Esta tarde, el Pleno del Congreso de los diputados ha vuelto a debatir -y una vez más, lo ha hecho a instancias del Grupo Parlamentario vasco- sobre la conveniencia de modificar algunos aspectos de la ley vigente con el fin de facilitar la realización de las obras que deben llevarse a cabo en las comunidades de viviendas con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas aquejadas de alguna discapacidad física.
No es -insisto en ello- la primera vez que esta cuestión se plantea en el hemiciclo. Si no recuerdo mal, el debate lo estrenamos en junio de 2009. Con poco éxito, dicho sea de paso, porque el Pleno de la cámara rechazó la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Vasco que había sido consensuada con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La iniciativa era esencialmente idéntica a la que hoy se ha sometido a la consideración de la cámara. Y aunque contó con el apoyo de la mayoría de los grupos, la propuesta no pudo prosperar porque los diputados socialistas votaron en contra -el Gobierno estaba en manos del PSOE- y los populares no quisieron pasar de la abstención. A nadie parecía interesarle una propuesta que pretendía remover los obstáculos legales que hoy dificultan la realización de las obras que necesitan las comunidades de vecinos para facilitar la movilidad de los discapacitados.