Blog de Josu Erkoreka

La semana pasada inserté un post en el que llamaba la atención sobre la posibilidad -no hipotética, sino real- de que el proyecto de Ley relativo a la reforma laboral se aprobase en unos términos potencialmente lesivos para el Concierto Económico (Cfr. «Alerta roja ante una posible agresión al Concierto Económico«). Esta semana hemos dedicado un esfuerzo no desdeñable a impedir que se consumase el desaguisado. Los diputados y senadores del PNV hemos hablado con todo el que pudiera atesorar un mínimo de autoridad para corregir el texto del proyecto.

El martes, Pedro Azpiazu habló con Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, que la víspera estuvo en Bilbao, invitado por los populares vascos, para reiterar su firme compromiso con el Concierto Económico. Toda la prensa vasca se hizo eco de ello con caracteres bastante amplios. «Pues bien -le dijo Pedro-,  si es así, cosa que no dudo, procura resolver este asunto, que puede ser crucial para el futuro del régimen concertado». Por su parte, Emilio Olabarria abordó a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, argüyendo, con sentido, que la cuestión controvertida se planteaba en relación con un proyecto de Ley que atañe a su ámbito de competencia. Pero Fátima le respondió que, aun cuando el proyecto afectado tenía que ver con el mundo laboral, el asunto que nos interesaba era de  naturaleza fiscal y correspondía resolver al ministro de Hacienda. Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, se sentía impotente. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, otro tanto. Ambos admitía que la cuestión trascendía su ámbito de decisión; era el Gobierno el que tenía que dar la orden de votar a favor de nuestra enmienda.

El miércoles por la tarde mantuve una conversación telefónica con Montoro. Justo -lo recuerdo perfectamente- en el momento en el que los teletipos daban cuenta de que el Tribunal Constitucional había dictado sentencia favorable al reconocimiento de Sortu. Mi petición le pareció razonable y quedó en dar las órdenes oportunas para que el Senado aceptase la enmienda. Para entonces, Olabarria y Alonso habían reformulado la enmienda, con objeto de simplificar el texto, incluyendo la salvedad foral en el mismo precepto en el que se invocaba el título competencial del Estado en materia de Hacienda general. Olabarría se desplazó personalmente a la cámara alta y, juntamente con Ruth Martínez, retomó el asunto con Alicia Sánchez-Camacho que, a las nueve de la noche, esperaba, todavía, órdenes del Ministerio.

Todo parecía perfectamente encauzado cuando, a primera hora de hoy, jueves, nos llega la noticia de que algún técnico del Ministerio de Hacienda oponía reparos a la aceptación de la enmienda. Se trataba del freno habitual que la caverna burocrática pone a todo lo que tiene difícil encaje en la unidad fiscal del Estado. Nos lo temíamos. No es algo nuevo. Pero el tiempo apremiaba. La votación iba a tener lugar a lo largo de la mañana. Era necesario que alguien diera un impulso al expediente, para que pudiera superar aquél nuevo obstáculo. Apelamos de nuevo al estamento político. Advirtiendo seriamente que el rechazo de la enmienda sería considerado como casus belli.

Finalmente, las resistencias cedieron y fue posible elaborar una propuesta de modificación del Dictámen de la Comisión, que suscribieron todos los grupos parlamentarios. El texto de la Disposición final decimoctava establece ahora que «Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en […] el artículo 149.1.14 [de la Constitución], que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado, sin perjuicio de los requermientos del Concierto Económico Vasco y del Convenio Económico de la Comunidad Foral Navarra».

Asunto resuelto. El proyecto regresará al Congreso la semana que viene, y la cámara baja ratificará esta y las demás enmiendas aprobada por el Senado. La reforma laboral seguirá adoleciendo de muchas fallas pero, a falta de otras virtudes, el texto que se remita al BOE dejará claro que la competencia que corresponde al Estado en el ámbito de la Hacienda general está limitada, en virtud de la propia Constitución, por los requerimientos del Concierto y del Convenio.