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Posts Tagged ‘Concierto Económico’

El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

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Mi gozo en un pozo. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma estatutaria remitida al Congreso por Les Corts de la Comunitat Valenciana (ver el post titulado “Fraternidad y buen entendimiento en el Estado autonómico español“, publicado el 6.04.12) pero no ha sido posible. El debate se ha aplazado. A través de un escrito que los portavoces del Congreso hemos conocido hoy, Les Corts han solicitado el “aplazamiento de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para una próxima sesión plenaria”. La razón que la cámara autonómica aduce para solicitar el aplazamiento es muy sencilla; argumenta que no ha designado aún a “los Diputados o las Diputadas que han de defender la Proposición”. A lo que añade que, como “la próxima sesión plenaria se celebrará el 25 de abril”, le resulta imposible garantizar el nombramiento de sus representantes para la fecha en la que estaba previsto el debate de su iniciativa; es decir, para hoy 10 de abril de 2012.

Cuando Zapatero se vio en la necesidad de torear con la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya -recuérdese que, tiempo atrás, había prometido en un acto celebrado en Barcelona que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, daría por bueno en su integridad el texto que aprobase la cámara catalana- muchos pensaron que la incomodidad que acusaban los socialistas arrancaba del hecho de que aquella iniciativa había sido impulsada para embestir contra el Gobierno de Aznar, de modo que el inesperado cambio operado en La Moncloa por las elecciones generales de 2004, había vuelto hacia ellos los vientos y tempestades que deseaban levantar con la iniciativa.

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Durante la semana de pascua que arranca con la jornada de hoy, el Congreso de los diputados dará término a la tramitación del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta misma tarde -en Madrid no es fiesta- el documento será debatido en Comisión. Y mañana, martes, el PP impondrá su hegemonía en la Mesa de la cámara para forzar, a golpe de votos, la incorporación del proyecto al orden del día de un Pleno extraordinario ad hoc que se celebrará el próximo jueves; a cuarenta y ocho horas raspadas desde el momento de la convocatoria. Las mayorías absolutas son así: el Gobierno impone su ley y obliga al Parlamento a rodar al ritmo que le interesa.

El proyecto se articula como una continuación lógica de las leyes de Estabilidad Presupuestaria que se han venido sucediendo desde el año 2001, aunque incorpora, como cabe imaginar, la ortodoxia fiscal y los rigurosos mecanismos de control que la política presupuestaria de la UE ha impuesto durante los últimos años a sus Estados miembros, en general, y a los países de la Eurozona, en particular. Se trata, por otra parte, de la pieza normativa que dejó pendiente la reforma express que el PSOE y el PP llevaroa a cabo el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.

Acertará quien sospeche que, como gran parte de las normas anticrisis que están saliendo del zurrón de este Gobierno, el proyecto al que me refiero arranca de un esquema notablemente centralista. Su texto, en efecto, diseña un modelo radial de actuación interadministrativa, en cuyo centro se sitúan las instituciones centrales del Estado: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. A ellos se reservan, de hecho el grueso de las facultades públicas relacionadas con la estabilidad presupuestria: la coordinación general del sistema (art. 10), el cálculo de la tasa de crecimiento del PIB que determinará el incremento del gasto público (art. 12), el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones públicas (art. 15), incluidas, por supuesto, las autonómicas (art. 16), el control sobre el cumplimiento de dichos objetivos (art. 17), la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que han de imponerse a las CCAA incumplidoras y para las Corporaciones locales de las CCAA autonomías que carezcan competencias en el ámbito de la tutela financiera de las entidades locales arts. 18 a 26), arbitrar los instrumentos encaminados a garantizar el principio de transparencia (art. 27)  e integrar la información (art. 28).

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, “a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar”.

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que “la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana”, sea equivalente “al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años”. El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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Ha sido necesario esperar hasta finales de marzo para que el Gobierno se aviniese a hacer público su proyecto de cuentas públicas para 2012. La Comisión Europea se lo había requerido en numerosas ocasiones. Su presidente, Durao Barroso había repetido hasta la saciedad que el Ejecutivo español no debía demorarse demasiado en dar a conocer su contenido. Enero ya era tarde. Febrero, extemporáneo. Y marzo, un abuso anacrónico. Hasta el mismo Rajoy había sido urgido en los Consejos Europeos a presentar el proyecto de Presupuesto con la máxima celeridad. Su publicación apremiaba -se decía- con el fin de tranquilizar a los inversores y transmitir a la UE el sosiego que reclama en medio de tanta tribulación.

