Blog de Josu Erkoreka

Ayer tuve ocasión de participar, junto a otros portavoces parlamentarios, en un curso que la Universidad Complutense ha incluido este año en el programa veraniego de El Escorial bajo el sugerente título de Justicia y medios de comunicación: creación de opinión y cambios normativos. La directora y coordinadora del curso ha sido Margarita Uria. Su propósito inicial, consistía en organizar el curso bajo los auspicios del Consejo General del Poder Judicial. Pero a este no debió de hacerle mucha gracia el tema sobre el que versaba la iniciativa académica y se negó en redondo a patrocinarla. Ante la incomprensible -¿o demasiado comprensible?- negativa del órgano de gobierno de los jueces, Margarita, que no es de las que se arredra a la primera, pidió a los responsables de la Universidad que se hicieran cargo del curso. Y es así como, finalmente, ha podido celebrarse.

En El Escorial, antes del inicio de la mesa redonda sobre "Opinión creada y cambios normativos"

Madrid amaneció con una canícula plomiza. En la capital del Reino el clima estival es inmisericorde. El sol cae granítico sobre la cabeza de los  viandantes, asfixiando literalmente la atmósfera. A media mañana, el mercurio rondaba ya los treinta grados. Un horno, vamos. Pese al tórrido fulgor que reinaba en el ambiente, a esas horas, algunos sufridos turistas cruzaban ya, plano en ristre, las calles más concurridas del centro turístico, tras la pista del Madrid de los Austrias o del Museo del Prado. 

En el trayecto hacia el municipio de San Lorenzo, divisamos, enfrente, a lo alto de la sierra, la cruz del Valle de los caídos. Nunca he estado allí. Y confieso que en más de una ocasión -casi siempre en camino hacia los cursos de El Escorial– he sentido la tentación de desviarme de la ruta y penetrar discretamente en aquel recinto patriótico-religioso para conocerlo personalmente. Pero una vez más, he tropezado con el inconveniente habitual: ibamos ajustados de tiempo. Luego supe que, además, nuestro intento hubiese sido baldío, porque el lugar se encuentra en obras. Buenas fechas -pensé- para velar por el mantenimiento de un espacio que se supone que constituye un cierto atractivo turístico.

La Mesa redonda en la que participamos los diputados invitados al curso -el de los parlamentarios siempre suele ser el último acto de la jornada- llevaba por título Opinión creada y cambios normativos. Francamente interesante. En una sociedad tan mediática como esta que nos ha tocado vivir, el legislador ha de cuidar con especial tiento que los principales creadores de opinión -los gobiernos, las grandes compañías privadas y los más fuertes  grupos de comunicación- no provoquen una presión social irresistible para que se lleven a cabo cambios normativos inoportunos, innecesarios o claramente contrarios a las libertades y a los derechos fundamentales.  

La víspera, cuando me senté a reflexionar sobre el sentido de la mesa redonda, intenté imaginarme lo que estaría pensando Margarita Uria cuando concibió este enunciado. Yno pude evitar rememorar la legislatura de la mayoría absoluta/absolutista de don José María Aznar López. Decían los veteranos del lugar que, cuando Aznar se reunía con sus colaboradores para deliberar sobre la pertinencia u oportunidad de alguna medida gubernativa o legislativa, si a alguno de ellos se le ocurría plantear la conveniencia de ponderar el impacto que la medida en cuestión podía tener en la opinión pública, el presidente terciaba de inmediato y sentenciaba con voz impostada: «La opinión pública no cuenta. Si hace falta, la española se cambia en 48 horas». No es que la opinión pública y la publicada le fuesen indiferente, no. Estaba tan convencido de poder controlarlas y conformarlas a su antojo, que no las consideraba como límites, sino como aliadas.

No sé si el relato es cierto o constituye una de las múltiples leyendas urbanas que pueblan el universo político. En cualquier caso, podríamos decir con el italiano clásico que se non è vero è ben trovato. Porque Aznar gozó de un amplísimo control sobre los medios de comunicación tanto públicos como privados. Incluso tengo para mí que llegó a confiar tan firmemente en su capacidad para moldear a su antojo la opinión pública que echó a perder los últimos días de su mandato intentando convencer a los ciudadanos de algo que era imposible de hacerselo creer en una sociedad abierta e interconectada con el exterior.

Sin embargo, aquella postrera y burda maniobra mediática, fue inevitable. La experiencia acumulada durante su mandato le decía que no había nada de lo que no pudiera convencer a la sociedad en tan sólo 48 horas. De hecho, gran parte de la legislación penal que se dictó durante sus años de gobierno, vino precedida de la oportuna campaña de acondicionamiento de la opinión pública, con el fin de prepararla para los cambios legislativos que se avecinaban. Se legisló a golpe de telediario. De telediario manipulado por el Gobierno con el fin de crear en la sociedad la alarma necesaria para justificar las reformas. Y si esto es grave con carácter general, lo es de manera especial cuando hablamos de normas penales, que son las que más claramente restricitivas de la libertad.

Aznar llegó al poder en 1996. Un año antes, en 1995, se había aprobado, tras años de reflexión, debates y trabajos preparatorios, lo que un tanto pomposamente vino a conocerse como el Código Penal de la democracia. Sin embargo, durante las dos legislaturas en las que gobernó Aznar, se formularon hasta 25 propuestas de reforma de la legislación penal. Han leído bien: 25. Un auténtico dislate. Hubo años, como 2003, en los que se tramitaron y aprobaron hasta 5 reformas del Código Penal. Una de ellas, por cierto, era la que pretendía encarcelar al Lehendakari si cometía la osadía de convocar un referéndum sin autorización del Gobierno central. La actividad legiferante en el ámbito penal,  llegó a lindar con el paroxismo. Los excesos cometidos fueron de traca. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor fue reformada 3 veces en 4 años. Las dos primeras, dicho sea de paso, antes de que la norma entrara en vigor. Una aberración, absolutamente indefendible desde cualquier punto de vista.

Claro que, en aquella legislatura, fueron muchos los asuntos que Aznar tenía que ocultar ante la opinión pública. ¿Recuerdan el accidente del Yak-42? ¿Recuerdan el Prestige? ¿Recuerdan la guerra de Irak? La creación de alarma social y el consiguiente impulso de reformas penales con el fin de aplacarla, constituye una de las vías más eficaces para desviar la atención de los ciudadanos y ocultarle los asuntos incómodos para el Gobierno.

Los legisladores -esa fue mi tesis en la mesa redonda- hemos de poner especial tiento en evitar que las alarmas sociales o los estados de opinión deliberadamente creados por el Gobierno de turno o por cualquier corporación privada en defensa de sus respectivos intereses, fuercen reformas normativas que, en nombre de la seguridad o de cualquier otro bien público genéricamente considerados, acaben restringiendo las libertades y los derechos de los ciudadanos. El Derecho Penal debe ser mínimo, rigurosamente garantista, resocializador y estrictamente público. Esas son las líneas rojas que nunca ha de traspasar la legislación criminal. Y es a los legisladores a quienes corresponde asegurar que así sea.