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Posts Tagged ‘Concierto Económico’

Hace seis meses relacioné la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la gráfica imagen de una marcha militar, que avanza sin remilgos por la vía trazada por los superiores, pisoteando sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso. Y destacaba, en concreto, el desdeñoso trato que la mayoría parlamentaria -con el apoyo y/o la connivencia de algunas minorías de la cámara, dicho sea de paso- deparó a las enmiendas que el Grupo Parlamentario vasco registró en la cámara a propósito de las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de previsión de los empleados públicos vascos configurados en el marco de Elkarkidetza (Cfr. “Un presupuesto tramitado como una marcha militar, que pisotea Elkarkidetza“)

Ayuntamiento de Donostia. Sus empleados son, también, socios de Elkarkidetza, aunque los partidos que integran la coalición que lo gobierna, no hayan apoyado la enmienda.

Hoy, medio año después, he de recurrir de nuevo a la imagen de la marcha militar que entonces utilicé, para describir de nuevo el modo en el que se ha evacuado en el Congreso el trámite de aprobación de las cuentas públicas para 2013. Porque, en lo esencial, las cosas han discurrido en términos muy parecidos a la pauta que entonces se marcó. Entre la semana pasada y la presente, la mayoría absoluta del PP se ha impuesto inexorablemente en la cámara -primero en Comisión y después en el Pleno- para sacar adelante un proyecto insostenible e increíble de cuentas públicas, sobre la base de rechazar algo más del 99,8% de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sí, han leído bien. El grupo mayoritario ha vetado algo más del 99,8% de las enmiendas que los grupos han sometido a votación. Lo que significa que no ha aceptado ni el 0,2% de las mismas. En mayo, sólo admitieron 3 de las más de 3000 registradas. En esta ocasión han aceptado 7 de las 3771 que se han debatido y votado. No está mal. Con semejante progresión, dentro de cincuenta años podría llegar a aceptarse un número razonable.

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Han transcurrido ya varios años desde que publiqué en este mismo  blog una entrada en la que llamaba la atención sobre la ambigua actitud con la que los socialistas, en general, y los socialistas vascos, en particular, se han aproximado históricamente a la figura foral del Concierto Económico (Cfr. “Los socialistas vascos y el Concierto Económico; una historia cargada de ambigüedades“). Nunca ha sido -sostenía allí- santo de su devoción. El régimen concertado nunca ha tenido encaje cómodo en su ortodoxia fiscal centralizada y uniformizadora.

Más recientemente, anotaba, en otro post, que la dinámica Gobierno/Oposición que preside las relaciones entre los socialistas y los populares en las instituciones centrales del Estado, produce, a veces, daños colaterales en ámbitos como el del Concierto Económico, que ocupan una posición claramente secundaria en la jerarquía de prioridades de ambos partidos (Cfr. “Daños colaterales“). La prueba más elocuente de lo que digo se encuentra en el estancamiento que padece el Cupo desde que el PP gobierna y Madrid y Patxi López preside el Gobierno vasco. Condicionados, como están, por la confrontación política a la que están abocados por mor de la dialéctica gobierno/oposición que desarrollan en Madrid, son incapaces de adoptar acuerdos en torno a una cuestión que para ellos reviste un interés muy relativo. Los populares no tienen prisa alguna en convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico y los socialistas vascos tampoco tienen intención de desgastarse lo más mínimo en la defensa de un asunto que nunca les ha estimulado demasiado. Unos y otros piensan que ya vendrá el PNV a dejarse la piel para arreglarlo, mientras ellos juegan a cruzarse invectivas con arreglo al papel que a cada uno le toca desempeñar en Madrid. Euskadi y sus instituciones son algo marginal.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.

Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.

Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la “ordenación general de la economía”. La diferencia, como puede verse, es notable.

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Europa mailako krisi batean murgilduta gaude. Krisi latza, sakona eta iraunkorra. Krisi anitza, baita ere, bere oinarrietan eta nabarmentzeko moduetan. Izan ere, krisi hau, ekonomikoa baita bere arlorik ikusgarrienetan, politikoa oinarrizko zutabeetan eta baloreena bere sustrairik sakonenetan.

Europa mailakoa denez gero, Europari berari dagokio krisi honi aurre egiteko hartu behar diren neurriak hartzea. Estatu bakoitzak ezer gutxi egin dezake bere kabuz krisiaren zaflada mingarriei erantzun eraginkorra emateko. Eeuroak, iraun nahi badu, behintzat, txanpon orok bere atzean dauka egitura publikoa behar du: Banku publikoa -banku osoa esan nahi dut, ez egungo Europako Banku Zentrala bezalako banku errena-, batasun fiskala eta finantza-sistema bateratua. Eta horietaz guztietaz aparte, jakina, ekonomia suspertu behar denean, susperketa horretaz arduratuko den erakundea, demanda areagotu eta inbertsioak berpiztuz.

