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Posts Tagged ‘Tribunal Constitucional’

Si alguien abrigaba aún alguna duda, ya puede ir disipándola. Después de lo sucedido en estos últimos días, es evidente que, cuando Patxi López compareció con gesto solemne ante los medios de comunicación, para hacer saber a los ciudadanos que estaba en radical desacuerdo con el último paquete de recortes sociales que ha impuesto el Gobierno de Rajoy y que iba a hacer todo lo que estuviera al alcance de su mano para impedir que tuviera incidencia en Euskadi, se encontraba, en realidad, adoptando una pose electoral. Se trataba de hacer creer a los ciudadanos que pueden encontrar en él un  rompeolas sólido e indeleble, dispuesto a poner freno al violento tsunami que el Ejecutivo del PP ha puesto en marcha contra el Estado del bienestar y el autogobierno vasco.

 La admisión a trámite del conflicto de competencia planteado por el Gobierno central contra el Decreto del Gobierno vasco que pretendía inaplicar en Euskadi el copago farmacéutico impuesto por el Ejecutivo de Rajoy para todo el Estado español, ha llevado consigo la suspensión cautelar del citado Decreto, que deja así de surtir efectos jurídicos hasta el momento en que el Tribunal Constitucional dictamine lo contrario. De manera que todas las ínfulas que se había dado Patxi López, presentándose como el invicto superman comprometido a ultranza con la más férrea defensa del autogobierno vasco, han quedado reducidas a la nada. El Decreto fue aprobado el 26 de junio y, un mes después, se encuentra suspendido. Todas las expectativas que había generado entre los sectores sociales más menesterosos, se han desvanecido.

No hacía falta ser un jurista muy avezado para suponer que iba a ocurrir lo que finalmente ha sucedido. Y estoy absolutamente seguro de que los servicios jurídicos del Gobierno vasco advirtieron oportunamente a Patxi López sobre lo que previsiblemente iba a acontecer. Pero lo que a Patxi López le interesaba no era el resultado de la medida, sino la pose: “Yo soy el rompeolas que pondrá freno al tsunami desplegado por Rajoy contra el Estado del bienestar y el autogobierno vasco”. Y cegado por el empeño, pasó por alto la advertencia de los letrados, con la obsesión de obtener su minuto de gloria ante las cámaras de televisión. Y lo tuvo, es evidente. Al inquilino de Ajuria Enea no le faltan medios dispuestos a alimentar su vanidad con elogios desaforados y loas sin tasa. Pero al final, todo ha quedado en nada. El suflé se ha desinflado en un mes.

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Ayer por la tarde, un amigo me hacía saber que en un diario vasco de intensas querencias chavistas, se me citaba como favorable a la doctrina Parot. Al principio pensé que se trataba de una tomadura de pelo. “No puede ser”, me dije. Sólo desde la ignorancia o desde la mala fe se me puede clasificar de ese modo, porque siempre he hablado y escrito con bastante claridad en contra de la citada doctrina. En este mismo blog, sin ir más lejos, publiqué no hace mucho tiempo una entrada sobre la cuestión en la que, al hilo de los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha dictado al respecto, me adhería entusiásticamente, al sólido razonamiento sobre el que descansan los votos particulares suscritos por la magistrada Adela Asua. Sigo convencido de que la lectura de esos votos debió resultar ruborizante para los magistrados que habían suscrito el texto principal de la sentencia.

Más tarde, consulté la edición digital del diario en cuestión y comprobé, con sorpresa, que era cierto. Un escritor del que no tengo constancia que sea jurista -lo que le da más enjundia a la cosa- se permitía el lujo de identificarme como favorable a la doctrina Parot, sin justificar su afirmación, ni aportar cita alguna que avalase sus palabras. La acusación me chocó, lo admito, pero no provocó en mí enojo alguno. Son las cosas de la precampaña. La gente se pone nerviosa y habla por hablar. Bueno, corrijo. No hablar por hablar, sino por denostar. Con razón o sin ella. Otra cosa es que lo consiga.

