Cuando escribo estas líneas no se conocen aún los nombres de las cuatro personas que el PP y el PSOE van a proponer para atender a la renovación parcial del Tribunal Constitucional que está pendiente desde hace un bienio. El plazo establecido por la Mesa del Congreso finaliza a las ocho de esta tarde y los entornos más dados a la intriga y el bisbiseo se han convertido en un auténtico hervidero de rumores y chismes. He recibido varias llamadas de gente que supone que debo estar informado sobre el particular, pero no he tenido más remedio que defraudarles a todos. No sé nada. Ni me importa, añado ahora. Hace ya más de dos años que escribí en este blog lo que pienso a propósito del modo en el que los socialistas y los populares gestionan el nombramiento de los magistrados del alto tribunal (Cfr. «Ya era hora», publicado el 02.05.10) y, visto lo visto, hoy no puedo sino reafirmarme, con más contundencia aún, si cabe, en las opiniones que entonces vertí.
El Tribunal Constitucional tiene encomendadas funciones de extraordinaria importancia en el sistema político español. Resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes y dirime los conflictos de competencias que enfrentan al Estado y las Comunidades Autónomas. También conoce, por vía de amparo, de los recursos en los que se denuncia la violación de los derechos fundamentales y la libertades públicas. Su papel es, como se puede ver, de extraordinaria importancia en la resolución de algunos de los principales pleitos y controversias que pueden suscitarse en el marco constitucional. Vayan por delante algunos ejemplos. Tómese nota. Fue el Tribunal Constitucional el que dictó la sentencia que vació de contenido el Estatut de Catalunya (ver al respecto «Habemus sententia«, publicado el 29.06.10 y «Acatar la sentencia«, publicado el 06.07.10), el que avaló la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el que recientemente ha reconocido a Sortu el derecho a constituirse como partido político, el que rechazó la Ley vasca de Consulta y el que resolverá, entre otros muchos, los recursos interpuestos contra la Ley del matrimonio homosexual y la Ley de salud sexual y reproductiva y sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la designación de las personas que van a formar parte de un órgano de tan relevante cometido, se está cociendo, a puerta cerrada, en un marco rigurosamente bilateral, en el que sólo tienen cabida el PP y el PSOE. Puede parecer chocante, pero es así. Todos los demás quedamos extramuros. El problema es que un Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos a través de un método tan cerrado, opaco y excluyente, articulado con el inequívoco propósito de que los dos únicos invitados a la mesa del señor puedan contar con sus correspondientes correas de transmisión en el órgano que dirimirá los grandes conflictos políticos del Estado, es un Tribunal Constitucional cuya legitimidad queda tocada desde la propia raíz. Los socialistas y los populares no pueden pretender que después del espectáculo que han dado durante los dos últimos años, haciendo públicas sus desavenencias y enfrentamientos en torno a la idoneidad de las personas propuestas para integrarse en el Tribunal, los demás, a los que no se nos ha dado vela alguna en este entierro, aplaudamos con ahínco el turbio acuerdo que ellos puedan alcanzar tras los gruesos muros de su impenetrable torre de marfil. No señor.
Claro que luego nos hablarán, con gesto cínico, de la necesidad de respetar las instituciones y de acatar las sentencias. Esas instituciones que ellos han maltratado, zarandeándolas sin contemplaciones y esas sentencias que serán dictadas con apariencia de objetividad e imparcialidad por quienes ellos -y sólo ellos- han elegido para tomar decisiones muy importantes, que nos afectan a todos.
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