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Posts Tagged ‘Concierto Económico’

Es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma laboral que acaba de llevar a cabo el Gobierno de Rajoy. Y no hay duda de que el debate sobre su alcance, contenido y consecuencias, permanecerá vivo durante mucho tiempo. En las próximas semanas se dará término a su tramitación como proyecto de Ley y a finales de junio estará en condiciones de ser enviado al BOE. De hecho, acaba de concluir el plazo establecido por la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios de la cámara alta registren sus enmiendas al texto de la norma. De entre ellas -que, general, reproducen textualmente las que se presentaron en el Congreso- destaca el bloque de autoenmiendas formulado por el propio Grupo Popular. Los populares, que ya enmendaron su propio texto en el Congreso, vuelven a hacer lo propio en el Senado. Puede parecere chocante, pero no es algo inédito. Se trata de una práctica relativamente habitual cuando el sistema está atenazado por una mayoría absoluta. El partido que da soporte al Gobierno considera que el trámite legislativo -tanto en su fase congresual, como en la senatorial- no es más que una oportunidad añadida para seguir incorporando al texto del proyecto los aspectos, añadidos, matices o rectificaciones que considere pertinentes. Y lo hace sin ambages; sin miramientos, ni reparos. Sin detenerse en pequeñeces. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. La mayoría absoluta le convierte en dueño absoluto del proceso legislativo, desde que arranca, en el Ministerio correspondiente, hasta que culmina el último trámite del iter parlamentario. Y elige, en cada, caso, la fase del proceso que más conviene a su interés. Los aspectos más aceptables de la reforma, se incorporan al texto desde el principio. Los más controvertidos, se reservan para el final, de manera que la controversia pública se vea reducida al mínimo.

Pero, vayamos al grano. Entre las autoenmiendas que el Grupo Popular del Senado ha registrado contra su propio proyecto de Ley que, dicho sea de paso, ya fue autoenmendado en la cámara baja, figura una que tiene todas las trazas de haber sido concebido para soslayar la molesta interferencia que el Concierto Económico suele producir en la acción legiferante de todos aquellos que acceden al Gobierno central con la manía de legislar como si estuvieran en un Estado unitario y centralista. Me explico. El artículo 4 del proyecto regula el conocido como contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que ha sido muy criticado porque, entre otros aspectos más que cuestionables, contempla un período de prueba de un año. Pues bien, con el fin de fomentar la suscripción de este tipo de contratos, el proyecto de ley establece una serie de incentivos fiscales y sociales que lo hacen muy atractivo para los empleadores.

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En el Consejo de Ministros del pasado viernes, se aprobó una reforma de la Ley reguladora de la radio y de la televisión pública española que, con la actual composición de la cámara, permite al PP designar, por sí solo, al máximo responsable del ente público que se encarga de gestionar ese servicio público. Un paso atrás en el control parlamentario de los medios de comunicación de titularidad pública. Desde 2006, el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE requería el apoyo de una mayoría cualificada de los diputados que integran el Congreso. Es decir, demandaba la previa suscripción de un acuerdo de amplia base entre los grupos parlamentarios. Ahora, tras la reforma operada en el último Consejo de Ministros, el Gobierno popular puede asegurarse el nombramiento de su candidato, sin necesidad de pactarlo con nadie. Si en la primera votación no se alcanzan las dos terceras partes de los votos del hemiciclo, el nombramiento podrá materializarse en el segundo intento con el respaldo de la mayoría absoluta.

Fotografía publicada en la "Historia militar de la guerra de España" de Manuel Aznar

Con ocasión de esta reforma, son muchas las voces que han alertado sobre el riesgo de que vuelvan a implantarse las escandalosas prácticas de manipulación televisiva que presidieron el segundo mandato de Aznar. ¿Quién no recuerda aquella irrefrenable tendencia a utilizar las ondas hertzianas para crear un mundo virtual, ajeno a la realidad, pero favorable a los intereses del partido del Gobierno? Aznar se jactaba entonces de poder cambiar la opinión pública española en 48 horas. Y a fe mía que lo consiguió en más de una ocasión. Eso fue, probablemente, lo que le hechó a perder el 11 de marzo de 2004. Había constatado tantas veces que en tan sólo dos días podía moldear a su gusto la opinión pública española, que en ningún momento pensó que no fuera a ser capaz de mantener engañada a la sociedad entre el viernes en el que tuvo lugar el atentado y la jornada electoral del domingo. Pero en esa ocasión falló. Y ante la evidencia del engaño, muchos ciudadanos abrieron los ojos para preguntarse: si en una circunstancia tan delicada ha sido capaz de mentir como lo ha hecho, ¿qué no nos habrá mentido durante los cuatro años anteriores? Y vinieron los desengaños y el consiguiente colapso electoral.

