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Posts Tagged ‘Nazioarteko kontuak’

Un amplio colectivo de personalidades y de organizaciones políticas de Guinea Ecuatorial ha suscrito recientemente el documento fundacional de lo que pretende ser una coalición opositora contra el régimen dictatorial que, desde hace ya varias décadas, atenaza a los ciudadanos y los pueblos de este país africano, constriñendo su libertad y vulnerando sistemáticamente sus derechos y libertades. El documento constata que, aun cuando “el tirano tiene secuestrada la soberanía de cada uno de ellos y está abocándoles a la extrema pobreza material y humana”, la labor de resistencia desarrollada desde las organizaciones contrarias al régimen ha tenido un alcance muy limitado “debido a la carencia de medios y la fragmentación de la oposición al régimen, así como a las permanentes maniobras de cooptación coercitiva ejercidas por la dictadura dentro de los diferentes pueblos y en las formaciones de oposición política”.

Promotores de CEIBA y representantes de grupos parlamentarios del Congreso, en el acto de esta mañana

La plataforma, que lleva el nombre de CEIBA con el propósito de evocar el árbol mítico de la franja tropical que tanta fuerza simbólica tiene en Guinea Ecuatorial, pretende superar la situación actual, desde un planteamiento de oposición, más unitario y más proactivo. De ahí su vocación de transversalidad integradora. El objetivo común que comparten la extensa y heterogénea pléyade de personas y siglas que la impulsan -la iniciativa viene avalada por “las distintas sensibilidades étnicas, políticas, ideológicas y sociales presentes en el país”, pero sigue abierta a nuevas incorporaciones, porque su planteamiento es radicalmente incluyente- consiste en “revertir la actual situación y alumbrar un sistema político respetuoso con los derechos fundamentales y las libertades públicas individuales y colectivas”.

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En la fugaz visita que recientemente hemos cursado a Chile varios diputados de la Comisión de Exteriores del Congreso, hemos tenido ocasión de recoger algunas impresiones sobre la situación política del país, que no me resisto a resumir en un post. Cualquiera que haya seguido con un mínimo de atención la evolución política de aquel país, sabe que, desde las elecciones de 2009, Chile vive una experiencia inédita en el escenario abierto tras el fin de la dictadura. En los comicios que se celebraron ese año, las urnas llevaron al poder a la conocida como Coalición por el Cambio; una plataforma electoral de centro-derecha, que aglutinaba, bajo el liderazgo del actual presidente, Sebastián Piñera, a varias formaciones ideológicamente situadas en el terreno conservador, de entre las que destacaban dos: la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El triunfo de la coalición conservadora puso fin a la larga experencia gubernamental protagonizada por la Concertación de Partidos por la Democracia, de centro-izquierda, que pilotó la transición y ha regido los destinos del país durante 17 años. La Concertación chilena es uno de los ejemplos más nítidos de las posibilidades que ofrece la colaboración política entre la Democracia Cristiana y las formaciones situadas a la izquierda. En Europa, como pone de manifiesto el caso alemán, esta colaboración se ve como algo excepcional; en Chile, por el contrario, no sólo forma parte de la normalidad, sino que constituye une de los pilares más importantes de la reciente historia política del país.

Con José Andrés Zaldivar Larrain, senador y líder histórico de la Democracia Cristiana chilena

La Constitución de Chile no permite a los presidentes de la República repetir cargo en mandatos sucesivos. Y como la legislatura ha superado ya su ecuador, Piñera se enfrenta a la parte final de su mandato presidencial. Su popularidad acusa, al parecer, una notable erosión. El Gobierno conservador no atraviesa sus mejores momentos. Una clase media, emergente y con una creciente conciencia cívica, constituye el germen de unas protestas sociales -particularmente intensas en el ámbito de la Educación, donde se han registrado sonoras revueltas y episodios de dura represión- que se han llevado por delante a más de un ministro. La reforma tributaria, un punto de la agenda política que está siendo objeto de un retraso secular, tampoco avanza en la medida en el que lo requiere el país. Por otra parte, la oposición no deja de denunciar el hecho de que,  conforme se aproxima el fin de la legislatura, los ministros que aspiran a tomar posiciones en la carrera electoral hacia la Presidencia, dedican más tiempo y esfuerzo a diseñar su futuro político personal que a las urgencias propias de la tarea de gobierno, lo que resta consistencia a la acción del Ejecutivo. En el sleno del Gabinete, nadie está por la labor de suscribir proyectos impopulares que puedan contribuir a empañar su imagen de cara a los comicios que tendrán lugar a finales del año que viene.

