No hace falta que nadie intente convencerme sobre las bondades del equilibrio presupuestario. Comparto plenamente la regla básica de que, por norma general, no se debe gastar más de lo que se ingresa. Se trata de una regla saludable y plausible de buena gestión económica que vale -o debería valer- para todo tipo de entidades: para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque muchas veces no se note, para los equipos de fútbol. Con carácter general, no se debe gastar lo que no se tiene. Esa es la regla básica.
Ahora bien, todo lo que esta regla tiene de positiva, prudente y razonable, desaparece completamente a partir del momento en el que se incorpora, con carácter imperativo, a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de gestión económica, la regla es excelente. Pero como norma constitucional es funesta.
Cuando lo que es de sentido común se tiene que expresar a través normas rígidas y coercitivas, pierde completamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común. Y esto es, a mi entender, lo que sucede con la reforma constitucional planteada de consuno entre el PSOE y el PP; que rompe la máxima que en mi opinión debe guiar el equilibrio presupuestario: preconizar sí, constitucionalizar no. Preconizar sí, porque el equilibrio presupuestario, prudentemente gestionado, contribuye eficazmente a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero constitucionalizar no, porque, como toda regla general, la del equilibrio presupuestario ha de tener sus excepciones. Y la rigidez de la carta magna es incompatible con la flexibilidad y al buen sentido que ha de presidir la gestión de esas excepciones.
Blog de Josu Erkoreka 