En cualquier caso, es preciso reconocer que la derecha española siempre ha gozado de una gran capacidad para la propaganda política. Son muchos los ejemplos que podríamos citar para ilustrar esta afirmación, pero pocos, tan elocuentes, como el de la campaña que los franquistas desarrollaron en 1937 para vender a los vascos y al mundo entero, la ridícula especie de que el bombardeo de Gernika -cuyo 75º aniversario se conmemora estos días- no había sido perpetrado por los aliados alemanes de Franco, sino por las mismísimas  huestes del lehendakari Aguirre, despectivamente calificadas como rojoseparatistas. La operación publicitaria que desarrollaron para imponer su falsa versión de los hechos fue soberbia; sencillamente magistral. Propia de la escuela de Joseph Goebbels. Como anotó el corresponsal de guerra británico G. L. Steer, “La destrucción de Gernika no sólo fue un espectáculo horrible para los que la presenciaron. Fue además el objeto de la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos desde que Ananías fue conducido con los pies por delante a un horno ardiente”.

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En este mes de abril se han dictado ocho sentencias del Tribunal Supremo, que desestiman otros tantos recursos de casación interpuestos por las comunidades autónomas de Castilla-León y La Rioja en relación con diversos pleitos suscitados por estas dos comunidades contra diferentes normas forales dictadas en 2005 por los territorios históricos vascos, con objeto de regular el Impuesto de Sociedades. Las ocho sentencias son desestimatorias. Lo que significa que avalan la capacidad normativa de los territorios históricos vascos para regular autónomamente esta figura impositiva. Una excelente noticia para los amigos del Concierto Económico.

Cartel anunciador de la manifestación que se celebró en Bilbao en 1978 para exigir la devolución del Concierto Económico suprimidos por Decreto de Guerra a Bizkaia y Gipuzkoa.

Como los recursos insistían en acusar a las normas forales impugnadas de no ser conciliables con el derecho europeo de la competencia, las sentencias descansan, en buena parte -no solo, pero sí en buena parte- sobre una argumentación que trae causa de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE en relación con las regiones europeas dotadas con autonomía fiscal: básicamente la sentencia de 6 de septiembre de 2006, sobre las Azores y la sentencia de 11 de septiembre de 2008 sobre el régimen tributario y financiero del País Vasco.

Según estas dos sentencias -que han constituido hitos fundamentales en el proceso de legitimación europea del Concierto Económico- las normas tributarias dictadas por los entes subestatales, que entrañen una presión fiscal inferior a la existente en el Estado miembro correspondiente, no constituyen ayudas de Estado incompatibles con el derecho europeo de la competencia si cumplen un triple requisito:

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El lunes de esta semana, inserté un post en el que daba cuenta del estado en el que se encontraba el debate parlamentario sobre la incorporación al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se está tramitando en las Cortes, de una cláusula de salvaguarda foral que preserve la singularidad de los territorios vascos en el proceloso ámbito del control del déficit y el endeudamiento (ver “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la cláusula de salvaguarda foral, publicado el 9.04.12). Constataba allí que, por razones que se me ocultan, el proyecto remitido por el Gobierno a la cámara, rompe con los antecedentes legislativos del proyecto y se asienta sobre un planteamiento reduccionista de la singularidad foral, que restringe severamente su perímetro, circunscribiéndolo a la mera existencia de un foro alternativo al del Consejo de Política Fiscal y Financiera -la Comisión Coordinadora de Navarra y la Comisión Mixta del Concierto Económico- que adoptará, para las comunidades de sustrato foral, las decisiones que aquél órgano ha de adoptar en relación a las comunidades de régimen común.

La Jura de los Fueros, obra de Francisco Mendieta (1609)

Este planteamiento -ya lo anoté- nos parece inasumible. Y con el fin de corregirlo, registramos una enmienda en la que se plantea la necesidad de rescatar la cláusula de salvaguarda tradicional, que es más amplia y cubre mejor las especificidades competenciales y organizativas que se derivan del régimen concertado.

El texto controvertido, recogido en la disposición adicional tercera del proyecto, había sido objeto de cuatro enmiendas. También de esto me hice eco en el anterior post. Una de UPN, que sólo hacía referencia a la Comunidad Foral de Navarra, otra de UPyD, que reclamaba la supresión de todas las especialidades forales y otras dos -la nuestra y la del PSOE, al que damos la bienvenida al grupo de los defensores del Concierto Económico- que exigían lo mismo: sustituir la restrictiva fórmula propuesta por el Gobierno por el texto que tradicionalmente ha venido perfilando la singularidad concertada foral en las leyes de Estabilidad Presupuestaria.

¿Qué ha dado de sí la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Qué suerte han corrido las enmiendas relacionadas con la cláusula de salvaguarda foral?

