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Archive for 16 enero 2011

Antzinako garaietan, Bizkaiko herrietako ordezkariak, Foruak eskatzen zuena jarraiki, Gernikako Batzar-etxean bildu behar zutenean,  bozina bidez egiten zitzaien deia. Bost mendi nagusira igo ohi ziren dei-egileek eta bozinari puskadak emanten zizkioten, herritarrei batzarraren berri jakinarazteko. Bost mendi horiek Bizkaiko mendi bozineroak dira: Sollube, Oiz, Gorbeia, Ganekogorta eta Kolitza. Nahikoa da Bizkaiko mapa bati begiratzea, mendi horiek lurraldean zehar ondo kokatuta daudela konturatzeko, batzar nagusietarako deia zoko eta bazter guztietara behar bezala heldu dadin.

Bada, atzo goizean, Oiz-en egon ginen. Mendi bozineroetako batean. Tontorretik, Durangalde osoa ikusten da, Gipuzkoako mugaraino -haratago begiratuz, Gipuzkoako mendiak ere ikusgarri dira, noski- eta sortaldeko itsasertze guztia, Ondarroatik hasi eta Elantxoberaino. Oiz-en gailurretik jotzen zen bozina, bada, inguru horietan guztietan entzuten zen; Bizkaiko ipar-ekialde osoan. Handik goitik, atzokoa bezalako egun argietan, Sollube, Gorbeia eta Ganekogorta ikusten dira. Kolitza, ordea, ezin daiteke ikusi. Edo ni neu, behintzat, ez naiz ikuspegia haraino luzatzeko gai izan.

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No a todo el mundo le es dada la posibilidad de tragarse un viaje de 7.000 kilómetros en dos días. Ni a todo el mundo, dicho sea de paso, le resulta atractiva la idea de intentarlo. Los diputados de la delegación parlamentaria que esta semana ha visitado el Líbano, hemos experimentado en nuestros propios huesos las penosas consecuencias que resultan de embarcarse en una aventura semejante. Pero la experiencia ha merecido la pena. Aunque sea en el marco de una visita fugaz, el contacto con el Líbano siempre resulta apasionante.

Estrechando la mano a Michel Sleiman, presidente del Líbano

El régimen político del Líbano constituye un delicado andamiaje de equilibrios y balances, que fue instituido por los franceses en el momento en el que el país accedió a la independencia (1943), con el propósito de proteger a las minorías cristianas del país frente a la imparable hegemonía musulmana. La población del Líbano constituye un variado mosaico desde el punto de vista religioso. El régimen no es confesional, pero reconoce y de alguna manera protege hasta 18 confesiones diferentes. De entre ellas, destacan las de adscripción musulmana, que agrupan el 68% de la población -las dos terceras partes chiítas y el resto sunnita-, las cristianas -integrada, principalmente, por cristianos-maronitas, que constituyen el 25% del conjunto del país- y la minoría drusa, que escasamente alcanza el 7%.

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Ciertamente, las cosas no les van demasiado bien a los responsables políticos del Gobierno vasco. Pese al sistemático y servil respaldo que recibe por parte de la gran prensa, el Ejecutivo presidido por López no acaba de cuajar en la sociedad vasca, que sigue mirando con recelo y desconfianza -cuando no con abierta animadversión- al inquilino de Ajuria Enea y al gabinete gubernamental que encabeza. Pocas veces se habrá producido un divorcio tan patente entre la opinión pública y la publicada. Ajenas a los desmedidos elogios que le dedican los titulares, las encuestas insisten, con infrecuente e inusitada unanimidad, en el desapego que la mayoría de la sociedad vasca siente con respecto al Gobierno nacido de la entente PSE-PP. La última, que hemos conocido a través del Sociómetro Vasco de diciembre de 2010, abunda, también, en la misma dirección. Veamos, brevemente, algunos de sus resultados.

Los que consideran que la situación política en Euskadi es mala o muy mala suman el 61%. Una cifra elevadísima,  que debería preocupar a los que nos aseguraron que este iba a ser el Gobierno del oasis, sin que pueda servirles de consuelo el hecho de que esa misma percepción, aplicada a España, se eleve hasta el 71%. Los que tienen poca o ninguna confianza en el Gobierno vasco se sitúan, igualmente, en el 61%. Tampoco en este caso deberían consolarse por el hecho de que la confianza negativa en el Gobierno central ascienda hasta el 78%.

Pero lo más significativo de la encuesta es el apartado relativo a la valoración que los ciudadanos otorgan a la gestión del Gobierno vasco. Pero antes de examinar a los resultados, conviene hacer una advertencia. El cuestionario estaba amañado para atenuar el más que previsible golpe que la valoración del Ejecutivo de López iba a recibir por parte de los ciudadanos. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo cuidadosamente que se manipularon las preguntas con el fin de amortiguar el impacto que las respuestas negativas podían producir en la opinión pública. Veámoslo con algún detenimiento.

