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Archive for 14 octubre 2012

Esta mañana he visitado Elorrio. Estaba invitado a hablar en un mitin junto con la alcaldesa del municipio y candidata por Bizkaia al Parlamento vasco, Ana Otadui; todo un honor para mí, porque Ana constituye sin duda un activo político de extraordinaria proyección. El día ha amanecido nublado y el pronóstico del tiempo era más bien sombrío. Cuando llegué a la Herriko Plaza, que era el lugar elegido por los organizadores para el desarrollo del acto electoral, caían unas gotas dispersas que no auguraban nada bueno. Como el cielo oscurecía por momentos, decidimos no demorar el inicio del mitin. En el espacio central de la plaza, los técnicos habían preparado un pequeño escenario con un fondo verde y un atril, de cuya parte frontal colgaba un cartel con el mensaje de campaña: Euskadi Aurrera.

En la Herriko Plaza de Elorrio, minutos antes del inicio del mitin (Foto: Iñigo Agirre)

En el momento en el que Ana tomó la palabra, se abrió un pequeño claro entre las grises nubes que poblaban el cielo. Los contados rayos de sol que lograron colarse por el angosto hueco, nos permitieron abrigar una tenue esperanza. Si teníamos un poco de suerte, la lluvia no iba a hacer acto de presencia hasta después de concluído el acto. Los más supersticiosos cruzaron los dedos. Pronto, sin embargo, se impuso la inexorable realidad. En Euskadi, ya se sabe, no es habitual que dejen de cumplirse los pronósticos climatológicos que anuncian aguas.

Como el mitin se celebraba al aire libre, todos -excepto los que cautamente se habían recogido en el pórtico de la iglesia- estábamos expuestos a las inclemencias del tiempo; sin carpas, cobertizos ni techumbres. Cuando la intervención de Ana se aproximaba al ecuador, la ventana celeste se cerró de nuevo y en cuestión de segundos rompió a llover. Primero de una manera muy leve. Después, con una intensidad creciente. Afortunadamente, un joven militante subió a la tribuna para proteger con su paraguas a la oradora, lo que permitió a la alcaldesa dar término a su alocución sin especiales contratiempos.

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La experiencia gubernamental que los socialistas y los populares han ensayado en Euskadi durante los últimos tres años y medio, ha constituido un rotundo fracaso. El experimento, que se nos vendió como el germen de una esperanzadora primavera vasca, ha resultado ser un fiasco. De hecho, no hay un solo indicador que autorice a realizar un balance positivo de su gestión.

En lo económico, sus resultados son pavorosos. Sin paliativos. El crecimiento ha sido negativo, la actividad económica ha descendido hasta niveles ínfimos, el consumo se ha desplomado, el desempleo se ha disparado, la recaudación se ha hundido, el déficit se ha descontrolado y la deuda pública se multiplicado por diez. Por mucho que se urge en las fuentes, será difícil encontrar en la historia política comparada, algún caso en el que la diferencia negativa entre el modo en el que el Gobierno encontró las cosas cuando se hizo cargo de los asuntos y el modo en el que las dejó cuando las urnas le obligaron a retirarse, sea tan abismal como en el de López.

En lo que atañe al autogobierno vasco, no se puede decir que su balance sea mejor. López prometió acometer una reforma estatutaria -inspirada, se nos dijo, en el famoso Plan Guevara- que enterró en un cajón cerrado tan pronto como Basagoiti le advirtió de que no le iba a tolerar el más mínimo devaneo en ese terreno. Pero es que, además, su gabinete tampoco ha destacado precisamente por el empeño que ha puesto en el desarrollo y la defensa de las cotas de poder previstas en el Estatuto ya vigente. Las transferencias de servicios que han tenido lugar durante este período no han sido, como se sabe, logros alcanzados por el Gobierno vasco, sino realizaciones del Grupo Parlamentario vasco en Madrid, que se los tuvo que arrancar a Zapatero -pese a las reticencias y hasta resistencias de Patxi López, todo sea dicho- a cambio de apoyar sus cuentas públicas.

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El próximo lunes, 15 de octubre, se cumplirá el 75º aniversario del fusilamiento en Santoña del alcalde jeltzale de Deba, Florencio Markiegi (Polentzi). Un hombre bueno, abierto, profundamente creyente, generoso, solidario, radicalmente demócrata, euskalzale y nacionalista vasco de una pieza, que cayó fulminado por las balas en la playa de Barria, junto a otros 13 hombres de diferentes filiaciones políticas que, como él, habían sido procesados y condenados por ofrecer resistencia a la sublevación militar auspiciada por el general Franco.

Florencio Markiegi Olazabal, alcalde jeltzale de Deba fusilado en Santoña el 15 de octubre de 1937

75 años constituyen, sin duda, un período de tiempo lo suficientemente amplio como para activar la memoria y rescatar del olvido la figura de una víctima del franquismo, que padeció en propia carne la agresión y la injusticia de un régimen intolerante y liberticida, que persiguió con saña al discrepante y se asentó sobre la violencia y el terror .

