Hace unos días publiqué en este blog una nota en la que daba cuenta de dos propuestas que otros tantos intelectuales de la cosa pública -uno vasco y otro catalán- habían formulado en sendos artículos de prensa con el fin de reforzar el marchamo democrático del nacionalismo español, aceptando el reto de convocar, tal y como pretenden muchos nacionalistas vascos y catalanes, una consulta popular que permita conocer, con la mayor precisión posible, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de ambos territorios de cara al ejercicio colectivo del derecho a decidir (Cfr. «Meras fintas», publicado el 24.09.12). En el escrito daba cuenta, asimismo, del fallido intento de incorporar un planteamiento de este tipo a los programas oficiales del PSE, que Odon Elorza protagonizó, con más aspavientos que resultados, en la conferencia política que los socialistas vascos celebraron en Bilbao el pasado mes de septiembre. Una mera finta que en cuestión de horas bajó de las gélidas alturas de un artículo de opinión publicado en El País, al profundo subsuelo de una propuesta que es retirada por su propio autor antes de ser debatida.
Ayer pude comprobar con sorpresa y satisfacción que Francisco Rubio Llorente, catedrático jubilado de Derecho Constitucional, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado venía a sumarse a las tesis esbozadas por los autores a los que antes me refería, argumentando, en un artículo gráficamente titulado «Un referéndum para Cataluña» que,
«Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresión más conocida puede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canadá emitió en 1999 sobre la legitimidad de la celebración de un referéndum en Quebec (que, dicho sea de paso, los independentistas perdieron por poco más de 50.000 votos)».
Es una pena que Rubio Llorente no dijera estas cosas cuando ejerció como vicepresidente del Tribunal Constitucional o como presidente del Consejo de Estado, pero estoy convencido de que, pese a todo, su propuesta es interesante. Tanto más interesante cuanto que viene formulada por una persona que, hasta tiempos muy recientes, ha desempeñado cargos destacados y relevantes en la estructura institucional del Estado. Rubio Llorente no es un simple opinador cuyas propuestas se apagarán a la misma velocidad en la que amarillearán las páginas del diario en el que se publicaron. Es un hombre en cuyo criterio y opinión confiaron los dos grandes partidos políticos del Estado hasta el extremo de elevarlo a la vicepresidencia del Tribunal Constitucional y a la cabeza del máximo órgano consultivo del Estado.
Blog de Josu Erkoreka 