No es la primera vez que escribo sobre esa sutil campaña que, desde hace ya algún tiempo, preconiza, explícita o tácitamente, la necesidad de reforzar las instituciones centrales del Estado sobre la base de recuperar parte de las competencias estatutariamente atribuidas a las Comunidades Autónomas. En un principio, esta campaña se apoyaba sobre bases estrictamente ideológicas. Venía auspiciada, más o menos abiertamente, por exaltados nacionalistas españoles, para los que la España fuerte que desean, sólo puede darse sobre la base de una desmesurada concentración de poder en las instituciones centrales del Estado, por jacobinos impenitentes, firmemente convencidos de que las fórmulas más efectivas de organizar la distribución territorial de poder son las de corte centralista y por grupos de interés, bien organizados, a los que, sencillamente, la concentración de todo el poder en la capital -es decir, en el centro- les había ido muy bien en el pasado y no estaban por la labor ceder posiciones frente a posibles competidores.
Estos colectivos, que han nutrido varias generaciones de elites políticas en el Estado español, siempre han mirado con desconfianza y recelo al proceso de descentralización política abierto a partir de 1978. Nunca han mostrado simpatía hacia los procesos autonómicos, ni han prestado el más mínimo apoyo al Estado compuesto resultante de la experiencia estatutaria de los últimos treinta años. Se han limitado a convivir civilizadamente con él, puesto que no podían impedir su desarrollo y han produrado adaptarse a sus requerimientos aunque, eso sí, sin renunciar un ápice a sus personales postulados políticos.
Blog de Josu Erkoreka 