Blog de Josu Erkoreka

El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral«, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

En la Comisión de Hacienda celebrada el lunes, nos llevamos una sorpresa francamente negativa, al comprobar que la promesa que tantas veces habíamos arrancado al ministro Montoro de no menoscabar la foralidad en el campo tributario y financiero, se evaporaba como el agua hirviendo ante la férrea e inamovible actitud del Grupo Popular, que se negaba a aceptar nuestra enmienda, alegando que el período vacacional de la semana santa, no les había dado ocasión para abordar monográficamente la cuestión con la profundidad que el asunto requiere. Aquél era un pésimo augurio. Algo no marchaba bien. Por regla general, las enmiendas que la mayoría parlamentaria está dispuesta a aceptar suelen incorporarse al texto del proyecto en los trámites de Ponencia y Comisión. Rara vez se dejan para la sesión plenaria. Y la cerrada actitud de los diputados populares apuntaba claramente en esa dirección: nada se iba a resolver antes del Pleno. Todos los indicios parecían indicar que nos encontrábamos ante un intento consciente y voluntario de agredir el Concierto Económico y al Convenio. Protestamos, evidentemente, pero la granítica pared de la mayoría absoluta nos respondió, inmutable, con el eco de nuestra propia protesta.

Al día siguiente mantuvimos un encuentro con los servicios técnicos del ministerio de Hacienda. Durante la conversación pudimos comprobar que, efectivamente, nuestras sospechas no eran infundadas. El texto propuesto por el Gobierno no era fruto de la casualidad o de la improvisación, sino la clara manifestación de una estrategia inequívocamente orientada a constreñir el ámbito de la singularidad foral en el terreno de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Una estrategia diseñada por la abogacía del Estado, desde un perceptible impulso centralizador. Invocaban, en defensa de su propuesta, que el enganche constitucional de la nueva norma no son las reglas de la carta magna que reservan al Estado la competencia en el ámbito de la Hacienda general y la ordenación general de la economía, sino el reformado artículo 135 de la Constitución. El de la reforma Express, que los socialistas y los populares pactaron el verano pasado. Ya denunciamos entonces el peligro de que la reforma pudiera utilizarse en perjuicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas y de las instituciones forales.

No creo necesario describir pormenorizadamente todos los contactos y conversaciones que estos días hemos mantenido con los populares para trasladarles nuestra inquietud y advertirles de que un paso atrás como el que encerraba el texto del proyecto iba a ser considerado por nosotros como una auténtica declaración de guerra, que ensombrecería las relaciones futuras. Fueron, ciertamente, intensos y vehementes. Y he de reconocer que durante el proceso contamos con la complicidad de Alfonso Alonso. A cada uno lo suyo. Finalmente, el Gobierno cedió a la presión, tras un tenso pulso con los abogados del Estado que habían urdido la maniobra. El miércoles por la noche nos comunicaron que nuestra enmienda iba a ser aceptada en el Pleno el jueves. Eso nos tranquilizó, evidentemente, pero no por ello bajamos la guardia. En este tipo de situaciones conviene mantenerse despierto y vigilante hasta el final.

A partir de ese momento, los populares quisieron poner en valor su gesto y desplegaron toda una estrategia de presión para que votásemos a favor de la Ley. Pero nuestra posición estaba muy meditada. Y como estaba previsto, en la votación sobre el dictamen, nos abstuvimos. Venimos de votar que no a la reforma del artículo 135 de la Constitución. No porque el control del déficit nos parezca, en sí mismo, algo negativo -más bien todo lo contrario- sino porque nos parece disparatada la necesidad de hacerlo a través de las norma más rígida del ordenamiento jurídico. Pero desde entonces han pasado cosas que han ido matizando nuestro punto de vista. Entre otras, veinticinco Estados miembros de la UE han firmado un Tratado de Estabilidad que diseña un esquema muy riguroso para el control de las finanzas públicas. Se trata de una apuesta colectiva pora la austeridad presupuestaria, que sería absurdo desconocer. Cuando el Tratado entre en vigor, dentro de unos meses, ese esquema constituirá el marco inexorable al que habrá de ajustarse la acción de todos los poderes públicos de la UE. A nuestro juicio será necesario completarlo con otras herramientas encaminadas a estimular el crecimiento, pero no por ello habremos de cerrar los ojos ante una ola europea que empuja con fuerza para avanzar en la integración, aunque no lo haga en los términos y condiciones que para nosotros serían más satisfactorios.

Pero el relato de lo ocurrido no puede concluir aquí. Todavía hay más. Cuando llegó el momento de la votación en Pleno, el diputado del Grupo Popular que tiene encomendada la tarea de comunicar a sus compañeros el sentido del voto, se equivocó -quiero creer que fue así- y pidió que se votase negativamente a nuestra enmienda foral. En ese momento, la tensión se hizo patente. Mientras transcurrían los segundos reglamentariamente previstos para que los diputados accionen el mecanismo automático dispuesto por la cámara para emitir el voto, les hicimos ver a voz en grito que se estaban equivocando. Pero no parecían darse cuenta. Nos miraban con cara de estupefacción, como preguntándose a que obedecía aquél alboroto. Estaban en la idea -según nos refirieron después- de que la enmienda relativa a las singularidades del Concierto era una transaccional que se iba a votar inmediatamente después. Pero no era así. En la enmienda foral no había transacción alguna. Lo que habíamos acordado era que se aceptase nuestra enmienda -la registrada con el número 10- en sus propios términos. Por un momento sentimos con pesadumbre que todo el esfuerzo que habíamos desplegado a lo largo de la semana para que nuestra enmienda fuera aceptada, se transmutaba, en cuestión de segundos, en una profunda frustración. Y el panel de votaciones lo confima: votos emitidos, 313; a favor, 125; en contra, 181; abstenciones, 7. «Queda rechazada», sentencia el presidente.

¿Cómo había podido ocurrir algo así?

Nos cruzamos fugaces llamadas telefónicas: “¿Pero, qué habéis hecho? ¡Habéis votado que no a la enmienda pactada!”; “Perdonad, pero no nos hemos dado cuenta”; “Bueno, no importa»; «¿Cómo que no?; «Reconocemos públicamente que ha sido un error y lo corregimos en el Senado”; «¿En el Senado? ¿No es posible corregir el error en esta misma sesión?»; «Parece que no»; «¿Seguro?»; «No lo sé; lo miramos».

En esas estábamos cuando Pedro Azpiazu se da cuenta de que hay una enmienda idéntica a la nuestra, registrada por el Grupo Socialista, que todavía no ha sido sometida a votación. La identificamos enseguida. Es la  176. Se lo comunicamos de inmediato a la dirección del Grupo Popular y lo anotan. Aitor Esteban pide la palabra y se lo hace saber al presidente: «Siento interrumpir la votación pero hay un asunto importante. Nos gustaría que una enmienda del Grupo Socialista que no se había señalado para que se votara separadamente se pueda votar separadamente, es la 176».

Ya está resuelto el problema. Y efectivamente, cuando le llega el turno a la enmienda 176 de los socialistas, se vota separadamente y obtiene el apoyo mayoritario de la cámara: votos emitidos 313; a favor, 300; en contra, 5; abstenciones, 8. «Queda aprobada». Los cinco votos en contra corresponden a las huestes parlamentarias de Rosa Díez. Las abstenciones procedente de la bancada de Izquierda Unida.

Costó, pero finalmente entró.

Solamente resta ya el trámite del Senado.