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Posts Tagged ‘Catalunya’

Tal y como advertí hace ya algunas semanas (Cfr. «Idénticos tópicos para naciones diferentes«, publicado el 26.09.12) el furioso tsunami patriótico que ha tomado cuerpo en España para arremeter contra la propuesta formulada por Artur Mas de convocar una consulta para que el pueblo de Catalunya decidan sobre su estatus político futuro, se ha dedicado, en buena parte, a reproducir el combativo esquema argumental que tiempo atrás utilizó el nacionalismo español para poner coto a una iniciativa similar nacida en Euskadi. El vaticinio no entraña mérito alguno. Era previsible que así ocurriera. Y aunque alguno pensase entonces que era poco probable, la avalancha patriótica ha concluido, como también tuve ocasión de anticipar, tirando masivamente del argumento ad hominem. No falla. Cuando no se consigue destruir las ideas, se intenta destruir a las personas que las defienden. Ya anticipaba en este mismo blog, que en la campaña electoral que se avecinaba, no iba a faltar «el argumento ridiculizante y descalificatorio de la persona, que pretende atacar la iniciativa por la vía de destruir la imagen y la reputación de quien la promueve. Ya se sabe, todo aquello de que una reivindicación soberanista sólo puede ser formulada por un personaje estrafalario, privado de inteligencia, de ponderación, de equilibrio o de todo ello. Con Ibarretxe, este argumento se utilizó ad nauseam. O mucho me equivoco o tampoco tardará en aplicarse despiadadamente a Mas».

Recuerdo como anécdota ilustrativa que, cuando el lehendakari Ibarretxe defendió en el Congreso de los diputados la Propuesta de Nuevo Estatuto que el Parlamento vasco aprobó el 30 de diciembre de 2004, un reputado columnista de la derecha española dio remate a la interminable sarta de insultos con la que había jalonado los numerosos artículos que dedicó al asunto, afirmando -la cita es literal- que «Ibarretxe es un borono y Erkoreka un jebo». Todavía conservo una copia de la página en la que se publicó la frase. Suelo leerla de vez en cuando. Me hace reír. Hay insultos que ennoblecen.

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He pasado el fin de semana en Escocia. Aunque me he trasladado allí por una cuestión familiar, no he dejado de sondear, como podrán imaginarse los lectores de este blog, el ambiente político que se respira entre los escoceses a propósito del referéndum sobre la independencia cuya celebración en 2014 pactaron recientemente Cameron y Salmond. En la calle, apenas se percibe el debate. O, dicho más concretamente, el paisaje urbano no acusa su existencia. En Escocia -al contrario que en Euskadi- no hay un grupo político que, se dedica a «engalanar» las paredes de todas las calles y rincones del país, con pintadas, carteles, pancartas y graffitis que recuerdan a los viandantes cuál es, en cada momento, la reivindicación de moda. El debate discurre allí por un cauce más civilizado y nadie incurre en la infantil creencia de que emborronar los muros de los pueblos y ciudades con un mismo lema, reproducido hasta la saciedad, significa, indefectiblemente, que todos los ciudadanos lo comparten.

Frente a la sede del Parlamento escocés, en Edimburgo.

En la prensa, sin embargo, el debate está presente de modo ostensible. Tan ostensible, cuando menos, como la consulta catalana comprometida por Artur Mas, lo está en nuestro panorama mediático. Ayer mismo, cuando los titulares de las principales cabeceras españolas daban cuenta del manifiesto suscrito por varios cientos de «intelectuales» -entrecomillo deliberadamente la palabra, porque reconocer la condición de «intelectual» a alguno de los que firman el documento constituye, sin duda, una exageración gratuita e infundada- para reconducir la situación creada en Catalunya desde el Onze de setembre, los diarios escoceses publicaban, también, noticias relacionadas con el futuro de una Escocia independiente.