Pero el Gobierno lo tenía claro. La fecha asignada para las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias -el 25 de marzo- no hacía aconsejable actuar con demasiada diligencia. Era mejor demorarse que anticiparse. El ajuste que había de experimentar el gasto era de tal magnitud, que convenía retrasar su presentación pública hasta después de que los electores andaluces y asturianos se hubieran pronunciado en las urnas. No conviene disgustar al pueblo soberano en vísperas de su convocatoria a los colegios electorales.

Y, en efecto, así ha sucedido. Cinco días después de la jornada electoral, el Ejecutivo hacía público el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2012. Y como cabía sospechar, su divulgación ha dado lugar a un aluvión de críticas. Todo ha sido discrepancia y disenso. Nadie -excepto el Gobierno y sus incondicionales, obviamente- parece estar de acuerdo con él.

Sin embargo, no todas las críticas que se le han hecho son del mismo tenor. Basta una superficial aproximación a lo que se ha dicho en estos últimos días a propósito de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, para darse cuenta de que existen diferentes maneras de oponerse a ellas. Y creo conveniente distinguir el grano de la paja, con el fin de obrar con el discernimiento necesario. Veámoslo.

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En el Pleno de esta tarde se ha producido un pequeño pero llamativo incidente. Debatíamos una Proposición No de Ley del Grupo Socialista sobre las medidas relacionadas con el copago en la Sanidad cuando observamos que el diputado Joan Tardá, de ERC, aprovechaba su turno de intervención para hacer una referencia muy crítica a Patxi López, acusándole, entre otras cosas, de insultar a los catalanes. Tardá censura a López haciendo uso de expresiones gruesas. Le llama, entre otras cosas, cínico e hipócrita. “¿Qué ha ocurrido?”, pregunto sobresaltado. “¿Qué ha dicho Patxi López para que Tardá le acuse de insultar a los catalanes?”

Manifestación catalanista en Barcelona

No me ha costado encontrar la respuesta. Pero al hallarla, me ha parecido tan inaudita que no he podido evitar una exclamación: ¡no me lo puedo creer! Según he leído en los teletipos y en alguna prensa, ayer, lunes, en un desayuno celebrado en Madrid, Patxi López arremetió contra el Pacto Fiscal que reivindica CiU y reclama, con un amplio respaldo social, el Gobierno de Catalunya, afirmando que “acaban de pactar un sistema de financiación con el que estaban de acuerdo. No se puede estar permanentemente reivindicando con una mano si las cosas van mal y si las cosas van bien colgándose todas las medallas. Hay que ser razonables con las normas de cada uno y hacer las cosas lo mejor posible en cada momento”. Y a continuación calificó la propuesta de Artur Mas de “ventajista”, porque aspira a “separarse” del modelo financiero general, ahora que hay crisis.

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Como ya anticipé a principios de año (véase el post titulado “1812ko Konstituzioaren berrehungarren urteurrena dela eta“, publicado el 2.01.12) la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz -conocida también como La Pepa, porque fue proclamada el día de San José- está siendo aprovechada  por los partidarios de la patria única e indivisible de todos los españoles, para la organización de numerosos actos y celebraciones de encendido tono nacionalista. Políticos, periodistas y publicistas de toda laya aprovechan la ocasión para ponderar con entusiasmo las virtudes de un texto constitucional que -se nos dice y repite- sirvió para incorporar a España a la modernidad, estableciendo las bases normativas de una nación liberal, ilustrada, democrática y acorde con los tiempos, cuya actualización política se ha llevado a cabo a través de la Constitución de 1978.

El juramento de los diputados a Cortes

Pero en el jolgorio general rememorativo de aquellos “¡viva la pepa!” que acompañaron a su aprobación, poca gente recordará las reticencias que el texto de Cádiz provocó en la sociedad vasca en los meses siguientes a su aprobación. Como ha hecho notar recientemente el profesor Gregorio Monreal -véase el excelente trabajo titulado “Los diputados vascos y navarros (El Reino de Navarra y las Provincias Vascongadas en las Cortes y en la Constitución de Cádiz)”, in Cortes y Constitución de Cádiz, Espasa, Madrid, 2011, Tomo I, pp. 347 a 418-  en las Cortes de Cádiz “no existió un debate propiamente dicho respecto de los Fueros del Reino de Navarra y de las Provincias Vascongadas”. Tampoco consta que se intentase incluir “alguna cláusula de salvaguarda del sistema foral vigente”. Los diputados que representaban a los territorios forales, “bien por prudencia o por percatarse de que sus propuestas no iban a hallar eco, guardaron silencio sobre lo que concernía al sistema político-administrativo que regía en sus respectivos distritos”. Los territorios forales se incluyeron, sin nota distintiva alguna, en la relación alfabética del artículo 1o de la Constitución, que enumeraba las entidades territoriales que integraban la Monarquía: “El territorio español comprehende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes […] Navarra […] Provincias Vascongadas”.

