Blog de Josu Erkoreka

Hace unas semanas, se celebraba -y en algunos casos se denostaba, todo sea dicho- el 80 aniversario de la proclamación de la II República. Pocos días después, se conmemoraba el 74 aniversario del bombardeo de Gernika, que constituye un hito histórico especialmente destacado en el violento proceso de erradicación del régimen republicano en el territorio vasco.

Al calor de ambos acontecimientos, he tenido acceso a un libro elaborado por la sociedad de ciencias Aranzadi –en la ficha inicial figuran como autores del mismo, Ana Beledo, Iñaki Egaña, Cristina Martín y Montse Zato- y recientemente publicado por las Juntas Generales de Gipuzkoa. Su título es: Gipuzkoa. De ayuntamientos republicanos a franquistas, 1936-1937. Muy sintéticamente, esta interesante obra recoge una ficha por cada municipio gipuzkoano, en la que se consigna, entre otros datos de carácter socio político e institucional, la composición de la última corporación republicana y la del Ayuntamiento o equivalente constituido tras la irrupción de los ejércitos de Franco. El examen comparado arroja resultados curiosos. En algunos municipios –principalmente en aquellos en los que las elecciones generales de febrero de 1936 dieron el triunfo a la Coalición Antirrevolucionaria; casi una trintena en Gipuzkoa- apenas se aprecian diferencias personales entre la corporación entrante y la saliente. En otros casos, por contra, el cambio fue más traumático. La renovación es total y los miembros del Ayuntamiento destituido son perseguidos, encarcelados y hasta ejecutados.

La lectura del libro –uno de sus promotores me dijo que estaban trabajando un proyecto idéntico en Bizkaia- me ha llevado a repasar los apuntes que hace años tomé en el archivo de Bermeo, con el fin de repasar el modo en el que evolucionó la composición de la corporación municipal entre 1931 y 1936, así como la convulsión que produjo en el Ayuntamiento la entrada en el pueblo de las Flechas Negras de Mussolini, con su aparatosa simbología totalitaria y antipluralista. El recuerdo de este período reviste particular sentido en estos días, porque la ocupación de Bermeo por las tropas rebeldes tuvo lugar en el tránsito del mes de abril al de mayo de 1937. Precisamente el día 3 de mayo -es decir, ayer mismo- se cumplieron 74 años de la constitución de la Junta Vecinal, se supone que afín al alzamiento, que asumiría el gobierno municipal de la villa durante los primeros meses de la era de Franco. He aquí el repaso histórico de los acontecimientos que deseo destacar:

Las elecciones de abril de 1931

En las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, las que provocaron la huida de Alfonso XIII y la irrupción de la II República, el PNV obtuvo, en Bermeo, un triunfo sin paliativos. Consiguió nada menos que 13 de los 19 concejales que integraban la Corporación: Nicolás Laiuno, Marcelino Monasterio, Agapito Anduiza, Dionisio Bilbao, Juan José Arenaza, Florencio Basterretxea, Gonzalo Albaina, Juan Bautista Maturana, Lorenzo Anasagasti, Francisco Basterretxea, Julián Uriarte, Tomás Arketa y Dámaso Madariaga. De los 6 restantes, 4 correspondieron a la Liga de Acción Monárquica −Santiago Etxebarria, Juan José Anasagasti, Cosme Luzárraga y Martín Lejarraga− y los 2 últimos, al Bloque Antimonárquico: Gonzalo Nárdiz y Cosme Ibarlucea, ambos de ANV.

Dos días después de los comicios, el 14 de abril, los concejales electos se dejaban arrastrar por el entusiasmo que la proclamación de la República estaba difundiendo por todo el territorio peninsular, y forzaban la constitución de la nueva Corporación, invitando al alcalde saliente, Calixto de Luzarraga, a que convocase de inmediato una reunión plenaria, con objeto de hacer efectiva la toma de posesión de los nuevos ediles.

