Blog de Josu Erkoreka

No a todo el mundo le es dada la posibilidad de tragarse un viaje de 7.000 kilómetros en dos días. Ni a todo el mundo, dicho sea de paso, le resulta atractiva la idea de intentarlo. Los diputados de la delegación parlamentaria que esta semana ha visitado el Líbano, hemos experimentado en nuestros propios huesos las penosas consecuencias que resultan de embarcarse en una aventura semejante. Pero la experiencia ha merecido la pena. Aunque sea en el marco de una visita fugaz, el contacto con el Líbano siempre resulta apasionante.

Estrechando la mano a Michel Sleiman, presidente del Líbano

El régimen político del Líbano constituye un delicado andamiaje de equilibrios y balances, que fue instituido por los franceses en el momento en el que el país accedió a la independencia (1943), con el propósito de proteger a las minorías cristianas del país frente a la imparable hegemonía musulmana. La población del Líbano constituye un variado mosaico desde el punto de vista religioso. El régimen no es confesional, pero reconoce y de alguna manera protege hasta 18 confesiones diferentes. De entre ellas, destacan las de adscripción musulmana, que agrupan el 68% de la población -las dos terceras partes chiítas y el resto sunnita-, las cristianas -integrada, principalmente, por cristianos-maronitas, que constituyen el 25% del conjunto del país- y la minoría drusa, que escasamente alcanza el 7%.

Con el fin de articular esta variedad religiosa en un solo complejo institucional, el Líbano está organizado como un Estado plural y multiconfesional. Las normas básicas que organizan el país establecen que el presidente de la República ha de ser un cristiano maronita, el presidente del Parlamento debe pertenecer al colectivo musulmán chiíta y el primer ministro, debe ser elegido de entre los musulmanes sunnitas. Y así viene siendo durante las últimas décadas, con la enorme complejidad que ello entraña desde el punto de vista organizativo y electoral. La delegación mantuvo entrevistas con el presidente de la República, Michel Sleiman y el presidente del Parlamento, el chiíta Nahib Berri. El primer ministro, el sunnita Saad Hariri no pudo recibirnos, porque se encontraba de viaje en los EEUU. Los encuentros fueron sumamente interesantes. Durante la cena coincidí con el responsable de las políticas relacionadas con la emigración, que me explicó el tipo de medidas que el Gobierno adopta para implicar con el devenir político y la suerte del país a los 15 millones de libaneses -naturales o descendientes- que conforman su amplia diáspora, dispersa fundamentalmente por tierras de Europa y América.

Desde hace ya varios lustros, en el tablero político del Líbano se libra un pulso que enfrenta a dos modelos de país. Uno de ellos toma como referencia a Suiza y aspira a instituir, en pleno corazón del mundo árabe, un régimen democrático, respetuoso con las libertades y basado en la economía de mercado. Y de alguna manera, puede decirse que el Líbano está considerado ya, en el universo árabe, como una especie de reducto excepcional, socialmente organizado con arreglo a pautas occidentales. En el frente opuesto se sitúan los que querrían convertir el país en una República islámica inspirada en la vigente en Irán.

Sobre este transfondo general, la coyuntura política libanesa está marcada por un suceso que tuvo lugar hace seis años, condicionando fuertemente el desarrollo posterior de los acontecimientos: el asesinato del primer ministro Rafiq Hariri -y de 22 personas más, miembros de su escolta y su séquito- que tuvo lugar en un atentado perpetrado en el centro de Beirut en febrero de 2005. En las semanas siguientes se produjeron dos grandes manifestaciones que llenaron de gente la plaza de la capital. La primera tuvo lugar el día 8 de marzo para protestar contra las insinuaciones que apuntaban a Siria como responsable del asesinato. La segunda recorrió las calles de Beirut el 14 de marzo y lo hizo con el propósito contrario: apuntar directamente a Siria como instigadora u organizadora del magnicidio. Pues bien, hoy, seis años después, estas dos fechas dan nombre, todavía, a las dos grandes alianzas políticas en las que se integran las fuerzas con representación parlamentaria. La Asamblea Nacional libanesa está integrada por 128 electos -de los que, dicho sea de paso, solo cuatro son mujeres- que se agrupan en torno a estas dos alianzas. La gubernamental -14 de marzo- que integra a 71 diputados y la de oposición -8 de marzo- en la que se agrupan 57.

Junto al mausoleo erigido en recuerdo del primer ministro, Rafiq Hariri, muerto en atentado en febrero de 2005

El debate político está centrado ahora mismo en torno al Tribunal Especial para el Líbano (TEL), en cuyas manos se encuentra el atentado perpetrado contra Hariri. Según algunas filtraciones publicadas en la prensa de los últimos meses, el acta de acusación elaborada por el Fiscal del caso, podría apuntar hacia miembros de Hezbolá como responsables del atentado. Pero el Partido de Dios ha advertido a tirios y troyanos que no está dispuesto a tolerar que se acuse públicamente a sus militantes, sobre la base –así se expresa- de acusaciones falsas aportadas por testigos mentirosos. Y amenaza al primer ministro, Saad Hariri -hijo del asesinado- con quebrantar la estabilidad y el clima pacífico que reinan en el país, si el Gobierno no renuncia al TEL y consigue frenar sus actuaciones antes de que dicte sentencia. Hezbolá arguye que el tribunal no es más que un instrumento al servicio de Israel y de los EEUU e insiste en que tras el atentado de Hariri se encuentra la mano de los judíos.

Sin embargo, el primer ministro, ni puede acotar o impedir la actuación de un órgano judicial creado por las NNUU, ni está dispuesto a facilitar la impunidad en relación con un atentado terrible que puso fin a la vida de su propio padre. Con todo, ha sugerido que se comportará como corresponde al hijo del padre asesinado, pero sin dejar, por ello, de proceder con la responsabilidad, la generosidad y la altura de miras de un líder político empeñado en procurar que se haga justicia sin menoscabar la estabilidad y la cohesión interna del país; un propósito francamente difícil para un sistema político erigido sobre equilibrios delicados y cuidados contrapesos.

Lo cierto es que la tensión generada en torno al juicio que se tramita ante el TEL ha paralizado completamente la vida institucional del país. El Parlamento y el Consejo de Ministros se encuentran bloqueados desde hace más de dos meses, porque la oposición reclama la incorporación al orden del día el asunto de los falsos testigos y la petición de paralización del juicio. El último episodio se ha producido esta misma semana, cuando los miembros chiítas del Gobierno anunciaban su dimisión en bloque.

La parálisis institucional y el consiguiente riesgo de enfrentamiento están intentando ser afrontados por algunos actores relevantes de la región; principalmente por Siria y Arabia Saudí, que el pasado mes de julio celebraron una cumbre en Beirut para sentar las bases de un intento mediador. Se especula con la posibilidad de que en la plataforma sirio-saudí esté trabajando una solución “a la libanesa”, es decir, una salida sin vencedores ni vencidos, en la que todas las partes puedan salvar la cara de alguna manera. No resulta fácil vaticinar lo que ocurrirá las próximas semanas. En cualquier caso, es seguro que no dejará indiferentes a las cancillerías occidentales, que se encuentran vivamente interesadas en garantizar la estabilidad de un país cuyas alteraciones tienen un efecto inmediato en toda la región.