En el Pleno que esta tarde ha celebrado el Congreso de los diputados, se han tratado varios de temas de interés. Pero tan interesante como lo que se ha debatido, es lo que no ha llegado a debatirse. Me refiero, concretamente, a la Proposición de reforma del Estatuto de Valencia, que en su día fue remitida por Les Corts Valencianes para su tramitación por las Cortes Generales. Su toma en consideración estaba incluida en el orden del día de la sesión de hoy, pero finalmente ha decaído, porque el propio Parlamento valenciano ha solicitado «el aplazamiento» del debate.
La Proposición cuyo debate se ha aplazado, plantea una modificación de la disposición adicional primera del Estatuto valenciano, con objeto de incorporar a su texto un precepto nuevo, que es fruto de la combinación de dos de las disposiciones más controvertidas de las reformas operadas durante el último quinquenio en los Estatutos de Catalunya y Andalucía. Las que se refieren, concretamente, al volumen de la inversión que el Estado habrá de llevar a cabo en el territorio correspondiente durante los próximos siete años.
En efecto, el Estatut de Catalunya establece en su disposición adicional tercera que «la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluído el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años». Por su parte, el Estatuto de Andalucía, reformado poco tiempo después, vino a establecer, en su disposición adicional tercera que «La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años».
Como se ve -dicho resumidamente-, el primero obliga al Estado a invertir en Cataluña en función de su peso en el PIB del Estado y, el segundo, a invertir en Andalucía con arreglo a su peso demográfico.
Durante su debate y tramitación en las Cortes Generales, estas dos disposiciones suscitaron una amplia controversia en la opinión pública. Más la primera que la segunda que, al ser apoyada por el PP, fue objeto de una crítica mucho menos despiadada por parte de las tertulias y las editoriales.
El Estatuto de la Comunidad valenciana, carecía de una previsión semejante. Sin embargo, tenía -y sigue teniendo- la conocida como cláusula Camps; una suerte de apología de la envidia, que establece -por decirlo sintéticamente-, que Valencia reclamará todo aquello que consigan las demás Comunidades Autónomas. Un ejemplo modélico de lo que debe entenderse como un proyecto político sólido y coherente. ¿Qué desea usted? Lo que quieran y consigan los demás. La disposición adicional segunda del texto modificado en la última reforma, en efecto, establecía a este propósito que:
«La Comunidad Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás Comunidades Autónomas.
A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuídas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valenciana con anterioridad, obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización»
También este precepto dio mucho que hablar. Y no es para menos, ciertamente. Institucionalizar de modo tan visible la política del reojo y la celotipia, constituye, de verdad, algo inédito en el Derecho comparado. Una aportación singular y francamente creativa al acervo mundial de fórmulas ideadas para la articulación territorial de los Estados descentralizados.
El Estatut de Catalunya fue objeto de siete recursos de inconstitucionalidad. Siete. Un número simbólico que en muchas tradiciones culturales significa la plenitud. Se recurrió, pues, todo lo habido y por haber. Pero lo más llamativo de este arrebato impugnador fue el hecho de que cinco de los siete recursos registrados, fueron interpuestos por Comunidades Autónomas; un hecho que carecía de precedentes en la historia del Estado autonómico español. Más aún, entre las entidades recurrentes figuraban Comunidades Autónomas que ni eran limítrofes a Catalunya, ni tenían, con ella, motivos específicos de disputa. Tal fue el caso de La Rioja o Murcia, por ejemplo, que expresaban, al impugnar la norma catalana, la vocación de erigirse en una especie de defensor fidei de la causa hispana. No recurrían por defender su interés en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón o en la administración de los recursos hídricos del Ebro, no. Recurrían en defensa del interés general de España y de su modelo de organización territorial, insuficientemente defendidos, al parecer, por los diputados del PP que firmaron el recurso y por el Defensor del Pueblo, que también acordó impugnar el Estatut.
En el debate constituyente de la II República, hubo quien se manifestó a favor de generalizar el hecho autonómico, argumentando que era preferible, desde la perspectiva de la primacía que ha de corresponder al Estado, contar con una pluralidad de regiones autónomas enfrentadas entre sí, que una o dos regiones autónomas enfrentadas de tú a tú con las instituciones centrales. Es evidente, también, por otra parte, que la decisión de extender la experiencia autonómica a todo el territorio del Estado, se adoptó, en 1978, con la voluntad de trivializar la reivindicación política procedente de las únicas comunidades que hasta entonces aspiraban al autogobierno. La achicoria para todos permitía ahogar en un mar de aguas marrones, el aroma y las esencias del café puro, allí donde lo había. Pero probablemente, ninguno de los que apostaron por la achicoria para todos, pensó, de verdad, que fuera posible que las relaciones entre Comunidades Autónomas pudieran llegar a deteriorarse hasta el extremo de que el número de los recursos cruzados -y, sobre todo, la animosidad con la que fueron presentados- pudieran arrojar una imagen tan cercana a la de una riña tumultuaria. Es evidente que si alguien aspiró en algún momento a ofrecer un servicio al Estado fomentando el desencuentro y la rivalidad entre las Comunidades Autónomas, su propósito ha triunfado. Se puede dar por satisfecho.
