En el Pleno de hoy se ha tomado en consideración una Proposición de Ley de nuestro Grupo Parlamentario, por la que pasan a denominarse oficialmente “Araba-Álava”, “Gipuzkoa” y “Bizkaia” las demarcaciones provinciales anteriormente llamadas “Álava”, “Guipúzcoa” y “Vizcaya”. Se trata de una vieja reivindicación de las instituciones vascas y de un amplio sector de la población que, hasta la fecha, había tropezado reiteradamente con la oposición de los dos grandes partidos del Estado. Nos hallamos, pues, ante un logro histórico, que consigue vencer una resistencia inveterada -todavía no disipada del todo- equiparando el caso vasco al de otras comunidades autónomas bilingües, que hace tiempo que habían alcanzado este propósito.
La denominación de las provincias del Estado español fue fijada por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, cuyo artículo 1 estableció, en lo que ahora interesa, que “tomarán el nombre de sus capitales respectivas, salvo las de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones”. Con posterioridad, la legislación de régimen local ha regulado el procedimiento que ha de observarse para alterar el nombre oficial de una provincia. En la actualidad, este procedimiento está previsto en el artículo 25.2 del RDL 781/1986, de 18 de abril, según el cual, “sólo mediante ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias”.