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No es la primera vez que aludo a Kosovo en este blog. Lo hice hace, ya dos años, con ocasión de la declaración de independencia acordada por su Parlamento (ver “El reconocimiento de Kosovo y los fantasmas del nacionalismo español“, publicado en este blog el 8.04.10). Posteriormente he vuelto a hacerlo, aunque de un modo más liviano y tangencial. Hoy vuelvo a retomar el asunto, porque el último Consejo Europeo acordó conceder a Serbia el estatuto de país candidato a la UE, lo que inevitablemente suscita la cuestión de Kosovo, que figura, también, citada por su propio nombre, en los informes de la Comisión que hacen referencia al proceso de ampliación. Y ante ello, la pregunta es inevitable: ¿tiene sentido seguir negando el reconocimiento a Kosovo cuando es evidente que todos los Balcanes Occidentales se están desenvolviendo ya en una inequívoca perspectiva europea?

Ciudadanos kosovares celebran la independencia de su país

En la última comunicación que la Comisión remitió al Parlamento Europeo y al Consejo en relación con la estrategia de ampliación de la UE -el documento está fechado en octubre de 2011- se insiste una vez más en la necesidad de seguir avanzando en la política iniciada tras los conflictos de los Balcanes de los años noventa, con el objetivo de conducir la totalidad de la región hacia la paz, la estabilidad, la democracia y, finalmente, hacia la adhesión a la UE. Y en este marco general, se constata que el arresto y posterior entrega de Ratko Mladic y Goran Hadzic al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, contribuyó a desbloquear  el camino de Serbia hacia Europa. Pero la comunicación cita también el diálogo iniciado entre Belgado y Pristina, “uno de cuyos objetivos era avanzar en el camino hacia la UE, y que ya ha producido sus primeros resultados”.

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La X Legislatura ha dado comienzo bajo la égida de la marca “España”; una idea muy cara a los populares. Rajoy hizo referencia a ella en la sesión de investidura y el ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, la ha presentado en la comisión correspondiente, definiéndola como “un proyecto que desea aunar todas las voces que componen ese coro, que es la imagen de España y dotarlas de una única partitura”. También la ha caracterizado como “la piedra angular” en la que convergen “la diplomacia económica y la diplomacia pública”.

No habíamos conseguido precisar aún en qué consiste exactamente lo que el Gobierno pretende hacer con ese curioso proyecto de marca, cuando el Grupo Parlamentario Popular se descolgó, hace unas semanas, con una Proposición No de Ley en la que se instaba al Gobierno a “desarrollar un Plan General de Marca España […] que sirva para promover una imagen potente de España en el exterior como un factor estratégico de competitividad y prosperidad para la sociedad española”. El Plan en cuestión, había de realizarse, según la iniciativa de los populares, “en el marco de los principios de austeridad presupuestaria de la presente Legislatura”. Y debía abarcar “todas las dimensiones” que configuran la imagen española: “económica, cultural, social, empresarial, deportiva, tecnológica, histórica y medioambiental”.

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El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial.

Joven saharaui denunciando la violación de derechos humanos por parte de Marruecos

Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación “bastante antes de que finalice el período del mandato”, lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, “bastante antes” de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que “examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO” y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un “mandato específico” sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.

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El Consejo de Estado francés acaba de declarar que la ley recientemente aprobada por el país vecino para castigar, como delito -con penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa- la negación del genocidio armenio, vulnera la libertad de expresión y comunicación. Se trata de un pronunciamiento muy importante que, sin duda alguna, va a dar que hablar en las próximas semanas, porque incide sobre una cuestión controvertida, que viene rodeada por la polémica y ha dado pie a numerosos debates.

El monte Ararat. El monte sagrado de los armenios

En anteriores entradas de este blog he hecho referencia ya al genocidio armenio y a las declaraciones solemnes que muchos parlamentos de todas las latitudes del planeta han hecho para dejar patente su público y oficial reconocimiento (ver, entre otros, el post titulado “Turquía y la cuestión armenia”, que vio la luz el 11.03.10 y el que lleva por título “El genocidio armenio en el Congreso de los Diputados”, publicado el 11.03.11). Cuando la cuestión se planteó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados -pronto se cumplirá un año de ello- voté a favor de la Proposición; una Proposición que, lejos de mirar al pasado para estimular el odio y reaviviar la llama del enfrentamiento, estaba concebida desde el propósito de propiciar el entendimiento y la reconciliación. Aunque sólo se trataba de una resolución declarativa, lo cierto es que la iniciativa no prosperó. Ya consigné en su día los motivos por los que creía -y creo- que fracasó. Pero la ley francesa daba un paso más. No se limitaba a instituir la memoria reconocer con carácter oficial la existencia de un hecho histórico. Preveía, además, la tipificación como delito y la imposición de penas -incluso de privación de libertad- a los que negasen su existencia.

