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Posts Tagged ‘X Legislatura’

No somos conscientes aún de la dimensión que puede alcanzar el impacto que el conjunto de las medidas previstas en el último decretazo del Gobierno -me refiero al Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio- va a producir en la sociedad, en la economía y en las instituciones. Como se trata de una norma que se refiere a ámbitos y sectores muy heterogéneos, cada colectivo afectado ha calibrado ya, aunque no sea más que aproximadamente, el efecto restrictivo que los recortes van a producir en el ámbito que le concierne. Sin embargo, apenas existe una visión de conjunto sobre el impacto que todas ellas -unidas- han de producir en nuestra vida cotidiana. El FMI ya ha hecho notar que sus previsiones de crecimiento negativo para el año 2013, van a empeorar como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Pero más allá de ese efecto depresivo que van a producir sobre el conjunto de la economía -que se da por hecho-, está por precisar el alcance efectivo que van a revestir en el desenvolvimiento de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

Cada vez que se relee su texto -apretado en 90 interminables páginas, escritas con letra menuda de Boletín Oficial- se descubre un aspecto nuevo o una dimensión distinta, en los que no se había reparado en las recensione anteriores. Y si a ello añadimos las cuatro curiosas páginas de correcciones de errores que se publicaron cinco días después de la norma principal, se puede el lector hacer idea de las sorpresas que encierran las relecturas de su articulado.

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La semana pasada inserté un post en el que llamaba la atención sobre la posibilidad -no hipotética, sino real- de que el proyecto de Ley relativo a la reforma laboral se aprobase en unos términos potencialmente lesivos para el Concierto Económico (Cfr. “Alerta roja ante una posible agresión al Concierto Económico“). Esta semana hemos dedicado un esfuerzo no desdeñable a impedir que se consumase el desaguisado. Los diputados y senadores del PNV hemos hablado con todo el que pudiera atesorar un mínimo de autoridad para corregir el texto del proyecto.

El martes, Pedro Azpiazu habló con Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, que la víspera estuvo en Bilbao, invitado por los populares vascos, para reiterar su firme compromiso con el Concierto Económico. Toda la prensa vasca se hizo eco de ello con caracteres bastante amplios. “Pues bien -le dijo Pedro-,  si es así, cosa que no dudo, procura resolver este asunto, que puede ser crucial para el futuro del régimen concertado”. Por su parte, Emilio Olabarria abordó a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, argüyendo, con sentido, que la cuestión controvertida se planteaba en relación con un proyecto de Ley que atañe a su ámbito de competencia. Pero Fátima le respondió que, aun cuando el proyecto afectado tenía que ver con el mundo laboral, el asunto que nos interesaba era de  naturaleza fiscal y correspondía resolver al ministro de Hacienda. Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, se sentía impotente. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, otro tanto. Ambos admitía que la cuestión trascendía su ámbito de decisión; era el Gobierno el que tenía que dar la orden de votar a favor de nuestra enmienda.

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En el arranque de esta legislatura, hace ya cuatro meses, apunté la más que factible posibilidad de que la mayoría absoluta alcanzada por el PP en los últimos comicios, acabara convirtiendo el hemiciclo en un espacio plúmbeo preñado de discursos de gran densidad ideológica, más concebidos para dejar constancia en el diario de sesiones de que se han defendido determinadas causas sin ceder un ápice en la ortodoxia, que para convencer al oponente o procurar aproximarse a él desde la voluntad de cerrar acuerdos constructivos (Cfr. “¿Legislatura plúmbea?” , publicado en este blog el 8.02.12). Me temo que el paso del tiempo está confirmando mi impresión inicial. Semana tras semana nos encontramos ante sesiones plenarias en las que todo -desde el tenor de las intervenciones, hasta el resultado de la votación- es perfectablemente previsible. Pero en aquella entrada se me olvidó a puntar que, junto a la progresiva densificación doctrinal de unos discursos puramente declarativos, pensados para el diario de sesiones, iba a producirse, también, otro fenómeno típico de los parlamentos constituídos sobre la base de una mayoría absoluta: la proliferación de gestos simbólico-mediáticos, diseñados para suministrar alimento gráfico a las portadas de los periódicos: los diputados visten camisetas reivindicativas, exhiben pancartas, pegatinas o chapas, despliegan bandera o muestran objetos emblemáticos que guardan relación con las causas que defienden. Se trata de una práctica complementaria de la anterior. Con los discursos sobrecargados de ortodoxia ideológica se justifica la estrategia parlamentaria a largo plazo. Con los flashes simbólico-mediáticos se da respuesta a los requerimientos comunicativos del día a día.

