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Archive for 14 abril 2012

Durante años, el 14 de abril fue para mí la fecha conmemorativa del día en el que recibí la primera comunión; en Santa María de Bermeo y con el carlista don Ginés Aretxaga como oficiante. Algún tiempo después supe que, en ese mismo día, pero 37 años antes, se había proclamado la II República; un hito histórico que algunos, ya entonces, festejaban con especial delectación. En el Instituto, ya adolescente, estudié lo que supuso aquella etapa histórica y empecé a relacionar los contenidos académicos con los relatos personales de los que la habían vivido. Todavía recuerdo la impresión que me produjo la narración de Patxi Beitia -maestro de dantzaris- cuando le oí contar que él, todavía niño, se encontraba junto a sus amigos frente al ayuntamiento de Eibar cuando se lanzó la proclama y se izó la bandera republicana.

Ayuntamiento de Eibar el 14 de abril de 1931

Un día -ya en la edad madura- sentí la tentación de consultar el libro de actas del ayuntamiento de Bermeo, con el fin de conocer -si es que un libro de actas puede suministrar alguna pista válida para ello- cómo se vivió aquella jornada en mi pueblo. Me alegré cuando comprobé que el cambio político operado aquél día, no pasó desapercibido a los bermeanos. El 14 de abril de 1931, en efecto, hubo sesión en la casa consistorial. Una sesión que, si atendemos al fumus que destila el acta, se celebró en un ambiente festivo y solemne al mismo tiempo, con la multitud congregada en la plaza, agitada y expectante.

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El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

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Durante la pasada legislatura aludí en más de una ocasión a lo que los diputados del Grupo parlamentario vasco conocemos como la “frontera nacional”. En el primer post en el que hice referencia a este fenómeno (ver “La frontera nacional”, publicado el 22.11.08) definía la frontera nacional como “la línea divisoria que se refleja en el panel [luminoso que da cuenta del sentido del voto emitido en cada escaño] en aquellas votaciones en las que los defensores acérrimos de España y sus esencias nacionales -fundamentalmente PP y PSOE, aunque ahora habría que añadirles a Rosa Díez y al diputado de UPN que ha emigrado del grupo popular al mixto- votan en coherencia con su fervoroso sentimiento patriótico y los demás diputados lo hacen en sentido contrario”.

Pues bien, hoy hemos vuelto a contemplar el mismo espectáculo. Hoy hemos visto de nuevo que el tablón trazaba la línea divisoria que evoca la frontera nacional. El cambio de la legislatura no ha alterado, por lo que se ve, las grandes líneas que enmarcan el espectro parlamentario. Ha sucedido con ocasión del debate de una Proposición de Ley del Grupo vasco, en la que se planteaba una reforma de la vigente Ley del Deporte con el fin de reconocer explícitamente la posibilidad de que las selecciones deportivas catalanas, gallegas y vascas puedan participar en competiciones y encuentros oficiales de carácter internacional.

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Mi gozo en un pozo. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma estatutaria remitida al Congreso por Les Corts de la Comunitat Valenciana (ver el post titulado “Fraternidad y buen entendimiento en el Estado autonómico español“, publicado el 6.04.12) pero no ha sido posible. El debate se ha aplazado. A través de un escrito que los portavoces del Congreso hemos conocido hoy, Les Corts han solicitado el “aplazamiento de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para una próxima sesión plenaria”. La razón que la cámara autonómica aduce para solicitar el aplazamiento es muy sencilla; argumenta que no ha designado aún a “los Diputados o las Diputadas que han de defender la Proposición”. A lo que añade que, como “la próxima sesión plenaria se celebrará el 25 de abril”, le resulta imposible garantizar el nombramiento de sus representantes para la fecha en la que estaba previsto el debate de su iniciativa; es decir, para hoy 10 de abril de 2012.

Cuando Zapatero se vio en la necesidad de torear con la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya -recuérdese que, tiempo atrás, había prometido en un acto celebrado en Barcelona que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, daría por bueno en su integridad el texto que aprobase la cámara catalana- muchos pensaron que la incomodidad que acusaban los socialistas arrancaba del hecho de que aquella iniciativa había sido impulsada para embestir contra el Gobierno de Aznar, de modo que el inesperado cambio operado en La Moncloa por las elecciones generales de 2004, había vuelto hacia ellos los vientos y tempestades que deseaban levantar con la iniciativa.

