Esta mañana, Aitor Esteban y yo nos hemos reunido en las oficinas del Grupo Parlamentario con una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) presidida por el ministro de Asuntos Exteriores Mohamed Salem Ouldsalek. Ha sido un encuentro agradable e ilustrativo, a lo largo del cual hemos tenido ocasión de repasar conjuntamente la difícil situación que atraviesa el pueblo saharaui, los cambios que la región está experimentando desde el punto de vista geoestratégico, y la criticable actitud que los gobiernos de Zapatero vienen manteniendo en relación con este conflicto; una actitud incomprensiblemente subordinada a los intereses de Francia y que nuestros interlocutores equipararon a la del siervo que se dedica a pastorear el rebaño del dueño de la finca.
La delegación rechazó, de entrada, la estrategia marroquí de disipar el problema del Sáhara Occidental, ofreciendo al territorio ocupado una salida autonómica en el marco de un Reino de Marruecos organizado con arreglo a esquemas unitarios y centralistas. A su juicio, la autonomía encierra dos problemas: ni es viable, ni es aceptable jurídicamente. No es viable, porque las instituciones autonómicas que eventualmente hubiesen de constituirse en el seno de un régimen de esas características, habrían de descansar sobre dos cuerpos electorales: una que el Estado marroquí califica de «tribal» y otra integrada por la población residente, imposibles de conciliar en un mismo sistema de representación. Y no es aceptable jurídicamente, porque la concesión de autonomía a un territorio integrado en un Estado centralizado, generaría una especie de efecto «café para todos», que acabaría trivializando el problema original. Ellos siguen apostando por la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre la base del censo elaborado. Un referéndum en el que, tal y como establece la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, constase como alternativa -como una alternativa más, obviamente- la opción de la independencia.
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