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Archive for 30 marzo 2011

Ayer se presentó un escrito en el registro del Congreso, en el que se solicita la comparecencia de Rubalcaba ante el Pleno de la cámara para que explique “la responsabilidad del Gobierno en el caso Faisán y su relación con el proceso de negociación con la banda terrorista ETA”. El escrito -casi no hace falta decirlo- está suscrito por 85 diputados del Grupo Parlamentario popular. Tampoco creo que la fecha elegida para presentarlo requiera una explicación particularmente prolija. El escrito se registra justo al día siguiente de que diario El Mundo publicara un acta, presuntamente redactada por un miembro de ETA, para recoger el tenor de las conversaciones que los delegados de la organización terrorista mantuvieron con los representantes del Gobierno de España durante el alto el fuego de 2006. Y se registra, también, el mismo día en el que el diario El País hiciera pública una partida documental con información semejante.

Como en las actas atribuidas a ETA se reflejan actitudes del Ejecutivo que permiten adivinar la existencia de una sintonía de fondo entre los interlocutores de las dos partes -los enviados del Gobierno dijeron, según el acta publicada por El Mundo, cosas como que la detención de Elosúa fue “un accidente grave, un asunto que viene del juez”, que el “los jueces se han convertido en un instrumento del Partido Popular o que “Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso y se cambió el fiscal jefe de la Audiencia”, por poner tan solo algunos ejemplos- los populares han recordado, súbitamente, que Rubalcaba se encuentra entre las liebres que los rumores de pasillos y faldones sitúan en la carrera por la sucesión de Zapatero, y han decidido emprender una campaña de erosión contra él. Una campaña en toda regla que le acusa de connivencia y complicidad con el terrorismo y concluye solicitando al mismo tiempo su comparecencia y su dimisión; cosa que no deja de extrañar, porque parece evidente que si comparece, es porque no ha dimitido aún, y si dimite, ya no puede comparecer.

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El lunes, participé en un acto organizado en Madrid por la Cámara de Comercio de EEUU en España. Se trataba de una comida-coloquio con el presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas. La última vez que el líder de CiU compareció públicamente en Madrid, publiqué un post en el que ponderaba la talla y la madurez políticas que, según mi percepción, había alcanzado tras los ocho años de desierto opositor a los que le había condenado el tripartito (Ver “Artur Mas en Madrid”, publicado el 21 de septiembre de 2010). Pero entonces tan sólo era un candidato a la presidencia de la Generalitat. Un candidato -es cierto- que había ganado en las dos elecciones anteriores y al que las encuestas auguraban, con inusitada unanimidad, un triunfo inapelable. Pero un simple candidato, al fin y al caabo.

En esta ocasión, por el contrario, comparecía como presidente de la Generalitat catalana. El presidente número 129 de esta institución, tal y como el propio Mas recalcó desde el principio de su intervención, a fin de dejar patente que “venimos de lejos, desde el siglo XIII, no hemos nacido con la Constitución española de 1978”.

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Desde que el pasado miércoles se hiciera público el fallo -ya que no la fundamentación jurídica- de la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que rechaza la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, el universo mediático se visto poblado por decenas de tertulianos y opinadores que dudan -o dicen dudar- sobre la existencia de tiempo material suficiente como para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre el asunto antes de que concluya el plazo legalmente establecido para la presentación de candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales y forales. A juicio de muchos de ellos, la presencia de Sortu en esos comicios puede darse prácticamente por descartada porque, desde hoy hasta el día 18 de abril, que es la fecha para la que han de estar registradas las listas de candidatos, no habría margen temporal bastante como para que pudiera tramitarse ante el Tribunal Constitucional el recurso de Amparo que eventualmente pudiera presentar el nuevo partido político ante la sentencia que deniega su inscripción.

Es cierto que el margen de tiempo del que se dispone es muy estrecho. Y es cierto, también, que si se agotan todos los plazos previstos en la ley para la tramitación de este tipo de recursos, sería imposible llegar a tiempo. Pero aun admitiendo que eso es así, me gustaría incorporar al debate una experiencia personal que pone de manifiesto que, si se quiere, se puede.