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Durante la semana de pascua que arranca con la jornada de hoy, el Congreso de los diputados dará término a la tramitación del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta misma tarde -en Madrid no es fiesta- el documento será debatido en Comisión. Y mañana, martes, el PP impondrá su hegemonía en la Mesa de la cámara para forzar, a golpe de votos, la incorporación del proyecto al orden del día de un Pleno extraordinario ad hoc que se celebrará el próximo jueves; a cuarenta y ocho horas raspadas desde el momento de la convocatoria. Las mayorías absolutas son así: el Gobierno impone su ley y obliga al Parlamento a rodar al ritmo que le interesa.

El proyecto se articula como una continuación lógica de las leyes de Estabilidad Presupuestaria que se han venido sucediendo desde el año 2001, aunque incorpora, como cabe imaginar, la ortodoxia fiscal y los rigurosos mecanismos de control que la política presupuestaria de la UE ha impuesto durante los últimos años a sus Estados miembros, en general, y a los países de la Eurozona, en particular. Se trata, por otra parte, de la pieza normativa que dejó pendiente la reforma express que el PSOE y el PP llevaroa a cabo el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.

Acertará quien sospeche que, como gran parte de las normas anticrisis que están saliendo del zurrón de este Gobierno, el proyecto al que me refiero arranca de un esquema notablemente centralista. Su texto, en efecto, diseña un modelo radial de actuación interadministrativa, en cuyo centro se sitúan las instituciones centrales del Estado: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. A ellos se reservan, de hecho el grueso de las facultades públicas relacionadas con la estabilidad presupuestria: la coordinación general del sistema (art. 10), el cálculo de la tasa de crecimiento del PIB que determinará el incremento del gasto público (art. 12), el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones públicas (art. 15), incluidas, por supuesto, las autonómicas (art. 16), el control sobre el cumplimiento de dichos objetivos (art. 17), la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que han de imponerse a las CCAA incumplidoras y para las Corporaciones locales de las CCAA autonomías que carezcan competencias en el ámbito de la tutela financiera de las entidades locales arts. 18 a 26), arbitrar los instrumentos encaminados a garantizar el principio de transparencia (art. 27)  e integrar la información (art. 28).

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Patxi Lopezek eta bere lagun minak, Antonio Basagoitik agindu bazuten, ez zuen, seguru asko, eguraldi txarragorik egingo. Euri lanbroa izan dugu goiz osoan, bota eta bota. Noizean behin, horrez ganera, zaparrada oparoa egiten zuen. Goitik eta behera busti-busti eginda uzten duten horietakoa. Eta hori guztia gutxi balitz, haize freskoa ere ez zaigu falta izan. Gailurrean batez ere. Berba bitan esateko: eguraldi eskasa izan dugu benetan. Arerioak enkarguz eskatua bezalakoa. Baina eguraldi okerra gora-behera ez dugu bazterrean utzi Aberri Eguna-ren bezperako tradizioa. Hots, Jata mendira igo eta tontorrean ikurriña jasotzeko ohiturea.

Aurten, beste behin ere, Bakio, Maruri, Meñaka eta Mungiatik igotako abertzaleok bat egin dugu Jataren puntan, lagun arteko jai giroa galdu barik ikurriñari omenaldia eskaintzeko. Basora joateko baino etxean epeletan gelditzeko eguraldi egokiagoa zegoen arren, gure etxekook, botak jantzi, euritako txamarra lodia soinean jarri eta mendiko bidea hartu dugu goizeko hamarretarako. Zumetxagatik abiatu gara Jatara. Baselizarainoko bidean ez dugu inor aurkitu. Handik gora, ordea, handik eta hemendik zetorren jendearekin batzen joan gara aldatzari aurre egiten.  

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, “a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar”.

