Acabo de escuchar en la radio unas declaraciones de Jesús Loza, recientemente nombrado por Patxi López como Alto Comisionado para la Convivencia y la Memoria, en las que afirma que la reinserción es un derecho constitucional y sostiene que, aun cuando la política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno central, «la reinserción debe ser corresponsabilidad de los dos porque empieza en la cárcel y termina fuera de ella». No estoy de acuerdo. Sin entrar ahora a hacer consideraciones sobre la incorrección que supone elevar a la categoría de «derecho constitucional» lo que, según el artículo 25 de la Carta Magna, es un objetivo de la política penitenciaria -objetivo que, por otra parte, ya se ha ocupado en precisar el Tribunal Constitucional que no es el único- me veo en la necesidad de replicar a Loza, oponiendo, a su tesis, el argumento de que la política penitencia no es responsabilidad del Gobierno central. O no lo es, al menos, en su totalidad. Según el Estatuto de Gernika, la ejecución de la legislación penitenciaria corresponde en exclusiva a Euskadi. Una parte de la política penitenciaria, por tanto, es responsabilidad de las instituciones autonómicas vascas.
Más aún, se puede afirmar sin temor a exagerar que si el Alto Comisionado ha podido decir hoy, lo que ha dicho, y como lo ha dicho, es porque quien le nombró -que no es otro que Patxi López- ha incumplido de modo flagrante el compromiso electoral que asumió hace cuatro años, cuando presentó su candidatura a Lehendakari.
Blog de Josu Erkoreka 