Blog de Josu Erkoreka

Ha sido necesario esperar hasta finales de marzo para que el Gobierno se aviniese a hacer público su proyecto de cuentas públicas para 2012. La Comisión Europea se lo había requerido en numerosas ocasiones. Su presidente, Durao Barroso había repetido hasta la saciedad que el Ejecutivo español no debía demorarse demasiado en dar a conocer su contenido. Enero ya era tarde. Febrero, extemporáneo. Y marzo, un abuso anacrónico. Hasta el mismo Rajoy había sido urgido en los Consejos Europeos a presentar el proyecto de Presupuesto con la máxima celeridad. Su publicación apremiaba -se decía- con el fin de tranquilizar a los inversores y transmitir a la UE el sosiego que reclama en medio de tanta tribulación.

Pero el Gobierno lo tenía claro. La fecha asignada para las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias -el 25 de marzo- no hacía aconsejable actuar con demasiada diligencia. Era mejor demorarse que anticiparse. El ajuste que había de experimentar el gasto era de tal magnitud, que convenía retrasar su presentación pública hasta después de que los electores andaluces y asturianos se hubieran pronunciado en las urnas. No conviene disgustar al pueblo soberano en vísperas de su convocatoria a los colegios electorales.

Y, en efecto, así ha sucedido. Cinco días después de la jornada electoral, el Ejecutivo hacía público el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2012. Y como cabía sospechar, su divulgación ha dado lugar a un aluvión de críticas. Todo ha sido discrepancia y disenso. Nadie -excepto el Gobierno y sus incondicionales, obviamente- parece estar de acuerdo con él.

Sin embargo, no todas las críticas que se le han hecho son del mismo tenor. Basta una superficial aproximación a lo que se ha dicho en estos últimos días a propósito de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, para darse cuenta de que existen diferentes maneras de oponerse a ellas. Y creo conveniente distinguir el grano de la paja, con el fin de obrar con el discernimiento necesario. Veámoslo.

1.- Hay quien rechaza la propuesta gubernamental desde una actitud de radical insumisión a la política económica de la UE. Quienes así se pronuncian, nunca han sido, en realidad, partidarios de esta Europa, que nació con la vocación de constituir un mercado único. La bautizaron, despectivamente, como la Europa de los mercaderes. Marcaron distancias con las libertades fundamentales sobre las que se asienta. Embistieron sin piedad contra la libre competencia y sus efectos limitativos en la intervención de los Estados públicos en la economía. Desdeñaron el Tratado de Maastricht, la moneda única y, por supuesto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y hoy, obviamente, repudian el Pacto Fiscal que 25 países miembros firmaron el pasado 2 de marzo.

No llegan a postular el abandono de la UE, pero preconizan políticas económicas y presupuestarias que, de hecho, suponen situarse al margen de la misma. No es ni razonable ni realista -ya lo he dicho en anteriores ocasiones- pretender que el déficit presupuestario del Estado español se reduzca del 8,5% con el que se cerró 2011 al 3% en 2013. Y no lo es, de manera especial, si se tiene en cuenta que en 2012 viviremos -vivimos ya- una grave recesión. Pero más allá de lo que pueda maniobrarse para atenuar este rigor de cara al futuro, lo cierto es que, a corto plazo, el dilema es tan simple como claro: o se ajustan las cuentas públicas o se abandona la UE; opción, esta última, que inauguraría un proceso inédito de consecuencias imprevisibles. Y este es, quiérase o no, el marco en el que se mueven hoy por hoy las administraciones públicas del Estado español. No tiene sentido engañar al ciudadano, haciéndole creer que, sin retirarse del club europeo, va a ser posible, a menos a corto plazo, una política económica expansionista de gasto público creciente. Alguien lo ha sugerido en Andalucía de cara a la legislatura que acaba de comenzar. Pero no lo veo posible, francamente. Se acabaron los tiempos en los que la Administración podía cubrir las lagunas presupuestarias recurriendo a la caja de ahorros de la esquina. Y va a ser interesante asistir a la paradoja de una coalición de izquierdas gestionando un presupuesto de ajuste y recortes. No me sorprenden las reticencias con las que Sánchez Gordillo está afrontando las conversaciones con Griñán para formar Gobierno. Seguro que intuye el drama.

El problema se podría atenuar por la vía de los ingresos, no lo niego. Y ese es, probablemente, el único margen de actuación que todavía les queda a los Estados miembros en el terreno de la política económica; la UE, al menos hasta la fecha, apenas mete mano en el sistema impositivo. Pero tampoco conviene hacerse demasiadas ilusiones con los ingresos. Una de las primeras medidas del Gobierno de Rajoy consistió en incrementar la tarifa del IRPF desde un innegable esquema de progresividad. Una reforma tributaria más valiente que la que los socialistas fueron capaces de acometer durante su mandato. Las retenciones anejas a esa reforma ya se están haciendo efectivas a los perceptores de rentas. Lo percibimos mese a mes en nuestras nóminas. Mas, pese a ello, se da por supuesto que la recaudación fiscal no será suficiente como para mantener la actual estructura de gastos. Siempre queda, claro está, la imposición simbólica: las rentas de capital y los grandes patrimonios. Y no seré yo quien me oponga a su incremento. Pero también en esto hay que ser prudente y no perder de vista la experiencia acumulada. En Bizkaia se incrementó hace dos años la tributación de las SICAV y, en cuestión de meses, todas las que había trasladaron su residencia a otros territorios. El tipo impositivo subió, sí, pero la recaudación se desplomó. Hay progresías que matan. Y a partir de cierto umbral, la presión fiscal se convierte en un lastre para la iniciativa empresarial y el desarrollo económico.

