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Posts Tagged ‘X Legislatura’

En el Pleno de esta tarde se ha aprobado, con el apoyo de una amplia mayoría de la cámara,  una iniciativa de CiU que tiene por objeto poner coto a los inmorales abusos que se han prodigado en el sistema financiero español, en aquellos casos en los que, administradores, cargos directivos y consejeros de entidades financieras que han llevado a estas a la ruina, se han beneficiado de retribuciones, indemnizaciones u otro de tipo de compensaciones económicas millonarias.

Durante los últimos ocho años, el Gobierno socialista no dio un solo paso para cortar de raíz estas prácticas. Antes al contrario, el Ejecutivo de Zapatero instituyó un fondo público -el FROB- que tenía por objeto  financiar los procesos de reestructuración del sistema financiero que requiriesen un esfuerzo de capitalización y no tuvo a bien -no sé si porque no quiso o porque no se atrevió- condicionar la concesión de ayudas con cargo a ese fondo, al previo establecimento de límites a las escandalosas retribuciones que percibían los directivos de las entidades beneficiarias y a las no menos escandalosas indemnizaciones que algunos de ellos tenían derecho a ingresar en el momento en el que pusieran fin a su deplorable gestión.

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El pasado viernes dí una charla sobre temas de actualidad política en un batzoki de Bizkaia. Afuera llovía a cántaros -el mes de abril ha hecho justicia al refrán que pronostica “aguas mil”- pero en el interior del local se percibía el calor propio de una organización viva y pujante. Cuando concluí mi intervención, el presidente de la organización municipal abrió un coloquio en el que se me formularon muchas preguntas. La actualidad está henchida de noticias inquietantes que suscitan interés y preocupación. El toma y daca estuvo interesante. Todos hablamos con claridad y franqueza.

Al término del acto, un joven que había planteado varias cuestiones durante el coloquio, me retiró aparte y me preguntó cómo podía acceder a las enmiendas planteadas por Amaiur contra las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy. Según me dijo, está elaborando un estudio politológico sobre la labor institucional de una formación política que ha hecho -y sigue haciendo- mucha política alternativa e incluso abiertamente anti-institucional. Por supuento que me presté a ayudarle. “¿Qué enmiendas son las que interesan?”, le pregunté. “Para empezar -me respondió- las que han presentado contra las tres leyes que estos días acaparan los titulares de prensa: la de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la de Presupuestos para 2012. Si no te importa -añadió- ya te iré pidiendo más material en el futuro”. Quedamos en que haría la búsqueda y le remitiría los materiales que le interesaban tan pronto como diese con ellos.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre “entre el escaño y el cargo incompatible”. Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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El debate político que estos días enfrenta a los dos grandes grupos parlamentarios del Congreso -el socialista y el popular– se articula en torno al binomio herencia-ideología. Rajoy y sus seguidores sostienen que las restrictivas medidas que el Ejecutivo está adoptando para la contención del gasto público, no son fruto de su voluntad, sino de la desastrosa herencia que han recibido de manos de Zapatero. Aseguran que no son de su gusto, pero que no tienen más remedio que tomarlas, si se tiene en cuenta lo maltrechas que los socialistas han dejado las cuentas públicas. Frente a ello, las huestes parlamentarias de Rubalcaba sostienen que las rigurosas políticas de ajuste que está promoviendo el Gobierno no obedecen a manda testamentaria o legado alguno, sino  a la ideología del PP; pura y simplemente. Son -dicen- expresión cruda y descarnada de sus planteamientos políticos, abiertamente conservadores y neoliberales.

Durante los últimos meses, no hay debate en la cámara que no venga precedido de un preámbulo contextualizador que nos remita a esta dialéctica que contrapone la herencia a la ideología. No falla. Sea cual sea el objeto de la controversia, antes de entrar en el fondo del asunto, los respectivos portavoces dedican un tiempo a cruzarse invectivas con esta argumentación.

