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Archive for 7/03/12

El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial.

Joven saharaui denunciando la violación de derechos humanos por parte de Marruecos

Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación “bastante antes de que finalice el período del mandato”, lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, “bastante antes” de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que “examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO” y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un “mandato específico” sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.

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En la tarde de ayer, el Pleno del Congreso debatió y votó una Moción de nuestro Grupo Parlamentario en la que se instaba al Gobierno a rescatar las medidas de “discriminación positiva” que la ley venía reconociendo a las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral y contratadas en centros especiales de empleo, que fueron suprimidas en las postrimerías de la última legislatura por el Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero. La iniciativa ha sido defendida por Emilio Olabarria que es nuestro portavoz en el ámbito de la Sanidad y las políticas sociales y una persona muy conocida entre los colectivos y asociaciones que trabajan en el campo de la discapacidad. Su senbilidad en estos asuntos es proverbial. Y su eficacia parlamentaria ampliamente reconocida. De ahí que consiguiera convencer a la cámara para que aprobase, por unanimidad, una resolución que constituye una ventana de esperanza para los Centros Especiales de Empleo y para los miles de personas con discapacidad que trabajan en ellos. Creo, sinceramente, que constituye una excelente noticia para el colectivo afectado.

Emilio Olabarria y Uxue Barkox charlan en el hemiciclo

 

El empleo protegido está muy poco desarrollado en el Estado español. Se sitúa en torno a las 0,6 personas por cada 1000 habitantes. Una cifra que, según la OCDE, se encuentra bastante por debajo de la que corresponde a países como Francia (3,2), Alemania (3,3), Suecia (5,2) o Suiza (5,6). Este déficit de la realidad española se pone de manifiesto igualmente en el campo de la empleabilidad, actividad y empleo de las personas con discapacidad. Según datos de Eurostat, el Estado español presenta -en el marco de la UE a 15- el menor porcentaje de población con discapacidad que cuenta con un empleo remunerado. Sólo el 13,1% de las personas con discapacidad severa, entre 16 y 64 años, tienen empleo remunerado en el Estado español, frente al 24,3% de media europea. Por lo que se refiere a las personas con discapacidad moderada, el desfase es igualmente notable si se toma la media europea como término de referencia: el 28,7% español, frente al 42,6%.

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