Blog de Josu Erkoreka

En un post que publiqué en las postrimerías de 2011 (ver «Recentralizando que es gerundio»,fechado el 5.12.11) alertaba a los lectores del riesgo de que el conflicto originado por el presidente de La Rioja al negarse a prestar asistencia sanitaria y hospitalaria a los ciudadanos alaveses que residen en la frontera con su Comunidad Autónoma, acabara convirtiéndose en un pretexto -uno más- para justificar la devolución de competencias a los poderes centrales del Estado. La pulsión recentralizadora que atraviesa horizontalmente a las fuerzas políticas de vocación españolista no repara en esfuerzos a la hora de arramplar para casa. Y basta que un conflicto fronterizo de alcance local trascienda a los medios de comunicación, para que la opinión pública se vea salpicada por decenas de propuestas «bienintencionadas» que sólo aspiran a mejorar o corregir el modelo, aunque todas ellas, casualmente, lo hagan por la misma vía: reforzando el centro y debilitando la periferia. 

La crisis económica -ya lo he dicho en más de una ocasión- está sirviendo de coartada para que centralistas impenitentes que siempre miraron con recelo el modelo autonómico, encuentren un engarce argumental, aparentemente sólido, objetivo e incontestable, de cara a exigir la recuperación de atribuciones públicas para el Estado. La argumentación siempre es la misma. Una argumentación tan sencilla como falaz: la descentralización política es ineficaz y, además, económicamente insostenible. Los poderes territoriales sólo son fuente de caos, descoordinación y despilfarro. Y si en tiempos de vacas gordas se pueden tolerar ciertos caprichos descentralizadores, estos resultan aboslutamente inasumibles en tiempos de vacas flacas.

En el post al que me refería líneas arriba, ya consigné algunas de las reacciones que la controversia fronteriza riojana había suscitado en las filas populares. Todas, claro está, indefectiblemente alineadas en el planteamiento de resolver el desaguisado autonómico mediante algún tipo de intervención novedosa del Estado. Pues bien, ahora son los socialistas los que se han subido al carro recentralizador. En una rueda de prensa celebrada ayer, Ramón Jauregui hacía valer su condición de diputado elegido por la circunscripción de Álava, para anunciar la próxima presentación en el Congreso de una iniciativa en la que se instará al Gobierno a crear una fórmula que permita tomar cuenta detallada de la atención prestada por las comunidades autónomas a los pacientes procedentes de las comunidades vecinas, de modo que al final de cada año se lleve a cabo la compensación económica correspondiente, mediante «un sistema contable normalizado». Su propuesta -argumentó- «es la única solución posible para una cuestión que, por afectar a más de dos comunidades, puede romper el sistema nacional sanitario». Y añadió «[Pedro] sanz ha abierto una espita en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, el problema debe resolverse en el ámbito nacional porque no es sólo un problema de una zona limítrofe, sino que hay cientos de casos de lugares limítrofes».

Creo que ya se intuye por donde va su propuesta, ¿no?. Por la vía de engordar el sistema sanitario general con facultades de nuevo cuño concebidas para garantizar la articulación del modelo. Más poder para las instituciones centrales del Estado. Lo que le permite, dicho sea de paso, alimentar la especie de que las comunidades autónomas son unas entidades constitutivamente abocadas a la minoría de edad y absolutamente incapaces de llevar a cabo una gestión aseada, si esta no viene avalada por la paternal y suprema supervisión del Estado. En esto, como en muchas otras cosas, apenas hay diferencias entre los postulados de los socialistas y los planteamientos de los populares. Su común mentalidad centralista les impide concebir la idea de que las relaciones de cooperación y colaboración entre comunidades autónomas puedan articularse sin la intervención del Estado y sin su reconducción a un modelo único tutelado por las instituciones centrales. Les horroriza pensar en la enorme potencialidad asimétrica que encierra el campo de la cooperación entre comunidades vecinas para la resolución de problemas comunes.

En El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, el profesor Eliseo Aja destaca la importancia que los convenios horizonales suscritos «entre dos, varias o todas las CCAA» pueden revestir de cara poner coto al impulso recentralizador que se pone de manifiesto cuando en las materias de competencia autonómica se plante la necesidad de responder a retos o solucionar problemas que superan los límites territoriales de cada Comunidad Autónoma. «Los convenios entre todas las CCAA -observa Aja- pueden servir para evitar procesos de recentralización, que si no resultarán imparables». Y para ilustrar la tesis, cita un par de ejemplos, de entre los que yo quisiera destacar ahora el de la Universidad a Distancia.

«La Universidad a Distancia es la vía que tieen muchos miles de estudiantes para alcanzar un título uoniversitario,cuando por diversas razones no pueden asistir a las universidades tradicionales. Desde el principio, ha tenido ámbito estatal y sede en Madrid, al mismo tiempo que posee centros para dar clases o atender a los alumnos enmuchas ciudades. La Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen la gestión de las universidades a las CCAA, sin excepción. Sin embargo, el gobierno central «se quedó» la Universidad a Distancia alegando qu eno podría ser repartida entre las CCAA, lo que en buena parte es verdad. Pero la Constitución no contempla que el gobierno central gestione ninguna universidad. Habría bastado que todas las CCAA hubieran suscrito un convenio para asumir y organizar la gestión de la Universidad a Distancia pro un órgano común; así se habría traspasado a las CCAA, como se deriva de la Constitución, sin tener que dividirla»

Como se ve, existen fórmulas -la convencional es una de ellas- para que los asuntos de inequívoca competencia autonómica que trascienden los límites territoriales de una sola, puedan ser abordadas de manera eficaz, sin tener que impetrar el auxilio paternal del Estado. Pero las mentes centralistas no están programadas para explorar esas vías. Ni las que se ubican a la diestra, ni las de la siniestra.

Ya lo advertí en noviembre. Ni los unos ni los otros van a desaprovechar ocasión alguna para pugnar por la recentralización. Están convencidos de que el Estado autonómico ha llevado demasiado lejos el impulso descentralizador y de que urge plantarse e iniciar cuanto antes la vuelta atrás. Y la crisis les ofrece una coartada que no van a despreciar.

En el caso de los socialistas, además, sorprende altamente el hecho de que la fórmula por la que optan sea la de que cada Comunidad Autónoma asuma, vía compensación, el coste de sus pacientes. La crisis, al parecer, les ha hecho perder el sentido de la solidaridad, que tan cara resulta -o debería resultar- a su identidad ideológica.