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Cuando escribo estas líneas no se conocen aún los nombres de las cuatro personas que el PP y el PSOE van a proponer para atender a la renovación parcial del Tribunal Constitucional que está pendiente desde hace un bienio. El plazo establecido por la Mesa del Congreso finaliza a las ocho de esta tarde y los entornos más dados a la intriga y el bisbiseo se han convertido en un auténtico hervidero de rumores y chismes. He recibido varias llamadas de gente que supone que debo estar informado sobre el particular, pero no he tenido más remedio que defraudarles a todos. No sé nada. Ni me importa, añado ahora. Hace ya más de dos años que escribí en este blog lo que pienso a propósito del modo en el que los socialistas y los populares gestionan el nombramiento de los magistrados del alto tribunal (Cfr. “Ya era hora”, publicado el 02.05.10) y, visto lo visto, hoy no puedo sino reafirmarme, con más contundencia aún, si cabe, en las opiniones que entonces vertí.

El Tribunal Constitucional tiene encomendadas funciones de extraordinaria importancia en el sistema político español. Resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes y dirime los conflictos de competencias que enfrentan al Estado y las Comunidades Autónomas. También conoce, por vía de amparo, de los recursos en los que se denuncia la violación de los derechos fundamentales y la libertades públicas. Su papel es, como se puede ver, de extraordinaria importancia en la resolución de algunos de los principales pleitos y controversias que pueden suscitarse en el marco constitucional. Vayan por delante algunos ejemplos. Tómese nota. Fue el Tribunal Constitucional el que dictó la sentencia que vació de contenido el Estatut de Catalunya (ver al respecto “Habemus sententia“, publicado el 29.06.10 y “Acatar la sentencia“,  publicado el 06.07.10), el que avaló la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el que recientemente ha reconocido a Sortu el derecho a constituirse como partido político, el que rechazó la Ley vasca de Consulta y el que resolverá, entre otros muchos, los recursos interpuestos contra la Ley del matrimonio homosexual y la Ley de salud sexual y reproductiva y sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, la designación de las personas que van a formar parte de un órgano de tan relevante cometido, se está cociendo, a puerta cerrada, en un marco rigurosamente bilateral, en el que sólo tienen cabida el PP y el PSOE. Puede parecer chocante, pero es así. Todos los demás quedamos extramuros. El problema es que un Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos a través de un método tan cerrado, opaco y excluyente, articulado con el inequívoco propósito de que los dos únicos invitados a la mesa del señor puedan contar con sus correspondientes correas de transmisión en el órgano que dirimirá los grandes conflictos políticos del Estado, es un Tribunal Constitucional cuya legitimidad queda tocada desde la propia raíz. Los socialistas y los populares no pueden pretender que después del espectáculo que han dado durante los dos últimos años, haciendo públicas sus desavenencias y enfrentamientos en torno a la idoneidad de las personas propuestas para integrarse en el Tribunal, los demás, a los que no se nos ha dado vela alguna en este entierro, aplaudamos con ahínco el turbio acuerdo que ellos puedan alcanzar tras los gruesos muros de su impenetrable torre de marfil. No señor.

Claro que luego nos hablarán, con gesto cínico, de la necesidad de respetar las instituciones y de acatar las sentencias. Esas instituciones que ellos han maltratado, zarandeándolas sin contemplaciones y esas sentencias que serán dictadas con apariencia de objetividad e imparcialidad por quienes ellos -y sólo ellos- han elegido para tomar decisiones muy importantes, que nos afectan a todos.

¿Alguna novedad?

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Acabo de escuchar en la radio unas declaraciones de Jesús Loza, recientemente nombrado por Patxi López como Alto Comisionado para la Convivencia y la Memoria, en las que afirma que la reinserción es un derecho constitucional y sostiene que, aun cuando la política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno central, “la reinserción debe ser corresponsabilidad de los dos porque empieza en la cárcel y termina fuera de ella”. No estoy de acuerdo. Sin entrar ahora a hacer consideraciones sobre la incorrección que supone elevar a la categoría de “derecho constitucional” lo que, según el artículo 25 de la Carta Magna, es un objetivo de la política penitenciaria -objetivo que, por otra parte, ya se ha ocupado en precisar el Tribunal Constitucional que no es el único- me veo en la necesidad de replicar a Loza, oponiendo, a su tesis, el argumento de que la política penitencia no es responsabilidad del Gobierno central. O no lo es, al menos, en su totalidad. Según el Estatuto de Gernika, la ejecución de la legislación penitenciaria corresponde en exclusiva a Euskadi. Una parte de la política penitenciaria, por tanto, es responsabilidad de las instituciones autonómicas vascas.

Más aún, se puede afirmar sin temor a exagerar que si el Alto Comisionado ha podido decir hoy, lo que ha dicho, y como lo ha dicho, es porque quien le nombró -que no es otro que Patxi López- ha incumplido de modo flagrante el compromiso electoral que asumió hace cuatro años, cuando presentó su candidatura a Lehendakari.