La sesión se celebró a las 10 y cuarto de la noche, y dio remate a una concurrida manifestación popular que, tras recorrer diversas calles de la villa, gritando ruidosamente consignas a favor del cambio político, desembocó en la plaza en la que se ubica la casa consistorial. A la reunión plenaria, que congregó a la mayoría de los concejales elegidos, junto con algunos integrantes de la corporación anterior, no asistieron, por “causas desconocidas”, los electos de ANV Gonzalo Nardiz y Cosme Ibarlucea. Tampoco estuvieron presentes los peneuvistas Lorenzo Anasagasti y Dámaso Madariaga, pero en el caso de estos dos ediles, el acta especifica que su asusencia se debía al hecho de que eran labradores que residían “lejos” del caso urbano». Su inasistencia estaba, pues, plenamente justificada.

El alcalde saliente Calixto Luzárraga cedió la presidencia al concejal electo de más edad, que resultó ser Tomás Arketa –más conocido en Bermeo como Tomas Galdu. Arketa dio lugar a la elección de los cargos del ayuntamiento, saliendo elegidos los siguientes:

Alcalde: Nicolás Layuno
1º Teniente Alcalde: Florencio Basterrechea
2º Teniente Alcalde: Gonzalo Albaina
3º Teniente Alcalde: Cosme Ibarlucea Etxebarria
4º Teniente Alcalde: Julián Uriarte Goitia

Esta solemne sesión, concluyó con una serie de acuerdos no menos solemnes:

“Por unanimidad se acordó reconocer la República Federal y colaborar a su consolidación; reclamar el reconocimiento del Estado republicano vasco dentro de la mencionada Federación. Izar en el balcón de la fachada principal las Banderas de la República española y del Estado republicano vasco, izamiento que se llevó a cabo seguidamente en lo referente a la insignia vasca entre atronadores aplausos del pueblo y disparo de cohetes, dejando de levantar la bandera de la República española por no disponerla de momento, según se manifestó al público.
También por unanimidad se acordó descolgar el retrato del ex rey don Alfonso, que pendía sobre el sitial presidencial, acuerdo que se llevó a efecto en el acto”

Pero la Corporación electa, estuvo sometida desde el principio a notables cambios. El alcalde, Nicolás Layuno, tan sólo presidió dos sesiones plenarias: las celebradas los días 21 y 28 de abril. A partir de ese día, los plenos se celebran bajo la presidencia de Florencio Basterretxea al que las actas se refieren como “suplente del propietario”. Las modificaciones no concluyeron ahí. En la sesión del día 28, el concejal de ANV Gonzalo Nardiz, que se estrenaba como mandatario electo en aquél pleno, tomó la palabra para expresar su protesta por la defectuosa constitución del Ayuntamiento. La Corporación, según su queja, no se había constituido con arreglo a la ley. Y, sin extenderse en más detalles sobre las razones en las que basaba su denuncia, abandonó el salón de plenos. Los militantes de ANV no estaban satisfechos con los resultados obtenidos y esa era la forma que tenían de expresar su contrariedad. Estaban convencidos de que, en caso de repetirse las elecciones −con una República formalmente proclamada y una monarquía definitivamente arrumbada−, sus resultados mejorarían ostensiblemente, en detrimento de los dinásticos e incluso del propio PNV. Los electos del Bloque Antimonárquico estaban dispuestos a impulsar las medidas que fuesen necesarias para mejorar su representación en el Ayuntamiento, a costa de quien fuese.

Sin embargo, la denuncia formal de Nardiz no se hizo patente en el pleno hasta un mes después, cuando el Ayuntamiento recibió un oficio firmado por el gobernador civil, en el que se daba cuenta de la protesta presentada contra la validez de las elecciones celebradas y anunciaba la necesaria repetición de los comicios en las circunscripciones de “Villa” y “San Francisco”. No así en la de “Escuelas”, donde el desarrollo del sufragio no había sido objeto de impugnación alguna. La resolución del gobernador disponía que Monasterio, Anduiza, Bilbao, Arenaza, Nardiz e Ibarlucea, “que fueron elegidos concejales por el último de los distritos mencionados (Escuelas) continúen ostentando la representación de ese Ayuntamiento hasta tanto se celebren nuevas elecciones municipales”. En los otros dos distritos, se habían de repetir los comicios.