Por lo que he podido apreciar, la controversia pública suscitada en Escocia en torno al referéndum de independencia, tiene elementos comunes con la planteada en el Estado español alrededor de la consulta que CiU quiere convocar en Catalunya, pero reúne características singulares que nada tienen que ver con la misma. Un ejemplo de esto último, podemos encontrarlo sin dificultar en la prensa de ayer mismo. El periódico Scotland on Sunday, -edición dominical del conocido diario Scotsman-  informaba de unas estridentes declaraciones que el escocés y ex primer ministro laborista británico, Gordon Brown, hizo el sábado, advirtiendo al público de que una hipotética Escocia independiente en la que Londres retuviese las principales decisiones de carácter económico,  tal y como preconiza el Partido Nacionalista Escocés,  sería gobernada como una colonia británica. El proyecto de Salmond sobre Escocia -sostuvo Brown- supone algo así como una especie de «colonialismo autoimpuesto, con más reminiscencias del antiguo imperio que del mundo moderno».  Interesa retener a este respecto que, según la propuesta del Partido Nacionalista Escocés, la Escocia independiente que resultase del referéndum, mantendría la libra como moneda de curso legal, reconocería al Banco de Inglaterra la capacidad de fijar los tipos de interés y respetaría la regulación bancaria del Reino Unido.

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El raca-raca es la expresión desdeñosa y peyorativa con la que cierto sector político y mediático articulado en torno al españolismo de izquierdas, ha bautizado en Euskadi el postulado nacionalista vasco que reivindica el reconocimiento legal y explícito del pueblo vasco y de su derecho a decidir libre y democráticamente el status político del que ha de gozar en el futuro. En los últimos tiempos, esta amalgaba político-mediática se ha visto acaudillada por el lehendakari en funciones, Patxi López, que no ha dudado un ápice en complacer a su público, insertando el argumentario de campaña la expresión  onomatopéyica que reproduce el sonido de la carraca, con el propósito de despreciar y hasta ridiculizar, los postulados ideológicos, estratégicos o programáticos del nacionalismo vasco, presentándolos, una vez más, como «el raca-raca de siempre».

Pero hete aquí que, este fin de semana, el Partido Socialista de Catalunya (PSC) -el partido hermano en el que tantas veces se ha querido ver reflejado el socialismo vasco vinculado al PSOE- aprueba un programa electoral para las próximas elecciones catalanas, en el que preconiza, expresamente, el reconocimiento derecho a decidir de los catalanes sobre «cualquier propuesta de cambio sustancial de las relaciones entre Catalunya y España, acordada entre las instituciones catalanas y españolas, a través de un referéndum en el que se plantee un pregunta clara a la que se habrá de responder de forma inequívoca, aceptando o rechazando el proyecto sometido a consulta». Es más, no contentos con ello -que para los socialistas vascos constituiría ya un grave anatema, plenamente situado en el terreno del odioso raca-raca– los socialistas catalanes se comprometen a promover «las reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad». Los militantes del PSC se identifican a sí mismos como federalistas -no independentistas- pero se comprometen a trabajar para que el ordenamiento jurídico español contemple la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

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«La nación -escribió Renan- es un plebiscito cotidiano». Pero los nacionalistas españoles -esos que en Catalunya y Euskadi se hacen llamar no-nacionalistas-, han puesto tanto empeño en dejar a salvo su nación -perdón, quería escribir Nación- de los riesgos anejos a toda consulta plebiscitaria, que la han convertido en una amenaza cotidiana. Ellos no piensan, como Ortega que España deba ser un proyecto sugestivo de vida en común. Más bien al contrario, su trayectoria y actitudes de los últimos días reflejan que la consideran como un proyecto coercitivo de vida en común, cuya continuidad histórica no debe -ni puede- apuntalarse a base de atraer y seducir, sino a base de amenazar.

El vendaval político que se ha levantado en Catalunya desde la masiva manifestación del pasado Onze de Setembre,  constituye un claro ejemplo de lo que digo. La histérica y estridente respuesta con la que muchos españoles están respondiendo -en Madrid, en Catalunya y hasta en Euskadi- al propósito declarado por Artur Mas de consultar a los catalanes si desean constituir un nuevo Estado en Europa, está poniendo un énfasis tan exagerado en la advertencia y la intimidación, que alcanza, por momentos, cotas auténticamente hilarantes. No se les escucha una sola palabra encaminada a cautivar o seducir a los catalanes con el fin de atraerlos hacia una convivencia sugestiva. Se conoce que no encuentran demasiados motivos para estimular el interés de los catalanes en seguir vinculados a una España encuadrada entre los PIIGS que no cotiza en el mercado de la seriedad y de la buena reputación. Todo son apercibimientos, advertencias y anticipos de grandes males. Es más, sus aspavientos amenazantes están empezando a ser tan desaforados que, como antes decía, arrancan la carcajada del observador imparcial. En su enfermiza obsesión amenazante han llegado a sostener recientemente que como los títulos académicos los otorga Madrid, los catalanes se quedarían sin bachilleratos y sin licenciaturas. Y sin doctorados, claro. Una aberración.