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Casi cuatro millones de personas se han registrado para participar en el referéndum de autodeterminación convocado en el sur de Sudan para el próximo de domingo, día 9 de enero. La celebración de esta consulta fue una de las condiciones pactadas en el acuerdo de paz suscrito en 2005 para poner fin al sangriento y brutal conflicto que enfrentó durante casi dos décadas al norte y el sur de este país africano, cuyas fronteras, al igual que las de la mayoría de los Estados del continente negro, fueron trazadas durante la etapa colonial, sin tomar en consideración las realidades étnicas, lingüísticas y culturales de los territorios sobre los que establecieron su dominación las potencias europeas.

Son notables las diferencias de todo orden que separan al territorio en el que va a celebrarse el referéndum de aquel con el que, al menos hasta hoy, comparte Estado, Gobierno, nacionalidad, e instituciones. En el sur de Sudan predominan la jungla y el paisaje selvático, en tanto que el norte es de trazas desérticas. El sur es mayoritariamente cristiano y animista, mientras que en el norte se impone la religión musulmana. La población meridional acusa a los vecinos del norte, musulmanes de habla árabe, de gobernar el país con criterio excluyente y discriminatorio y de empeñarse en imponer su religión a todos los ciudadanos. Y tras años de violento conflicto y de constantes tensiones, no parece posible evitar el cumplimiento de este punto del acuerdo de paz, que deja en manos de los ciudadanos del sur de Sudan la facultad de decidir si desean continuar unidos al norte o prefieren constituir un Estado independiente.

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En una entrevista recientemente concedida a un conocido diario -véase El País de 03.01.11- el presidente de Extremadura llamaba la atención de la opinión pública sobre la existencia de una feroz campaña organizada por el PP para hacer que las elecciones autonómicas y municipales que van a celebrarse el próximo mes de mayo, “se conviertan en un Zapatero sí, Zapatero no”. Su reflexión, aunque en una primera lectura pueda parecer simplista, no carecía de interés. A juicio de Fernández-Vara, el eventual triunfo de “la estrategia del PP según la cual Zapatero es el culpable de todo porque todo depende del Gobierno de España”, supondría “un fracaso imponente del Estado autonómico y del municipalismo”, porque sería como dar por sentado que la única instancia pública realmente importante en el marco institucional español es el Ejecutivo central, lo que significa que “sobramos todos” los demás. El presidente extremeño denunciaba en este sentido que “desde los Parlamentos autonómicos se está minimizando el papel de las autonomías, y el PP está en esa operación, echando por tierra 30 años de construcción autonómica”.

Sería francamente interesante indagar en la denuncia de Fernández-Vara al objeto de precisar hasta qué punto la calenturienta obsesión de los populares por anticipar todo lo posible su acceso a La Moncloa -que es, no nos engañemos, donde realmente se encuentra el Poder político; las instituciones autonómicas y las locales permiten, a lo más, gestionar presupuestos y disponer de una cierta capacidad para influir en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero el Poder político, escrito así, con mayúsculas, es otra cosa- está contribuyendo a desbaratar la arquitectura autonómica sobre la que descansa, al menos teóricamente, el Estado español. Porque no le falta razón a Fernández-Vara cuando denuncia las arteras maniobras de los populares por trivializar la descentralización política del Estado y hacer que la opción electoral de los ciudadanos se lleve a cabo, incluso en los comicios autonómicos y municipales, atendiendo, excluisivamente, a los éxitos o fracasos cosechados por Zapatero al frente del Gobierno central. Creo, sin embargo, que no sería menos interesante examinar la responsabilidad que los propios socialistas tienen en esa deriva neocentralizadora del imaginario político español. Sin ir más lejos, el mismo predecesor de Fernández-Vara en el cargo que actualmente ocupa, hizo -y todavía sigue haciendo- no pocas declaraciones en la misma línea conceptual que el presidente de Extremadura recrimina ahora al PP: lo único decisivo es el Poder central. La periferia institucional sirve para entretener, pero no forma parte del núcleo del Estado ni de lo esencial del juego político. Uno tiene la impresión de que si los socialistas formulan esta queja, no es porque discrepen, de verdad, de la estrategia de los populares, sino porque, en esta ocasión, esa estrategia no les resulta favorable.

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Tenemos por delante un año políticamente intenso. En mayo tendrán lugar las elecciones municipales y forales, que coincidirán, en varias Comunidades Autónomas, con las convocadas para cubrir los respectivos Parlamentos autonómicos. Pero en el transfondo  de esta cita con las urnas, planearán los comicios generales, que son lo que de verdad importan al PSOE, al PP y a una gran parte de los agentes económicos, sociales y mediáticos que operan en territorio español. Los socialistas tendrán que luchar contra el grave deterioro que la imagen pública de Zapatero ha experimentado durante los últimos meses, pero los populares habrán de batallar, también, contra sus propios fantasmas internos. Al profundo cisma que uno advierte en la militancia del PP a poco que rasque un poco -recuérdese que Rajoy resultó elegido en el último Congreso con una mayoría muy precaria- se añadirá con toda probabilidad el affaire Alvarez Cascos que, o mucho me equivoco, o provocará más de un roto en las expectativas electorales de los populares. El ex vicepresidente del Gobierno es un hombre inteligente, experimentado y correoso que, ni se arrugará a la primera, ni se dejará engañar por las apariencias.