A la vista del requerimiento, Basterretxea decidió abandonar el pleno, visiblemente enojado, dejando como alcalde a Marcelino Monasterio. No sin razón, los jeltzales acusaron a los militantes de ANV −singularmente a Ispizua, Nardiz y Cosme Ibarlucea− de haber maniobrado con malas artes, hasta conseguir que el gobernador civil, afín a sus posiciones, acordase suspender las elecciones, con la esperanza de que una nueva convocatoria electoral fuera a beneficiarles claramente. La decisión del gobernador generó una gran tensión en la villa, donde se sucedieron protestas, manifestaciones y actos públicos de hostigamiento contra los ediles de ANV. En alguna ocasión he recogido testimonios de gente que vivió personalmente aquellos acontecimientos y recordaba que una nutrida manifestación siguió hasta su casa a Gonzalo Nardiz, al grito de «fuera ese negro». Conviene recordar a este respecto que era un hombre de pelo azabache y tez morena.

La repetición de las elecciones en mayo de 1931

La nueva cita con las urnas tuvo lugar el 31 de mayo. Pero en esta ocasión, el PNV reforzó más aún sus posiciones, aunque también el Bloque Antimonárquico, que fue quien impulsó la jornada electoral, resultó claramente beneficiado por la ausencia de los dinásticos. La formación jeltzale sumó 14 concejales. Repitieron todos los elegidos el 12 de abril, a los que se sumó el conocido nacionalista Ruperto Ormaza. Los 5 restantes fueron para el Bloque: 4 de ANV −Nardiz, Ispizua, Julián Asteinza y Eugenio de Letona− y un republicano, Publio Zulueta. En esta ocasión, como se ve, José Manuel Ispizua -líder histórico del PNV de Bermeo pero, al mismo tiempo, fundador de ANV- resultó elegido concejal, con un apoyo en las urnas sensiblemente superior al obtenido mes y medio antes. Sin embargo, no pudo repetir cargo el afamado patrón Cosme Ibarlucea -también conocido como Cosme Guapo o por el mote familiar Bizkaia– que, pese a incrementar sus apoyos, no alcanzó el número de votos suficiente para participar en el reparto de concejalías. La proverbial mordacidad de los jeltzales bermeanos, le dedicó una canción burlesca, en la que se hace mofa del hecho de que se había visto obligado a abandonar el Ayuntamiento sin siquiera haber tenido ocasión de sentarse en el sillón que le correspondía. Recuérdese que en la primera sesión había sido elegido teniente alcalde, pero que, en el marco de la protesta desarrollada por ANV por la defectuosa constitución del Ayuntamiento, no había asistido a una sola de las reuniones de la corporación. Y finalmente, resultaba ser víctima de la ambición con la que había actuado su partido.

Cosme guapo, guapo, guapo
juen da Aintamientora
sillen jesarri orduko
bota dauie kanpora

La nueva Corporación se constituyó el día 5 de junio. En esta ocasión, resultó elegido alcalde directamente Florencio de Basterretxea, con 13 votos a favor y 4 en blanco. Vista la composición del pleno, cabe suponer que los que votaron en blanco fueron los aeneuvistas Gonzalo Nardiz, José Manuel Ispizua y Eugenio Letona, junto con el republicano Publio Zulueta. El nuevo alcalde que, como hemos visto, ya había ejercido como tal en el periodo entre elecciones, era hermano de Francisco de Basterretxea quien, poco después, saldría elegido diputado a Cortes en la candidatura pro-Estatuto.

Pero las tensiones entre el PNV y ANV no cejaron con la repetición de las elecciones y la constitución de la nueva corporación. El acta correspondiente al pleno de 24 de agosto de 1931, registra un nuevo incidente que da cuenta de lo poco engrasadas que estaban las relaciones entre ambos partidos.