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Ayer, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, anunció su propósito de disolver anticipadamente el Parlament y convocar elecciones para el próximo 25 de noviembre. Lo hizo mediante un discurso auténticamente histórico en el que, además de hacer pública su intención de llamar a los ciudadanos a la urnas, llegó a hacer afirmaciones como la que sigue: “Este Parlament ha votado en más de una ocasión que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación. Ha llegado la hora de ejercer ese derecho de manera democrática, pacífica y constructiva. No hace falta buscar enemigos externos, sólo es necesario fijarnos en nuestra fuerza interior como nación”. A lo que más tarde añadía: “Espero, deseo y confío en que estos objetivos se consigan en la próxima legislatura, mejor en una legislatura que en dos […] Encarar un proceso de autodeterminación requiere que el president que lo lidere tenga una fuerza especial que sólo le puede dar el pueblo en unas elecciones […] Si en las próximas semanas he de reclamar esta fuerza especial, no quiero que nadie pueda pensar que la pido a mayor gloria mía o a mayor conveniencia de CiU; prefiero que desde el primer momento las reglas de juego sean claras, limpias y transparentes”.

Aunque siempre habrá gente dispuesta a exigirle una precisión mayor, creo que nadie puede abrigar la más mínima duda sobre la intención que le anima. El president aspira a recabar el apoyo de los ciudadanos para poner en marcha un proceso de autodeterminación que conduzca a Catalunya a la independencia. Ni más ni menos. Y por si alguien tenía alguna dificultad para interpretarlo así, en el debate parlamentario de hoy ha sido un poco más explícito aún. Artur Mas hizo, desde la tribuna de oradores, un llamamiento claro e inequívoco a todos los partidos catalanes para que participen en el diseño conjunto de una hoja de ruta, cuyo último paso consistiría en la realización de una consulta popular a la que los ciudadanos de Catalunya serían convocados para decidir si quieren o no constituir “un Estado propio” dentro de la Unión Europea. Y remató la propuesta con la siguiente advertencia:

“Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y si no se puede, hacerlo igualmente. La consulta debe producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente”.

O sea que la consulta se celebrará con el permiso del Gobierno, o sin él.

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No hace falta ser muy sagaz para imaginarse que esta semana, las comidillas parlamentarias -el orden del día es otra cosa; más solemne, sí, pero en los días que corren, menos interesante- han versado, mayoritariamente, sobre la imponente manifestación que el martes recorrió las calles de Barcelona, con el ánimo de festejar la Diada bajo el lema: «Catalunya, próximo Estado de Europa». La mañana del martes -antes, por tanto, de que arrancase la marcha, que se desarrolló por la tarde- coincidí en los pasillos del Congreso con un destacado militante del PSC. Le pregunté -el aguijón era obligado- si se encontraba más cerca de Pere Navarro o de Ernest Maragall. Me respondió con una sonrisa. No hacía falta más. Era evidente que estaba con Navarro y no tenía previsto asistir a la marcha.

Cuando sugerí, inmediatamente después, que las previsiones mejor fundadas anticipaban una concentración multitudinaria, su comentario fue terminante: «Imagínate una manifestación convocada conjuntamente por el PNV y por todo el conglomerado de la izquierda abertzale, que cuenta con el apoyo explícito y entusiasmado de la radio y la televisión públicas, los entornos mediáticos de todas las formaciones convocantes y el grupo Vocento. ¿No sería multitudinaria? Sí, ¿verdad? Pues eso. Ésta, que viene respaldada hasta por el Grupo Godó, también lo será. No hay duda».

