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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

El 2o de noviembre (2o-N) es una fecha emblemática por muchos motivos. Cuando yo era niño, la propaganda oficial acostumbraba a reseñarla para conmemorar el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Años después, en 1975, resultó que Franco murió también ese día, solapando en el recuerdo póstumo, a quien ya solapara en vida. Y transcurrido algún tiempo, la fecha de marras nos deparó otra noticia impactante: los diputados y senadores electos de Herri Batasuna eran objeto de un atentado en el hotel Alcalá de Madrid, asesinando a Josu Muguruza e hiriendo a Iñaki Esnaola.

En julio del año pasado, Zapatero decidió anticipar el fin de la legislatura y convocar elecciones para el 20-N. Algunos le criticaron por su mala sombra, pero no faltó quien esbozó la tesis de que era la elección de la fecha no era más que una expresión más -probablemente la postrera- del estilo travieso y juguetón con el que había desarrollado toda su labor política gubernamental. Lo cierto es que los comicios se celebraron el 20-N -jornada, como hemos visto, de múltiples aniversarios- y que ayer cumplía la legislatura su primer anualidad.

En puridad, la legislatura no da comienzo hasta que se celebra la sesión parlamentaria solemne que la inaugura con carácter oficial, pero los medios de comunicación, que buscan más la primicia que la noticia, ya se han apresurado a dar por cumplido el primer año del mandato de Rajoy, emplazándonos a hacer balance.

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Ostegun arratsaldean, aste parlamentarioa bukatzealdera zegoelarik, bisita gogoangarria izan dut Kongresuan. Lurgorri ikasleen elkarteko gazte koadrila bat etorri zait oles egiten. Ikustaldi laburra baina interesgarria izan da oso. Diputatuen Kongresua zer den eta nola funtzionatzen duen azaldu diet labur-labur (ez baitzeukaten esplikazio sakonak entzuteko denbora askorik), eta espainiar estatuko erakunde ordezkatzaile baten abertzale batek zer egin dezakeen adierazi diet. Azken puntu honetan, jakina, neure ikuspuntua eta esperientzia erakutsiz.

Ikustera eta ikastera etorri dira Madrilera Lurgurri-ko gazteak. Bidai laburra baina emankorra antolatu dute. Ikusteko, ikasteko eta, nola ez, jai apur bat egiteko ere baliozkoa  izango zainea. Euskadiren etorkizun hurbilak kezkatzen ditu gazteak. Hurrengo urteetako bilakaera politkoa eta ekonomikoa. Baina ez zaie adorerik falta. Eta ekimena ere badute, eragozpenei aurrea hartzeko.

Gogoz agurtu ditut eta hurrengoan ere, Madrilen zein Euskadin, nahi dutenaz hitz egiteko eskaini natzaie.

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Hace seis meses relacioné la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la gráfica imagen de una marcha militar, que avanza sin remilgos por la vía trazada por los superiores, pisoteando sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso. Y destacaba, en concreto, el desdeñoso trato que la mayoría parlamentaria -con el apoyo y/o la connivencia de algunas minorías de la cámara, dicho sea de paso- deparó a las enmiendas que el Grupo Parlamentario vasco registró en la cámara a propósito de las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de previsión de los empleados públicos vascos configurados en el marco de Elkarkidetza (Cfr. “Un presupuesto tramitado como una marcha militar, que pisotea Elkarkidetza“)

Ayuntamiento de Donostia. Sus empleados son, también, socios de Elkarkidetza, aunque los partidos que integran la coalición que lo gobierna, no hayan apoyado la enmienda.

Hoy, medio año después, he de recurrir de nuevo a la imagen de la marcha militar que entonces utilicé, para describir de nuevo el modo en el que se ha evacuado en el Congreso el trámite de aprobación de las cuentas públicas para 2013. Porque, en lo esencial, las cosas han discurrido en términos muy parecidos a la pauta que entonces se marcó. Entre la semana pasada y la presente, la mayoría absoluta del PP se ha impuesto inexorablemente en la cámara -primero en Comisión y después en el Pleno- para sacar adelante un proyecto insostenible e increíble de cuentas públicas, sobre la base de rechazar algo más del 99,8% de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sí, han leído bien. El grupo mayoritario ha vetado algo más del 99,8% de las enmiendas que los grupos han sometido a votación. Lo que significa que no ha aceptado ni el 0,2% de las mismas. En mayo, sólo admitieron 3 de las más de 3000 registradas. En esta ocasión han aceptado 7 de las 3771 que se han debatido y votado. No está mal. Con semejante progresión, dentro de cincuenta años podría llegar a aceptarse un número razonable.

