Ha sido necesario esperar hasta finales de marzo para que el Gobierno se aviniese a hacer público su proyecto de cuentas públicas para 2012. La Comisión Europea se lo había requerido en numerosas ocasiones. Su presidente, Durao Barroso había repetido hasta la saciedad que el Ejecutivo español no debía demorarse demasiado en dar a conocer su contenido. Enero ya era tarde. Febrero, extemporáneo. Y marzo, un abuso anacrónico. Hasta el mismo Rajoy había sido urgido en los Consejos Europeos a presentar el proyecto de Presupuesto con la máxima celeridad. Su publicación apremiaba -se decía- con el fin de tranquilizar a los inversores y transmitir a la UE el sosiego que reclama en medio de tanta tribulación.
Pero el Gobierno lo tenía claro. La fecha asignada para las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias -el 25 de marzo- no hacía aconsejable actuar con demasiada diligencia. Era mejor demorarse que anticiparse. El ajuste que había de experimentar el gasto era de tal magnitud, que convenía retrasar su presentación pública hasta después de que los electores andaluces y asturianos se hubieran pronunciado en las urnas. No conviene disgustar al pueblo soberano en vísperas de su convocatoria a los colegios electorales.
Y, en efecto, así ha sucedido. Cinco días después de la jornada electoral, el Ejecutivo hacía público el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2012. Y como cabía sospechar, su divulgación ha dado lugar a un aluvión de críticas. Todo ha sido discrepancia y disenso. Nadie -excepto el Gobierno y sus incondicionales, obviamente- parece estar de acuerdo con él.
Sin embargo, no todas las críticas que se le han hecho son del mismo tenor. Basta una superficial aproximación a lo que se ha dicho en estos últimos días a propósito de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, para darse cuenta de que existen diferentes maneras de oponerse a ellas. Y creo conveniente distinguir el grano de la paja, con el fin de obrar con el discernimiento necesario. Veámoslo.
Blog de Josu Erkoreka 