Y así fue. Aunque los informativos de TVE intentaran minimizarla -¿vuelven los aciagos tiempos de Aznar y su manía telemanipuladora?- la manifestación fue un éxito. Cientos de miles de personas caminaron, bajo un auténtico mar de senyeras esteladas, reclamando la independencia de Catalunya. Con el fin de evitar confusiones, algunas pancarta aclaraban: «No queremos el pacto fiscal. Queremos la independencia». Y unas camisetas ampliamente utilizadas por el público asistente, completaban la imagen con la siguiente frase: «Make no mistake. I´m catalan. And so I´m not spanish«.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, «a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar».

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que «la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana», sea equivalente «al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años». El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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En el Pleno de esta tarde se ha producido un pequeño pero llamativo incidente. Debatíamos una Proposición No de Ley del Grupo Socialista sobre las medidas relacionadas con el copago en la Sanidad cuando observamos que el diputado Joan Tardá, de ERC, aprovechaba su turno de intervención para hacer una referencia muy crítica a Patxi López, acusándole, entre otras cosas, de insultar a los catalanes. Tardá censura a López haciendo uso de expresiones gruesas. Le llama, entre otras cosas, cínico e hipócrita. «¿Qué ha ocurrido?», pregunto sobresaltado. «¿Qué ha dicho Patxi López para que Tardá le acuse de insultar a los catalanes?»

Manifestación catalanista en Barcelona

No me ha costado encontrar la respuesta. Pero al hallarla, me ha parecido tan inaudita que no he podido evitar una exclamación: ¡no me lo puedo creer! Según he leído en los teletipos y en alguna prensa, ayer, lunes, en un desayuno celebrado en Madrid, Patxi López arremetió contra el Pacto Fiscal que reivindica CiU y reclama, con un amplio respaldo social, el Gobierno de Catalunya, afirmando que «acaban de pactar un sistema de financiación con el que estaban de acuerdo. No se puede estar permanentemente reivindicando con una mano si las cosas van mal y si las cosas van bien colgándose todas las medallas. Hay que ser razonables con las normas de cada uno y hacer las cosas lo mejor posible en cada momento». Y a continuación calificó la propuesta de Artur Mas de «ventajista», porque aspira a «separarse» del modelo financiero general, ahora que hay crisis.

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En esta sencilla fórmula ha condensado el 16º Congreso de Convergència Democràtica de Catalunya la ponencia ideológica que ha aprobado el pasado fin de semana: Catalunya=Nación+Estado propio. Claro y contundente. El cónclave fue convocado bajo el lema Una manera de Ser/Fer. Un lema que el secretario general saliente y nuevo presidente de la formación, Artur Mas, pidió a los militantes que no lo interpretasen como un mero eslogan, sino como un mandato. Los convergentes reivindican un estilo propio de hacer política. Un estilo humano, social y patriótico. Así lo declaró el nuevo secretario general, Oriol Pujol, en su emotiva intervención final. Porque en política importa mucho el qué, pero importa también el cómo.

El nuevo secretario general, Oriol Pujol, se dirige al público en el acto de clausura

Pero lo que más ha llamado la atención de los medios de comunicación no ha sido tanto lo que los oradores del acto de clausura dijeron sobre el cómo, cuanto lo que la ponencia ideológica afirma en torno al qué: la apuesta inequívoca por un Estado propio como única garantía posible para la pervivencia de un nación, que desea seguir siéndolo en el futuro, conservando su personalidad, sus rasgos diferenciales y su derecho a desarrollarse. Tras un largo y rico debate, el texto final de la ponencia aboga por construir un «Estado propio» para Catalunya, que le garantice «su pervivencia como nación y su viabilidad como sociedad, hoy amenazadas». Para poder ejercer su voluntad como tal -argumenta el texto-una nación «necesita un Estado que actúe y que lo sienta como propio. El Estado es una herramienta potente para poder desplegar la nación en buenas condiciones, con eficiencia y solvencia». El Estado español no sirve para este cometido, porque «genera un déficit fiscal que asfixia» a los catalanes y «no respeta la identidad lingüística y cultural catalana en su política general, sus presupuestos y sus sentencias».

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