Ocurrió con motivo del debate sobre la toma en consideración de la Propuesta de Nuevo Estatuto que el Parlamento vasco aprobó por mayoría absoluta el 30 de diciembre de 2004. La cámara de Vitoria acordó que su defensa, ante el Congreso de los diputados, correría a cargo del propio Lehendakari Juan José Ibarretxe. Y así fue, como todo el mundo recordará. Pero entre el 30 de diciembre de 2004 y el 1 de febrero de 2005, que es la fecha en la que el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la Propuesta del Parlamento vasco, se produjo una situación muy semejante a la que ahora se da con Sortu. Semejante en las circunstancias y semejante, también, en la estrechez del marco temporal disponible. Empero, como a continuación explicaré, nada impidió que en aquella ocasión el Tribunal Constitucional se pronunciase en tiempo y forma sobre el fondo del asunto.

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Esta semana he mantenido una conversación interesante con un ciudadano andaluz que el martes vino al Congreso a explicar a los Grupos parlamentarios de la cámara una iniciativa social en cuyo impulso está sumamente interesado. La conversación, que se prolongó, después de concluída la explicación oficial, en torno a un café, se extendió sobre cuestiones políticas y personales que nada tenían que con el motivo inicial del encuentro.

Me confesó, entre otras muchas cosas, que era un antiguo votante del PSOE. Si su testimonio era cierto -y no tengo razones para pensar que no lo fuera- mi interlocutor votó a esta formación política en numerosas ocasiones y en todo tipo de citas electorales: generales, autonómicas y municipales. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando un día descubrió, con más horror que sorpresa, que el 100% del dinero público que le afectaba como ciudadano estaba siendo gestionado por los socialistas, es decir, por gentes de un mismo partido político. El alcalde de su pueblo era socialista. En la Diputación provincial, las riendas del gobierno estaban, también, en manos del PSOE. En la Junta de Andalucía, el partido de Pablo Iglesias parecía llamado a gobernar per saecula saeculorum y controlaba, en solitario, todos los resortes del poder autonómico. Y, por último, en el Gobierno central, el PSOE acumula – él solo- más años ocupando poltrona que todos los demás partidos juntos. Desde la aprobación de la Constitución, UCD+PP= 12 años/PSOE= 21 años.

“No es saludable -me dijo- confiar la gestión del 100% de los fondos públicos que te conciernen como ciudadano a un sólo partido. Y menos aún, que una situación tan monolítica, cerrada y falta de oxígeno se prolongue en el tiempo”. Mi interlocutor andaluz era partidario de que en la administración de los asuntos públicos que le afectan, intervengan manos distintas, que reflejen percepciones y sensibilidades diferentes, a fin de que el contraste dialéctico entre lo que unos promueven y los otros impulsan, de lugar a un resultado global equilibrado y razonable. El acierto nace del contraste, no del monolitismo. El pluralismo político debe reflejarse también ahí. Sin cuñas, no entra el aire fresco. Y sin aire fresco, la atmósfera acaba enviciándose. Que todos los asuntos públicos que afectan a un ciudadano -todos y a todos los niveles- se encuentren en manos del mismo partido, facilita el adocenamiento típico de las situaciones de monopolio: la falta de transparencia, el relajamiento, la indolencia y, en definitiva, el deterioro de la calidad del servicio.

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Abundan los refranes y frases célebres que hacen referencia a los manejos con los que los poderes públicos puede manipular la ley para hacerle decir lo contrario de lo que realmente dice. “Haga usted la ley, que yo haré el reglamento”, dicen que decía el conde de Romanones cuando quería alertar sobre las múltiples posibilidades que tiene a su disposición el aplicador de la ley para adulterar y/o defraudar sus mandatos. La sabiduría popular ha acuñado la expresión que se recoge en el título de esta entrada para significar algo muy parecido: que para el que está firmemente dispuesto a defraudar la ley, nunca faltarán en su articulado enganches que le sirvan de coartada para hacerlo.

Publicidad electoral del PP en el centro de Bilbao, a más de dos meses de las elecciones municipales.