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que “la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana”, sea equivalente “al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años”. El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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Ha sido necesario esperar hasta finales de marzo para que el Gobierno se aviniese a hacer público su proyecto de cuentas públicas para 2012. La Comisión Europea se lo había requerido en numerosas ocasiones. Su presidente, Durao Barroso había repetido hasta la saciedad que el Ejecutivo español no debía demorarse demasiado en dar a conocer su contenido. Enero ya era tarde. Febrero, extemporáneo. Y marzo, un abuso anacrónico. Hasta el mismo Rajoy había sido urgido en los Consejos Europeos a presentar el proyecto de Presupuesto con la máxima celeridad. Su publicación apremiaba -se decía- con el fin de tranquilizar a los inversores y transmitir a la UE el sosiego que reclama en medio de tanta tribulación.

Pero el Gobierno lo tenía claro. La fecha asignada para las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias -el 25 de marzo- no hacía aconsejable actuar con demasiada diligencia. Era mejor demorarse que anticiparse. El ajuste que había de experimentar el gasto era de tal magnitud, que convenía retrasar su presentación pública hasta después de que los electores andaluces y asturianos se hubieran pronunciado en las urnas. No conviene disgustar al pueblo soberano en vísperas de su convocatoria a los colegios electorales.

Y, en efecto, así ha sucedido. Cinco días después de la jornada electoral, el Ejecutivo hacía público el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2012. Y como cabía sospechar, su divulgación ha dado lugar a un aluvión de críticas. Todo ha sido discrepancia y disenso. Nadie -excepto el Gobierno y sus incondicionales, obviamente- parece estar de acuerdo con él.

Sin embargo, no todas las críticas que se le han hecho son del mismo tenor. Basta una superficial aproximación a lo que se ha dicho en estos últimos días a propósito de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, para darse cuenta de que existen diferentes maneras de oponerse a ellas. Y creo conveniente distinguir el grano de la paja, con el fin de obrar con el discernimiento necesario. Veámoslo.

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En su conocida obra Ética y Política, el profesor López Aranguren sostenía que “la moral no puede ser plenamente realizada al nivel colectivo más que por el Estado. La virtud sola -añadía- por muy social que sea, no basta ya para la producción de un orden colectivo justo. Este orden justo es impedido, o es hecho posible, por la fuerza de un sistema económico, por factores de orden técnico, por la primacía de determinados grupos sociales de presión o por decisiones de carácter administrativo político”. Desde que asomaron, allá por el año 2008, los primeros síntomas de la crisis económica que tan punzantemente nos aflige en este principio de siglo, la reflexión de Aranguren que acabo de citar ofrece un excelente utillaje argumental para afrontar el debate político desde un planteamiento crítico. ¿Están los poderes públicos actuando con arreglo a esa eticidad positiva -y no meramente restrictica o negativa- que cabe exigirles? ¿Hasta qué punto las decisiones políticas de los últimos tiempos están contribuyendo al mantenimiento de un orden social justo y equitativo?

Con este espinoso debate como telón de fondo, el viernes pasado, el Gobierno central adoptó una decisión que nos situa en el centro mismo del dilema que el conocido sociólogo Max Weber planteó entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera apela estrictamente a los principios que deben guiar la acción del político. La segunda toma en consideración las consecuencias de las decisiones políticas y descansa sobre una ponderación razonable entre los medios y los fines, a fin de evitar que una resolución adoptada atendiendo exclusivamente a los dictados de la ética de las convicciones, comporte consecuencias desastrosas de cara a la consecución de los objetivos últimos hacia los que nos deberían conducir esas mismas convicciones.

Cuando hablo de una medida gubernamental que nos remite al corazón de este dilema ético, me estoy refiriendo, obviamente, a la amnistía fiscal que el Gobierno ha colado de matute en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La medida es sencillamente insostenible desde el punto de vista de la ética de las convicciones. Nadie puede predicar in abstracto la moralidad de una decisión como la de perdonar generosamente a quien haya defraudado a Hacienda, a cambio de que compense a las arcas públicas con una aportación equivalente al 10% del valor de los bienes o derechos ocultados al fisco. Es algo -insisto en ello- rigurosamente inasumible desde una perspectiva ética. Algo radicalmente incompatible con la ética de los principios.

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