Se trata, a mi juicio, de un debate tan ampuloso como falso. Uno de tantos, por cierto. Porque la herencia tiene algo de ideología y la ideología tiene, también, algo de herencia. Además, hay herencias que vienen de varias generaciones atrás y hay, también, ideologías aparentemente dispares que comparten amplios espacios de intersección. Y, en fin, hay factores que no son achacables ni a la herencia ni a la ideología.

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El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

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Durante la pasada legislatura aludí en más de una ocasión a lo que los diputados del Grupo parlamentario vasco conocemos como la “frontera nacional”. En el primer post en el que hice referencia a este fenómeno (ver “La frontera nacional”, publicado el 22.11.08) definía la frontera nacional como “la línea divisoria que se refleja en el panel [luminoso que da cuenta del sentido del voto emitido en cada escaño] en aquellas votaciones en las que los defensores acérrimos de España y sus esencias nacionales -fundamentalmente PP y PSOE, aunque ahora habría que añadirles a Rosa Díez y al diputado de UPN que ha emigrado del grupo popular al mixto- votan en coherencia con su fervoroso sentimiento patriótico y los demás diputados lo hacen en sentido contrario”.

Pues bien, hoy hemos vuelto a contemplar el mismo espectáculo. Hoy hemos visto de nuevo que el tablón trazaba la línea divisoria que evoca la frontera nacional. El cambio de la legislatura no ha alterado, por lo que se ve, las grandes líneas que enmarcan el espectro parlamentario. Ha sucedido con ocasión del debate de una Proposición de Ley del Grupo vasco, en la que se planteaba una reforma de la vigente Ley del Deporte con el fin de reconocer explícitamente la posibilidad de que las selecciones deportivas catalanas, gallegas y vascas puedan participar en competiciones y encuentros oficiales de carácter internacional.

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Mi gozo en un pozo. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma estatutaria remitida al Congreso por Les Corts de la Comunitat Valenciana (ver el post titulado “Fraternidad y buen entendimiento en el Estado autonómico español“, publicado el 6.04.12) pero no ha sido posible. El debate se ha aplazado. A través de un escrito que los portavoces del Congreso hemos conocido hoy, Les Corts han solicitado el “aplazamiento de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para una próxima sesión plenaria”. La razón que la cámara autonómica aduce para solicitar el aplazamiento es muy sencilla; argumenta que no ha designado aún a “los Diputados o las Diputadas que han de defender la Proposición”. A lo que añade que, como “la próxima sesión plenaria se celebrará el 25 de abril”, le resulta imposible garantizar el nombramiento de sus representantes para la fecha en la que estaba previsto el debate de su iniciativa; es decir, para hoy 10 de abril de 2012.

Cuando Zapatero se vio en la necesidad de torear con la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya -recuérdese que, tiempo atrás, había prometido en un acto celebrado en Barcelona que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, daría por bueno en su integridad el texto que aprobase la cámara catalana- muchos pensaron que la incomodidad que acusaban los socialistas arrancaba del hecho de que aquella iniciativa había sido impulsada para embestir contra el Gobierno de Aznar, de modo que el inesperado cambio operado en La Moncloa por las elecciones generales de 2004, había vuelto hacia ellos los vientos y tempestades que deseaban levantar con la iniciativa.

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Durante la semana de pascua que arranca con la jornada de hoy, el Congreso de los diputados dará término a la tramitación del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta misma tarde -en Madrid no es fiesta- el documento será debatido en Comisión. Y mañana, martes, el PP impondrá su hegemonía en la Mesa de la cámara para forzar, a golpe de votos, la incorporación del proyecto al orden del día de un Pleno extraordinario ad hoc que se celebrará el próximo jueves; a cuarenta y ocho horas raspadas desde el momento de la convocatoria. Las mayorías absolutas son así: el Gobierno impone su ley y obliga al Parlamento a rodar al ritmo que le interesa.