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Hoy da comienzo en Bruselas un Consejo Europeo que puede ser decisivo para el futuro de la UE. Digo que “puede ser” y no que “va a ser” porque el eco difuso de alguna voz procedente de Alemania ha advertido, esta mañana, de la conveniencia de no hacerse demasiadas esperanzas. El proyecto de orden del día que fue difundido por la Secretaría del Consejo hace ya más de un mes permite entrever que el asunto estrella de la sesión vendrá constituído por el binomio crecimiento-empleo. Dos de los tres puntos que lo integran -el relativo a la política económica y el concerniente al marco financiero plurianual- hacen referencia a este binomio.

Los socialistas españoles están desarrollando un denodado esfuerzo publicitario con el fin de transmitir a la opinión pública la idea de que la incorporación del crecimiento a la agenda económica, es obra suya. La semana pasada, por ejemplo, hicieron lo indecible para venderse como los únicos que han conseguido arrastrar a los populares desde la trinchera de la austeridad hacia el luminoso horizonte del crecimiento.

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La semana pasada inserté un post en el que llamaba la atención sobre la posibilidad -no hipotética, sino real- de que el proyecto de Ley relativo a la reforma laboral se aprobase en unos términos potencialmente lesivos para el Concierto Económico (Cfr. “Alerta roja ante una posible agresión al Concierto Económico“). Esta semana hemos dedicado un esfuerzo no desdeñable a impedir que se consumase el desaguisado. Los diputados y senadores del PNV hemos hablado con todo el que pudiera atesorar un mínimo de autoridad para corregir el texto del proyecto.

El martes, Pedro Azpiazu habló con Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, que la víspera estuvo en Bilbao, invitado por los populares vascos, para reiterar su firme compromiso con el Concierto Económico. Toda la prensa vasca se hizo eco de ello con caracteres bastante amplios. “Pues bien -le dijo Pedro-,  si es así, cosa que no dudo, procura resolver este asunto, que puede ser crucial para el futuro del régimen concertado”. Por su parte, Emilio Olabarria abordó a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, argüyendo, con sentido, que la cuestión controvertida se planteaba en relación con un proyecto de Ley que atañe a su ámbito de competencia. Pero Fátima le respondió que, aun cuando el proyecto afectado tenía que ver con el mundo laboral, el asunto que nos interesaba era de  naturaleza fiscal y correspondía resolver al ministro de Hacienda. Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, se sentía impotente. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, otro tanto. Ambos admitía que la cuestión trascendía su ámbito de decisión; era el Gobierno el que tenía que dar la orden de votar a favor de nuestra enmienda.

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Es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma laboral que acaba de llevar a cabo el Gobierno de Rajoy. Y no hay duda de que el debate sobre su alcance, contenido y consecuencias, permanecerá vivo durante mucho tiempo. En las próximas semanas se dará término a su tramitación como proyecto de Ley y a finales de junio estará en condiciones de ser enviado al BOE. De hecho, acaba de concluir el plazo establecido por la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios de la cámara alta registren sus enmiendas al texto de la norma. De entre ellas -que, general, reproducen textualmente las que se presentaron en el Congreso- destaca el bloque de autoenmiendas formulado por el propio Grupo Popular. Los populares, que ya enmendaron su propio texto en el Congreso, vuelven a hacer lo propio en el Senado. Puede parecere chocante, pero no es algo inédito. Se trata de una práctica relativamente habitual cuando el sistema está atenazado por una mayoría absoluta. El partido que da soporte al Gobierno considera que el trámite legislativo -tanto en su fase congresual, como en la senatorial- no es más que una oportunidad añadida para seguir incorporando al texto del proyecto los aspectos, añadidos, matices o rectificaciones que considere pertinentes. Y lo hace sin ambages; sin miramientos, ni reparos. Sin detenerse en pequeñeces. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. La mayoría absoluta le convierte en dueño absoluto del proceso legislativo, desde que arranca, en el Ministerio correspondiente, hasta que culmina el último trámite del iter parlamentario. Y elige, en cada, caso, la fase del proceso que más conviene a su interés. Los aspectos más aceptables de la reforma, se incorporan al texto desde el principio. Los más controvertidos, se reservan para el final, de manera que la controversia pública se vea reducida al mínimo.

Pero, vayamos al grano. Entre las autoenmiendas que el Grupo Popular del Senado ha registrado contra su propio proyecto de Ley que, dicho sea de paso, ya fue autoenmendado en la cámara baja, figura una que tiene todas las trazas de haber sido concebido para soslayar la molesta interferencia que el Concierto Económico suele producir en la acción legiferante de todos aquellos que acceden al Gobierno central con la manía de legislar como si estuvieran en un Estado unitario y centralista. Me explico. El artículo 4 del proyecto regula el conocido como contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que ha sido muy criticado porque, entre otros aspectos más que cuestionables, contempla un período de prueba de un año. Pues bien, con el fin de fomentar la suscripción de este tipo de contratos, el proyecto de ley establece una serie de incentivos fiscales y sociales que lo hacen muy atractivo para los empleadores.

