Blog de Josu Erkoreka

Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

En cualquier caso, Catalunya no parece estar dispuesta a seguir padeciendo por más tiempo una situación como la descrita, en la que el expolio fiscal, las angustias financieras y las respuestas displicentes de los poderes centrales del Estado, conforman un cocktail que les resulta cada vez más indigesto. Una mayoría de su Parlament nacional expresó hace unos días la firme determinación colectiva de negociar con el Gobierno de Rajoy un Pacto Fiscal de estructura y contenidos semejantes al de nuestros Concierto y Convenio económicos. Están convencidos de que una reforma de su sistema financiera que obedezca a los parámetros citados, les permitiría oxigenar las finanzas de sus administraciones públicas, garantizando la viabilidad de su autogobierno.

Les deseamos toda la suerte del mundo para su justa y legítima aspiración. Y les ofrecemos, por supuesto, nuestro apoyo parlamentario, en el momento en el que la iniciativa llegue a las Cortes Generales. Aunque me temo que no es el respaldo de nuestros diputados y senadores lo que va a dotar de viabilidad a la propuesta del Parlament que, lo que hoy necesita para prosperar en Madrid es, básicamente, el aval del PP; un aval que, dicho sea de paso, se le negó rotundamente en la cámara representativa catalana.

Con todo, no quisiera dejar de recordar en este escrito que el Concierto Económico tiene fundamentos históricos y jurídico-constitucionales que no podrían ser invocados para justificar un eventual Pacto Fiscal para Catalunya. El Concierto Económico no es un invento de anteayer. Nació en 1878, tras la derogación foral que sucedió a la última guerra carlista. De modo que tiene tras de sí algo más de 130 años. Ha convivido con la restauración, con la dictadura de Primero de Rivera, con la II República y hasta con el franquismo. Con éste último, sólo de forma parcial, evidentemente, porque un Decreto de 1937 -dictado en plena guerra civil- suprimió el régimen concertado en Bizkaia y Gipuzkoa por considerarlas “provincias traidoras”. Tras la muerte de Franco, por ello, nadie consideraba en Euskadi que el régimen político que le iba a suceder podía reclamar para sí la condición de democrático, si no garantizaba el reestablecimiento del Concierto Económico en los dos territorios a los que Franco había despojado del mismo.

Nada de este ocurrió en Catalunya, evidentemente. El Concierto, allí, era algo extraño y lejano que nadie sintió la necesidad de reivindicar. Durante la transición, el principal grito reivindicativo que blandían los catalanistas planteaba la devolución del Estatut de 1932 –“volem l´estatut”-, pero nada decía apropósito de un Concierto Económico que los ciudadanos catalanes no reconocían como una institución propia. De ahí que sus representantes se mantuviesen al margen del empeño que pusieron nuestros parlamentarios para incluir en la Constitución una cláusula de amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales que, en más de una ocasión fue considerdo como un propósito excéntrico.

Sin embargo, gracias a aquel empeño, el Concierto Económico goza hoy de un engarce constitucional, que no puede desconocerse sin vulnerar la propia Constitución. Así lo recuerda el Tribunal Constitucional cuando dice que “históricamente, la determinación de las aportaciones de las Haciendas Forales a la estatal ha venido realizándose mediante el sistema de conciertos, que implica un elemento acordado o paccionado, integrante del núcleo del régimen foral y que constituye, por tanto, parte del contenido mínimo de la garantía institucional de ese régimen, en cuanto que su desaparición supondría la de un factor esencial para que pudiera reconocerse la pervivencia de la foralidad”.

Fue un acierto de los diputados y senadores vascos de la etapa constituyente, retomar la reivindicación del Concierto y luchar por su incorporación al texto constitucional. Un acierto que hoy debemos recordar y aplaudir, frente a quienes lo despreciaron durante los últimos 30 años como un logro irrelevante, frente a la soberanía integral que ellos iban a conseguir en dos tardes con el apoyo de la “lucha armada”. El espejo catalán debería servir para que los más reticentes lo pudieran ver con total nitidez.

La sentencia del Tribunal de Justicia que declara la plena compatibilidad del Concierto Económico con el derecho europeo de la competencia, contribuye a cerrar el círculo. El régimen fiscal y financiero de raíz foral está garantizado por la propia Constitución y encaja a la perfección en el marco jurídico es institucional de la UE.

En una Europa que acota y constriñe de modo palpable los poderes fiscales de sus Estados miembros, el Concierto Económico nos aproxima notablemente a la -ya muy limitada- concepción que los europeos del siglo XXI tienen de la soberanía fiscal.

Y la unión fiscal europea que apunta en el horizonte, no debería ser un obstáculo para que los poderes tributarios y financieros que las instituciones vascas tienen atribuidos en virtud del Concierto Económico, continúen pareciéndose cada vez más, a los que la UE reconoce a sus Estados miembros en el contexto de esa soberanía fiscal crecientemente limitada. Mientras los Estados que integran la UE sigan reteniendo cierta capacidad normativa en relación con los -eventuales- impuestos europeos del futuro y, sobre todo, conserven la capacidad de recaudar, el Concierto Económico seguirá teniendo pleno sentido. En un hipotético modelo de unión fiscal europea, los impuestos los fijaría la UE, pero los Estados miembros gozarían de capacidad para modular algunos de sus aspectos y, sobre todo, para hacerse cargo de la responsabilidad de recaudar. Pues bien, el Concierto Económico haría posible que, en Euskadi, ambas facultades -la de modular el sistema impositivo y la de recaudar- siguieran en manos de las instituciones vascas.