“El señor Nardiz −anota el acta− merecida la venia de la Presidencia, abandonó el Salón. La Presidencia lementó sentidamente que los más de los representantes de la minoría o minorías en la Corporación dejen de asistir con frecuencia a las sesiones o se retiren de ellas sin causa apreciable, privando de esta suerte al municipio de la colaboración y de las luces tanto personales como de la minoría o minorías a que representan”

La suspensión del Ayuntamiento y su sustitución por una Comisión Gestora.

A principios del mes de octubre, el gobernador civil acordó abrir un expediente sancionador al alcalde nacionalista de la villa, Florencio de Basterretxea, bajo la acusación de que no había asistido “a cumplimentar al Delegado de la Autoridad Gubernativa” a una fiesta que el Círculo Republicano de la localidad había organizado días atrás, “para hacer entrega de una bandera republicana al puesto de la Guardia Civil”. Hoy nos parece mentira que un hecho como el descrito, que podría constituir una falta de educación, de respeto o de delicadeza, pero nunca una causa de inhabilitación, pudiera dar lugar a la apertura de un expediente gubernativo, pero la legislación de la época permitía este tipo de expeditivas actuaciones contra las autoridades municipales. La autonomía local era poco más que una proclama retórica de la Constitución de la II República, que se había dotado de poderes exorbitantes para garantizar su supervivencia.

Iniciado el expediente, el alcalde alegó en su defensa que, si no había asistido al acto, fue por “no haber tenido invitación especial, pues sólo llegó a su poder una carta de la Agrupación Republicana de la localidad, organizadora del acto, en la que se le daba cuenta del mismo y de haber sido invitados el gobernador y las autoridades miliares, así como pidiendo la asistencia de la Banda Municipal a lo que accedió”. Todo parecía una encerrona urdida por la oposición, con el propósito de incomodar al alcalde creando una situación favorable a las fuerzas republicanas de la villa. Pero el expediente prosperó y el 31 de enero de 1933, el ministro de la Gobernación resolvió suparar del cargo a la primera autoridad municipal.

Paralelamente, el gobernador civil inició, también, un expediente de suspensión contra el conjunto de la Corporación, por los disturbios que presuntamente promovieron los ediles nacionalistas, con ocasión de la visita oficial que el propio gobernador cursó a la villa el día 21 de octubre.

La decisión del gobernador civil fue recibida como una bofetada en las filas del PNV, que promovió ruidosas protestas en los días siguientes. Tres concejales nacionalistas de la villa, Juan B. Maturana, Julián Uriarte y Tomás Arketa, elaboraron un escrito de queja en el que, “como bizkainos y republicanos vascos fieles a la historia de su patria Euzkadi”, expresaban su deseo de que “en ella impere, como en sus constituciones nacionales, la más justa democracia política” y arremetían contra el propósito de destituir a los ayuntamientos constituidos por el art. 29 “por entender que son los legítimos representantes de la soberanía del pueblo que conforme con su elección los proclamó sin lucha”; crítica que formulaban con más vehemencia aún si cabe, en el supuesto de que

“los expresados ayuntamientos fueran sustituidos por unas antidemocráticas y consiguientemente antivascas comisiones gestoras, porque ello significaría menosprecio de la voluntad del pueblo a quien debe consultarse en las urnas electorales para que solo y libremente confiera su representación”

Pero nada pudo hacerse. El 1º de noviembre de 1932, el gobernador civil de Bizkaia, José María Amilibia, decretó la suspensión provisional del Ayuntamiento de Bermeo y designó a los vecinos que habían de integrar la Comisión Gestora, en calidad de concejales interinos. Hoy sería inconcebible que una resolución administrativa acordase dejar en suspenso a cargos municipales elegidos en las urnas. Pero el marco jurídico de defensa de la República permitió la adopción de este tipo de decisiones. El nombramiento recayó sobre hombres afines al ideario izquierdista y republicano como Pablo Balza, Pascual Tellería, Higinio Ereñozaga, Justo Echevarría, Julián Portuondo, Sabino Goyenechea, Joaquín Valles, José Pérez Nanclares, Francisco Bilbao Astuy y Pedro Garmendia Sasiain. Pero no todos aceptaron el nombramiento. La tensión social era palpable. En la calle, se sucedían las protestas de los nacionalistas, denunciando airadamente el atropello. Las izquierdas querían servirse de la privilegiada relación que mantenían con el gobernador civil para poner a su gente en el gobierno municipal, quebrando la voluntad popular expresada en las urnas.