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En una entrevista que concedió hace ya más de una década a la revista Talaia, Javier Corcuera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, hacía un alegato en toda regla en contra del Concierto Económico y del modo en el que se está aplicando en Euskadi, y concluía su reflexión con un nota digna de ser tenida en cuenta: “Pero esto que estoy diciendo no lo podrá decir nunca ningún partido de aquí. Y creo que seremos pocos los particulares que nos atrevamos a sugerirlo”.

Desconozco lo que Corcuera quería significar exactamente con la expresión “partido de aquí”, pero lo cierto es que el Concierto Económico siempre ha tenido enemigos en tierra vasca. O dicho en otros términos, a las tesis de Corcuera nunca les han faltado aliados entre nosotros. No me refiero a los vascos que han mirado con reticencias al régimen concertado, ni a los que han ido fijando su posición con arreglo a la dirección en la que soplara el viento, sino a los que han defendido abiertamente su eliminación. A lo largo de los años, españolistas recalcitrantes, centralistas ortodoxos, uniformistas convencidos y furibundos antinacionalistas, de origen vasco, nacidos en Euskadi o residentes en ella, se han esmerado en aportar argumentos para denostar una institución, que consideraban un privilegio insolidario, y reclamar con urgencia su supresión.

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Al hilo del debate planteado sobre el nuevo pacto fiscal que CiU -y, ahora, tras el triunfo electoral de los convergentes, también el Gobierno de la Generalitat– reclaman para Catalunya, se ha puesto en circulación la tan curiosa como infundada especie de que el Concierto Económico vasco no funda su singularidad en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y dispone su actualización, sino en una cláusula de excepcionalidad prevista en la Ley Orgánicade Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Recientemente, esta tesis, que antes había visto esbozada en otros foros y formatos, se ha expresado y difundido en la red de la mano de mi amigo y compañero de escaño Josep Sánchez i Llibre, portavoz del Grupo Parlamentario catalán (CiU) en las comisiones de Economía y Presupuestos del Congreso de los Diputados (Véase “El nuevo pacto fiscal para Catalunya”, publicado el 6 de mayo en diariocrítico.com).

 

Josep es un gran economista y un extraordinario hombre de empresa, además, por supuesto, de una excelente persona. Pero no se puede decir que sea un especialista en asuntos relacionados con el derecho público. Y me temo que quien le ha asesorado sobre el sustento jurídico de la tesis que esboza, no anda muy atinado: o no conoce los datos esenciales de la cuestión, o los arrincona, conscientemente, desde el afán voluntarista de llegar como fuere a la conclusión que desea. Porque no es rigurosamente correcto afirmar que la Carta Magna no imponga “en ningún momento la necesariedad (sic) del concierto vasco”. Y por supuesto que es rigurosamente incorrecto sostener que la raíz jurídica originaria de “la especificidad del concierto vasco” radique en la LOFCA.

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Rebuscando entre viejos papeles, esta mañana he encontrado un artículo que el poeta vasco Gabriel Aresti publicó hace cuarenta y cinco años en el diario Hierro de Bilbao. Su título, que figura parafraseado en la cabecera de este post, tiene un profundo regusto clásico, pero reviste, al mismo tiempo, una rabiosa actualidad. Reza así: “Reivindicaciones forales ¿para quién?”.

En aquella vetusta columna, cuya hoja impresa amarillea ostensiblemente en mi hemeroteca, el autor de Harri eta Herri se hace eco del movimiento que en ese momento estaba teniendo lugar en “ciertas esferas de nuestra clase dirigente”, con el fin de “reivindicar de la Administración Central, el retorno de nuestros viejos (no tan viejos) Conciertos Económicos”. Corría el año 1966. El franquismo atravesaba todavía tiempos de esplendor. Y las iniciativas sociales surgidas al margen del poder establecido eran vistas con extrema prevención, cuando no abiertamente perseguidas. Mas, pese a todo ello, el asfixiante clima político impuesto por el régimen no pudo impedir que, aprovechando los actos organizados para la conmemoración del VI centenario de la fundación de la villa de Gernika, emergiese, tímidamente, una reclamación que gozaba de notables e inveterados apoyos en Bizkaia y Gipuzkoa: la devolución del Concierto Económico, que un Decreto-ley de 23 de junio de 1937 había dejado sin efecto, para estos dos territorios, por considerarlos provincias traidoras.

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