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Archive for 19 marzo 2012

Como ya anticipé a principios de año (véase el post titulado “1812ko Konstituzioaren berrehungarren urteurrena dela eta“, publicado el 2.01.12) la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz -conocida también como La Pepa, porque fue proclamada el día de San José- está siendo aprovechada  por los partidarios de la patria única e indivisible de todos los españoles, para la organización de numerosos actos y celebraciones de encendido tono nacionalista. Políticos, periodistas y publicistas de toda laya aprovechan la ocasión para ponderar con entusiasmo las virtudes de un texto constitucional que -se nos dice y repite- sirvió para incorporar a España a la modernidad, estableciendo las bases normativas de una nación liberal, ilustrada, democrática y acorde con los tiempos, cuya actualización política se ha llevado a cabo a través de la Constitución de 1978.

El juramento de los diputados a Cortes

Pero en el jolgorio general rememorativo de aquellos “¡viva la pepa!” que acompañaron a su aprobación, poca gente recordará las reticencias que el texto de Cádiz provocó en la sociedad vasca en los meses siguientes a su aprobación. Como ha hecho notar recientemente el profesor Gregorio Monreal -véase el excelente trabajo titulado “Los diputados vascos y navarros (El Reino de Navarra y las Provincias Vascongadas en las Cortes y en la Constitución de Cádiz)”, in Cortes y Constitución de Cádiz, Espasa, Madrid, 2011, Tomo I, pp. 347 a 418-  en las Cortes de Cádiz “no existió un debate propiamente dicho respecto de los Fueros del Reino de Navarra y de las Provincias Vascongadas”. Tampoco consta que se intentase incluir “alguna cláusula de salvaguarda del sistema foral vigente”. Los diputados que representaban a los territorios forales, “bien por prudencia o por percatarse de que sus propuestas no iban a hallar eco, guardaron silencio sobre lo que concernía al sistema político-administrativo que regía en sus respectivos distritos”. Los territorios forales se incluyeron, sin nota distintiva alguna, en la relación alfabética del artículo 1o de la Constitución, que enumeraba las entidades territoriales que integraban la Monarquía: “El territorio español comprehende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes […] Navarra […] Provincias Vascongadas”.

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Hoy es 17 de marzo. Día de San Patricio, según el santoral católico. Los irlandeses desperdigados por el mundo, dedican la jornada a conmemorar la muerte de su santo patrón. Con ese motivo, organizan vistosos desfiles en los que predomina el color verde; el de los campos de su añorada Eire. Los dublineses celebran la festividad con mucho aparato. Pero fuera de Irlanda, el lugar en el que más enjundia se le da a la fiesta es, probablemente, New York, por la cantidad de oriundos irlandeses que residen en la ciudad.

El desfile de San Patricio en New York

En este post reproduzco parte de una carta que Manu Sota envio al Lehendakari Agirre el día de San Patricio de 1939. La guerra civil tocaba a su fin. El triunfo de los rebeldes era un hecho. Y en la Delegación Vasca de New York, Manu Sota se vaciaba en una labor propagandística que tenía por objeto explicar a los americanos el carácter tiránico del régimen de Franco, haciéndoles comprender la opción de los nacionalistas vascos, católicos, en favor de la democracia. En su trayecto hacia las dependencias de la Delegación, aquel día de San Patricio se cruzó con el bullicioso desfile verde que atravesaba las calles neoyorquinas. Tan pronto como llegó a la oficina, se puso a escribir el informe de situación que tenía previsto enviar al Lehendakari. Pero no pudo evitar que sus primeras líneas versaran sobre la fiesta que los irlandeses estaban celebrando en las calles de New York. El escrito tiene su gracia. Manu Sota tenía sorna y manejaba la pluma con elegancia. Era un hombre viajado y leído. En el trasfondo de la carta, se aprecia un cierto resquemor por el sesgo pro-franquista con el que los católicos irlandeses, disciplinada y acríticamente sometidos a los dictados de la jerarquía eclesiástica, se estaba posicionando en relación con la guerra civil española.

