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Archive for 14 marzo 2012

Alguien ha dicho, recientemente, que el proceso de consolidación fiscal que Europa ha diseñado para el Estado español España es matemáticamente posible, pero políticamente imposible. Y tengo para mí que la reflexión tiene mucho de cierta. Como el papel lo aguanta todo, nada cuesta hacer que las cuentas públicas correspondientes a 2012 cuadren -tal y como la UE tenía previsto hasta anteayer- con un déficit del 4,4% del PIB y las del 2013 con un 3%.

La música oficial me suena a la tonadilla de un encantador de serpientes

Pero trasladar ese esquema financiero a la realidad es, ya, otra cosa. Es algo que cuesta un poco más, porque exige aplicar ajustes y recortes de tal magnitud, que ningún político en sus cabales podría asumir.

Si de lo que se trata es de sacar pecho y hacer planteamientos formalmente ambiciosos, con independencia de que sean realistas o no lo sean, lo mejor que podemos hacer es cerrar los ojos, fijar para este año un objetivo de déficit del 0% y que salga el sol por Antequera. ¿Para qué conformarnos -si se me permite la ironía- con una senda escalonada, que contempla un 4,4% para este año y un 3% para el año que viene, si podemos saltar directamente al 0%? 

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Al mediodía de hoy, he conectado la televisión para husmear un poco en los informativos. Es el vicio de los políticos. Casi todas las cadenas hacían recuento de los actos matutinos que han conformado la campaña electoral en Andalucía y Asturias. En la comunidad bética, el tándem Rajoy-Arenas competía con la pareja Rubalcaba-Griñán. Aquellos pedían a los andaluces que se incorporasen de una vez al tren del cambio que lidera Rajoy. Estos, por su parte, les advertían de que los logros sociales acumulados durante 30 años de gobiernos socialistas, se puede ir al traste si las urnas dan el triunfo a los populares. El contraste era palpable. Se enfrentaban la ilusión y el miedo. El cambio como esperanza frente al cambio como amenaza.

López comparte galardón, en Tineo (Asturias), con el líder vasco de la misma "derecha irresponsable" que hoy denostó en un mitin en el Principado.

En el Principado, todo era un poco más austero y contenido. Como toca a una comunidad cantábrica. La candidata popular, Mercedes Fernández, se presentaba arropada por María Dolores de Cospedal. Y el aspirante socialista, Javier Fernandez, llevaba como padrino a Patxi López. Entre ambos, pugnaba por abrirse un hueco el actual presidente de la comunidad, Alvarez-Cascos.

Me ha llamado la atención -es un decir- el corte de imagen y voz que la mayoría de las emisoras han seleccionado del discurso de López en Asturias. Se trata de un corte en el que se ve y escucha al inquilino de Ajuria Enea afirmando que “estas elecciones ponen de manifiesto la irresponsabilidad de la derecha y son una oportunidad para la izquierda que los socialistas no vamos a aprovechar”. Sí, han leído bien. Hablaba de la irresponsabilidad de la derecha. De la misma derecha que le ha aupado a la Lehendakaritza –sin su apoyo, jamás hubiese llegado a presidir el Gobierno vasco- y le ha mantenido lealmente en ese cargo durante los últimos tres años. De esa derecha a la que le debe todo lo que es desde el punto de visto político e institucional. Al escucharle, he sentido la tentación de darle la razón. Efectivamente, esa derecha que López denuesta es una “irresponsable”. Ante todo y sobre todo, porque le puso a él al frente del Ejecutivo vasco. ¿Alguien se puede imaginar un acto más irresponsable?

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El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial.

Joven saharaui denunciando la violación de derechos humanos por parte de Marruecos

Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación “bastante antes de que finalice el período del mandato”, lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, “bastante antes” de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que “examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO” y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un “mandato específico” sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.

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En la tarde de ayer, el Pleno del Congreso debatió y votó una Moción de nuestro Grupo Parlamentario en la que se instaba al Gobierno a rescatar las medidas de “discriminación positiva” que la ley venía reconociendo a las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral y contratadas en centros especiales de empleo, que fueron suprimidas en las postrimerías de la última legislatura por el Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero. La iniciativa ha sido defendida por Emilio Olabarria que es nuestro portavoz en el ámbito de la Sanidad y las políticas sociales y una persona muy conocida entre los colectivos y asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad. Su senbilidad en estos asuntos es proverbial. Y su eficacia parlamentaria ampliamente reconocida. De ahí que consiguiera convencer a la cámara para que aprobase, por unanimidad, una resolución que constituye una ventana de esperanza para los Centros Especiales de Empleo y para los miles de personas con discapacidad que trabajan en ellos. Creo, sinceramente, que constituye una excelente noticia para el colectivo afectado.