El hombre

Florencio Markiegi Olazabal nació en Deba el 6 de enero de 1898, siendo bautizado en la iglesia de Santa María bajo el triple nombre de Florencio José Valentín. Sus primeros años se desarrollaron en un entorno familiar profundamente creyente; algo, ciertamente, poco excepcional en una gran parte del País Vasco de la época. Fue tan intensa la formación religiosa que él y sus hermanos recibieron en casa, que tres de los seis hijos que alumbraron sus padres -exactamente la mitad- llegaron a abrazar el estado religioso: dos -Joseba y Peli- se ordenaron sacerdotes seculares y una de las hermanas profesó como monja. El primero de ellos, por cierto, también fue fusilado por las tropas franquistas, junto a  los prebísteros Joaquín Arin y Leonardo Guridi, que compartía con él quehaceres pastorales en la parroquia de Arrasate. Se les acusó a todos tres del gravísimo delito de cultivar el euskera y desarrollar su actividad parroquial en lengua vasca. Paradojas de la cruzada franquista en el País Vasco, que se propuso defender la fe de Cristo a base de fusilar curas indefensos y asesinar católicos confesos.

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Este martes, mientras el Congreso rechazaba con el voto negativo de PP, PSOE y UPyD la Proposición no de Ley de ERC que demandaba la transferencia a Catalunya de la competencia para autorizar la celebración de consultas por vía de referéndum (me referí a ello en el post titulado “Los arbitristas no triunfan“, publicado el 9.10.12), el primer ministro escocés y el premier británico, Carmeron y Salmond, alcanzaban un acuerdo histórico para celebración en Escocia de un referéndum de autodeterminación que tendrá lugar en 2014. El contraste es ostensible. El mismo día y, probablemente, a la misma hora, dos Estados miembros de la UE arbitraban respuestas muy distintas -en realidad son antagónicas- para problemas muy parecidos. Mientras el Reino Unido se mostraban dispuesto a escuchar la voz del pueblo de cara a definir el futuro político de Escocia, los España se negaban en redondo a permitir que la voluntad de los ciudadanos de Catalunya pueda imponerse a un dogma prepolítico y esencialista -cuasi religioso- como el de la unidad indisoluble de la nación española.

Se dan la mano pero responden de muy diferentes maneras a cuestiones semejantes. Cameron quiere escuchar la voz del pueblo. Rajoy se refugia en la Ley para ahogarla.

El contraste es palpable. Y nos sitúa ante el eterno dilema que se plantea entre el respeto a la ley y el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo, cuando no existe sintonía entre ambas. Unos dicen que democracia es, ante todo y sobre todo, respeto a la ley. Eso y sólo eso es -argumentan- lo que la cultura democrática occidental conoce como Estado de Derecho: el imperio de la ley. Pero los otros objetan, con razón, que la nota que distingue a la democracia de los regímenes autoritarios no es el obligado respeto a la ley -dado que también los regímenes dictatoriales imponen a los ciudadanos la más estricta observación de sus leyes- sino el hecho de que la norma -siempre de obligado cumplimiento- sea expresión de la voluntad mayoritaria de la sociedad. Un Estado sólo puede ser considerado de Derecho cuando las leyes que regulan el marco social y el funcionamiento de las instituciones, son reflejo de las mayorías democráticas. Si no lo son, el Estado en cuestión podrá contar con toda la articulación jurídica que se quiera, pero no podrá ser considerado, propiamente, como un Estado de Derecho. También el régimen de Franco descansaba sobre un sistema articulado de normas jurídicas de obligada observancia, pero a nadie se le ocurrió jamás calificarlo como un Estado de Derecho.

En Escocia, pronto tendrán ocasión de explorar la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos en torno a su status político futuro. Sus gestores políticos saben que en un régimen de carácter democrático, la ley debe adaptarse a la voluntad ciudadana y a ello se han entregado en los últimos meses. En el caso de Catalunya, por el contrario, se apela precisamente a la ley para seguir desconociendo esa voluntad. Se prefiere ahogar la voz del pueblo con la mordaza de la ley, que acomodar la ley a la voluntad popular.

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Hace unos días publiqué en este blog una nota en la que daba cuenta de dos propuestas que otros tantos intelectuales de la cosa pública -uno vasco y otro catalán- habían formulado en sendos artículos de prensa con el fin de reforzar el marchamo democrático del nacionalismo español, aceptando el reto de convocar, tal y como pretenden muchos  nacionalistas vascos y catalanes, una consulta popular que permita conocer, con la mayor precisión posible, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de ambos territorios de cara al ejercicio colectivo del derecho a decidir (Cfr. “Meras fintas”, publicado el 24.09.12). En el escrito daba cuenta, asimismo, del fallido intento de incorporar un planteamiento de este tipo a los programas oficiales del PSE, que Odon Elorza protagonizó, con más aspavientos que resultados, en la conferencia política que los socialistas vascos celebraron en Bilbao el pasado mes de septiembre. Una mera finta que en cuestión de horas bajó de las gélidas alturas de un artículo de opinión publicado en El País, al profundo subsuelo de una propuesta que es retirada por su propio autor antes de ser debatida.