El proyecto se articula como una continuación lógica de las leyes de Estabilidad Presupuestaria que se han venido sucediendo desde el año 2001, aunque incorpora, como cabe imaginar, la ortodoxia fiscal y los rigurosos mecanismos de control que la política presupuestaria de la UE ha impuesto durante los últimos años a sus Estados miembros, en general, y a los países de la Eurozona, en particular. Se trata, por otra parte, de la pieza normativa que dejó pendiente la reforma express que el PSOE y el PP llevaroa a cabo el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.

Acertará quien sospeche que, como gran parte de las normas anticrisis que están saliendo del zurrón de este Gobierno, el proyecto al que me refiero arranca de un esquema notablemente centralista. Su texto, en efecto, diseña un modelo radial de actuación interadministrativa, en cuyo centro se sitúan las instituciones centrales del Estado: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. A ellos se reservan, de hecho el grueso de las facultades públicas relacionadas con la estabilidad presupuestria: la coordinación general del sistema (art. 10), el cálculo de la tasa de crecimiento del PIB que determinará el incremento del gasto público (art. 12), el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones públicas (art. 15), incluidas, por supuesto, las autonómicas (art. 16), el control sobre el cumplimiento de dichos objetivos (art. 17), la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que han de imponerse a las CCAA incumplidoras y para las Corporaciones locales de las CCAA autonomías que carezcan competencias en el ámbito de la tutela financiera de las entidades locales arts. 18 a 26), arbitrar los instrumentos encaminados a garantizar el principio de transparencia (art. 27)  e integrar la información (art. 28).

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En su conocida obra Ética y Política, el profesor López Aranguren sostenía que “la moral no puede ser plenamente realizada al nivel colectivo más que por el Estado. La virtud sola -añadía- por muy social que sea, no basta ya para la producción de un orden colectivo justo. Este orden justo es impedido, o es hecho posible, por la fuerza de un sistema económico, por factores de orden técnico, por la primacía de determinados grupos sociales de presión o por decisiones de carácter administrativo político”. Desde que asomaron, allá por el año 2008, los primeros síntomas de la crisis económica que tan punzantemente nos aflige en este principio de siglo, la reflexión de Aranguren que acabo de citar ofrece un excelente utillaje argumental para afrontar el debate político desde un planteamiento crítico. ¿Están los poderes públicos actuando con arreglo a esa eticidad positiva -y no meramente restrictica o negativa- que cabe exigirles? ¿Hasta qué punto las decisiones políticas de los últimos tiempos están contribuyendo al mantenimiento de un orden social justo y equitativo?

Con este espinoso debate como telón de fondo, el viernes pasado, el Gobierno central adoptó una decisión que nos situa en el centro mismo del dilema que el conocido sociólogo Max Weber planteó entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera apela estrictamente a los principios que deben guiar la acción del político. La segunda toma en consideración las consecuencias de las decisiones políticas y descansa sobre una ponderación razonable entre los medios y los fines, a fin de evitar que una resolución adoptada atendiendo exclusivamente a los dictados de la ética de las convicciones, comporte consecuencias desastrosas de cara a la consecución de los objetivos últimos hacia los que nos deberían conducir esas mismas convicciones.

Cuando hablo de una medida gubernamental que nos remite al corazón de este dilema ético, me estoy refiriendo, obviamente, a la amnistía fiscal que el Gobierno ha colado de matute en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La medida es sencillamente insostenible desde el punto de vista de la ética de las convicciones. Nadie puede predicar in abstracto la moralidad de una decisión como la de perdonar generosamente a quien haya defraudado a Hacienda, a cambio de que compense a las arcas públicas con una aportación equivalente al 10% del valor de los bienes o derechos ocultados al fisco. Es algo -insisto en ello- rigurosamente inasumible desde una perspectiva ética. Algo radicalmente incompatible con la ética de los principios.

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