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Posts Tagged ‘Estatuto’

La experiencia gubernamental que los socialistas y los populares han ensayado en Euskadi durante los últimos tres años y medio, ha constituido un rotundo fracaso. El experimento, que se nos vendió como el germen de una esperanzadora primavera vasca, ha resultado ser un fiasco. De hecho, no hay un solo indicador que autorice a realizar un balance positivo de su gestión.

En lo económico, sus resultados son pavorosos. Sin paliativos. El crecimiento ha sido negativo, la actividad económica ha descendido hasta niveles ínfimos, el consumo se ha desplomado, el desempleo se ha disparado, la recaudación se ha hundido, el déficit se ha descontrolado y la deuda pública se multiplicado por diez. Por mucho que se urge en las fuentes, será difícil encontrar en la historia política comparada, algún caso en el que la diferencia negativa entre el modo en el que el Gobierno encontró las cosas cuando se hizo cargo de los asuntos y el modo en el que las dejó cuando las urnas le obligaron a retirarse, sea tan abismal como en el de López.

En lo que atañe al autogobierno vasco, no se puede decir que su balance sea mejor. López prometió acometer una reforma estatutaria -inspirada, se nos dijo, en el famoso Plan Guevara- que enterró en un cajón cerrado tan pronto como Basagoiti le advirtió de que no le iba a tolerar el más mínimo devaneo en ese terreno. Pero es que, además, su gabinete tampoco ha destacado precisamente por el empeño que ha puesto en el desarrollo y la defensa de las cotas de poder previstas en el Estatuto ya vigente. Las transferencias de servicios que han tenido lugar durante este período no han sido, como se sabe, logros alcanzados por el Gobierno vasco, sino realizaciones del Grupo Parlamentario vasco en Madrid, que se los tuvo que arrancar a Zapatero -pese a las reticencias y hasta resistencias de Patxi López, todo sea dicho- a cambio de apoyar sus cuentas públicas.

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Ya lo advertí

En un post que publiqué en las postrimerías de 2011 (ver “Recentralizando que es gerundio”,fechado el 5.12.11) alertaba a los lectores del riesgo de que el conflicto originado por el presidente de La Rioja al negarse a prestar asistencia sanitaria y hospitalaria a los ciudadanos alaveses que residen en la frontera con su Comunidad Autónoma, acabara convirtiéndose en un pretexto -uno más- para justificar la devolución de competencias a los poderes centrales del Estado. La pulsión recentralizadora que atraviesa horizontalmente a las fuerzas políticas de vocación españolista no repara en esfuerzos a la hora de arramplar para casa. Y basta que un conflicto fronterizo de alcance local trascienda a los medios de comunicación, para que la opinión pública se vea salpicada por decenas de propuestas “bienintencionadas” que sólo aspiran a mejorar o corregir el modelo, aunque todas ellas, casualmente, lo hagan por la misma vía: reforzando el centro y debilitando la periferia. 

La crisis económica -ya lo he dicho en más de una ocasión- está sirviendo de coartada para que centralistas impenitentes que siempre miraron con recelo el modelo autonómico, encuentren un engarce argumental, aparentemente sólido, objetivo e incontestable, de cara a exigir la recuperación de atribuciones públicas para el Estado. La argumentación siempre es la misma. Una argumentación tan sencilla como falaz: la descentralización política es ineficaz y, además, económicamente insostenible. Los poderes territoriales sólo son fuente de caos, descoordinación y despilfarro. Y si en tiempos de vacas gordas se pueden tolerar ciertos caprichos descentralizadores, estos resultan aboslutamente inasumibles en tiempos de vacas flacas.

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No es la primera vez que escribo sobre esa sutil campaña que, desde hace ya algún tiempo, preconiza, explícita o tácitamente, la necesidad de reforzar las instituciones centrales del Estado sobre la base de recuperar parte de las competencias estatutariamente atribuidas a las Comunidades Autónomas. En un principio, esta campaña se apoyaba sobre bases estrictamente ideológicas. Venía auspiciada, más o menos abiertamente, por exaltados nacionalistas españoles, para los que la España fuerte que desean, sólo puede darse sobre la base de una desmesurada concentración de poder en las instituciones centrales del Estado, por  jacobinos impenitentes, firmemente convencidos de que las fórmulas más efectivas de organizar la distribución territorial de poder son las de corte centralista y por grupos de interés, bien organizados, a los que, sencillamente, la concentración de todo el poder en la capital -es decir, en el centro- les había ido muy bien en el pasado y no estaban por la labor ceder posiciones frente a posibles competidores.

Estos colectivos, que han nutrido varias generaciones de elites políticas en el Estado español, siempre han mirado con desconfianza y recelo al proceso de descentralización política abierto a partir de 1978. Nunca han mostrado simpatía hacia los procesos autonómicos, ni han prestado el más mínimo apoyo al Estado compuesto resultante de la experiencia estatutaria de los últimos treinta años. Se han limitado a convivir civilizadamente con él, puesto que no podían impedir su desarrollo y han produrado adaptarse a sus requerimientos aunque, eso sí, sin renunciar un ápice a sus personales postulados políticos.

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Durante los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación del Estatuto Gernika, el portavoz comunista en la Comisión Constitucional, Jordi Sole Tura, expresó una prevención que, aun cuando pasó desapercibida en aquel momento, el transcurso del tiempo ha ido poniendo de manifiesto que constituía un certero vaticinio. Al reflexionar sobre el inmenso desafío que representaba para el éxito del Estado autonómico la buena marcha del proceso de traspaso de poderes que la aprobación del Estatuto había de inaugurar entre las instituciones centrales y el naciente Gobierno vasco, advertía lo siguiente: “…es preciso que no exista aquí ninguna reticencia, ninguna cicatería en cuanto se refiere al traspaso de competencias y a la atribución real de facultades. Si esa cicatería existe, si el Estatuto se convierte en un tema de regateo o mercadeo, a partir de ese momento el Estatuto quedará tocado en sus mismas raíces y el proceso autonómico quedará seriamente comprometido…”.