 

Ayer pude comprobar con sorpresa y satisfacción que Francisco Rubio Llorente, catedrático jubilado de Derecho Constitucional, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado venía a sumarse a las tesis esbozadas por los autores a los que antes me refería, argumentando, en un artículo gráficamente titulado “Un referéndum para Cataluña” que,

 “Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresión más conocida puede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canadá emitió en 1999 sobre la legitimidad de la celebración de un referéndum en Quebec (que, dicho sea de paso, los independentistas perdieron por poco más de 50.000 votos)”.

Es una pena que Rubio Llorente no dijera estas cosas cuando ejerció como vicepresidente del Tribunal Constitucional o como presidente del Consejo de Estado, pero estoy convencido de que, pese a todo, su propuesta es interesante. Tanto más interesante cuanto que viene formulada por una persona que, hasta tiempos muy recientes, ha desempeñado cargos destacados y relevantes en la estructura institucional del Estado. Rubio Llorente no es un simple opinador cuyas  propuestas se apagarán a la misma velocidad en la que amarillearán las páginas del diario en el que se publicaron. Es un hombre en cuyo criterio y opinión confiaron los dos grandes partidos políticos del Estado hasta el extremo de elevarlo a la vicepresidencia del Tribunal Constitucional y a la cabeza del máximo órgano consultivo del Estado.

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La publicidad electoral con la que el PP del País Vasco promociona a su candidato en esta campaña, descansa, en buena parte, sobre una fotografía en la que Alfonso Basagoiti aparece retratado de perfil. Creo, sinceramente, que la imagen refleja con bastante exactitud lo que el cabeza de lista de los populares está haciendo estos días: ponerse de perfil. Como si la cosa no fuera con él. Como si el suyo fuera un espíritu limpio y puro, que no ha sido contaminado aún, ni por las tropelías financieras de Patxi López, que critica desabridamente, ni por los despiadados recortes de Rajoy, que oculta escrupulosamente.

Basagoiti se pone de perfil, como si nada tuviera que ver con la pavorosa situación en la que Patxi López ha sumido la economía vasca y las finanzas públicas de Euskadi. Pero lo cierto es que el candidato del PP es tan responsable como el propio Patxi López de la desastrosa gestión pública que el Gobierno vasco ha llevado a cabo en los últimos cuatro años. Si Basagoiti no hubiese apoyado, año tras año, las ficticias y manipuladas cuentas públicas que López ha llevado al Parlamento, ni el déficit se hubiese disparado como lo ha hecho, ni la deuda pública se hubiese multiplicado por diez, ni el gasto se hubiese recortado tan caprichosamente, ni los índices de producción industrial se hubiesen desplomado, ni hoy estarían los cajones de Lakua repletos de facturas impagadas que esperan ansiosas que el próximo Ejecutivo empiece a darles curso.

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El sábado por la mañana estaba citado en Algorta para participar en un acto de publicidad electoral que iba a tener lugar en la puerta y las inmediaciones del conocido mercadillo local. Me trasladé a mi destino en metro, que es, con diferencia, el medio de transporte más cómodo para desplazarse por el Gran Bilbao. Junto a la puerta de salida, ya en la plaza de Algorta, había un panel electoral de esos que habilitan los ayuntamientos para que los partidos políticos puedan exhibir su publicidad, a lo largo de la campaña sin dañar, grave e irreversiblemente, la estética del municipio. En ese momento -la campaña no llevaba abierta mucho más de 24 horas- sólo dos formaciones políticas habían colocado carteles: EH-Bildu y el PNV.

La publicidad de EH-Bildu estaba impoluta. La del PNV, por el contrario, sañudamente emborronada. Una mano diestra había pasado por allí portando un rotulador negro de punta gruesa y se había dedicado a dibujar cruces gamadas sobre el rostro de Iñigo Urkullu y a escribir todo tipo de improperios y descalificaciones contra el PNV y su candidato a las elecciones del 21-o. El contraste era patente. Mientras la cartelería de EH-Bildu lucía con todo su esplendor, la del PNV ofrecía una imagen descuidada y sucia.

Ya sabemos que estas cosas, en Euskadi, suceden solas. Nadie las hace. Es la fuerza telúrica del azar, la causa por la que la cartelería de EH-Bildu consigue librarse de los ataques de los alegres y combativos gudaris del rotulador y la del PNV, por el contrario, es, siempre, uno de los principales objetivos de su fraternal pulsión estetizante.

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