Como ya anticipé a principios de año (véase el post titulado «1812ko Konstituzioaren berrehungarren urteurrena dela eta«, publicado el 2.01.12) la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz -conocida también como La Pepa, porque fue proclamada el día de San José- está siendo aprovechada por los partidarios de la patria única e indivisible de todos los españoles, para la organización de numerosos actos y celebraciones de encendido tono nacionalista. Políticos, periodistas y publicistas de toda laya aprovechan la ocasión para ponderar con entusiasmo las virtudes de un texto constitucional que -se nos dice y repite- sirvió para incorporar a España a la modernidad, estableciendo las bases normativas de una nación liberal, ilustrada, democrática y acorde con los tiempos, cuya actualización política se ha llevado a cabo a través de la Constitución de 1978.
Pero en el jolgorio general rememorativo de aquellos «¡viva la pepa!» que acompañaron a su aprobación, poca gente recordará las reticencias que el texto de Cádiz provocó en la sociedad vasca en los meses siguientes a su aprobación. Como ha hecho notar recientemente el profesor Gregorio Monreal -véase el excelente trabajo titulado «Los diputados vascos y navarros (El Reino de Navarra y las Provincias Vascongadas en las Cortes y en la Constitución de Cádiz)», in Cortes y Constitución de Cádiz, Espasa, Madrid, 2011, Tomo I, pp. 347 a 418- en las Cortes de Cádiz «no existió un debate propiamente dicho respecto de los Fueros del Reino de Navarra y de las Provincias Vascongadas». Tampoco consta que se intentase incluir «alguna cláusula de salvaguarda del sistema foral vigente». Los diputados que representaban a los territorios forales, «bien por prudencia o por percatarse de que sus propuestas no iban a hallar eco, guardaron silencio sobre lo que concernía al sistema político-administrativo que regía en sus respectivos distritos». Los territorios forales se incluyeron, sin nota distintiva alguna, en la relación alfabética del artículo 1o de la Constitución, que enumeraba las entidades territoriales que integraban la Monarquía: «El territorio español comprehende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes […] Navarra […] Provincias Vascongadas».