El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.
Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.
Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la «ordenación general de la economía». La diferencia, como puede verse, es notable.
En ese empeño, como cabe imaginar, apenas hubo diferencias entre los magistrados «conservadores» y los «progresistas». Tanto los propuestos por el PP como los designados a instancias del PSOE se mostraron favorables a propiciar esa interpretación expansiva de la competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía. En estos asuntos, sus diferencias no suelen ser demasiado perceptibles. El empeño de barrer para casa es común a todos ellos.
Durante los últimos seis meses, el Gobierno de Rajoy ha redescubierto -si es que en alguna ocasión lo había perdido de vista- la inmensa potencialidad centralizadora que encierra esta norma y no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que está haciendo un uso particularmente intensivo de ella. La crisis económica le proporciona una coartada inmejorable para invocar este título competencial e irrumpir, sin complejos ni remilgos, en ámbitos materiales reservados a la competencia autonómica que guarden una relación más o menos directa con la economía. El artículo 149.1.13º se ha convertido en una especie de segadora multidireccional que, con el pretexto de la crisis, destruye todo lo que encuentra a su paso. El Real Decreto-Ley de los recortes que ayer se convalidó en el Congreso, sin ir más lejos, lo cita con singular insistencia. En cinco de los siete apartados en los que que se divide el precepto, el Estado invoca -sola, o unida a otras- su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, para justificar las medidas que se adoptan desde el punto de vista competencial: en el apartado relativo a la administraciones públicas y a los cargos y empleados que prestan servicios en ellas; en el que se incluyen las medidas relacionadas con el Empleo y la Seguridad Social; en el atinente a la liberalización comercial y el fomento de la internacionalización empresarial; en el que encierra las medidas concernientes a las infraestructuras, transporte y vivienda y en el relativo al sector eléctrico.
Como se ve, la ordenación general de la economía es un comodín que proporciona al Estado un amplísimo campo de juego. Como todos los ámbitos de actuación de los poderes públicos están, en estos tiempos de crisis, explícita o implícitamente afectados por la realidad económica, el Estado se ha dotado de un bisturí que le permite abrir una incisión en cualquier parte del cuerpo social para intervenir en él sin límites ni reparos: desde la función pública hasta la liberalización comercial, pasando por la energía o la ordenación aeroportuaria. Poco importa si se trata de ámbitos total o parcialmente reservados a la competencia autonómica; las urgencias de la crisis otorgan a este título un carácter prevalente, que le permite imponerse frente a cualquier otro. En un ámbito de competencia compartida, como es el de la función pública, por ejemplo, el Real Decreto-Ley no tiene reparo alguno en reconocer, vía Exposición de Motivos, que su propósito consiste en «homogeneizar» el régimen previsto para la suspensión o modificación de los convenios colectivos que afecten al personal laboral del sector público y el régimen de permisos para todas las administraciones públicas. La coartada de la crisis permite al Estado invocar razones de política económica para homogeneizar, con la ayuda de este título competencial, una regulación estatal que, en puridad, habría de circunscribirse a lo básico.
El único ámbito de autogobierno que -la menos hasta la fecha- está ofreciendo alguna resistencia a la fuerza arrolladora de la ordenación general de la economía, es el configurado en torno al Concierto Económico. Una actitud de intensa vigilancia y tensión permanente, nos está permitiendo, a los diputados y senadores del PNV, incorporar clausulas de reserva foral al texto de prácticamente todas las leyes de contenido económico que se han ido aprobando a lo largo de la legislatura. El empeño no es fácil, pero el resultado está siendo palpable. Este mismo jueves, el Congreso convalidó, junto al Real Decreto-Ley de los recortes, otra norma del mismo rango sobre las medidas de liquidez de las administraciones públicas y en ámbito financiero. El precepto en cuestión, cuya convalidación ha pasado casi desapercibida por el impacto mediático de los recortes, incluye una disposición adicional primera en la que se especifica que
«La adhesión a este mecanismo de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra requerirá con carácter previo la suscripción de un convenio con el Estado en el marco de la Comisión Mixta del Concierto y la Comisión Coordinadora, respectivamente, que afecte recursos en garantía de la operación de crédito que se formalice»
De cara al futuro, se puede decir que el horizonte, cada vez más factible, de una unión fiscal para la Unión Europea, constituye un reto de primer orden para el régimen concertado vasco, que es preciso afrontar con suma atención. Hay quien se está frotando las manos ante la perspectiva de que la convergencia fiscal europea exija la desaparición del Concierto Económico. Pero es preciso dejar claro que éste -como el Convenio de Navarra, por supuesto- es perfectamente compatible con una unión fiscal europea en la que se reconozca a los Estados miembros algún margen normativo y la capacidad de recaudación. Y no es previsible que, hoy por hoy, las cosas vayan más lejos en Europa. En cualquier caso, el mantenimiento de la fórmula concertada ante un hipotético escenario como el descrito, requerirá voluntad política y determinación. Los diputados y senadores del PNV la tenemos. Y, en consecuencia, trabajaremos todo lo que sea necesario para exigir al Gobierno del Estado que respete la singularidad financiera foral vasca ante cualquier eventualidad europea.
