Una gran parte del debate parlamentario de esta semana se ha referido, de una u otra manera, al sistema financiero. Es normal. El alucinante affaire de Bankia ha encendido todas las alarmas, contribuyendo a disparar la justa indignación de los ciudadanos. Y la expectativa, cada vez más factible, de que nadie vaya a responder -ni tan siquiera a rendir cuentas públicas- de lo ocurrido, acentúa más aún, si cabe, la irritación de la opinión pública. Ya no digo nada sobre las reacciones que genera entre el común de los mortales el conocimiento de los sueldos y la cuantía de las indemnizaciones que han percibido o pueden percibir algunos de los principales protagonistas del sainete.
Hoy se ha debatido la convalidación del Real Decreto-Ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero; una norma que ha quedado obsoleta ya, tras la difusión pública del desaguisado perpetrado en Bankia. Todo parece indicar que los socialistas y los populares han alcanzado un acuerdo en torno al modo en el que van a gestionar la situación para que el chapoteo no les salpique. Así parece deducirse del hecho de que las huestes de Rubalcaba se hayan abstenido en la votación, después de haber inflado el pecho ayer exigiendo una comisión de investigación. Ya verá en qué queda todo el rifirrafe que han mantenido estos días.
En cualquier caso, no quisiera pasar por alto un interesante debate, directamente relacionado con la problemática que atraviesa el sistema financiero en el Estado español, que el BNG sometió a la consideración del Pleno de la cámara el pasado martes. Lo hizo a través de una Proposición de Ley en la que, resumidamente, venía a plantear tres cosas:
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