Esta tarde hemos debatido una moción transada entre PSOE, PP y UPN, por la que se insta al Gobierno a «continuar velando para que cualquier conducta contraria a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por parte de los miembros electos y representantes de la coalición electoral BILDU, sea perseguida por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y sancionar a sus infractores». Como lo leen. Que los funcionarios públicos encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes se dediquen a hacerlo. Una iniciativa que exige a los cocineros que cocinen, a los jinetes que cabalguen y a los maestros que enseñen. Toda una obviedad que supera la frontera del ridículo, de puro evidente.
El único dato original que destaca en este disparatado ejercicio de solemnización de lo obvio, es la referencia a Bildu. El Congreso le pide al Gobierno que persiga, concretamente, las conductas ilegales de los miembros electos y representantes de esa coalición. Ahora bien, ¿quiere decir eso que, a sensu contrario, los diputados de esas tres formaciones autorizan al Gobierno a no perseguir las conductas contrarias a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en las que pudieran incurrir los dirigentes del PSOE, del PP o de UPN? ¿Quiere decir, por ejemplo, que si el presidente de una Comunidad Autónoma comete un delito de cohecho impropio porque recibe, en regalo, valiosísimos trajes hechos a medida, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley deben mirar para otro lado? Supongo que no. Que no es ese el propósito que anima a los firmantes de la moción, vamos.
Blog de Josu Erkoreka 