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Si cuando anunció que, en 2012, el déficit público español no iba a ser del 4,4% del PIB, tal y como exigía Bruselas, sino del 5,8%, Rajoy no hubiese afirmado que se trababa de una “decisión soberana”, todo lo que ha sucedido después hubiera quedado reducido a un pulso institucional de los numerosos que se libran todos los años entre la UE y sus Estados miembros. Pero lo dijo. Y al hacerlo, enardeció el orgullo patrio de más de un no-nacionalista, de esos que, pese a su no-nacionalismo, llevan años esperando del Gobierno de España un gesto viril de afirmación nacional. Por ello, nadie puede impedir que ahora, después de que Rajoy aceptase el 5,3% que finalmente le impuso la Eurozona, muchos se pregunten angustiados por la salud que atraviesa la soberanía española. ¿Qué será de ella?

"Sovereign Building" en Filadelfia

En los días previos a la reunión del Eurogrupo que corrigió la “decisión soberana”, dejando patente dónde se encuentra de verdad la soberanía, el Gobierno ya fue alertado sobre el riesgo que entrañaba el recurso a una retórica tan patriótica como innecesaria. Vidal Folch anotaba el pasado fin de semana que teniendo “mucha razón en el qué”, corría riesgo de perderlo todo por “un mal cómo soberanista” (“Lo que Europa exige a España”, El País, 8.03.12) En el mismo sentido, José Ignacio Torreblanca observaba en otro artículo que:

“…las referencias a la soberanía hechas pora Rajoy para justificar su decisión marcan la línea argumental contraria a la que se debería adoptar. Sea lo que sea la soberanía, si de lo que se trata es de la capacidad de fijar los objetivos de déficit público para el año fiscal, es evidente que España no es un país soberano. Lo contrario es hacerse trampas a uno mismo y hacérselas ala opinión pública española que, con razón, percibe que, hoy en día, en una unión monetaria sometida a una enorme presión por parte de los mercados financieros y en donde nos hartamos de repetir que las decisiones de Atenas o Roma tienen un impacto decisivo sobre el futuro de España, esa soberanía es una ficción” (“El canario en la mina”, El País, 9.03.12)

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Alguien ha dicho, recientemente, que el proceso de consolidación fiscal que Europa ha diseñado para el Estado español España es matemáticamente posible, pero políticamente imposible. Y tengo para mí que la reflexión tiene mucho de cierta. Como el papel lo aguanta todo, nada cuesta hacer que las cuentas públicas correspondientes a 2012 cuadren -tal y como la UE tenía previsto hasta anteayer- con un déficit del 4,4% del PIB y las del 2013 con un 3%.

La música oficial me suena a la tonadilla de un encantador de serpientes

Pero trasladar ese esquema financiero a la realidad es, ya, otra cosa. Es algo que cuesta un poco más, porque exige aplicar ajustes y recortes de tal magnitud, que ningún político en sus cabales podría asumir.

Si de lo que se trata es de sacar pecho y hacer planteamientos formalmente ambiciosos, con independencia de que sean realistas o no lo sean, lo mejor que podemos hacer es cerrar los ojos, fijar para este año un objetivo de déficit del 0% y que salga el sol por Antequera. ¿Para qué conformarnos -si se me permite la ironía- con una senda escalonada, que contempla un 4,4% para este año y un 3% para el año que viene, si podemos saltar directamente al 0%? 

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Al mediodía de hoy, he conectado la televisión para husmear un poco en los informativos. Es el vicio de los políticos. Casi todas las cadenas hacían recuento de los actos matutinos que han conformado la campaña electoral en Andalucía y Asturias. En la comunidad bética, el tándem Rajoy-Arenas competía con la pareja Rubalcaba-Griñán. Aquellos pedían a los andaluces que se incorporasen de una vez al tren del cambio que lidera Rajoy. Estos, por su parte, les advertían de que los logros sociales acumulados durante 30 años de gobiernos socialistas, se puede ir al traste si las urnas dan el triunfo a los populares. El contraste era palpable. Se enfrentaban la ilusión y el miedo. El cambio como esperanza frente al cambio como amenaza.

López comparte galardón, en Tineo (Asturias), con el líder vasco de la misma "derecha irresponsable" que hoy denostó en un mitin en el Principado.

En el Principado, todo era un poco más austero y contenido. Como toca a una comunidad cantábrica. La candidata popular, Mercedes Fernández, se presentaba arropada por María Dolores de Cospedal. Y el aspirante socialista, Javier Fernandez, llevaba como padrino a Patxi López. Entre ambos, pugnaba por abrirse un hueco el actual presidente de la comunidad, Alvarez-Cascos.

Me ha llamado la atención -es un decir- el corte de imagen y voz que la mayoría de las emisoras han seleccionado del discurso de López en Asturias. Se trata de un corte en el que se ve y escucha al inquilino de Ajuria Enea afirmando que “estas elecciones ponen de manifiesto la irresponsabilidad de la derecha y son una oportunidad para la izquierda que los socialistas no vamos a aprovechar”. Sí, han leído bien. Hablaba de la irresponsabilidad de la derecha. De la misma derecha que le ha aupado a la Lehendakaritza –sin su apoyo, jamás hubiese llegado a presidir el Gobierno vasco- y le ha mantenido lealmente en ese cargo durante los últimos tres años. De esa derecha a la que le debe todo lo que es desde el punto de visto político e institucional. Al escucharle, he sentido la tentación de darle la razón. Efectivamente, esa derecha que López denuesta es una “irresponsable”. Ante todo y sobre todo, porque le puso a él al frente del Ejecutivo vasco. ¿Alguien se puede imaginar un acto más irresponsable?

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El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial.

Joven saharaui denunciando la violación de derechos humanos por parte de Marruecos

Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación “bastante antes de que finalice el período del mandato”, lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, “bastante antes” de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que “examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO” y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un “mandato específico” sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.

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En la tarde de ayer, el Pleno del Congreso debatió y votó una Moción de nuestro Grupo Parlamentario en la que se instaba al Gobierno a rescatar las medidas de “discriminación positiva” que la ley venía reconociendo a las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral y contratadas en centros especiales de empleo, que fueron suprimidas en las postrimerías de la última legislatura por el Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero. La iniciativa ha sido defendida por Emilio Olabarria que es nuestro portavoz en el ámbito de la Sanidad y las políticas sociales y una persona muy conocida entre los colectivos y asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad. Su senbilidad en estos asuntos es proverbial. Y su eficacia parlamentaria ampliamente reconocida. De ahí que consiguiera convencer a la cámara para que aprobase, por unanimidad, una resolución que constituye una ventana de esperanza para los Centros Especiales de Empleo y para los miles de personas con discapacidad que trabajan en ellos. Creo, sinceramente, que constituye una excelente noticia para el colectivo afectado.

Emilio Olabarria y Uxue Barkox charlan en el hemiciclo

 

El empleo protegido está muy poco desarrollado en el Estado español. Se sitúa en torno a las 0,6 personas por cada 1000 habitantes. Una cifra que, según la OCDE, se encuentra bastante por debajo de la que corresponde a países como Francia (3,2), Alemania (3,3), Suecia (5,2) o Suiza (5,6). Este déficit de la realidad española se pone de manifiesto igualmente en el campo de la empleabilidad, actividad y empleo de las personas con discapacidad. Según datos de Eurostat, el Estado español presenta -en el marco de la UE a 15- el menor porcentaje de población con discapacidad que cuenta con un empleo remunerado. Sólo el 13,1% de las personas con discapacidad severa, entre 16 y 64 años, tienen empleo remunerado en el Estado español, frente al 24,3% de media europea. Por lo que se refiere a las personas con discapacidad moderada, el desfase es igualmente notable si se toma la media europea como término de referencia: el 28,7% español, frente al 42,6%.

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