Lo único que podría resultar letal para el futuro del Concierto Económico es, a mi juicio, una -hipotética- intervención integral de la economía española, que encomendase el diseño y gestión de las políticas económicas del Estado a unos señores venidos de Bruselas, tijera en mano, dispuestos a actuar con un criterio de estricta racionalidad económico-contable y sin prestar atención alguna a consideraciones de tipo político. No sería fácil explicar a un inspector holandés o alemán, la sangre y el sudor que ha costado mantener vigente una institución de autogobierno que data de 1878.
Blog de Josu Erkoreka 
Me parece que estás radicalmente equivocado, a no ser que la confianza en tus propias habiliadades docentes sean tan sorprendentemente bajas para unos, con lo magníficas que son para otros.
Pero está bien saber que no puedo confiar en ti a la hora de explicar a un holandés un alemán cuál es el marco legal y legítimo vasco político, porque así sé a qué atenerme.
Tanto desyuno de oración, tanto viaje y entrevista con gente global, y a la hora de la verdad te rajas y no tienes la mínima confianza ni en lo que tienes que defender ni en cómp vas a hacerlo? Pero qué clase de confesión es esta?
Hasta donde yo sé, lo difícil desde 1878 ha sido hacerlo entender a los españoles, quienes lo entienden perfectamente pero no les gusta justamente por su eficacia, pero los fincionarios alemanes u bajoalemanes que citas no tienen nada personal contra Euskadi, y lo único que necesitan saber es justamente si es eficaz y eficiente, además de legítimo, o no lo es.
S & P, desde la que no deja de ser su delegación madrileña, ha señalado esta semana que otorga una A- a la deuda de Bizkaia, dos niveles por encima del cuasi-basura bono hispánico, pero ha explicado que de no pertenecer jurídica-políticamente al Reino de España, a Bizkaia le correspondería -y es lo que le daría- una AA+ de calificsción.
Te sería muy difícil trasladarles ese testimonio pericial, Josu, que por otra parte etá tan al alcance de ellos como tuyo?
Es decir, que S & P está marcando el camino de la solución, la independencia de Bizkaia (lo que ya ideó Sabino Arana hace más de un siglo), o la independencia en comunión con territorios de su categoría (con sus hermanos vascos, como propone hoy EH-Bildu), mientras el PNV nos propone de abolir el Senado, como Rosa Díez.
—-
No sabía que tenías tanto miedo, Josu. Debes ser un ignaciano llevado al extremo. Pasas de hacer mudanzas ahora. Muy decepcionante.
Títulillo: La perestroika del Pp y la Troika:
Me da la sensación de que algún teutón iluminado tiene ganas de hacerse con un algún galardón de renombre internacional mediante la adopción de medidas antikeynesianas esperando obtener los mismos resultados que si se adoptaran medidas en la líneas que propuso el lord, …. y me explico.
Se empeñan en señalar que es una crisis de deuda (el estado no puede gastar, adiós a keynes). Bueno, entonces si el estado no puede gastar o endeudarse..,. Existirá una fuerte demanda (interna y externa) que tire del carro…. pues tampoco, pero para ellos no existe crisis de demanda alguna. Dejando Euskadi aparte, existirá una red industrial sólida que pueda ir despegando poco a poco…. pues resulta que de eso tampoco tienen…. Entonces….. qué hacer????? Bajar los salarios….. con un doble objetivo…. 1) Atraer inversión extranjera (España está en venta). 2) Dinamizar el consumo (y explico éste punto). Si los salarios de todo el mundo fueran de 900 € al mes, prácticamente todo el mundo gastaría o consumiría toda su renta (90%), con lo que el ahorro privado sería menor y permitiría una mayor recaudación por parte del estado. Si una parte importante de la población obtiene un sueldo de 6000 €/mes y gasta 3000 solo consume un 50% de lo obtenido y no pone en circulación el resto. Cierto es que «deberían» tributaria en concepto de IRPF pero el resto de la renta no puesta en circulación y guardada en un fondo de inversión, por ejemplo, no tributaba por IVA. Así que alguna mente brillante debió concluir que con menores salarios e inversión por parte del estado…. la gente consumiría más…….. pero en impuestos y bienes de primera necesidad….. lo cual, sin ánimo de tirar al traste las ambiciones de nadie, es la interpretación más extendida que se ha hecho de Marca y cuyos resultados de aplicación son de sobra conocidos por casi todos.