Viene la reflexión al hilo de la singular interpretación que el PSOE y el PP están haciendo de los artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que regulan la actividad electoral en precampaña y campaña; unos artículos que, dicho sea de paso, han sido modificados muy recientemente. Todo empezó -lo recuerdo perfectamente- a finales del año pasado. Una diputada del PP se acercó a mi escaño para entregarme un documento que, según me explicó, recogía las propuestas que hacían los populares para reducir los gastos electorales de los partidos políticos con el fin de dar ejemplo de austeridad en estos tiempos de crisis. “Es una propuesta ambiciosa”, me advirtió, “y estamos firmemente dispuestos a llevarla adelante. Si estáis de acuerdo, perfecto. Pero si no lo estáis, peor para vosotros. La presentaremos en rueda de prensa la semana que viene y, con la que está cayendo, a ver quien es el majo que se atreve a refutarla”.

Me llamó la atención el empaque con el que me hizo el emplazamiento. Casi podía haberme dicho, evocando a los Corleone, que me iba a hacer una propuesta que no podría rechazar. Pero me sorprendió, de manera especial, el hecho de que la propuesta viniera precisamente del PP, porque siempre he tenido la sensación de que es el partido que más fondos y más libremente maneja en las campañas y precampañas electorales. Recordaba, entre otras cosas que, en los últimos comicios generales, la primera cara sonriente con la que me encontré en los paneles publicitarios de Bilbao fue, con diferencia, la de Rajoy.

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En el Pleno de esta tarde se ha debatido, entre otras cosas, la toma en consideración de una Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que venía suscrita por los Grupos Parlamentarios de CiU, PNV, ERC-ICV y Mixto (BNG y Na-bai). Es decir, por todas las formaciones que los nacionalistas españoles, agrupan bajo la común denominación de “nacionalistas”. Como si ellos no lo fueran.

Se pedía en ella que los diputados tuvieran derecho a utilizar “cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma”, tanto en los escritos que se registren en la cámara como “en las intervenciones que se produzcan en las sesiones del Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones”. Y se completaba el cuadro con la reclamación de que los ciudadanos y las instituciones que por cualquier motivo hubieran de dirigirse por escrito al Congreso de los Diputados, pudieran hacerlo igualmente “en cualquiera de las lenguas que tengan el carácter oficial en alguna de las Comunidades Autónomas”.

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Espainiako komunikabideek -eta Euskadikoak ere beste horren beste, noski- informazio zehatza eta oparoa eman digute azken egun hauetan, joan den ostiralean, Asturias-eko Tineo-n, Lopez-i eta Basagoiti-ri “Riego” saria eman izanaren inguruan. Gure artean, inork ez zekien atzora arte sari hori ematen zenik ere -zazpigarren edizioa omen da oraingo hau-, baina aurten modako bikoteari esleitu zaion heinean, zabalkunde nabarmena hartu du egitateak korrekzio politikoaren prentsa indartsuan. Eta orain danok dakigu, jakin, Lopez-i eta Basagoiti-ri ex aequo eman dioten hori, sari garrantzitsua dela -orain arteko saridunak nortzun izan diren argitu ez diguten arren- eta izena ere ponpoxoa daukala, sari bat bateatzeko izen ponpoxorik badago behintzat: “Premio a las Libertades”. Ez da gauza makala! Askatasun publikoen eta giza eskubideen defendatzailerik sutsuenak izango balira bezala.

Modako bikotea Asturias-en "Riego" saria jasotzen.

Berria irakurri dudanean, Kirikiño handiaren artikulu bat etorri zait burura; Mañaria-ko idazleak Euzkadi egunkarian 1918ko abenduaren 10ean argitaratu zuen “Geuk be didar egingo dogu” izenburuko artikulua hain zuzen ere. Artikulu horretan, bezperan Madrilen izandako manifestazio bati buruzko gogoetak egiten zituen Kirikiño-k. Zer eskatzen zuten Madrilgo manifestatzaileek? Idazleak berak dinosku argi eta garbi: “…eskatuten eben ez emoteko Kataluniari autonomiarik eta jakina, Euskadiri gitxiago bereburu izatea”. Kirikiño-ri ulertezina egiten zitzaion lurralde bateko herritarrek beste lurralde bateakoak egin behar zutenari buruzko agerpen eta eskari hain sutsuak egitea: “”Zergaitik estututen dira katalanak eta guk bakotxak geurea gura dogulako? Eurena eurentzako eta geurea be eurentzako gura ete dabe?”. 

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