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En este complicado fin de año, los teletipos nos han dado cuenta, casi simultáneamente, de la muerte de dos hombres de Estado. Disculpen, pero, pese a su ambigüedad e inexactitud no encuentro una expresión mejor para referirme conjuntamente a ambos: hombres de Estado. Uno de ellos ha sido Václav Havel, escritor, dramaturgo, resistente al comunismo y, tras la revolución de terciopelo, presidente, primero, de la República de Checoslovaquia (1989-1992) y después -tras la división del Estado, pacífica y acordada, entre Chequia y Eslovaquia-, de la República Checa (1993-2003). El segundo ha sido el presidente de de Corea del Norte Kim Jong-Il; hijo del presidente eterno de la República democrática, Kim Il-Sung y progenitor del hombre que él mismo designó para que le sucediese en la cabeza del país, Kim Jong-Un.

Václav Havel, ex presidente de Chequia, recientemente fallecido

“La muerte iguala a todos”, reza la grotesca canción del entiero de la sardina con la que en algunos pueblos celebran el fin del carnaval. Y no le falta razón. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, soberbios y humildes, hemos de cruzar antes o después por el ese umbral que empareja y nivela a todos los seres humanos, con independencia del periplo vital de cada uno. Pero para los que nos quedamos a este lado de la frontera, la estela biográfica de los cruzaron la raya y fueron equiparados por el óbito, ofrece, con frecuencia, perfiles muy diferentes. De ahí que no recordemos a todos de la misma manera. Y de ahí, también, que la memoria discrimine.

Este es, sin duda, el caso de Václav Havel y de Kim-Jong-Il. El primero sufrió persecución y cárcel por exigir dignidad, transparencia y libertad. El segundo hostigó con ferocidad a todos los que planteaban ese tipo de reclamaciones, bajo el pretexto -habitual y sobradamente conocido, por otra parte, en los regímenes totalitarios- de que atentaban contra la seguridad del Estado y la estabilidad del régimen de Pyongyang. El primero combatió el comunismo liberticida del siglo XX. El segundo lo cultivó, lo desarrolló en el plano teórico con el llamado Juche y lo practicó implacablemente hasta el final de sus días. Havel fue un presidente elegido por el pueblo. A Kim-Jong-Il lo eligió su padre, con la misma fe en la transmisión genética de la sangre azul con la que operaban los emperadores de la Edad Media o los monarcas absolutos preilustrados. Havel abrió Chequia al mundo tras cuarenta grises años de oscurantismo y oclusión. El “Querido líder” cerró con siete llaves las puertas de Corea del norte con el propósito de asegurarse el control social interno y conjurar el peligro de la contaminación cultural.

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1.- Representatividad y territorio en las Cortes Generales

Las Cortes Generales, integradas por el Congreso y el Senado, “representan al pueblo español”. Así lo prescribe el art. 66.1 de la Constitución (CE). Y aunque su artículo 69.1 precise que el Senado es, además, “la cámara de representación territorial”, lo cierto es que, hoy por hoy, apenas existen diferencias dignas de reseñar entre lo que ambos órganos representan. Porque ni el Senado puede ser calificado, propiamente, como una cámara de representación territorial -no, al menos, hasta que se acometan las reformas que permitirían su plena adecuación a este mandato de la CE- ni cabe considerar al Congreso como un órgano representativo radicalmente ajeno al territorio. En ambos casos -y abstracción hecha ahora de los senadores de designación autonómica, que sólo constituyen la quinta parte del total- puede decirse que las cámaras representan “al pueblo español”, en su conjunto, aunque a través de un sistema de representatividad estrechamente asociado al territorio, dado que, según disponen los artículos 68.1 y 69.1 de la norma fundamental, la circunscripción establecida para su elección es la Provincia, que constituye, junto con los municipios y las comunidades autónomas, una de las principales piezas de la organización territorial del Estado.