El Ayuntamiento interino se constituyó los días 1 y 2 de noviembre, ante el delegado del Gobierno civil, Antonio Moreno Gutiérrez. Al acto asistieron los siguientes vecinos:

Joaquín Vallés
Sabino Goyenechea
Julián Portuondo
Justo Echevarría
Higinio Ereñozaga
Pascual Tellería
Luis Bascaran
Pablo de Balza

Gonzalo Nardiz y Santiago Uribarri, excusaron su asistencia. Efectuada la votación, resultó elegido alcalde Justo Echevarría y tenientes de alcalde Tellería, Bascaran y Portuondo. Pero al día siguiente -muestra evidente de la tensión que se vivía en el pueblo- Echevarría renunciaba al cargo “por motivos de delicadeza” y era sustituido en la suprema magistratura municipal por Pablo Balza.

Los concejales electos negaron rotundamente la acusación de la que fueron objeto para justificar su suspensión, pero no pudieron impedir que se aplicase la drástica medida. La legislación de excepción de la II República era francamente dura. Permitía excesos y demasías cercanos a la arbitrariedad. Pero el hostigamiento de la corporación local bermeana, no era un capricho personal del gobernador civil. Respondía, según parece, a una estrategia urdida desde el Gobierno de la República, desde donde el socialista bilbaino, Indalecio Prieto, que ocupaba el Ministerio de Obras Públicas, lanzó una batalla sin cuartel con el objetivo de neutralizar el nacionalismo vasco. Por esta época, apenas había socialistas en Bermeo. La organización socialista local era muy débil y su apoyo electoral, más bien precario. Pero Prieto se empeñó en recuperar lo que las urnas le negaban, prevaliéndose del cargo que ostentaba en Madrid, para volcar a su favor las preferencias electorales de los bermeanos. Alguien podría pensar que son muy parecidas las estrategias que están llevando a cabo los socialistas actuales, para lograr con la ayuda de la ley aprobada y aplicada en Madrid, los cargos y responsabilidades públicas que las urnas les niegan en Euskadi. A tal propósito, el histórico líder socialista bilbaino adoptó dos tipos de medidas.

Por una parte, se sirvió del gobernador civil de Bizkaia, José Mª Amilibia, para suspender el Ayuntamiento democráticamente elegido, de mayoría nacionalista, y poner en su lugar un conjunto de gestores, designados, gubernativamente, entre personas ideológicamente afines. A Amilibia le tocó desempeñar un papel patético, que en nada contribuyó a su promoción política. Al final de sus días –murió trágicamente en un inesperado accidente de tráfico- los bermeanos le dedicaron una canción en la que se le recordaba que “el asunto de Bermeo iba a ser su perdición”.

Amilibia, Amilibia
ya te lo decía yo
que el asunto de Bermeo
iba a ser tu perdición
………

Evidentemente, la suspensión gubernativa del gobierno local bermeano, no pasó inadvertida. En el pueblo se sucedieron protestas y manifestaciones que fueron duramente reprimidas y acabaron con detenciones y encarcelamientos. Cuando los diputados nacionalistas se quejaron ante el presidente de la República por la feroz represión que el gobernador ejercía sobre ellos, “en beneficio de los socialistas y de la UGT”, Azaña escribió en su Diario una nota que deja entrever la importancia que los manejos de Prieto revestían en la génesis de aquella situación:

“Lo que estos hombres me dicen coincide con lo que afirma Casares, y es que el gobernador de Bilbao sigue la táctica que le aconseja Prieto, cuya aversión a los nacionalistas es conocida”.