Lo mejor de todo, es que ésta serie de medidas de corte neo marxista ….. estén siendo llevadas a cabo por el Pp….. Del uso de la fuerza o coacción policial (por encontrar otro paralelismo) no digo nada, recientes están las imágenes del Jueves.
P.D: Claro que, éstas ideas tan chachi-pirulis quedan lejos de ser aplicadaz
Quería decir que es la interpretación más extendida que se ha hecho de Marx y que éstas ideas tan chachi-pirulis quedan lejos de ser aplicadas a o entre sus amigotes…. como dirían los Fabra «que se jodan» …… en la Luna de Valencia.
P.D2: Como intenten hacer alguna de sus «chapuzas» en Euskadi…. me temo, que en ésta ocasión se monta la de Dios es Cristo….. ojalá me equivoque y entren en razón (más vale tarde que nunca).
Esto es un chollo señores, un CHOLLO.
Los de Bildu nos presentamos a las elecciones municipales reclamando la Independentzia para Euskal Herria. «Gazte Independentzia nahi baduzu, eman botoa Bilduri». Ese era nuestro lema
¿Y qué hemos hecho en las instituciones en las que hemos ganado las elecciones?
Todo lo contrario. Colgar banderas españolas (la semana pasada lo hicimos en Mutriku), aceptar con el rabo entre las piernas la legislación represiva del Estado, y aplicar en los ayuntamientos gipuzkoanos los recortes de Rajoy, que nos vienen de perlas para ajustar los presupuestos.
¿Y la Independentzia? ¿Qué ha sido de ella?
La hemos dejado para los mítines y las manifas. En las instituciones que gobernamos todo es españolismo y sumisión. Nada de desobediencias civiles y de resistencias democráticas. Nada de confrontaciones institucionales. Resignación y sumisión.
Y NO PASA NADA, señores. Incumplimos nuestro programa, nos olvidamos de la Independentzia, hacemos política españolista y no pasa nada.
Lo dicho. ESTO ES UN CHOLLO para los Bildurris.
Ilustrativa columna de Martín Prieto en «La Razón»
Un lehendakari a perpetuidad
El lehendakari Patxi López tiene el mérito de ser hijo de LaloLópez Albizu, cuya amistad me honró, y que fue un mítico socialista vasco de la resistencia a la dictadura. Patxi revoloteó en la estela del PSE y ya con unos tallludos 28 años y teniendo posibles hizo el heroico esfuerzo de matricularse en Ingeniería Industrial pero no debio llevarse bien con las ecuaciones docofánticas o la resistencia de materiales porque colgó los estudios en el mismo primer curso dedicando todos sus afanes a enredar en su partido como seguro medio de vida. Le hizo el sobre a la cama del bueno de Nicolás Redondo, hijo, dedicándose al seguidismo de los oscuros objetos de deseo de Rodrgíguez Zapatero hacia ETA. A este chusquero de la política le fue bien, llegando a Ajuria Enea con el únnico voto entre obligado y misericordioso del Partido Popular. Como a corto plazo será revocado en las urnas, precisamente por la política zapateril secundada por el Tribunal Constitucional, se está urdiendo una jubilación vitalicia; cobrará un sueldo hasta que expire, Dios quiera que a larga data. Jubilación viene de júbilo y el niño de Lalo (la genética es variable) dedicará sus últimos meses a rechazar los recortes inexorables de Cristóbal Montoro. Se espera, al menos que de nonito logre aprender euskera.
Ricardo Martínez, secretario de la UGT madrileña, maestro y plutócrata, declara que esta es una situación de guerra. No lo hubiera dicho ni como metáfora, como sus compañeros que piden referéndum y dimisión mezclando arteramente España con Grecia y Papandreu con Rajoy. El tal Martínez, que llega al espasmo ante el sufrimiento de los españoles, es el que como consejero de Caja Madrid se embuchaba 180.000 euros anuales, no se sabe si para naufragar la entidad o jugar al monopoly porque ciencia financiera no se le conoce. Con perillanes como éstos, la crisis será larga.