Blog de Josu Erkoreka

En el pleno del último martes, 18 de noviembre, los diputados pudimos observar, en dos ocasiones, que el panel luminoso en el que se refleja el sentido del voto emitido en cada escaño del hemiciclo -los síes se registran en verde, los noes en rojo y las abstenciones en color amarillo- trazaba lo que los diputados del PNV denominamos la frontera nacional.

¿A qué llamamos con este nombre?

A la línea divisoria que se refleja en el panel en aquellas votaciones en las que los defensores acérrimos de España y sus esencias nacionales -fundamentalmente PP y PSOE, aunque ahora habría que añadirles a Rosa Díez y al diputado de UPN que ha emigrado del grupo popular al mixto- votan en coherencia con su fervoroso sentimiento patriótico y los demás diputados lo hacen en sentido contrario.

Básicamente, la frontera nacional suele perfilarse en el panel en dos tipos de ocasiones: Cuando lo que se somete a votación es una iniciativa favorable al autogobierno de una o varias comunidades autónomas que los recalcitrantes de la unidad de España consideran que supera la línea roja de lo admisible, o cuando lo que se vota es una propuesta formulada ad maioren hispania gloriam. Un ejemplo gráfico. Cuando los diputados del PNV planteamos la transferencia a Euskadi de los centros penitenciarios, el panel marca la frontera nacional. El PSOE y el PP votan que no. Los demás que sí.

La dinámica bipolar que los grandes partidos imponen a la cámara, hace que visión de la frontera nacional no sea, para los diputados, algo cotidiano. Por lo general, tanto el PP como el PSOE prefieren formar mayorías con los restantes grupos, dejando aislado y en evidencia a su principal oponente. Son las exigencias del guión parlamentario. Pero cuando el debate -y la subsiguiente votación- versan sobre cuestiones que afectan directamente al nervio nacional o a la impenitente vocación hispana de situar al todo claramente por encima de las partes, los patriotas de la causa se dejan de bromas y reaccionan a toque de clarín: Se ponen firmes y corren solícitos a cerrar filas contra los aviesos intentos de mancillar el buen nombre o menoscabar los irrenunciables poderes de la madre patria.

El martes, como he dicho, la frontera nacional se perfiló en dos ocasiones.

En primer lugar, lo hizo con ocasión del debate sobre una proposición de Ley que procedía del Parlamento de Aragón. Con aquella iniciativa, la cámara aragonesa pretendía modificar la Ley de Aguas, para que las comunidades autónomas pudieran participar en determinados organismos de gestión de las cuencas hidrográficas de los que, hasta la fecha, están excluidas. Su objetivo era claro. Pretendía que Aragón pudiera intervenir más intensa y decisivamente en la gestión hídrica del Ebro, que es una de las principales fuentes de vida de la comunidad. Pero no era una medida circunscrita al caso aragonés. Todas las comunidades con cuencas similares podrían, de aceptarse la reforma, participar en los citados órganos de gestión. Se trataba, en definitiva, de un avance en el autogobierno. Pequeño, es cierto, pero claro.

La proposición fue aprobada en Aragón, con el voto favorable del Partido Socialista (PSOE), la Chunta Aragonesista y el Partido Regionalista de Aragón. El PP, intransigente defensor de los poderes centrales, votó en contra.

¿Qué suerte ha corrido en el Congreso?

Que el PSOE ha cambiado de opinión y ha rechazado con su voto, una iniciativa que procedía de una comunidad gobernado por él y que contó, en origen, con su voto favorable. Al PSOE le ocurre esto con frecuencia. Apoya en las comunidades autónomas iniciativas que, cuando llegan a las Cortes Generales, rechaza de plano. En esto, el PP es, por lo general, más coherente. Es justo reconocerlo. Le gusta activar desde un principio las alarmas de la defensa nacional, sin esperar a que los asuntos lleguen a las Cortes.

En esta votación, el resultado ha sido paradójico. Todos los diputados aragoneses de la cámara -alineados en las filas del PP y del PSOE, porque la Chunta perdió el escaño que ha ocupado en las dos últimas legislaturas- han votado que no a la iniciativa que procedía de su parlamento regional, porque así se lo han impuesto las direcciones de sus respectivos grupos. Y hemos sido los demás -nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, canarios e IU- los que hemos tenido que apoyarla. Chocante, pero cierto. Es más, el PSOE ha tenido en el debate dos voces: La del portavoz socialista del Parlamento de Aragón que venía a pedir el voto favorable y el portavoz del Congreso que ha defendido la posición contraria.

La segunda votación que nos ha permitido apreciar en el panel la frontera nacional, se ha producido con ocasión de una proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista con el fin de desarrollar un plan de fomento de las industrias culturales en España. Su defensa corrió a cargo de Rafael Simancas, un jacobino confeso, que nos vendió la necesidad de promover la industria cultural, como fuente de riqueza y recursos económicos, haciendo abstracción del hecho, al parecer irrelevante, de que la cultura es una competencia básicamente autonómica.

Su esquema era muy sencillo. Demasiado sencillo para un Estado complejo como es el español. España, su lengua y su cultura -nos decía- encierran un potencial que debe ser activado como motor de la economía y el desarrollo. Y en ese cometido -añadía- el Estado debe asumir un protagonismo esencial, digan lo que digan los Estatutos de autonomía. Como se ve, jacobinismo a ultranza. La iniciativa descansaba sobre una visión tan centralista, que las lenguas autonómicas cooficiales eran calificadas despecticamente como regionales.

Como era de suponer, los partidos nacionalistas argumentamos en contra de la iniciativa. Algunos -como CiU, ERC y BNG- la enmendaron. Nosotros, ni eso. Era una propuesta tan viciada desde su origen, que no merecía la pena esforzarse en corregirla. Era incorregible. Sólo cabía exigir su retirada.

Sin embargo, la propuesta se aprobó.

¿Con qué apoyos?

Con el del PSOE, por supuesto, y el del PP, que no estaba por la tarea de negar apoyos a semejante espaldarazo a la industria nacional. Nuevamente, el panel dibujó en colores el perfil de la frontera nacional. El PSOE y el PP por un lado -sin olvidar los apoyos del grupo mixto- y los demás por otro. El portavoz popular, por cierto -el santanderino Lassalle Ruiz- no desaprovechó la ocasión para darnos una coz, acusándonos, en palabras de Milán Kundera, de «provincianismo capitidisminuido que se encierra en sí mismo, porque nace del miedo a perderse en el contexto global».

Algunos, como se ve, incurren en el tópico hasta cuando citan a Kundera. Si un proyecto es español, es expresión de universalidad. Si es vasco, por contra, refleja un arcaico aldeanismo retrógrado. Esta idiotez ya la defendía García Damborenea en los setenta. Ni recurriendo al aval de un escritor checo adquiere solidez semejante simpleza.