Pero no contento con privar a los bermeanos del alcalde y los concejales que habían elegido en las urnas, Prieto maniobró, también, arteramente, con motivo de la construcción del ansiado y repetidas veces reclamado rompeolas que hoy, todavía, protege el puerto de los embates de la mar. Invitó a su despacho de Madrid a una comisión de republicanos y socialistas procedentes de Bermeo e hizo creer a la opinión pública que fue aquella aislada gestión de las izquierdas bermeanas, la que decidió al Gobierno a emprender los trabajos del muelle exterior. Cuando las Cortes aprobaron el presupuesto que iba a financiar la obra, el diputado nacionalista Francisco de Basterretxea, natural de Bermeo, tomó la palabra para transmitir al Gobierno “el agradecimiento de la villa” por aquella trascendental decisión. Pero Prieto, presente en la sesión, reaccionó como un resorte y replicó:

“me interesa declarar ante la Cámara que el Gobierno, para traer este proyecto de ley, no ha recibido más sugestiones que las de una Comisión de elementos democráticos de la villa de Bermeo que sostienen allí una lucha feroz que les han planteado los elementos nacionalistas […] solamente a impulsos de las izquierdas de Bermeo, porque otros no han llegado al Gobierno, ni ahora ni antes, es por lo que está sobre la mesa pendiente de aprobación ese proyecto”.

La puesta en escena fue perfecta. El mérito de la obra, correspondía, en exclusiva, a los escasos socialistas y los republicanos de la villa. Los nacionalistas nada habían hecho por su consecución. Entonces, Prieto aprovechó la ocasión de visitar Bermeo a recibir el aplauso de los vecinos aunque, en honor a la verdad, se haya de reconocer que no todos le recibieran con gestos de simpatía. De aquella época data la poco decorosa canción con la que los nacionalistas de Bermeo evocaban la figura de Prieto:

«El rey estaba cagando

y no tenía papel,

llegó Indalecio Prieto

y se limpió el culo con él»

De los avatares de este viaje da cumplida cuenta Azaña en sus Diarios. Tras los actos celebrados en Bilbao, donde visitó el Casino Republicano y el Centro de Acción Republicana, cenando en los locales de la sociedad El Sitio, hizo una gira por la provincia, donde visitó Durango, Markina, Ondarroa, Lekeitio, Sukarrieta y Bermeo. Al llegar a este punto, el líder republicano hace gala de sus conocidas dotes para la ironía y observa:

“Muchas ovaciones en todas partes. Pero lo extraordinario fue el recibimiento en Bermeo. Estéticamente, no he visto nada comparable. Todas las calles que van al puerto, atestadas de gente. Banderas. Flores. Masas negras gesticulantes y gritando. Sobre todo, las hembras. Los vaporcitos del puerto nos atronaban con las sirenas. El estrépito llegó a ser tal, que no oíamos los vivas y gritos de la multitud, y sólo veíamos las bocas abiertas y las manos agitándose en el aire. La tarde, esplendorosa.
Los nacionalistas, retraídos. El diputado Basterrechea me envió una carta al Ayuntamiento, diciéndome que en el silencio que con dignidad vasca guardaba Bermeo, él levantaba su voz para protestar, etcétera, etcétera. Si a eso le llaman silencio, qué será ruido en Bermeo […] En Bermeo nos hicieron hablar desde el balcón del Ayuntamiento. Prieto se arrancó con un discurso de media hora. Domingo y yo despachamos con cuatro generalidades”.

Pero, ni aun recurriendo a estos procedimientos, consiguió el líder socialista alterar las preferencias políticas de los bermeanos. Cuando estalló la guerra civil, las fuerzas nacionalistas seguían siendo en la villa pesquera tan hegemónicas como en los primeros años de la República.

El Decreto del Gobierno vasco de 16 de noviembre de 1936

Una vez constituido el Gobierno vasco, en octubre de 1936, el Departamento de Gobernación se planteó la conveniencia de cubrir las vacantes existentes en las corporaciones municipales del territorio situado bajo su jurisdicción. Recuérdese que no se habían celebrado elecciones municipales desde 1931 y que gran parte de las corporaciones elegidas por el pueblo habían sido suspendidas por la autoridad gubernativa, para poner en su lugar comisiones gestoras ideológicamente afines al Ejecutivo. 

El Decreto de 16 de noviembre de 1936 pretende, también, poner el fin al periodo transitorio marcado por la constitución, en los días inmediatamente posteriores a la sublevación, de las conocidas como juntas locales de defensa. En Bizkaia, la Junta de Defensa constituida en Bilbao, integrada por representantes de las organizaciones políticas y sindicales contrarias a la sublevación, asumió los máximos poderes, encargándose de las decisiones más urgentes que la contienda planteaba en relación con la defensa del territorio, la preservación del orden público o el abastecimiento de la población.

En los municipios más importantes de la provincia, se constituyeron juntas de defensa locales, que actuaban como delegaciones de la principal, situada en Bilbao, integrándose de la misma manera. Como señala el preámbulo del Decreto, las Juntas fueron inicialmente concebidas para “auxiliar al ramo de Guerra”. Sólo para eso. Pero al asumir esas funciones, que en pleno fragor de la contienda, revisten una transcendencia especial, “absorbieron necesariamente trabajos y cometidos que en épocas normales corresponden a organismos civiles”. De suerte que, aun cuando “las funciones administrativas de las Corporaciones municipales subsisten en principio, en cuanto pueden ser realizadas sin entorpecer los trabajos relacionados con la guerra, en la realidad, la actividad administrativa de los municipios −sentenciaba el Decreto− se halla notablemente decaída”.

Pero una vez salvada la transitoriedad originada por el inicio de la guerra, se trataba de “devolver a los Ayuntamientos vascos sus prestigios al reintegrarles en la totalidad de sus funciones”. Ese era el principal objetivo que perseguía el Decreto. A tal efecto, el Gobierno vasco dispusto la disolución de las Juntas de Defensa local, pasando a las Alcaldías y Ayuntamientos las facultades que habían venido desempeñando.

Para la completa e inmediata integración de los Ayuntamientos vascos, el Decreto disponía la continuidad, en sus cargos de “los concejales de elección popular que no hubiesen sido destituidos” y el inmediato cese de “lo concejales gestores donde los hubiere”. Con respecto a las vacantes que se hubiesen podido producir, establecía que

“se cubrirán por candidatos propuestos por el Frente Popular y Partido Nacionalista Vasco, en proporción al número de votos obtenidos por ambas organizaciones en las últimas elecciones a Diputados a Cortes […] otorgando siempre a la minoría la representación mínima del treinta y cinco por ciento”

Para cumplimentar el procedimiento, la Orden del Consejero de Gobernación de 18 de noviembre de 1936, establecía que los Partidos Políticos señalados en el Decreto habían de proceder, en los respectivos municipios, a “la designación de los candidatos que han de cubrir los puestos vacantes en las Corporaciones”. Una vez conocidos, las alcaldías cursarían los nombres propuestos “a la mayor brevedad, a la Dirección General de Administración Local”

La aplicación del Decreto en el Ayuntamiento de Bermeo

La Corporación municipal bermeana tuvo conocimiento del Decreto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. El acta correspondiente al pleno de 19 de noviembre, da cuenta de que se comunicó a los ediles el contenido del Decreto, aunque nada se acuerda proveer por el momento. Casi un mes después, el alcalde se excusaba ante los concejales por no haber podido dar cumplimiento al Decreto, argumentando que había sido preciso “hacer trabajos de coordinación entre partidos políticos, para el nombramiento de representantes para cubrir los cargos de concejales, como está ordenado, cuyos nombres remitirá a Administración Local”. El día 29 se notificaba al Departamento de Gobernación del ejecutivo vasco la inmediata celebración del pleno.

Según refiere el acta de 30 de diciembre, la aplicación del Decreto al Ayuntamiento de Bermeo, había supuesto la incorporación al mismo de cinco nuevos concejales: Anselmo Barbarín, Luis Eguiluz, Luis Bascaran, José Herrero y Braulio Gervasio. Sin embargo, nada se especifica a propósito de la formación política a la que cada uno pertenecía. ¿Cómo se llevó a cabo la distribución de las vacantes y los nuevos nombramientos?

