En el pleno de ayer, martes, se debatieron varias iniciativas relacionadas con la realidad plurilingüe del Estado español y su adecuada ordenación jurídica. Iniciativas que, al integrarse en el orden del día de lo que probablemente será la anteúltima sesión plenaria de esta legislatura, se vieren inevitablemente contaminadas por un intenso tufillo electoral.
La primera de ellas arrancaba de una iniciativa legislativa popular, impulsada por el el colectivo Acción Cultural del País Valencà, que venía avalada con la rúbrica de más de seiscientos mil ciudadanos. Se trata de una Proposición de Ley sobre Televisión sin Fronteras, que entronca con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias y se desarrolla en el marco normativo establecido por la UE para garantizar la libertad audiovisual. Persigue, en concreto, la supresión de los obstáculos de todo tipo que hoy impiden o dificultan que las emisiones televisivas realizadas en lenguas oficiales distintas del castellano, puedan ser vistas en la totalidad de los territorios en los que se hablan esas lenguas. No creo necesario insistir sobre las paradójicas situaciones que ha generado el extremado celo localista con el que algunas comunidades autónomas se han lanzado a la defensa de sus fronteras administrativas en todo lo que se refiere a la recepción de las señales de televisión procedentes de los territorios vecinos. Las expresaron con extraordinario grafismo los diferentes portavoces parlamentarios a lo largo del debate. Decía Uxue Barkos: