Blog de Josu Erkoreka

No resulta posible predecir con un mínimo de precisión el grado de participación que los electos de Amaiur tendrán en las cámaras legislativas del Estado español durante los próximos cuatro años. Y no resulta posible hacerlo porque, antes, durante y después de la campaña electoral, desde sus filas se han hecho declaraciones públicas muy diferentes sobre el particular. Diferentes y, en ocasiones, hasta contradictorias. Han dicho que asistirán puntualmente a las sesiones parlamentarias y han dicho, también, que tendrán en las Cortes una presencia permanente. Han dicho que se implicarán sin reparos ni complejos en el grueso de los debates que se planteen en Madrid y han dicho, también, que sólo participarán en las cuestiones que conciernan a Euskal Herria. Han dicho de todo, dependiendo, en parte, de la persona que hablaba en cada momento -no todos asumen, de la misma manera, la [nueva] estrategia de participar en unas instituciones españolas que hasta ayer mismo se despreciaban- y, en parte, también, del partido al que pertenece. Porque en esto -como en otras muchas cosas- no es igual un portavoz de EA, que siempre ha ocupado escaños en Madrid y no abandonó las Cortes hasta que las urnas le arrebataron, en marzo de 2008, el último que le quedaba, que un militante de la izquierda abertzale que se ha pasado años tachando de colaboracionistas y claudicantes a los nacionalistas vascos -incluidos los de EA- que concurríamos a las elecciones generales y participábamos con normalidad en los trabajos parlamentarios del Congreso y el Senado.

Diputados de la Minoría vasca en las Cortes de la II República, ante el féretro de su compañero Ramon de Bikuña, fallecido en 1935

No se cuál es el criterio que finalmente se impondrá. Pronto lo veremos. Pero si acaba prevaleciendo el de no participar más que en los asuntos que afectan a Euskal Herria, me parece interesante recordar que no se trataría de un planteamiento inédito y sin precedentes. Durante años -antes, por supuesto, de la presente etapa democrática- los diputados y senadores del PNV se condujeron con arreglo a un planteamiento similar. Participaban en las elecciones generales y ocupaban escaño en las Cortes, pero tenían orden de no implicarse en los trabajos parlamentarios más de lo que fuera estrictamente indispensable para la defensa de los intereses vascos y, más concretamente, de su autogobierno. Podríamos remontarnos más atrás, pero creo que la experiencia de la II República resulta clarificadora y suficiente para ilustrar esta cuestión.

En efecto, entre los años 1931 y 1936, el PNV tuvo diputados propios en las Cortes republicanas. Seis en las constituyentes -a los comicios de 1931 concurrió en coalición con tradicionalistas e independientes católicos-, doce durante el bienio negro y nueve en la legislatura del Frente Popular. Sin embargo, basta repasar los diarios de sesiones del periodo para darse cuenta de que -salvo en el caso de Irujo y alguno más- su participación en los trabajos parlamentarios de la cámara no fue particularmente intensa. Si como muestra sirve un botón, valga el testimonio de Telesforo de Monzón, cuando reconocía a Iñaki Anasagasti en 1973 que “no hablé mucho aquellos años en el Congreso” [Llámame Telesforo, pág. 39]

Esa menguada participación a la que alude Monzón -que se puede contrastar sin dificultad en los registros oficiales- no era fruto de la indiferencia o de la pereza. Era expresión de la consigna que los diputados nacionalistas recibieron de su partido para no implicarse en la labor parlamentaria más que en la medida en que fuera estrictamente necesario para defender Euskadi y trabajar por el Estatuto. Para un nacionalista vasco -decían-  no era lícito involucrarse más.

Ya en septiembre de 1931, Eli Gallastegi planteó la cuestión en las juntas municipales de Abando-Bilbao, pidiendo a las autoridades del partido que adoptasen los acuerdos necesarios para que “los diputados nacionalistas evitaran intervenciones en asuntos españoles que no tuvieran relación con Euzkadi ni con el Estatuto, para cuya defensa fueron nombrados” . Como la cuestión no recibió respuesta oficial por parte de la Ejecutiva, seis meses después, el propio Gallastegi volvió a suscitar la cuestión en una reunión del Bizkai Buru Batzar (BBB), recordando que el asunto seguía pendiente de resolución y a la espera de una instrucción de las autoridades del partido . La ejecutiva bizkaina dispuso entonces trasladar el asunto al Euzkadi Buru Batzar (EBB), para que decidiera sobre el particular.

Entretanto, en algunos estamentos jeltzales se hacía un seguimiento férreo de la actividad desarrollada por sus diputados en Madrid, a fin de comprobar si se ajustaban o no a este restrictivo criterio. Lo ocurrido con Leizaola pone bien a las claras el riguroso escrúpulo con el que determinados militantes controlaban la labor de los electos nacionalistas en Cortes. A fines de 1932, Leizaola participó activamente en los debates que tuvieron lugar con motivo de la tramitación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 1933. Presentó y defendió numerosas enmiendas en las que, básicamente, pugnaba por la reducción o la eliminación de determinadas partidas. Leizaola era funcionario y manejaba con soltura los conceptos presupuestarios públicos. Y se empleó a fondo en el debate, con intervenciones largas y prolijas que iban más allá de lo que -en opinión de algunos- podía esperarse de un diputado nacionalista.

Como cabía sospechar su participación fue reputada excesiva e injustificada por una parte de la militancia de Bilbao, que pidió explicaciones por ello al diputado gipuzkoano. Leizaola tuvo que elaborar una nota justificando su intervención parlamentaria. Apelaba, en primer lugar, a las raíces. A las fuentes originarias de la doctrina nacionalista. Los acuerdos de Sabino Arana al respecto, que apostaba por “diputar para los cuerpos legisladores de Madrid a individuos de su seno […] puesto que es procedimiento fundamental que sigue el de procurar ocupar todas las posiciones desde las cuales pueda hacer algún beneficio a nuestro pueblo, y ya que es claro que los adversarios, posesionados de ellas, causan a éste grave daños”. Desde esta perspectiva su intervención era plenamente legítima. No quebrantaba la ortodoxia jeltzale. Los presupuestos no eran ajenos a los intereses vascos. Pero es que, además, había razones de orden práctico para no eludir la participación en el debate sobre las cuentas públicas: “he pretendido -decía Leizaola- que no vayamos los vascos a cargar con el gasto de las carreteras de Extremadura y Andalucía, de España entera, después que hemos pagado ya las de Euzkadi, sin ayuda de nadie. Me parece que esto es procurar hacer algún beneficio a nuestro pueblo, que es lo que afirma el acuerdo suscrito por nuestro fundador”

En este contexto, el diputado José Horn fue invitado a formar parte de la comisión constituida en el seno de la cámara para enjuiciar las responsabilidades que pudieran derivarse de la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. A Horn le asaltó la duda: ¿Era posible participar en la Comisión de Responsabilidades sin franquear los límites que los diputados nacionalistas vascos habían de respetar en su participación en la política española?

Para disipar la duda, decidió someter el asunto a la consideración de la ejecutiva de Bizkaia. Reunido el 22 de julio, el BBB acordó responder a la consulta, indicando al diputado que debía “declinar el nombramiento que la Cámara española le asigna […] ya que la aceptación supondría una intervención excesiva de un diputado del PNV en la vida política española y en los asuntos que a ella le interesan internamente” . Pero el panorama se complicó y Horn volvió a someter el asunto al conocimiento de la ejecutiva. Su presidente, Luis Arana, le respondía por escrito a finales de 1932, observando nuevamente que

“era principio general del Partido Nacionalista Vasco que nuestros diputados en Cortes hispanas con el sólo mandato del Estatuto, no debían intervenir en nada que solamente afectara a la familia hispana aunque sí en lo que alguna relación tuviera con nuestra patria Euzkadi” .

En los albores de la segunda legislatura, el BBB matizó un poco esta radicalidad inicial. Acordó iniciar una labor de concienciación de la masa nacionalista, llevándole a la convicción de que “si como ciudadanos del Estado español tenemos obligaciones, también hemos de aprovecharnos de sus derechos, es decir, debemos procurar conseguir el máximo de beneficios, tanto espirituales como materiales del Estado español, sin claudicación ni menoscabo de la doctrina sustentada por el PNV” .

Pero, para entonces, Jagi-Jagi mantenía ya una actitud muy crítica con respecto a las actuaciones parlamentarias de los diputados nacionalistas, en las que advertía, por su grado de implicación en la política española, un cierto tinte “colaboracionista”. Para los promotores de esta publicación, no eran admisibles los intentos de colaborar políticamente con quienes “representan al pueblo invasor” y llevan en sus actividades “el nombre de España”. Porque ello supone contribuir al desarrollo y promoción de esos principios. En consecuencia -sostenía- “lo prudente es la abstención”; o, dicho de otro modo, desentenderse de la política española, mediante actitudes que sean “la declaración elocuente de un renunciamiento y la consecuencia de un antagonismo profundo”.

En enero de 1934, Gallastegui defiende abiertamente -aunque ahora desde Jagi-Jagi y no desde los órganos de gobierno del propio PNV- la necesidad de inhibirse “en la obra parlamentaria” de las cortes españolas; propugna “eludir toda intervención en las comisiones, toda discusión en asuntos que no afectan a Euzkadi”. Porque “cualquier contemporización con el enemigo puede traducirse o interpretarse como claudicación vergonzosa”. Los diputados nacionalistas habían de ir a Madrid “con la antorcha que ilumine la libertad de Euzkadi”. Ese había de ser su único designio. Y de ese principio básico, se derivaban claras consecuencias prácticas para los diputados. La abstención total. No se había de participar más que en los debates que tuvieran alguna relación con la aprobación del Estatuto:

“Nadie podrá convencernos de que el Estatuto Vasco obliga a diputados a aconsejar al Presidente de la República sobre la situación de España; a aceptar un puesto significativo en la Comisión de Actas; a defender un dictamen socialista en defensa de un candidato español, en lucha con otro candidato español.
El tema, como puede verse, es de trascendental importancia para el nacionalismo vasco. Bien merece la pena que los patriotas pongan en su examen toda la reflexión que la cosa merece”

En este debate terciaba Irujo, cuando distinguía -en un artículo publicado en el diario Euzkadi– entre hacer nacionalismo vasco y hacer política nacionalista, dejando claro que en las cortes republicanas sólo les era posible hacer esto último: defender los intereses del País Vasco, en todos los ámbitos; en el del autogobierno, por supuesto, pero también en el ámbito del desarrollo económico.

“nosotros los diputados a Cortes no vamos [a Madrid] a hacer nacionalismo; eso sería una equivocación lamentable y para hacer nacionalismo vasco nos quedaríamos en casa. Vamos a hacer <política nacionalista>, que es algo de orden inferior al nacionalismo, al servicio de éste […] Somos allí representantes de nuestro país en los medios parlamentarios. Y hemos de atemperarnos a ellos para traducir los acuerdos y orientar los movimientos sirviendo digna y eficazmente al programa que nos llevó a las candidaturas […] Un embajador no va al país donde ejerce su representación a hacer allí patriotismo, sino a defender la política de su país en los diversos sectores de su derecho e interés” .

En el bienio radical-cedista volvió a plantearse la cuestión de los límites de la participación política de los diputados nacionalistas en la política española. Ocurrió con motivo de la formación del primer gobierno de Chapaprieta, en septiembre de 1935. Irazusta fue llamado a Madrid para ser consultado sobre la formación del nuevo gabinete. Y “ante la posibilidad de que se ofrezca alguna cartera ministerial en el nuevo gobierno español a la Minoría Nacionalista Vasca en aquél parlamento”, el EBB deliberó y consultó sobre el particular al BBB. La respuesta de este, adoptada por unanimidad era tajante:

“el PNV no puede por principios doctrinales aceptar puestos en el gobierno español y que esto se haga saber claramente a quien haga el ofrecimiento, caso que éste tenga lugar”

Podríamos extendernos hasta el infinito en el estudio de los pormenores de este debate y de las consecuencias que tuvo en la vida del partido y en la actividad de sus representantes en Cortes. Pero creo que los retazos aportados resultan suficientemente clarificadores para aproximarse a los términos en los que se produjo. Ahora, bien, ¿Cuáles son las conclusiones que cabe extraer de la experiencia republicana?

Nunca se sabrá a ciencia cierta el impacto que esta actitud recelosa y autolimitativa que los diputados jeltzales mantuvieron en las Cortes republicanas pudo haber tenido en el hecho de que, contrariamente al Estatuto catalán, que se aprobó en 1932, el Estatuto vasco viese retrasada su aprobación hasta 1936. Pero los electos jeltzales se quedaron con la impresión de que, sin despreciar la importancia que pudieran haber encerrado otros factores, como el hecho de que Lerroux dependiese excesivamente de Gil Robles y de que los socialistas -empezando por el mismo Prieto- prefiriesen abortar el Estatuto vasco a que fuera aprobado por un Gobierno de derechas, su escasa implicación en las Cortes influyó mucho y negativamente en el resultado final. Y la reflexión tiene su lógica. Si uno renuncia a hacerse valer cuando los demás necesitan de él para diseñar estrategias parlamentarias o conformar mayorías en el hemiciclo, es muy difícil que sea tenido en cuenta cuando es él quien plantea sus reivindicaciones. El do ut des constituye el quicio mismo de la vida parlamentaria. Y el que no da algo cuando se le pide, difícilmente puede recabar complicidades o exigir la comprensión o el apoyo de los demás, cuando es él quien los necesita. La pureza incontaminada tiene su atractivo, no lo niego. Pero suele ser poco productiva. Ya lo dice el refrán: sopas sin sorber, no puede ser.