En el momento de hacer efectivo el cumplimiento del Decreto, el Ayuntamiento de Bermeo tenía 3 vacantes. Uno perteneciente al PNV y dos a ANV. El primero correspondía al edil jeltzale Tomás Arketa, que murió cuatro meses después de iniciada la guerra civil.

Por su parte, el presidente local de ANV aprovechó la ocasión propiciada por el Decreto, para comunicar al Ayuntamiento la existencia de dos vacantes entre sus concejales. Así lo explicaba el alcalde en la sesión plenaria de 17 de diciembre. José Manuel Ispizua se hallaba incapacido para desempeñar el cargo, debido a una larga enfermedad que le había obligado a “ausentarse a otra localidad hace varios años para recobrar su salud”. Y Julián Asteinza padecía una “insuficiencia aórtica” que le impedía “hacerse cargo del puesto de concejal y mucho menos ocuparse de los deberes inherentes al mismo”.

Pero el Decreto aprobado por el Departamento de Gobernación del Gobierno vasco, no establecía un régimen rígido para que la cobertura de las vacantes se produjese, estrictamente, por parte de los partidos a los que hubiesen afectado. Hablaba, por el contrario, de cubrirlas por los partidos del Frente Popular en proporción al resultado que hubiesen obtenido en las elecciones generales de febrero de 1936. Establecía las bases jurídicas para que pudieran acceder al Ayuntamiento, partidos políticos que nunca habían obtenido en Bermeo respaldo suficiente como para gozar de concejales, como Radio Comunista y el PSOE. Las nuevas incorporaciones, por tanto, ampliaron el abanico de las fuerzas representadas. Luis Eguiluz y Braulio Gervasio representaron a ANV; Luis Bascaran y José Herrero al PSOE y Anselmo Barbarín a la Radio Comunista local. Pero todavía tenían que producirse algunos cambios. El 5 de enero de 1937, Barbarín comunicaba al pleno su decisión de dimitir, anunciando que se encontraba enfermo y necesitaba una intervención quirúrgica. Fue sustituido por Francisco Bilbao Astui.

Entre el 30 de diciembre de 1936 y el final de abril de 1937, que supone la ocupación de Bermeo por parte de las tropas franquistas, el pleno de la corporación bermeana celebra 18 sesiones, entre ordinarias, extraordinarias y subsidiarias. La última de ellas tuvo lugar el día 22 de abril, cuando ya empezaba a percibirse la proximidad de la Legión Cóndor.

La siguiente sesión, celebrada el día 3 de mayo del mismo año, recoge ya la constitución de la Junta Vecinal que, una vez tomada la villa por las tropas rebeldes, se conformaba por mandato de la autoridad militar, con el fin de «resolver los problemas urgentes de la villa de Bermeo». La Junta la integraban Eugenio Rentería, que fue erigido en alcalde provisional, Domingo Jayo, Nicasio Larrabaster, Juan Busturia, Gonzalo Pujana, Martín Sagarraga, Jose Manuel San Antón y Pablo Portuondo. En el acta constitutiva se acuerda felicitar al comandante de la plaza, «…por su actuación en la defensa de la villa…».

Pocos días después, a 9 de mayo, se constituye, en presencia del gobernador civil de Gipuzkoa y Bizkaia, Don José María Arellano, la Comisión Gestora de la villa, con Rafael Nardiz, designado alcalde, Hilario Ibarlucea, habilitado como teniente alcalde, Ciriaco Gervasio, Andrés Cendoya, Martín Sagarraga, Lázaro Barrueco, Cosme Luzárraga, Eugenio Rentería y Gonzalo Pujana. El gobernador civil les exhortó para que desarrollasen «…una labor moralizadora, para bien de España y del pueblo de Bermeo…».

Pero a partir de aquí empieza otra historia que excede los límites que me he marcado en este post.