El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial.
Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación «bastante antes de que finalice el período del mandato», lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, «bastante antes» de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que «examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO» y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un «mandato específico» sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.