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No es la primera vez que escribo en este blog sobre el ambigüo -o, cuando menos, enrevesado- criterio que guía a los diputados de Amaiur a la hora definir el alcance y contenido de su participación en las cámaras legislativas que, según el artículo 66 de la Constitución, “representan al pueblo español”. Ya lo hice antes de ahora en, cuando menos, dos entradas que llevaban por título “Sopas sin sorber, no puede ser” y “Criterio inextricable“. En este último, cuyo enunciado resulta particularmente elocuente, me confesaba incapaz de comprender el sentido de su participación, que acostumbra a distinguir, sin objetividad aparente, entre supuestos idénticos y a equiparar sin justificación explicable, supuestos claramente distintos.

Hoy vuelvo sobre el asunto, al hilo de una moción que el diputado Sabino Cuadra sometió ayer a debate y votación en el Congreso de los diputados. La moción traía causa de una interpelación que el mismo diputado formuló hace unas semanas en el pleno de la cámara, sobre “la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad”. Se trataba de una iniciativa divida en seis puntos, en los que se instaba al Gobierno -al Gobierno central, evidentemente- a adoptar otras tantas medidas de carácter laboral, social y fiscal con las que se supone que se activa el decidido impulso del “reparto de riquezas y rentas” que el diputado planteaba en la interpelación.

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Hace exactamente seis meses, daba cuenta en este blog de las diez enmiendas a la totalidad que se habían presentado en el Congreso de los diputados contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (“Diez razones para diez enmiendas“, publicado el 25.04.2012). Hoy vengo a hacer referencia a las once -una más- que se han registrado en la cámara contra el proyecto de cuentas públicas para 2013, que fueron debatidas -y rechazadas, por supuesto- entre el martes y el miércoles de esta misma semana. La cifra bate marcas. Hasta donde llega mi memoria, nunca antes se habían presentado tantas enmiendas al proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo.

Once enmiendas a la totalidad son muchas, sin duda. Y dada la heterogeneidad de las formaciones políticas que cuentan con representación en el hemiciclo, las registradas ofrecen, además, un abanico argumental bastante amplio. Resulta interesante compararlas y descubrir los contrastes y contradicciones que plantean. Mientras la mayoría reprocha al proyecto un claro propósito recentralizador, UPyD se queja de que reflejan “el carácter cada vez más residual del Estado”. Y aunque son muchas las que reclaman más fondos para las Comunidades Autónomas, la formación liderada por Rosa Díez critica el hecho de que reciban “todavía más recursos”. Por estas y otras muchas razones que no hace al caso especificar pormenorizadamente, resulta imposible identificar en ellas un denominador común, más allá del hecho de que todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno. Yuxtapuestas, componen un variado mosaico multicolor. Sin embargo, todas once han sido votadas conjuntamente. Con lo que los diputados hemos sido emplazados a respaldar -o rechazar- al mismo tiempo, un argumento y el contrario. En un mismo acto, hemos votado a favor de que el Gobierno conceda la independencia a Catalunya y de que se refuercen las instituciones centrales del Estado en detrimento de los poderes autonómicos. Esta manera de proceder no tiene mucho sentido, pero es así. En la vida política, como en la vida en general, hay muchas cosas que, pese a carecer de sentido, se mantienen vigentes por los siglos de los siglos.

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Pese al cuidado empeño que ha puesto la prensa hagiográfica en resaltar la crucial aportación de Patxi López al documento en el que se plasmaron las conclusiones de la Conferencia de Presidentes Autonómicos -alguna cabecera fabulaba titulando que consiguió meter varias cuñas en el texto final- lo cierto es que su papel ha sido más bien discreto. Los protagonistas de la Conferencia han sido otros, que son, por razones obvias, los que han centrado los focos de la prensa. Artur Mas, en primer término, a quien las cámaras siguieron sin perder un solo detalle de lo que hacía y decía y el presidente de Madrid, en segundo lugar, por ser el más reciente y el más beligerante en la defensa de la unidad.

López y Zapatero sintonizan, en los tiempos en los que el presidente del Gobierno español sostenía que el crecimiento de la economía sólo podía venir de las reformas estructurales.

De Patxi López, las crónicas se limitan a destacar que fue el primero en intervenir -en lo que no tiene mérito alguno, dado que es una exigencia del protocolo- y que afirmó algo tan banal y tan poco relacionado con la especificidad vasca como que las Comunidades Autónomas no son el problema sino parte de la solución.  Crucial aportación, como se ve, para encauzar los problemas que tiene Euskadi. Su intervención ante el foro no tuvo el más mínimo marchamo vasco; pudo haber sido suscrita por cualquier otro presidente socialista y, si me apuran, incluso popular.  El inquilino de Ajuria Enea se limitó a reproducir en el palacio del Senado el prontuario programático que la víspera consensuó en Ferraz con su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba y los dos únicos presidentes autonómicos de su partido: el andaluz Griñán y el asturiano Fernández. Pidió que se relajase la senda del déficit, que se atenuasen un poco las exigencias financieras impuestas a las comunidades autónomas y que se procurase poner algún énfasis en la apuesta por el crecimiento.