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En el Consejo de Ministros del pasado viernes, se aprobó una reforma de la Ley reguladora de la radio y de la televisión pública española que, con la actual composición de la cámara, permite al PP designar, por sí solo, al máximo responsable del ente público que se encarga de gestionar ese servicio público. Un paso atrás en el control parlamentario de los medios de comunicación de titularidad pública. Desde 2006, el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE requería el apoyo de una mayoría cualificada de los diputados que integran el Congreso. Es decir, demandaba la previa suscripción de un acuerdo de amplia base entre los grupos parlamentarios. Ahora, tras la reforma operada en el último Consejo de Ministros, el Gobierno popular puede asegurarse el nombramiento de su candidato, sin necesidad de pactarlo con nadie. Si en la primera votación no se alcanzan las dos terceras partes de los votos del hemiciclo, el nombramiento podrá materializarse en el segundo intento con el respaldo de la mayoría absoluta.

Fotografía publicada en la "Historia militar de la guerra de España" de Manuel Aznar

Con ocasión de esta reforma, son muchas las voces que han alertado sobre el riesgo de que vuelvan a implantarse las escandalosas prácticas de manipulación televisiva que presidieron el segundo mandato de Aznar. ¿Quién no recuerda aquella irrefrenable tendencia a utilizar las ondas hertzianas para crear un mundo virtual, ajeno a la realidad, pero favorable a los intereses del partido del Gobierno? Aznar se jactaba entonces de poder cambiar la opinión pública española en 48 horas. Y a fe mía que lo consiguió en más de una ocasión. Eso fue, probablemente, lo que le hechó a perder el 11 de marzo de 2004. Había constatado tantas veces que en tan sólo dos días podía moldear a su gusto la opinión pública española, que en ningún momento pensó que no fuera a ser capaz de mantener engañada a la sociedad entre el viernes en el que tuvo lugar el atentado y la jornada electoral del domingo. Pero en esa ocasión falló. Y ante la evidencia del engaño, muchos ciudadanos abrieron los ojos para preguntarse: si en una circunstancia tan delicada ha sido capaz de mentir como lo ha hecho, ¿qué no nos habrá mentido durante los cuatro años anteriores? Y vinieron los desengaños y el consiguiente colapso electoral.

En cualquier caso, es preciso reconocer que la derecha española siempre ha gozado de una gran capacidad para la propaganda política. Son muchos los ejemplos que podríamos citar para ilustrar esta afirmación, pero pocos, tan elocuentes, como el de la campaña que los franquistas desarrollaron en 1937 para vender a los vascos y al mundo entero, la ridícula especie de que el bombardeo de Gernika -cuyo 75º aniversario se conmemora estos días- no había sido perpetrado por los aliados alemanes de Franco, sino por las mismísimas  huestes del lehendakari Aguirre, despectivamente calificadas como rojoseparatistas. La operación publicitaria que desarrollaron para imponer su falsa versión de los hechos fue soberbia; sencillamente magistral. Propia de la escuela de Joseph Goebbels. Como anotó el corresponsal de guerra británico G. L. Steer, “La destrucción de Gernika no sólo fue un espectáculo horrible para los que la presenciaron. Fue además el objeto de la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos desde que Ananías fue conducido con los pies por delante a un horno ardiente”.

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En este mes de abril se han dictado ocho sentencias del Tribunal Supremo, que desestiman otros tantos recursos de casación interpuestos por las comunidades autónomas de Castilla-León y La Rioja en relación con diversos pleitos suscitados por estas dos comunidades contra diferentes normas forales dictadas en 2005 por los territorios históricos vascos, con objeto de regular el Impuesto de Sociedades. Las ocho sentencias son desestimatorias. Lo que significa que avalan la capacidad normativa de los territorios históricos vascos para regular autónomamente esta figura impositiva. Una excelente noticia para los amigos del Concierto Económico.

Cartel anunciador de la manifestación que se celebró en Bilbao en 1978 para exigir la devolución del Concierto Económico suprimidos por Decreto de Guerra a Bizkaia y Gipuzkoa.

Como los recursos insistían en acusar a las normas forales impugnadas de no ser conciliables con el derecho europeo de la competencia, las sentencias descansan, en buena parte -no solo, pero sí en buena parte- sobre una argumentación que trae causa de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en relación con las regiones europeas dotadas con autonomía fiscal: básicamente la sentencia de 6 de septiembre de 2006, sobre las Azores y la sentencia de 11 de septiembre de 2008 sobre el régimen tributario y financiero del País Vasco.

Según estas dos sentencias -que han constituido hitos fundamentales en el proceso de legitimación europea del Concierto Económico- las normas tributarias dictadas por los entes subestatales, que entrañen una presión fiscal inferior a la existente en el Estado miembro correspondiente, no constituyen ayudas de Estado incompatibles con el derecho europeo de la competencia si cumplen un triple requisito:

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