Pese a las prevenciones de Sole Tura, pronto se puso de manifiesto que los temores expresados por el profesor catalán, no descansaban sobre prejuicios inconsistentes, sino sobre intuiciones bien fundadas. Las actitudes cicateras y obstaculizadoras del Gobierno central no se hicieron esperar. Y ya en los primeros años de la década de los ochenta, se hicieron patentes las primeras denuncias del Gobierno vasco contra la estrecha y restrictiva visión con la que los ejecutivos centrales afrontaban el proceso de transferencias a Euskadi. En una entrevista publicada en 1983, cuatro años después de aprobado el Estatuto, el entonces vicelehendakari del Gobierno vasco, Mario Fernández, se quejaba de que el Ejecutivo central había congelado unilateralmente el proceso de traspasos al País Vasco, en una actitud arbitraria y carente de toda justificación porque faltaba, todavía, “prácticamente tanto como lo que se ha conseguido (…) quedan(do) algunos temas que constituyen lo que podría denominarse la parte más sofisticada del desarrollo autonómico”.

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Sucedió, si no recuedo mal, hacia finales de 2005. El presidente chino Hu Jintao cursaba una visita de Estado a España, en el marco de una gira estratégica que le condujo  a varios Estados europeos. Con ese motivo, se organizó una recepción en el Palacio Real. La asistencia fue masiva. El salón estaba a rebosar. Concurrieron al acto decenas de empresarios y hombres de negocios con inversiones y/0 intereses económicos en China. Tampoco faltó, como cabe suponer, una notable representación institucional. Los portavoces parlamentarios del Congreso estábamos, también, invitados al encuentro y allí me presenté, en los minutos previos a la hora oficialmente establecida, lleno de curiosidad y con ganas de entablar contactos.

Conservo en la memoria la conversación que aquel día mantuve con un joven chino que ocupaba un alto cargo en la Administración de su país y, por ese motivo, formaba parte del séquito que acompañaba al presidente en su periplo europeo. Tomó asiento en una silla próxma a la mía y eso nos permitió entablar un diálogo que, pese a su brevedad, evolucionó con total naturalidad desde lo estrictamente protocolario a un terreno abiertamente político. Me identifiqué como portavoz del Grupo Parlamentario vasco y le faltó tiempo para interpelarme sobre lo que significaba eso de Basque.

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Los medios de comunicación afines al PP  han dado rienda suelta a la ofensiva contra el acuerdo  que la semana pasada firmamos con el PSOE, para apoyar el proyecto de Presupuesto y garantizar la estabilidad -tan insistentemente requerida por los agentes económicos y las autoridades comunitarias- a cambio, entre otras cosas, de encauzar el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika. Ya hemos empezado a escuchar, por aquí y por allá, las agitadas voces de alarma que claman al cielo por la gravedad que -al parecer- entraña, el hecho de haber pactado con el PNV la materialización de las transferencias que aún quedan pendientes para dar cumplimiento al Estatuto. Vivir para ver. Los que hasta ayer mismo se nos presentaban como la quintaesencia del estatutismo, hoy se rasgan las vestiduras porque se ponen las bases para su cumplimiento.

No siempre sucede que todo es lo que parece

En realidad, nada nuevo se mueve bajo el sol. Ya anticipé hace unas semanas que los populares y sus terminales mediáticas iban a emprender una furiosa ofensiva para deslegitimar el acuerdo y, en caso de ser posible, provocar su ruptura.

Con todo, hay un dato, que es preciso conocer para situarse adecuadamente en el debate planteado. Cuando el PNV pactó con el PP, en los albores de 1996, el voto favorable de sus diputados a la investidura de Aznar, el acuerdo incluyó, también, un compromiso para impulsar el pleno y leal desarrollo del Estatuto a lo largo de la legislatura iniciada. Un compromiso que, de alguna manera, se asemeja bastante al que acabamos de suscribir con los socialistas.

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Durante la última semana he tenido ocasión de escuchar y leer, numerosos comentarios, concebidos en un tono pretendidamente irónico, que aluden al acuerdo recientemente suscrito entre el PNV y el PSOE, sobre la transferencia de las Políticas Activas de Empleo a Euskadi, como una noticia excelente porque pondría de manifiesto, en opinión de los que así lo expresan, que el PNV “vuelve” a la senda estatutaria. No creo necesario precisar que los comentarios a los que me estoy refiriendo, han sido emitidos, en la mayoría de los casos, por socialistas vascos. Por esos dirigentes -afortunadamente no todos- del PSE que, amargados por lo ocurrido, están ensayando todo tipo de argumentos y razones, con el fin de sacarse la espina que todavía hiere su orgullo, y compensar, como sea, la deplorable imagen que han dado ante la opinión pública vasca.

Al principio, pensé, sencillamente, que el argumento de la “vuelta” a la ruta estatutaria había sido una improvisación puntual de un cargo público impelido por las circunstancias a responder, sin perder la compostura, a una situación objetivamente difícil. Pero con el paso de los días he podido comprobar que, fuera ese su origen, o no lo fuera, se ha convertido en uno de los principales argumentos del discurso oficial con el que los socialistas vascos aspiran recomponer su imagen después de lo ocurrido. La curiosa especie del “regreso” a la casa estatutaria tiene todas las trazas de haber sido ideada en el cuartel general del socialismo vascongado para articular la retórica defensiva con la que se han visto forzados a salir a la palestra tras la firma de un acuerdo de cuya gestación han estado completamente ausentes.

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