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Reconozco que me produce perplejidad la imagen de los socialistas vascos presentándose ante los ciudadanos como el último reducto -el más firme y consecuente- de la conciencia fiscal de la izquierda. Me resulta desconcertante verles gesticular ante los medios de comunicación intentando colar en la opinión pública la -falsa- especie de que siempre han sintonizado con los más exigentes postulados fiscales del progresismo político y, en consecuencia, nunca han dejado de reclamar una profunda revisión del sistema tributario con el fin de elevar la carga fiscal de los ricos, de las empresas y de las rentas de capital.

Su pretensión me resulta chocante, porque se contradice abiertamente con lo que yo he visto que han hecho en el Congreso durante los casi ocho años que ha durado el mandato de Zapatero. Y tengo para mí que lo que vale, cuando se trata de evaluar la coherencia de una formación política, no es lo que haya podido plantear, a título meramente especulativo, en foros distintos a los que tienen atribuida la competencia de aprobar las medidas que propone, sino lo que, de hecho, ha impulsado y aprobado, allí donde ha gozado de mayoría suficiente para gobernar y controlar la agenda legislativa.

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Esta tarde, el Pleno del Congreso de los diputados ha vuelto a debatir -y una vez más, lo ha hecho a instancias del Grupo Parlamentario vasco- sobre la conveniencia de modificar algunos aspectos de la ley vigente con el fin de facilitar la realización de las obras que deben llevarse a cabo en las comunidades de viviendas con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas aquejadas de alguna discapacidad física.

No es -insisto en ello- la primera vez que esta cuestión se plantea en el hemiciclo. Si no recuerdo mal, el debate lo estrenamos en junio de 2009. Con poco éxito, dicho sea de paso, porque el Pleno de la cámara rechazó la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Vasco que había sido consensuada con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La iniciativa era esencialmente idéntica a la que hoy se ha sometido a la consideración de la cámara. Y aunque contó con el apoyo de la mayoría de los grupos, la propuesta no pudo prosperar porque los diputados socialistas votaron en contra -el Gobierno estaba en manos del PSOE- y los populares no quisieron pasar de la abstención. A nadie parecía interesarle una propuesta que pretendía remover los obstáculos legales que hoy dificultan la realización de las obras que necesitan las comunidades de vecinos para facilitar la movilidad de los discapacitados.

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El martes de esta semana el Congreso de los diputados fue escenario de un debate en el que vimos gráficamente reflejado el peculiar modo de hacer política que predomina en el Estado español. Me refiero a la toma en consideración de la proposición de ley sobre televisión sin fronteras; una proposición de iniciativa popular, que llegó a la cámara avalada por la firma de más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos. El texto tenía por objeto remover los obstáculos que hoy, todavía, impiden que las emisiones de radio y televisión autonómicas que se realizan en catalán, euskera y gallego, puedan ser recibidas directamente en el territorio de otras comunidades autónomas en las que esas lenguas revisten, también, carácter cooficial.

El debate no era nuevo. La iniciativa ya había sido debatida y tomada en consideración al término de la pasada legislatura. Interesa reseñar, sin embargo que, aun cuando su texto había sido registrado en la cámara en septiembre de 2010, no fue debatido hasta un año después, cuando el segundo y último mandato de Zapatero tocaba a su fin. Los socialistas, que entonces gobernaban, mostraron tan escaso interés en facilitar su tramitación -el asunto de las lenguas cooficiales sigue siendo incómodo para muchos de ellos-, que la tuvieron metida en el cajón hasta que, una vez que se había anunciado ya el fin de la legislatura, permitieron que la iniciativa llegase al parlamento, desde la seguridad de que no quedaba tiempo suficiente para que pudiera ser aprobada en los pocos días que restaban para la conclusión del mandato. Y como el resultado de la votación ya no comprometía a nadie, todos los grupos le prestaron su apoyo, excepto el popular, que se abstuvo.

Esta semana, como decía, la proposición ha vuelto al Congreso. Pero en esta ocasión, el desenlace del Pleno ha sido muy diferente. El PSOE que, como ya he dicho, en la pasada legislatura retrasó su debate hasta alcanzar la certeza de que lo avanzado del mandato hacía inviable su tramitación, se ha erigido ahora en el principal valedor de la iniciativa y -¡oh sorpresa!- ha intervenido en un turno a favor. Y el PP, que ya no está en la oposición demagógica, sino en el mando autoritario y desabrido, ha votado que no. Sin ambages ni matices: no. De manera que la proposición, que hace un año fue admitida a trámite, el martes pasado quedó rechazada a limine. Y la ilusión que miles de ciudadanos pusieron en la posibilidad de que que fuera tramitada y aprobada por las Cortes Generales, se trasmutaba, de repente, en descarnada frustración. La calculada administración de plazos, abstenciones y negativas desplegada por los socialistas y los populares, ha sumido en el desemgaño a varias decenas de miles de ciudadanos.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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