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Posts Tagged ‘Concierto Económico’

Hace seis meses relacioné la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la gráfica imagen de una marcha militar, que avanza sin remilgos por la vía trazada por los superiores, pisoteando sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso. Y destacaba, en concreto, el desdeñoso trato que la mayoría parlamentaria -con el apoyo y/o la connivencia de algunas minorías de la cámara, dicho sea de paso- deparó a las enmiendas que el Grupo Parlamentario vasco registró en la cámara a propósito de las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de previsión de los empleados públicos vascos configurados en el marco de Elkarkidetza (Cfr. “Un presupuesto tramitado como una marcha militar, que pisotea Elkarkidetza“)

Ayuntamiento de Donostia. Sus empleados son, también, socios de Elkarkidetza, aunque los partidos que integran la coalición que lo gobierna, no hayan apoyado la enmienda.

Hoy, medio año después, he de recurrir de nuevo a la imagen de la marcha militar que entonces utilicé, para describir de nuevo el modo en el que se ha evacuado en el Congreso el trámite de aprobación de las cuentas públicas para 2013. Porque, en lo esencial, las cosas han discurrido en términos muy parecidos a la pauta que entonces se marcó. Entre la semana pasada y la presente, la mayoría absoluta del PP se ha impuesto inexorablemente en la cámara -primero en Comisión y después en el Pleno- para sacar adelante un proyecto insostenible e increíble de cuentas públicas, sobre la base de rechazar algo más del 99,8% de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sí, han leído bien. El grupo mayoritario ha vetado algo más del 99,8% de las enmiendas que los grupos han sometido a votación. Lo que significa que no ha aceptado ni el 0,2% de las mismas. En mayo, sólo admitieron 3 de las más de 3000 registradas. En esta ocasión han aceptado 7 de las 3771 que se han debatido y votado. No está mal. Con semejante progresión, dentro de cincuenta años podría llegar a aceptarse un número razonable.

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Han transcurrido ya varios años desde que publiqué en este mismo  blog una entrada en la que llamaba la atención sobre la ambigua actitud con la que los socialistas, en general, y los socialistas vascos, en particular, se han aproximado históricamente a la figura foral del Concierto Económico (Cfr. “Los socialistas vascos y el Concierto Económico; una historia cargada de ambigüedades“). Nunca ha sido -sostenía allí- santo de su devoción. El régimen concertado nunca ha tenido encaje cómodo en su ortodoxia fiscal centralizada y uniformizadora.

Más recientemente, anotaba, en otro post, que la dinámica Gobierno/Oposición que preside las relaciones entre los socialistas y los populares en las instituciones centrales del Estado, produce, a veces, daños colaterales en ámbitos como el del Concierto Económico, que ocupan una posición claramente secundaria en la jerarquía de prioridades de ambos partidos (Cfr. “Daños colaterales“). La prueba más elocuente de lo que digo se encuentra en el estancamiento que padece el Cupo desde que el PP gobierna y Madrid y Patxi López preside el Gobierno vasco. Condicionados, como están, por la confrontación política a la que están abocados por mor de la dialéctica gobierno/oposición que desarrollan en Madrid, son incapaces de adoptar acuerdos en torno a una cuestión que para ellos reviste un interés muy relativo. Los populares no tienen prisa alguna en convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico y los socialistas vascos tampoco tienen intención de desgastarse lo más mínimo en la defensa de un asunto que nunca les ha estimulado demasiado. Unos y otros piensan que ya vendrá el PNV a dejarse la piel para arreglarlo, mientras ellos juegan a cruzarse invectivas con arreglo al papel que a cada uno le toca desempeñar en Madrid. Euskadi y sus instituciones son algo marginal.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.

Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.

Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la “ordenación general de la economía”. La diferencia, como puede verse, es notable.

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Europa mailako krisi batean murgilduta gaude. Krisi latza, sakona eta iraunkorra. Krisi anitza, baita ere, bere oinarrietan eta nabarmentzeko moduetan. Izan ere, krisi hau, ekonomikoa baita bere arlorik ikusgarrienetan, politikoa oinarrizko zutabeetan eta baloreena bere sustrairik sakonenetan.

Europa mailakoa denez gero, Europari berari dagokio krisi honi aurre egiteko hartu behar diren neurriak hartzea. Estatu bakoitzak ezer gutxi egin dezake bere kabuz krisiaren zaflada mingarriei erantzun eraginkorra emateko. Eeuroak, iraun nahi badu, behintzat, txanpon orok bere atzean dauka egitura publikoa behar du: Banku publikoa -banku osoa esan nahi dut, ez egungo Europako Banku Zentrala bezalako banku errena-, batasun fiskala eta finantza-sistema bateratua. Eta horietaz guztietaz aparte, jakina, ekonomia suspertu behar denean, susperketa horretaz arduratuko den erakundea, demanda areagotu eta inbertsioak berpiztuz.

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Hoy da comienzo en Bruselas un Consejo Europeo que puede ser decisivo para el futuro de la UE. Digo que “puede ser” y no que “va a ser” porque el eco difuso de alguna voz procedente de Alemania ha advertido, esta mañana, de la conveniencia de no hacerse demasiadas esperanzas. El proyecto de orden del día que fue difundido por la Secretaría del Consejo hace ya más de un mes permite entrever que el asunto estrella de la sesión vendrá constituído por el binomio crecimiento-empleo. Dos de los tres puntos que lo integran -el relativo a la política económica y el concerniente al marco financiero plurianual- hacen referencia a este binomio.

Los socialistas españoles están desarrollando un denodado esfuerzo publicitario con el fin de transmitir a la opinión pública la idea de que la incorporación del crecimiento a la agenda económica, es obra suya. La semana pasada, por ejemplo, hicieron lo indecible para venderse como los únicos que han conseguido arrastrar a los populares desde la trinchera de la austeridad hacia el luminoso horizonte del crecimiento.

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La semana pasada inserté un post en el que llamaba la atención sobre la posibilidad -no hipotética, sino real- de que el proyecto de Ley relativo a la reforma laboral se aprobase en unos términos potencialmente lesivos para el Concierto Económico (Cfr. “Alerta roja ante una posible agresión al Concierto Económico“). Esta semana hemos dedicado un esfuerzo no desdeñable a impedir que se consumase el desaguisado. Los diputados y senadores del PNV hemos hablado con todo el que pudiera atesorar un mínimo de autoridad para corregir el texto del proyecto.

El martes, Pedro Azpiazu habló con Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, que la víspera estuvo en Bilbao, invitado por los populares vascos, para reiterar su firme compromiso con el Concierto Económico. Toda la prensa vasca se hizo eco de ello con caracteres bastante amplios. “Pues bien -le dijo Pedro-,  si es así, cosa que no dudo, procura resolver este asunto, que puede ser crucial para el futuro del régimen concertado”. Por su parte, Emilio Olabarria abordó a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, argüyendo, con sentido, que la cuestión controvertida se planteaba en relación con un proyecto de Ley que atañe a su ámbito de competencia. Pero Fátima le respondió que, aun cuando el proyecto afectado tenía que ver con el mundo laboral, el asunto que nos interesaba era de  naturaleza fiscal y correspondía resolver al ministro de Hacienda. Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, se sentía impotente. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, otro tanto. Ambos admitía que la cuestión trascendía su ámbito de decisión; era el Gobierno el que tenía que dar la orden de votar a favor de nuestra enmienda.

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