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Mi gozo en un pozo. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba el debate de toma en consideración de la propuesta de reforma estatutaria remitida al Congreso por Les Corts de la Comunitat Valenciana (ver el post titulado “Fraternidad y buen entendimiento en el Estado autonómico español“, publicado el 6.04.12) pero no ha sido posible. El debate se ha aplazado. A través de un escrito que los portavoces del Congreso hemos conocido hoy, Les Corts han solicitado el “aplazamiento de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para una próxima sesión plenaria”. La razón que la cámara autonómica aduce para solicitar el aplazamiento es muy sencilla; argumenta que no ha designado aún a “los Diputados o las Diputadas que han de defender la Proposición”. A lo que añade que, como “la próxima sesión plenaria se celebrará el 25 de abril”, le resulta imposible garantizar el nombramiento de sus representantes para la fecha en la que estaba previsto el debate de su iniciativa; es decir, para hoy 10 de abril de 2012.

Cuando Zapatero se vio en la necesidad de torear con la reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya -recuérdese que, tiempo atrás, había prometido en un acto celebrado en Barcelona que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, daría por bueno en su integridad el texto que aprobase la cámara catalana- muchos pensaron que la incomodidad que acusaban los socialistas arrancaba del hecho de que aquella iniciativa había sido impulsada para embestir contra el Gobierno de Aznar, de modo que el inesperado cambio operado en La Moncloa por las elecciones generales de 2004, había vuelto hacia ellos los vientos y tempestades que deseaban levantar con la iniciativa.

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Durante la semana de pascua que arranca con la jornada de hoy, el Congreso de los diputados dará término a la tramitación del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta misma tarde -en Madrid no es fiesta- el documento será debatido en Comisión. Y mañana, martes, el PP impondrá su hegemonía en la Mesa de la cámara para forzar, a golpe de votos, la incorporación del proyecto al orden del día de un Pleno extraordinario ad hoc que se celebrará el próximo jueves; a cuarenta y ocho horas raspadas desde el momento de la convocatoria. Las mayorías absolutas son así: el Gobierno impone su ley y obliga al Parlamento a rodar al ritmo que le interesa.

El proyecto se articula como una continuación lógica de las leyes de Estabilidad Presupuestaria que se han venido sucediendo desde el año 2001, aunque incorpora, como cabe imaginar, la ortodoxia fiscal y los rigurosos mecanismos de control que la política presupuestaria de la UE ha impuesto durante los últimos años a sus Estados miembros, en general, y a los países de la Eurozona, en particular. Se trata, por otra parte, de la pieza normativa que dejó pendiente la reforma express que el PSOE y el PP llevaroa a cabo el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.

Acertará quien sospeche que, como gran parte de las normas anticrisis que están saliendo del zurrón de este Gobierno, el proyecto al que me refiero arranca de un esquema notablemente centralista. Su texto, en efecto, diseña un modelo radial de actuación interadministrativa, en cuyo centro se sitúan las instituciones centrales del Estado: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. A ellos se reservan, de hecho el grueso de las facultades públicas relacionadas con la estabilidad presupuestria: la coordinación general del sistema (art. 10), el cálculo de la tasa de crecimiento del PIB que determinará el incremento del gasto público (art. 12), el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones públicas (art. 15), incluidas, por supuesto, las autonómicas (art. 16), el control sobre el cumplimiento de dichos objetivos (art. 17), la adopción de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que han de imponerse a las CCAA incumplidoras y para las Corporaciones locales de las CCAA autonomías que carezcan competencias en el ámbito de la tutela financiera de las entidades locales arts. 18 a 26), arbitrar los instrumentos encaminados a garantizar el principio de transparencia (art. 27)  e integrar la información (art. 28).

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Si alguna decisión de última hora no lo impide, la próxima semana debatiremos en el Congreso de los diputados, la toma en consideración de una Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada y remitida a la cámara por Les Corts de la Comunidad valenciana. Se trata de una reforma puntual que afecta exclusivamente a la Disposición Adicional Primera de su Estatut d´Autonomia. Puntual, sí, pero cualitativamente importante, porque es expresión de aquella controvertida previsión estatutaria que en su día fue bautizada como cláusula Camps, en honor al presidente de los trajes que la concibió y formuló: “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”.

Como ha hecho notar con gracia el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional, la mejor manera de explicar el sentido de esta cláusula es recurriendo al cine, “a la famosa escena del restaurante de la película Cuando Harry encontró a Sally, reformulada: imaginemos que la persona que pide lo que estaba comiendo Meg Ryan la hubiera criticado previamente, después pidiera lo mismo y al final se fuera sin pagar la cuenta. Esa es la cláusula Camps: criticar primero, después pedir lo mismo y finalmente irse sin pagar”.

En plena crisis económica y en el corazón mismo del debate planteado en torno al reparto territorial de los recursos existentes y el déficit comprometido con la UE, la Comunitat Valenciana irrumpe en el escenario con una propuesta encaminada a exigir que “la inversión del Estato en la Comunitat Valenciana”, sea equivalente “al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años”. El planteamiento, como se ve, tiene su miga. Pero la miga es más sustanciosa aún si se presta atención a los antecedentes de la norma.

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