Diputados del PNV en el patio de acceso al Congreso de los Diputados

Pero paralelamente al calendario electoral, el Congreso de los Diputados tiene su propia agenda legislativa. Y no creo que Zapatero esté por la labor de olvidarse de ella  o de relajarse en su gestión, como Patxi López ha reconocido haber hecho, aduciendo, de un modo sonrojante y patético, el chusco pretexto de la inexperiencia. Hay una razón decisiva que marca la diferencia entre uno y otro. El Gobierno central estará vigilado por cientos de ojos, políticos y mediáticos, que controlarán meticulosamente todos sus pasos, con el propósito de denunciar los incumplimientos y criticar los desaciertos. Al Gobierno vasco, por el contrario, sólo lo controlarán, si se me permite la síntesis, el Grupo Parlamentario del PNV en la cámara vasca y, en la medida en que sus efectivos se lo permitan, los parlamentarios de Aralar. La prensa, como viene habitual, las principales cabeceras y los grandes medios audiovisuales, sólo fijarán su atención en las actuaciones del Ejecutivo de Vitoria que puedan ser vendidas como éxitos. Ante sus ojos, López es un político que, desde que se sentó en el sillón de Ajuria Enea -¿o será más correcto decir que se reclinó?-, no ha errado jamás. Y los tertulianos, ya se sabe: ¡A seguir la consigna!.

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La actividad del Congreso de los Diputados trasciende, con mucho, la mera aprobación de las leyes. En la cámara tienen lugar actos, debates y escaramuzas que permiten tomar el pulso a la situación política más allá de lo que permiten adivinar los apoyos y rechazos que registran las leyes aprobadas en su seno. Empero, nadie negará -supongo- que la actividad legislativa, principal cometido de las cámaras representativas, constituye un indicador muy útil para aproximarse al ambiente que reina en el Parlamento y atisbar la forma geométrica que adoptan los acuerdos parlamentarios. De ahí que, de vez en cuando, procure aportar estas informaciones a los visitantes del blog, suministrándoles los datos objetivos que, al margen de las impresiones personales, definen las líneas de acuerdos y desacuerdos que marcan la vida política de la cámara. El fin de año constituye una excelente ocasión para hacerlo.

Soy consciente de que los datos brutos alteran, con frecuencia, los esquemas conceptuales con los que la gente interpreta los acontecimientos políticos y que mucha gente -particularmente entre los profesionales de los medios e comunicación- prefiere obviarlos, con el fin de formular con mucha mayor libertad los titulares que de verdad le gustan. Pero no por ello voy a dejar de aportar unos datos, que no son fácilmente accesibles para el común de los ciudadanos, y que retratan el panorama político-parlamentario con más fidelidad que la más sagaz de las exégesis. Permítaseme, a tal fin, repasar la actividad legislativa del último año a efectos de contabilizar los apoyos que las leyes aprobadas por el Congreso durante 2010 han recibido de los diferentes Grupos Parlamentarios.

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El fin de año marca un momento que todo el mundo aprovecha, de una u otra manera, para hacer balance de los últimos doce meses y perfilar planes de cara a la anualidad que comienza. Y en esto, los parlamentarios, a los que tantas veces se nos tiene por seres absolutamente desconectados de la realidad social, no deberíamos ser una excepción. En consecuencia, voy a dedicar este post a reunir algunos datos y a aportar otras tantas reflexiones en torno a lo que ha dado de sí el año que toca a su fin y a lo que cabe esperar del que arranca su singladura. Se trata de percepciones subjetivas, obviamente. Las mías. Pero procuraré que descansen sobre datos objetivos y no sobre puras intuiciones.

En el Congreso de los Diputados, la vida parlamentaria experimentó un giro decisivo el día 12 de mayo de 2010. Aquella comparecencia de Zapatero ante el Pleno de la cámara baja, en la que anunció el riguroso ajuste del gasto público que le imponían las instituciones europeas, tras una semana de infarto en la que el logro histórico del euro estuvo a punto de irse por el sumidero, marcó, claramente, un antes y un después en el escenario político. Hasta entonces, el presidente del Gobierno se aferraba aún a la tesis de que había dos maneras de afrontar la crisis económica: la fórmula progresista, que se esfuerza en reactivar la economía procurando no pulverizar el sistema de protección social, ni arrojar a la cuneta a los más sectores desfavorecidos, y la fórmula de la derecha que aboga, simple y llanamente, por aprovechar la oportunidad de la crisis para adelgazar el sector público y desmantelar el Estado del bienestar. Él se abonaba a la primera, por supuesto: “Mientras yo sea presidente -prometía pocas semanas antes- no se recortarán las políticas sociales”. Y frente a su posición, socialmente comprometida con la protección de los más débiles, acusaba al PP de ser el principal valedor de la opción neoliberal.

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