Emilio Olabarria y Uxue Barkox charlan en el hemiciclo

 

El empleo protegido está muy poco desarrollado en el Estado español. Se sitúa en torno a las 0,6 personas por cada 1000 habitantes. Una cifra que, según la OCDE, se encuentra bastante por debajo de la que corresponde a países como Francia (3,2), Alemania (3,3), Suecia (5,2) o Suiza (5,6). Este déficit de la realidad española se pone de manifiesto igualmente en el campo de la empleabilidad, actividad y empleo de las personas con discapacidad. Según datos de Eurostat, el Estado español presenta -en el marco de la UE a 15- el menor porcentaje de población con discapacidad que cuenta con un empleo remunerado. Sólo el 13,1% de las personas con discapacidad severa, entre 16 y 64 años, tienen empleo remunerado en el Estado español, frente al 24,3% de media europea. Por lo que se refiere a las personas con discapacidad moderada, el desfase es igualmente notable si se toma la media europea como término de referencia: el 28,7% español, frente al 42,6%.

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En alguna ocasión he escrito sobre las diferentes estrategias con las que el vasquismo y el catalanismo políticos han desarrollado su actividad política en Madrid. Como la guerra de sucesión arrumbó con el régimen foral de Catalunya, durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX, la política catalanista ha sido una política de carácter eminentemente proyectivo, empeñada en reformar la estructura institucional y territorial de España con el fin de que los catalanes pudieran sentirse más cómodos en su seno. Los vascos, por el contrario, disfrutamos de los fueros hasta 1876. Y aun después, hemos venido gozando de un régimen fiscal de raíz foral -el Concierto Económico- que sólo ha conocido el paréntesis excepcional que Franco abrió en 1937 con las dos provincias traidoras. La política vasquista ha sido, por ello, más bien defensiva; rigurosamente fuerista. Dicho sintéticamente: mientras los catalanes se afanaban en proponer reformas de carácter general con el propósito de reorientar la estructura del Estado hacia un modelo reformado en el que ellos pudieran tener un encaje más satisfactorio, los vascos nos dedicábamos a defender con uñas y dientes el tasado autogobierno que aún nos quedaba (ver, entre otros, “Catalanes y vascos en las Cortes españolas“, publicado en este blog el 21.09.09) Todo ello, claro está, sin perjuicio de que durante todo este dilatado período de tiempo, haya habido catalanes y vascos que, pese a su origen, hayan consagrado su vida pública a hacer política estrictamente españolista.

Estas diferentes trayectorias del catalanismo y del vasquismo políticos, han influido de modo no desdeñable en las estrategias políticas posteriormente implementadas por los correspondientes nacionalismos. Las inercias tienen su peso. El nacionalismo catalán ha seguido conservando mucho del carácter proyectivo que inspiró el catalanismo de los siglos precedentes. Y hasta tiempos muy recientes, sus planteamientos políticos estaban preñados de propuestas concebidas para reformar el Estado español con el fin de propiciar su mejor acomodo. Al nacionalismo vasco, por el contrario, siempre se le ha reprochado el hecho de carecer de un proyecto “para” España y de disponer, en todo caso, de un planteamiento “contra” España. El nacionalismo catalán nunca ha dudado de la conveniencia de participar en las elecciones generales y de integrarse -cuando la apertura democrática lo hacía posible, evidentemente- en las instituciones centrales del Estado. Todavía hay quien se sorprende cuando se entera de que el líder independentista catalán, Lluys Companys, posteriormente fusilado por las huestes de Franco, fue nada menos que ministro de Marina en la segunda mitad de 1933.

Entre los nacionalistas vascos, por contra, siempre ha habido reticencias en todo lo que tiene que ver con la participación en la política española. De hecho, no concurrimos a las Cortes hasta 1918. Y años después, tal como hice notar en otro post hace unas semanas (vide “Sopas sin sorber no puede ser”, publicado el 05.01.12), todavía seguía el criterio de no implicarse en la política española más que en la medida en que ello fuera estrictamente indispensable para la defensa de los intereses vascos, en general y, más concretamente, para avanzar en el autogobierno. En aquella época, la participación en el Gobierno español era, sencillamente, inimaginable para el nacionalismo vasco. El caso de Irujo fue una excepción sólo explicable por la situación de guerra.