Esta componente territorial que la legislación electoral impone a la representatividad de las cámaras, autoriza a hablar, aunque sea impropiamente de una representación específicamente vasca en las Cortes Generales; una categoría en la que quedarían incluidos todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones vascas. Debe precisarse, sin embargo, que la relevancia del factor territorial en la composición del Congreso y del Senado no llega hasta el extremo de que la función representativa de los electos quede circunscrita al territorio por el que cada uno ha sido elegido. En puridad legal, todos diputados y senadores representan al conjunto del pueblo español. También los elegidos en las circunscripciones vascas. En consecuencia, estos últimos están perfectamente habilitados para presentar iniciativas, debatir y votar sobre todo tipo de asuntos y materias, cualquiera que sea el ámbito territorial al que afecten. Y en lógica correspondencia, carecen, asimismo, de monopolio alguno en relación con las cuestiones y debates específicamente concernientes al territorio vasco que se susciten en Cortes.

La dimensión territorial de la representación en Cortes adquiere especial interés político en aquellos territorios en los que existen partidos de implantación exclusivamente local -sea esta de vocación nacional o regional- porque en estos casos resulta posible plantearse, como objeto de análisis, la medida en que las aspiraciones e intereses específicos de esos territorios que, al menos a priori, se supone que son defendidos con especial intensidad por las formaciones políticas surgidas de su seno, son capaces de condicionar la agenda de las Cortes Generales y, en última instancia, de influir decisivamente en su orientación política, a través del control de las mayorías.

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El pasado 13 de agosto se cumplió el quincuagésimo aniversario del inicio de la construcción del muro de Belín. Y hace muy pocos días se completaban 20 años desde que fracasó el golpe de estado que los sectores más reaccionarios de la URSS promovieron contra el proceso de reformas y de apertura política integrado en la perestroika de Gorbachov. Pese a la aureola vacacional que le rodea, el mes de agosto está preñado de hitos históricos de extraordinaria fuerza alegórica. En un mes de agosto comenzó a erigirse lo que el transcurso del tiempo convirtió en el emblema plástico de la política de bloques y de la Guerra Fría. Y en otro mes de agosto, treinta años después, se produjo el acontecimiento político que representa, simbólicamente, el principio de la desintegración soviética.

El golpe de estado contra Gorbachov convulsionó la cancillerías de Europa y del mundo. Parecían apagarse  de repente todas las tenues luces que durante los meses previos se habían ido encendiendo en las tinieblas soviéticas. Y en sintonía con las cancillerías, los medios de comunicación transmitieron a los ciudadanos  inquietantes señales de alarma y preocupación. Las ilusiones depositadas en el esfuerzo aperturista que venía desarrollando el presidente de la URSS, empezaban a desvanecerse. Sin embargo, no tardaron en manifestarse los primeros destellos de esperanza. La imagen de Boris Yeltsin encaramado a lo alto de un carro de combate y hablando a la multitud a través de un megáfono dio la vuelta al mundo. Muchos le vieron como el bauarte simbólico de la resistencia al golpe. Alguno le reprochó, tiempo después, el hecho no haber sabido bajarse del machito con la misma dignidad con la que se subió a él en los momentos más delicados del conflicto, pero ese es un grano que no corresponde moler ahora. Lo cierto es que, en los días siguientes, todos fuimos viendo con alivio y satisfacción, que la iniciativa golpista fracasaba y que el pueblo llano iba apoderándose poco a poco de la calle, para expresar su deseo de no dar marcha atrás y de seguir avanzando por la vía reformas iniciada por Gorbachov. 

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Un aspecto de la vida social y política del pueblo azerbaiyaní que apenas es conocido en Europa, tiene que ver con su intensiva presencia en la República islámica de Irán. Ya dejé anotado en la primera de las entradas que dediqué este país caucásico que, durante la mayor parte del siglo XIX, el territorio ocupado por los azerbaiyaníes estuvo dividido en dos partes; la del norte, que se encuadró en el Imperio de los zares y la del sur, que quedó adscrita a la antigua monarquía persa.

Imagen de Pishevarí en el parque de los próceres de Bakú

La revolución de octubre provocó la caía del edificio zarista, haciendo posible, con la ayuda de Turquía, la constitución, en 1918, del Estado independiente de Azerbaiyán. Pero la nueva República se erigió, exclusivamente, sobre las tierras azeríes del norte. Y tras la revolución islámica de los setenta, han pasado a depender de Irán. Las del sur, siguieron sometidas a la jurisdicción del Sha.

Cuando la URSS se anexionó el Estado de Azerbaiyán, en los años veinte del siglo veinte, volvió a editarse el mapa decimonónico: soviéticos al norte y persas o iraníes en el sur. Pero el estallido que hace dos décadas experimentó el orbe soviético, reestableció la independencia de Azerbaiyán y desembocó en la situación actual.

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