Pero volvamos a la cuestión. El Tribunal Constitucional ha declarado que la disposición del Estatuto de Catalunya que obliga al Estado a invertir en aquél territorio en función de su peso en el PIB, no es inconstitucional siempre que se interprete en los términos que se especifican en la sentencia correspondiente. Pues bien, Valencia que mira de reojo a ambos lados y ha incorporado a su Estatuto la sugerente clausula Camps, quiere, ahora, para no ser menos, reformar de nuevo su norma institucional básica, proponiendo una disposición que incorpora elementos del modelo catalán y del andaluz.
«La inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años»
Las edificantes razones que justifican la propuesta, se encuentran recogidas en la Exposición de Motivos de la Proposición:
«…la Comunitat Valenciana no puede permanecer impasible porque, ciertamente, no pretende estar por encima de ningún otro territorio dentro de España, pero tampoco va a conseguir que sus legítimas aspiraciones se vean truncadas por la consolidación de un modelo asimétrico…»
Esta es, en esencia, la iniciativa cuyo debate se ha aplazado a solicitud de Les Corts Valencianes. Ya ven que en el funcionamiento del Estado autonómico, priman el amor y la generosidad propia de los compatriotas que comparten un proyecto sugestivo de vida en común
Blog de Josu Erkoreka 
Vaya debates se tienen los españoles; están al borde de la ruina y andan discutiendo que si galgos o podencos… Más les valdría ajustar sus administraciones públicas y dejar de dilapidar el dinero de los contribuyentes, empobreciendo al país; pero bueno, allá ellos. Lo que tendríamos que hacer aquí es «ponernos las pilas» y hacer lo posible para que las empresas sean competitivas y por tanto aumenten su demanda de trabajo y, en consecuencia, los salarios. ¿Por qué no disolvemos los ayuntamientos y los gestionamos, centrándonos en lo básico, desde las Diputaciones Forales? La de riqueza que volvería en este caso a los bolsillos de sus legítimos propietarios (empezando por los trabajadores)… Pero nada, es mejor seguir con medias tintas y cuando a la vuelta del verano España sea intervenida y empiece la crisis aquí empecemos a ver las orejas al lobo…
El denominador común de todas las CCAA que están revolviendo (Valencia, Rioja, Murcia…) es que están gobernadas por el PP. El veneno esta en el PP.
Vaya! Así que ahora el paso oficial es armar a los rebeldes (como si no estuvieran entrando armas en Cirenaica desde Egipto y el mar desde el principio, como si fuéramos imbeciles todos). En todo caso ahora ya lo podemos decir: Madre mía, qué peligro.
Y pensar que todo empezó con aquel voto del PNV y PP-SOE con la firme decision de intervener para proteger a la población civil de las armas de los no rebeldes, no con la de armar a la población civil para… para hacer exactamente qué, con esas armas, Erkoreka? Me lo puedes explicar, ya que lo debes?
Gracias, Josu.
Nueva matanza provocada en la población civil por las fuerzas armadas leales a Gadafi.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/rebeldes/libios/denuncian/matanza/civiles/Misrata/elpepuint/20110415elpepiint_6/Tes
¡Aplaude, Donatien! Tu líder revolucionario sigue asesinando inocentes en nombre del antiamericanismo.
Si alguien quiere saber lo que haría la izquierda abertzale si tuviese responsabilidades de Gobierno tiene un claro ejemplo en el ídolo de Donatien: Muamar al Ghadafi: asesino, torturador, despiadado y brutal, pero revolucionario.
Nueva matanza de las tropas de Gadafi en Misrata, en efecto. Así nos lo reporta Babalderdikide, que da credibilidad a los diarios espanoles cuando le interesa (cuando no, no). Pero sí, nueva matanza, supongamos. Así nos lo reportan informaciones de los rebeldes.
La iniciativa de intervención en Libia de Francia y sus monaguillos espanoles del PP-SOE y el PNV ha sido generadora de paz y bienestar para los ciudadanos libios, como se ve. Incluídos los ninos.
Gracias por la sabiduría de tu voto, Erkoreka. Esos ninos te lo agradecerán tanto como los siguientes. Aún falta menos para subir a Jata por Navidad.
Gadafi es un ser asqueroso, un dictador asesino y bestial que ha reprimido, torturado y asesinado salvajemente a muchos de sus súbditos.
Pero algunos dicen en este mismo blog que es un ser angelical, un gobernante equilibrado y paternal, que siempre ha buscado el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos.
Estoy estupefacta.
je, que envidiosillos los valencianos, que le ponga un recurso la Rioja o Melilla.
Aznar y la FAES cizañando para limitar y abolir competencias autonomicas y el Camps chupando de la teta y manteniendo una consejeria de grandes proyectos.
Dice Aznar que Gadafi es un amigo extravagante, pero un amigo. La coincidencia con Donatien y su companero de fatigas Pasajes&Bidasoa es total. Ya se les veía la vena autoritaria. Donatien = Aznar. Pasajes & Bidasoa = Aznar. Amigos del extravagante pero amigo Gadafi.
Vamos, Babalderdikide (8:33), tú eres más inteligente que todo eso.
Venga, Boronatien, aclara tus ideas (cosa que reconozco difícil) o admite que tus tesis sobre Libia se están aproximando peligrosamente a las sandeces de Aznar. No se puede ser original toda la vida, sin incurrir en el peligro de coincidir con botarates con vocación de originalidad como don José María, el nieto del organista de Etxalar.