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, en el momento en el que protagoniza el gesto simbólico-mediático de exhibir la senyera estelada desde la tribuna del Congreso

Ambas técnicas son habituales entre los grupos parlamentarios que se mueven en la oposición. Pero en la sesión de ayer nos encontramos con un episodio chocante, porque el propósito meramente declarativo y simbólico-mediático vino de la mano de una iniciativa del Partido Popular. No del Gobierno, ni del Grupo Parlamentario popular, pero sí del Partido Popular, que es la formación política que en este momento tiene en su mano la responsabilidad de gobernar.

Hace ya seis años, en un partido de fútbol que enfrentó al Barça con el Osasuna en el Campo Nou, se desplegó una enorme pancarta que reivindicaba la unidad de los Països Catalans. El acontecimiento, ampliamente difundido por los medios de comunicación, irritó sobremanera al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, cuya presidencia, recaía, a la sazón, en la persona de Francisco Camps. El conseller de Cultura, Educación y Deporte era, en aquél momento, Esteban González Pons, que expresó públicamente la protesta del Ejecutivo valenciano y anunció su intención de promover una reforma de Ley de Deporte del Estado con el fin de evitar que ese tipo de actos pudieran repetirse en el futuro. El Gobierno de Navarra no reaccionó. Sin embargo, no dejaba de encerrar un cierto sentido político, el hecho de que la reivindicación de los Països Catalans se hiciera, precisamente, en un encuentro del Barça con el Osasuna; el principal equipo de fútbol navarro, cuyo nombre, dicho sea de paso -Osasuna, en euskera, significa salud- está expresado en la lingua navarrorum, que no es otra que la lengua vasca. Proyectado hacia el escenario vasco, aquél canto a la unidad de los Països Catalans tenía su correlato en la unidad del país de los vascos o del país de la lengua vasca.

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En el Pleno de esta tarde se ha aprobado, con el apoyo de una amplia mayoría de la cámara,  una iniciativa de CiU que tiene por objeto poner coto a los inmorales abusos que se han prodigado en el sistema financiero español, en aquellos casos en los que, administradores, cargos directivos y consejeros de entidades financieras que han llevado a estas a la ruina, se han beneficiado de retribuciones, indemnizaciones u otro de tipo de compensaciones económicas millonarias.

Durante los últimos ocho años, el Gobierno socialista no dio un solo paso para cortar de raíz estas prácticas. Antes al contrario, el Ejecutivo de Zapatero instituyó un fondo público -el FROB- que tenía por objeto  financiar los procesos de reestructuración del sistema financiero que requiriesen un esfuerzo de capitalización y no tuvo a bien -no sé si porque no quiso o porque no se atrevió- condicionar la concesión de ayudas con cargo a ese fondo, al previo establecimento de límites a las escandalosas retribuciones que percibían los directivos de las entidades beneficiarias y a las no menos escandalosas indemnizaciones que algunos de ellos tenían derecho a ingresar en el momento en el que pusieran fin a su deplorable gestión.

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El pasado viernes dí una charla sobre temas de actualidad política en un batzoki de Bizkaia. Afuera llovía a cántaros -el mes de abril ha hecho justicia al refrán que pronostica “aguas mil”- pero en el interior del local se percibía el calor propio de una organización viva y pujante. Cuando concluí mi intervención, el presidente de la organización municipal abrió un coloquio en el que se me formularon muchas preguntas. La actualidad está henchida de noticias inquietantes que suscitan interés y preocupación. El toma y daca estuvo interesante. Todos hablamos con claridad y franqueza.