2.- En segundo lugar, hay también quien, sin oponerse al marco presupuestario general, dibujado por la UE para sus Estados miembros, se enfrenta al proyecto del Gobierno porque considera que no reparte equitativamente el imprescindible ajuste entre los diferentes niveles de Gobierno. Este es, por ejemplo, el caso de CiU. No cuestionan las directrices presupuestarias fijadas por al UE ni los límites de déficit a los que se han de ajustar las administraciones del Estado español. Lo que combaten es el modo en el que ese déficit se ha distribuido entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Semejante posición ocupa, aunque desde la orilla opuesta, UPyD. Centralista compulsiva, la formación que lidera Rosa Díez cree que el grueso del déficit se lo tienen que comer las Comunidades Autónomas, haciendo posible así, que el Estado -las instituciones centrales- se eleve primorosamente sobre el fragor de la riña tumultuaria, haciendo patente su hegemonía y primacía. En Euskadi, afortunadamente, este debate apenas aflora. El Concierto Económico nos permite contar con un espacio singular y asumir nuestros propios riesgos en el terreno de las finanzas públicas.

Me importa señalar que el debate sobre el reparto territorial del déficit no se reduce, aunque pueda parecerlo, a un mero pulso identitario-territorial. Es algo más profundo. Es, también, una controversia de naturaleza jurídica, porque algunas Comunidades Autónomas tienen reconocido en su estatuto de autonomía, el derecho a que el Estado invierta anualmente en su territorio y durante un período tasado, el equivalente porcentual a su peso relativo en el PIB -Catalunya- o a su peso demográfico en el conjunto del Estado -Andalucía-. Estas previsiones se pueden incumplir, claro. De hecho, ya se han incumplido en ocasiones anteriores. Pero los incumplimientos estatutarios también se pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional. Y de hecho, el Gobierno de la Generalitat ya ha anticipado la posibilidad de plantear un recurso por este motivo. Debo reseñar, con todo, que un recurso de este tipo tendría pocas posibilidades de prosperar a la luz de lo que el alto tribunal postuló en su sentencia sobre el Estatut, a propósito del alcance y contenido de estas cláusulas financieras.

En fin, este debate tiene, igualmente, una tercera derivada de notable trascendencia y alcance. Elegir entre el Estado y las Comunidades Autónomas a la hora de asignar el esfuerzo del déficit, equivale, indirectamente, a decidir sobre qué tipo de servicios públicos se va a cargar el sacrificio del ajuste. Las Comunidades Autónomas asumen, hoy por hoy, el grueso del coste que da soporte a los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y asistencia social. Cargar el déficit sobre ellas, significa, lisa y llanamente, aplicar el recorte sobre estos servicios públicos. El Estado, por el contrario, asume otras funciones públicas -como Defensa y Fuerzas Armadas o la Casa real- que, probablemente, pueden moderar el gasto sin provocar grandes daños al sistema.

3.- En tercer lugar, la oposición a las cuentas del Gobierno se puede construir, también, sobre la base de refutar el modo en el que se han adscrito sectorialmente los recursos existentes. El Gobierno asegura que el ajuste que propone es “justo y equitativo”, pero se le puede objetar que recorta demasiado en Educación y poco en Presidencia; o que el ajuste carga las tintas en Sanidad sin apenas incidir en el Ejército. En esto, como en otras cosas, cada formación política tiene su propia valoración, que expresa y expresará, sin duda, en el debate de las próximas semanas. No es lo mismo defender las prestaciones de desempleo que las inversiones en formación profesional o en I+D+i.

Este debate sobre el reparto sectorial de los esfuerzos se solapa, en parte, con el debate sobre el reparto territorial porque, como ya se ha visto, exprimir financieramente a las Comunidades Autónomas o al Estado, significa, también, incidir restrictivamente sobre los servicios que cada ente público territorial presta a los ciudadanos en función de las competencias que tiene asignadas. Pero se trata, en puridad, de un debate formalmente distinto, que se plantea siempre que una institución pública tiene que elegir a qué destinar unos recursos inevitablemente escasos.

Como se ve, no todo es orégano en la oposición al proyecto de cuentas públicas del Estado. Y es bueno que el ciudadano asista avisado al debate de los próximos días para que no se vea arrastrado por una vorágine argumental que irrumpirá como un aluvión sin distinción ni discernimiento.