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Hubo una época en la que los dirigentes de la izquierda abertzale reivindicaban el derecho de los presos de ETA a cumplir íntegramente  las condenas que les habían sido impuestas por los tribunales españoles. No estaba bien visto acceder a los beneficios penitenciarios. Se consideraba un signo de debilidad; de renuncia; de claudicación. Algo equivalente a mancillar la militancia dejándose seducir por los insidiosos guiños de complicidad del enemigo. Recuerdo el caso de un preso apodado Txomiñena, que llegó a denunciar el hecho de que las autoridades penitenciarias le hubieran concedido el tercer grado sin que él lo hubiese pedido. Eran otros tiempos, evidentemente. Cumplir íntegramente las penas impuestas por el régimen represivo era reputado como timbre de gloria; como la plausible expresión de una militancia firme, que no cedía ante las trampas tendidas por el Estado opresor.

Hoy no es frecuente que los presos de ETA desprecien los beneficios penitenciarios a los que se pueden acoger. Y menos aún que renuncien a los ya obtenidos. Antes al contrario, lo habitual es que se aferren a ellos como un clavo ardiendo. Así lo estamos viendo, entre otros, con todos aquellos que se han visto afectados por la conocida como doctrina Parot, que fue definida, como se sabe, en la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero.

Reconozco que cuando tuve conocimiento de la sentencia a través de los medios de comunicación, la música no me sonó bien. Sin ser especialista en Derecho Penal, me pareció que alterar in peius un criterio jurisprudencial tan arraigado como el que venía a modificar el Tribunal Supremo y en un ámbito tan relevante para la duración efectiva de las penas, no casaba bien con la cultura de las garantías y con la regla de la irretroactividad de las normas penales no favorables que había estudiado en la Universidad. Pese al tiempo transcurrido, recuerdo que comenté el caso con Diego López Garrido, que por aquella época ejercía de portavoz de los socialistas en el Congreso. Su impresión coincidía con la mía. Aquello parecía un atropello sin cuento. Tenía todas las trazas de una arbitrariedad sacada de la manga con el propósito de obstaculizar el buen fin del alto el fuego que ETA iba a decretar en breve. No podía ser constitucional. Su comentario fue expeditivo: “Eso lo echará para atrás el Tribunal Constitucional”. Esto último -huelga decirlo- yo no lo tenía tan claro.

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, “a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar”.

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que “la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana”, sea equivalente “al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años”. El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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Hace casi dos años, publiqué en este blog una entrada sobre el juez Garzón (ver “¿Todos somos Garzón?” que vio la luz el 22.04.10), en la que expresaba mis impresiones y opiniones apropósito de su trayectoria y de la campaña de exaltación de la que estaba siendo objeto en aquél momento. El transcurso del tiempo no ha alterado mi opinión. Aunque hoy modularía algunas expresiones, sigo pensando básicamente igual.

Nunca he creído que Garzón fuera un buen juez. Y tengo la impresión de que la opinión que abrigo a este respecto, no constituye, precisamente, algo único y excepcional. Son muchos los que, más allá de la presión de las modas del momento, tienen la misma o semejante percepción. Y no sólo entre el público menudo y lego en cuestiones jurídicas. Basta repasar los tirones de orejas que Garzón ha recibido por parte de la sala segunda de la Audiencia Nacional para darse cuenta de que, en opinión de los propios magistrados que han tenido que evaluar su trabajo, la labor que ha desarrollado como instructor ha sido manifiestamente mejorable.

Su fama trasciende fronteras, es evidente. Garzón es todo un icono en los países iberoamericanos. Pero no hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que la ostensible notoriedad pública que le han dado algunas de las causas a las que más tiempo y esfuerzo ha dedicado, se ha nutrido, en buena parte, de actuaciones jurídicamente cuestionables y de interpretaciones de la ley, singulares, sorprendentes y, en ocasiones, hasta caprichosas. Y hay razones para sospechar que si ha optado por ese tipo de actuaciones judiciales e interpretaciones legales -cuestionables y caprichosas- ha sido, precisamente, porque lo que perseguía no era la ecuánime y ponderada aplicación de la ley, sino la relevancia mediática que aquellas le habían de dar. Son las inevitables ataduras del vocacional del estrellato. Es difícil saltar a la primera plana de los medios de comunicación con resoluciones grises y previsibles sobre asuntos rutinarios.

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