Al término del acto, un joven que había planteado varias cuestiones durante el coloquio, me retiró aparte y me preguntó cómo podía acceder a las enmiendas planteadas por Amaiur contra las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Rajoy. Según me dijo, está elaborando un estudio politológico sobre la labor institucional de una formación política que ha hecho -y sigue haciendo- mucha política alternativa e incluso abiertamente anti-institucional. Por supuento que me presté a ayudarle. “¿Qué enmiendas son las que interesan?”, le pregunté. “Para empezar -me respondió- las que han presentado contra las tres leyes que estos días acaparan los titulares de prensa: la de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la de Presupuestos para 2012. Si no te importa -añadió- ya te iré pidiendo más material en el futuro”. Quedamos en que haría la búsqueda y le remitiría los materiales que le interesaban tan pronto como diese con ellos.

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En el Pleno de hoy se han debatido las enmiendas a la totalidad registradas en la cámara contra el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Han sumado un total de diez. Las enmiendas a la totalidad, quiero decir. Diez. Se trata de un número francamente elevado. Nunca antes, en mi vida parlamentaria, había visto una oposición tan generalizada a las cuentas públicas del Gobierno. Excepto el diputado del Foro Asturias y el de UPN, que han salido en defensa de la política económica del PP, todos los grupos del hemiciclo nos hemos enfrentado a la propuesta gubernamental.

La primera en registrarse fue la enmienda del PNV. La última la presentó Amaiur, justo el día en el que se cerraba el plazo. Todas solicitan la devolución del proyecto al Gobierno, pero es evidente que no todas obedecen a las mismas razones. Antes al contrario, la argumentación que les da sustento es de lo más variada. Un auténtico potpourri. Se les achacan a los presupuestos elaborador por el Gobierno cosas tan diferentes como que discrimina a los Països Catalans en el capítulo de las inversiones -ERC denuncia que “aunque los Paísos Catalans tienen el 29,03% de la población, las inversiones reales del Estado representan tan sólo un 9,86%”-, que perjudica a la Administración General del Estado en el capítulo de los recortes -UPyD se queja de que mientras se desmantela el aparato administrativo estatal “se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CCAA (que superan en número a las 118 embajadas de España)”- o que no favorecen, como denuncia Amaiur, “un nuevo modelo socieconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra”.

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Esta semana hemos sabido que el diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, abandona definitivamente el Congreso de los diputados para dedicarse a la Universidad. La Comisión del Estatuto del Diputado había dictaminado días antes que no podía compatibilizar la condición de miembro electo de la cámara baja con el ejercicio de la función pública docente en la Universidad del País Vasco. Estaba, por tanto, obligado a optar, según establece el artículo 19-3º del Reglamento del Congreso, entre “entre el escaño y el cargo incompatible”. Y ha optado por el cargo incompatible, aunque dejando claro que no por ello dejará la política activa.

Es una pena. Antigüedad es inteligente, rápido y ocurrente. Reúne, sin duda, cualidades personales como para ser un buen parlamentario. Así lo atestiguan, por otra parte, quienes le han visto desempeñar funciones representativas en las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento vasco. Pero nada puede reprochársele por haber preferido seguir dedicándose a la academia. Se trata de una decisión legítima, que es preciso respetar. La vocación profesional, como la política, es algo que pertenece a la esfera más personal e íntima del ser humano. Si ha optado por quedarse en la Universidad, tiene pleno derecho a hacerlo.

Sin embargo, no puedo compartir el halo victimista con el que la izquierda abertzale ha rodeado la decisión. Al comunicar a la opinión pública las razones de su despedida, Antigüedad y sus compañeros de coalición han dejado entrever que su renuncia al escaño ha sido provocada por una lectura restrictiva del Reglamento de la cámara, concebida por el PP con el específico y malévolo designio de castigar a Amaiur. Pero creo, sinceramente, que no hay base objetiva para hacer una denuncia así.

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