindir de sus trabajadores, que constituyen la base del éxito de su compañía, sino a mantenerlos vinculados a la empresa, con el fin de aprovechar su alto valor añadido y optimizar la inversión llevada a cabo en su formación y capacitación profesional. Ni con un despido de coste cero sería imaginable que, en unas condiciones como las descritas, el empleador fuera a renunciar al capital humano de su empresa y a dedicarse a despedir sistemáticamente a los miembros de la plantilla.

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