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Maiz-sarri ibiltzen naiz batzokietatik lekuan lekuko abertzale jelkideekin solasean. Madrileko erakundeetan nola eta zertan gabiltzan jakin nahi izaten dute alderdiko bazkideek. Eta gure zeregin parlamentarioaren nondik eta norakoak azaltzera joan ohi naiz eskatzen didaten lekuetara. Abertzaleon eginkizuna Estatuko erakunde zentraletan, egungo egoera politikoa, legealdiaren erronkak, beste talde parlamentarioen jarrera… gai horiek guztiak eta beste asko jorratu ohi dut han eta hemengo batzokietan ematen ditudan hitzaldietan.

Argi daukat, eduki ere, politikarion zereginetako bat ordezkatzen dugun herriari gure joan-etorriaren berri ematean datzala. Eta gustora betetzen dut lan hori, nahiz eta, behin baino sarriagotan, neure astialdiaren kaltetan bete beharra izaten dudan. Atzo arratsaldean Igorrera hurbiltzea suertatu zitzaidan, bertako batzokiko arduradunen gonbiteari erantzunez.

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Ya lo advertí

En un post que publiqué en las postrimerías de 2011 (ver “Recentralizando que es gerundio”,fechado el 5.12.11) alertaba a los lectores del riesgo de que el conflicto originado por el presidente de La Rioja al negarse a prestar asistencia sanitaria y hospitalaria a los ciudadanos alaveses que residen en la frontera con su Comunidad Autónoma, acabara convirtiéndose en un pretexto -uno más- para justificar la devolución de competencias a los poderes centrales del Estado. La pulsión recentralizadora que atraviesa horizontalmente a las fuerzas políticas de vocación españolista no repara en esfuerzos a la hora de arramplar para casa. Y basta que un conflicto fronterizo de alcance local trascienda a los medios de comunicación, para que la opinión pública se vea salpicada por decenas de propuestas “bienintencionadas” que sólo aspiran a mejorar o corregir el modelo, aunque todas ellas, casualmente, lo hagan por la misma vía: reforzando el centro y debilitando la periferia. 

La crisis económica -ya lo he dicho en más de una ocasión- está sirviendo de coartada para que centralistas impenitentes que siempre miraron con recelo el modelo autonómico, encuentren un engarce argumental, aparentemente sólido, objetivo e incontestable, de cara a exigir la recuperación de atribuciones públicas para el Estado. La argumentación siempre es la misma. Una argumentación tan sencilla como falaz: la descentralización política es ineficaz y, además, económicamente insostenible. Los poderes territoriales sólo son fuente de caos, descoordinación y despilfarro. Y si en tiempos de vacas gordas se pueden tolerar ciertos caprichos descentralizadores, estos resultan aboslutamente inasumibles en tiempos de vacas flacas.

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Hace casi dos años, publiqué en este blog una entrada sobre el juez Garzón (ver “¿Todos somos Garzón?” que vio la luz el 22.04.10), en la que expresaba mis impresiones y opiniones apropósito de su trayectoria y de la campaña de exaltación de la que estaba siendo objeto en aquél momento. El transcurso del tiempo no ha alterado mi opinión. Aunque hoy modularía algunas expresiones, sigo pensando básicamente igual.

Nunca he creído que Garzón fuera un buen juez. Y tengo la impresión de que la opinión que abrigo a este respecto, no constituye, precisamente, algo único y excepcional. Son muchos los que, más allá de la presión de las modas del momento, tienen la misma o semejante percepción. Y no sólo entre el público menudo y lego en cuestiones jurídicas. Basta repasar los tirones de orejas que Garzón ha recibido por parte de la sala segunda de la Audiencia Nacional para darse cuenta de que, en opinión de los propios magistrados que han tenido que evaluar su trabajo, la labor que ha desarrollado como instructor ha sido manifiestamente mejorable.

Su fama trasciende fronteras, es evidente. Garzón es todo un icono en los países iberoamericanos. Pero no hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que la ostensible notoriedad pública que le han dado algunas de las causas a las que más tiempo y esfuerzo ha dedicado, se ha nutrido, en buena parte, de actuaciones jurídicamente cuestionables y de interpretaciones de la ley, singulares, sorprendentes y, en ocasiones, hasta caprichosas. Y hay razones para sospechar que si ha optado por ese tipo de actuaciones judiciales e interpretaciones legales -cuestionables y caprichosas- ha sido, precisamente, porque lo que perseguía no era la ecuánime y ponderada aplicación de la ley, sino la relevancia mediática que aquellas le habían de dar. Son las inevitables ataduras del vocacional del estrellato. Es difícil saltar a la primera plana de los medios de comunicación con resoluciones grises y previsibles sobre asuntos rutinarios.

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